Feliz Navidad y
Venturoso año 2012
Son los deseos del Centro colombino de pensamiento político-militar CCPPM
Autoridad y control territorial en Colombia
Hace 6 años
sábado, 24 de diciembre de 2011
miércoles, 14 de diciembre de 2011
La Opinión de la Semana
MEMORIA FRAGIL…HISTORIA TERGIVERSADA
Por el Mayor General Hernando A. Ortiz Rodríguez*
Como ciudadano del común veo los noticieros de televisión y me llamó poderosamente la atención que en una noticia se referían a un Colegio del Distrito Capital llamado “Carlos Pizarro Leongomez”, inmediatamente confirmé si había entendido mal; la información fue repetida varias veces por varios noticieros lo cual me dejó reflexionando un buen rato, reflexión que deseo compartir en estas líneas.
No conozco los parámetros que llevan a las autoridades a seleccionar el nombre de las instituciones educativas del Estado pero estoy seguro que ellos tienen en cuenta las calidades de ciudadano, de su aporte a la educación o a la patria lo cual me parece correcto para no hilar delgado.
Partiendo de lo anterior me pregunté quien fue Pizarro Leongómez y me di a la tarea de investigar un poco con fines de objetividad, su trayectoria y aporte encontrando en diferentes fuentes lo siguiente:
De sus 39 años de vida estuvo vinculado a las FARC y al M19 por 22 años, hizo un paso fugaz por la universidad y participó como cabecilla del secuestro y asesinato del dirigente sindical José Raquel Mercado paradójicamente el 19 de Abril de 1976, en el aniversario de su movimiento terrorista, secuestro y asesinato del ex ministro Hugo Ferreira 1977, toma de la embajada de República Dominicana en 1980, toma del Palacio de Justicia 1985, asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982 , secuestro y asesinato de industriales, múltiples emboscadas y asesinato de soldados y policías. Finalmente se acogió a una amnistía y se convirtió en candidato a la Presidencia de la República, siendo asesinado por las autodefensas de Castaño en 1989. Ese fue su legado, su ejemplo y su aporte en la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia; su asesinato fue catalogado como de lesa humanidad por nuestras autoridades judiciales.
Así las cosas, me explico ahora los valores, la historia y todo lo referente a construcción de patria que la educación estatal aporta en la niñez y la juventud colombiana; muchos de ellos sabrán alguna versión de la biografía de este personaje y ahí con temor me surgió la siguiente pregunta: ¿Perdí el tiempo como soldado? vino a mi mente el nombre de algunos mártires militares de prístina actuación, de incuestionable servicio a Colombia y cuyos nombres al paso del tiempo inclusive en el medio militar tendemos a olvidar y por ende a poco exaltar; nuestras generaciones militares nuevas conocen quienes fueron los Generales Fernando Landazábal Reyes, Carlos Julio Gil Colorado, Ramón Arturo Rincón Quiñones? No lo creo, mucho menos la juventud; ¿Cuantos Oficiales, Suboficiales, Soldados y humildes ciudadanos en cumplimiento de misiones en búsqueda de la paz han ofrendado su vida por Colombia y quizás con suerte solo sus familias los recuerden? ¿Cuántos educadores, verdaderos apóstoles de la enseñanza han sido exaltados por su obra?
Por todo lo reflexionado he llegado a la conclusión que nuestra situación actual fue ayudada a formar por el olvido, el desinterés, la apatía y la inversión de valores que poco o nada sirven para fortalecer el sentido de patria y colombianidad que tanto hacen falta para lograr la solución de los problemas que nos aquejan; para exaltar sus valores y ejemplo que motive a las nuevas generaciones, que reconozcan el esfuerzo de quienes ayudaron a labrar y forjar a Colombia, aquellos amantes verdaderos y legítimos de nuestra patria, no por criminales equivocados y fanáticos que sembraron de sangre nuestros campos y de dolor nuestros hogares.
No por soñador se hace este antisocial, que ciertamente lo fue, acreedor al olvido de sus abominables crímenes ni mucho menos a que su nombre sea exaltado ante las nuevas generaciones de niños que están en proceso de formación. La guerra que perdiera el M-19 en el campo de batalla, no muy sutilmente la adelanta con éxito en otros campos. Ojalá que el pobre ejemplo de la vida de este malhechor no sea el que ilumine a los menores que en aquel centro de enseñanza reciben educación; ojalá que sus profesores los guíen por el camino del bien y no por el tortuoso sendero de la maldad y el terrorismo que marcó la existencia de este funesto personaje, en mala hora elevado a categoría de ejemplo por sus admiradores del Polo Democrático.
Bogotá, 14 de Diciembre de 2011
*Miembro del centro colombiano de pensamiento político-militar
sábado, 3 de diciembre de 2011
La Opinión de la Semana
Editorial
Denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos
Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar
Aunque tiempo atrás se había advertido en diversos escenarios, recientemente quedó al descubierto el mezquino negocio que habían montado los explotadores de la desgracia, al presentar supuestas víctimas, que no lo son, en procesos que se adelantaron ante la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es claro el doble propósito de, por una parte, cobrar jugosas indemnizaciones, mientras que por otra se muestra al país como un violador consuetudinario de los derechos humanos. En solo seis casos[1] Colombia ha sido condenada a pagar la estrambótica suma de veintiún millones setenta y ocho mil quinientos dólares (US $ 21.078.500).
Este fraude, que, como ha hecho carrera en la denominación de los medios de comunicación, se podría calificar como un “falso positivo” de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) en concreto y, en general, de las ONG que se dicen protectoras de los Derechos Humanos, fue comprobado en una seria investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Por las particulares exigencias técnicas y de procedimiento, que involucran un conocimiento profundo del derecho internacional y del derecho probatorio y por las especiales características de los procesos que se adelantan ante aquellas instancias, no parece que el fraude al Estado colombiano haya estado exento de la colaboración de funcionarios de las citadas CIDH y Corte IDH y mucho menos de los abogados de las organizaciones CEJIL y José Alvear Restrepo, quienes tienen asiento informal pero permanente y consentido en las sedes de aquellas en Washington y San José de Costa Rica y mantienen estrechas y visibles relaciones e influencia con sus funcionarios oficiales.
Tratar de culpar del fraude a quienes fueron presentados como víctimas, como lo han hecho los representantes de las ONG incursas en el ilícito proceder, constituye no solo un insulto a la inteligencia de los colombianos, sino una necia pretensión de creer que los destinatarios de sus infundadas y absurdas explicaciones somos candorosos, ingenuos y carentes de sentido común.
Las gravísimas implicaciones del fraude contra Colombia no solo en el campo económico, sino principalmente en la imagen del país y de sus instituciones armadas, obliga a que el Estado colombiano revise su pertenencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aprobado en 1969 mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos e integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, la cual había sido creada en 1959 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 74.2, entró en vigor en 1978 y ha sido ratificada por 25 países[2] de los 35 que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). Hasta el día de hoy no la han ratificado 9 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Adicionalmente, Trinidad y Tobago mediante denuncia del tratado el 26 de Mayo de 1998 se retiró, por existir conflicto entre sus normas internas y las propias de la Convención[3]. De los 25 que la ratificaron, solamente 22 han reconocido la competencia de la Corte IDH y tres no lo hicieron (Dominica, Granada y Jamaica).
Colombia firmó el tratado el 22 de noviembre de 1969, ratificó el 28 de Mayo de 1973 y entregó los documentos de ratificación el 31 de Julio de 1973. Como aparece el documento oficial de la OEA, al hacer el reconocimiento de competencia el 21 de junio de 1985, se reservó el derecho de cesar la competencia, tanto de la Comisión como de la Corte, en el momento que lo considere oportuno; así aparece:
Colombia:
Reconocimiento de competencia:
El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. El mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. (Lo resaltado no es del original)
El artículo 78 de la Convención[4] faculta a los estados parte para denunciar la convención transcurridos cinco años de su entrada en vigor. Así lo dice;
Artículo 78
1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.(…) (Lo resaltado no es del original)
Los dos organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión, no están exentos de sospecha de haber obrado en contubernio con los abogados de las dos organizaciones demandantes, ya que no solamente han permitido y consentido la presencia e influencia de aquellos en sus mismas instalaciones, sino que, ordinariamente, sus acciones se ven afectadas con sus conceptos, que se reflejan en las providencias. Resulta entonces oportuno, no como acto de protesta, que lo puede ser, sino de simple precaución y cautela, que Colombia denuncie el tratado conforme lo faculta la norma y se separe de un sistema que no ofrece las garantías necesarias para permanecer allí.
La ausencia allí de 10 países, incluidos Estados Unidos y Canadá, en donde más se respetan los derechos humanos, y de tres que no reconocen la competencia, deja ver que para ello no es condición pertenecer al Sistema. Los Estados no pueden tolerar las manipulaciones que sus enemigos realizan y mucho menos cuando para atacarlo se utilizan deslealmente los organismos internacionales, los que, por su alta investidura y responsabilidad, deberían, por el contrario, ser garantes de imparcialidad en los juicios.
Bogotá, 3 de Diciembre de 2011
[1] Según informe de la DEMIL, por los casos de Las Palmeras, La Rochela, Mapiripán, Pueblo Bello, los llamados 19 comerciantes y Germán Escué Zapata.
[2]Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granadag, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
[3] Esta es una de las manifestaciones del Gobierno de Trinidad y Tobago: “El Gobierno de Trinidad y Tobago no está en condiciones de conceder que la incapacidad de la Comisión para tratar en forma expedita las peticiones relacionadas con casos de imposición de la pena capital, frustre la ejecución de esta pena legal con que se castiga en Trinidad y Tobago el delito de homicidio. La constitucionalidad de las sentencias dictadas contra las personas convictas y condenadas a muerte al cabo del debido proceso judicial, se determina ante los tribunales de Trinidad y Tobago. Por ende, existen salvaguardias suficientes para la protección de los derechos humanos y fundamentales de los prisioneros condenados.” (Lo resaltado no es del original)
[4] Parte III, Disposiciones generales y transitorias, Capitulo X, Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia
domingo, 20 de noviembre de 2011
Las FARC derrotadas?
Semana.com
Viernes 18 noviembre de 2011
Las Farc: Nuevo mando para viejos propósitos
Por César Castaño*
OPINIÓN
"Pese a la muerte de ‘Cano’ y a otros duros golpes ocasionados por las Fuerzas Militares y su inteligencia, las Farc siguen obstinadas en continuar en una absurda guerra de desgaste".
Timoleón Jiménez o Timochenko, militante a temprana edad de la juventud comunista de Colombia (JUCO), un ortodoxo marxista leninista quien fue formado política y militarmente en la antigua Unión Soviética y Yugoslavia, es quien tendrá a cargo el manejo de las Farc. Este miembro del secretariado, ha sido testigo de excepción de las transformaciones de esa organización durante los últimos 30 años, una experiencia vital a la hora de recomponerla, aun en condiciones adversas, gracias al incesante acoso de las fuerzas militares, las deserciones y delaciones de sus integrantes, pero sobre todo, en medio de una crisis producto de la desmoralización provocada por la muerte en combate de su máximo líder.
Mucho se ha especulado sobre las nuevas acciones que desarrollen las Farc a partir del nombramiento de ´ Timochenko´ sin embargo su margen de maniobra aún es estrecho. Para quienes conocen cómo se asumen los cargos en una organización comunista y cuánto puede influir un solo hombre en los cambios, sabrán que, por principio, primero están los planes fijados colectivamente, a no ser que esos planes sean insuperables, como es el caso. Documentos como el plan estratégico trazado en la octava conferencia (1993), el pleno ampliado del Estado Mayor Central celebrado en el año 2000 en el Caguán , son los que, al menos en teoría, generan dirección y controlan desbordamientos o excesos de poder.
El nombramiento del nuevo jefe del secretariado supone muchas inquietudes y expectativas en las fuerzas guerrilleras, pues se presume ejercerá la dirección y el control del otro lado de la frontera. Pero más allá de su ubicación, aprovechará para rediseñar su plan estratégico en sus líneas militares, una vez haya logrado contar con suficiente correlación de fuerzas en el Secretariado. Pero quizá lo más importante es que en aras de esa preservación de sus hombres a que se ven obligados por la acción eficaz de la inteligencia militar del Ejército y el acoso de las tropas, fortalecerá el accionar de las milicias populares, bolivarianas y las uniones solidarias, así como el empleo del PC3 y el Movimiento Bolivariano, todo un andamiaje que evitará bajas en las filas y que garantizará capacidad de provocar daños a través de atentados terroristas, hostigamientos, uso indiscriminado de minas y asesinatos selectivos.
Quizá uno de los problemas más graves que deberá afrontar el nuevo cabecilla es la fractura del sistema de comunicaciones estratégicas, situación que, de seguro, tiene aislados a ´Pablo Catatumbo´, jefe del Comando Conjunto de Occidente, y a ´Joaquin Gómez´, del Bloque Sur. Es probable que haya contacto inmediato con otros jefes insurgentes, como es el caso de ´Iván Márquez´ jefe del Bloque Caribe. De este cabecilla vale la pena comentar que continúa desarrollando un trabajo internacional y de fronteras, apoyado en hombres como ´Rodrigo Granda´ y ´Jesús Santrich´, quienes permanentemente elaboran documentos de propaganda que publican en la red global. Hace unos días, lanzaron uno muy particular: “Marulanda y las Farc para principiantes”, una especie de historia fariana para Dummies, en la cual, como es característico, hacen apología del movimiento, evitando mencionar hechos repudiables como el asesinato de 17 hombres, mujeres y niños indígenas awá en 2009 y otras acciones que, curiosamente, jamás llaman la atención de colectivos y activistas de derechos humanos.
De igual manera, ´Timochenko´ está en contacto permanente con ´Pastor Alape’, antiguo guerrillero miembro del secretariado con quien tiene muchas coincidencias pues, al igual que él, militó desde muy joven en la Juco, pero además por el permanente diálogo que sostienen. En la actualidad ´Alape´ es el jefe del Bloque Magdalena Medio, una amplia estructura que se ha fortalecido gracias a los recursos provenientes del narcotráfico, el petróleo y el oro, pero que además ha desarrollado un intenso trabajo político y de masas.
El nuevo cabecilla sabe que las Farc han sufrido en los últimos años los peores golpes y retrocesos de su historia. Hoy día es innegable el debilitamiento de su poder militar, la pérdida de la iniciativa estratégica y la preocupación por preservar sus estructuras. Este escenario para algunos analistas, deja ad portas de la derrota a esa organización. Sin embargo, pese a los problemas que enfrentan, es impensable esta posibilidad en el corto plazo, pues hay que recordar que más allá del componente militar, existe un silencioso pero efectivo trabajo político clandestino, desarrollado a lo largo de los últimos años.
Quienes enfrentan el conflicto armado saben que existen “otras guerras”, acciones distintas a las del campo de combate que deben librarse con igual o mayor intensidad, que la militar. Las Farc en los últimos años, han utilizado el PC3 (Partido Comunista Clandestino Colombiano) y el MB (Movimiento Bolivariano), para desarrollar con efectividad la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, planteada en el IX Congreso del Partido Comunista en 1961.
Hasta hace unos años sorprendía y causaba extrañeza, que una guerrilla rural fuera capaz de crear complejas estructuras clandestinas para infiltrar el Estado y coordinar la avanzada desde los movimientos sociales. Hoy no es una realidad que sorprende sino que preocupa, por su crecimiento y profundización.
Lo cierto es que todo el desarrollo de las guerrillas está supeditado a su aparato político. Es claro que pese al rechazo por su accionar terrorista, los hilos de la urdimbre internacional aun funcionan y las estructuras clandestinas siguen siendo el verdadero oxígeno, es decir, la columna vertebral del Plan Estratégico. Hay que tener claro que son el PC3 y el MB la ofensiva más importante de las FARC, la iniciativa más cuidada y sistemática, la que causa mayor daño con un mínimo de recursos y la que se proyecta como la vanguardia de la organización, bien en un eventual proceso de diálogo o en otra salida similar que pueda ser acordada, con sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
Hoy día las Farc están en un momento del conflicto en el cual saben que su mejor arma, en el plano militar, seguirá siendo la guerra de desgaste, una combinación de “guerra de la pulga” y terrorismo, procurando ser invisibles pero manteniendo a la vez el control social de la población y un permanente trabajo de masas, tareas para las cuales son fundamentales las milicias. Estas son un valioso mecanismo de trabajo político – militar, ideal para la actual coyuntura, pues la guerrilla sabe por principio, que si el oponente es más fuerte se hace necesaria la dispersión de la insurgencia, pues la fortaleza enemiga obliga a la invisibilidad y a establecer mecanismos diferentes de control territorial. La apuesta fariana es sencilla, evitar luchas desiguales y preservar fuerzas para combatir por largo tiempo.
Lo cierto es que pese al golpe histórico propinado por la operación ‘Odiseo’, ´Timochenko´ sabe que las Farc no dependen de un solo hombre, que cuenta con un plan estratégico orientado hacia el levantamiento insurreccional y que el esquema de guerra popular prolongada está en marcha. Pero, además, si algo le sobra es paciencia; al fin y al cabo sus estructuras clandestinas están trabajando.
* Miembro de la Academia Colombiana de Historia Militar.
miércoles, 16 de noviembre de 2011
miércoles, 2 de noviembre de 2011
La injusta Justicia
Editorial
Por una Justicia Justa
Por: Centro colombiano de Pensamiento Político Militar
Recientemente el gobierno tramitó ante el Congreso de la República una reforma a la justicia que pretendía corregir las serias deficiencias que la aquejan. Después de una negociación con las Altas Cortes y miembros del Congreso, en la que se cortó lo fundamental de ella, al final del primer debate se incluyó una adición al artículo 221 de la Constitución, que buscaba restablecer el fuero militar y brindar las garantías de un juzgamiento imparcial a quienes todos los días arriesgan su vida, en aras de brindar seguridad a sus compatriotas.
El Fuero Militar es elemento esencial para la actuación de las Fuerzas Militares y de Policía en el cumplimiento de su misión. Está limitada su aplicación para condiciones de paz y tranquilidad y carece de argumentos jurídicos necesarios para un país en conflicto armado interno, en el cual deben regir el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de la Guerra para ser aplicado jurídicamente a quienes combaten en defensa del Estado.
La situación penal militar es preocupante pues ha interferido profundamente en las operaciones militares y operativos policiales; en tal sentido se han pronunciado eminentes juristas, empresarios, politólogos, asociaciones de generales, militares de la Reserva Activa e inclusive el actual Ministro de Defensa Nacional, quienes reconocieron la alarmante situación de los miembros de la Fuerza Pública por la inseguridad jurídica, creada por la inexistencia e inaplicabilidad de leyes propias para el conflicto por parte del sistema penal colombiano, lo que afecta sustancialmente la actuación de la Fuerza Pública en la seguridad y defensa nacional.
Actualmente, violando la Constitución Política, la justicia ordinaria está juzgando a los integrantes de las Fuerzas Militares por las operaciones de combate. Pero más grave aún, ya que la investigación y el juzgamiento se adelantan dentro del concepto de Derechos Humanos, el cual no resulta aplicable en un contexto de guerra internacional o conflicto armado interno. Esta situación se generó, inicialmente, en la pérdida paulatina y constante del Fuero Militar, recientemente, en un acuerdo ilegal suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General que entregó a esta la jurisdicción penal militar y, finalmente, con la aplicación del Manual de Derecho Operacional, mal concebido por el Ministerio de Defensa en el año 2009, el cual no contempla la aplicación de las normas y conceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ni del Derecho de la Guerra, aplicables en las condiciones actuales del país.
Existe en Colombia temor a la presión internacional, estrategia generada cuando se pretende adecuar la normatividad vigente para dar soporte jurídico a las actuaciones de la Fuerza Pública, buscando la eficiencia en el cumplimiento del deber. Los gobernantes, indiferentes, indolentes o atendiendo sus propios intereses han sido laxos ante esa presión y ceden a sus exigencias, sin importar las consecuencias internas de la manipulación externa.
Entre los hechos más recientes, de público conocimiento, para solo citar algunos, sobresalen la manifestación hecha en el año 2007 por el presidente Álvaro Uribe Vélez en San José de Costa Rica, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde descalificó la Justicia Penal Militar la que, en su concepto, debía tener solamente un carácter disciplinario; el ministro de defensa Camilo Ospina (2006) suscribe con la Fiscalia el documento arriba citado, en el que se renuncia de plano a la jurisdicción penal militar y, por último, el actual Presidente Santos el 11 de octubre, en reunión con la ONG Human Rights Watch, afirma que como Presidente no permitirá que se violen los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública;… ¿será que como Ministro de Defensa si lo permitió?
Estas actuaciones perjudican al país, y facilitan la intervención de los organismos internacionales, que presionan al gobierno para obtener nuevas restricciones a la actuación de las Fuerzas Militares y la Policía y, finalmente, lesionan su reputación. Razón tienen quienes afirman que son más las bajas que se producen al Ejército por carecer de una Justicia Penal Militar coherente con el conflicto que se vive, que las causadas por el enemigo en el campo de combate.
¿Qué hacer para salir de la encrucijada? Dar cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional Articulo 221 sin las argucias y modificaciones que lo volvieron inoperante; mientras perdure el conflicto armado interno en el juzgamiento de quienes participan en las operaciones militares, la Justicia Penal Militar debe estar orientada dentro de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de la Guerra; aplicar el Fuero Militar sin restricciones y que permita que los militares y policías sean juzgados por sus pares; en los procesos jurídicos producto del conflicto armado, brindar seguridad jurídica a quienes defienden el Estado y exponen sus vidas en cumplimiento del juramento hecho por amor a la patria y por último el gobierno debe estructurar una ley integral de defensa y seguridad nacional, que contenga la normatividad requerida para cubrir esa importante necesidad del Estado y así lograr una justicia justa para sus defensores.
En una actitud incomprensible, sin mediar espacio de discusión y, seguramente presionado por las mismas ONG que se lucran de los Derechos Humanos, el mismo gobierno, en una clara incoherencia entre sus ministros y con el remedio a la situación de inseguridad que el mismo creó, anuncia el retiro de la modificación introducida, causando gran desconcierto, no solo entre militares y policías, sino entre el grueso de la población colombiana, que tuvo una fugaz esperanza de redención ante el crecimiento inocultable de las acciones terroristas.
Por azares del destino y no por voluntad del gobierno, la modificación permanece aun en el proyecto de reforma. Mal haría el Ejecutivo en retirarlo en la siguiente vuelta; muy por el contrario, debe “jugársela para sacarlo adelante” con la seguridad de que con el retorno del Fuero Militar, las tropas, derrotadas hoy por la guerra jurídica y desmoralizada por la falta de apoyo de los políticos, recuperarán en algo el espíritu de lucha perdido. Abandonarlo bajo la premisa del desleal Ministro del Interior de que requiere de un debate propio, solamente hará que este país siga rodando cuesta abajo en la materia de seguridad.
lunes, 3 de octubre de 2011
Editorial de la Semana
Editorial
Ambientación del Proceso de Paz del presidente Santos
En anteriores escritos nos hicimos varias preguntas, respecto al propósito del actual gobierno de proponer un Proceso de Paz, lo cual nos creo incertidumbre por la desinformación que teníamos en la materia; a estas alturas hemos podido dilucidar un poco más el alcance e intenciones expresadas por el Ejecutivo y sus asesores en este importante tema, para lo cual trataremos de resumir los avances obtenidos hasta el momento.
De todos es conocido, que para afrontar un proceso de esta naturaleza, existen varios caminos que será necesario recorrer, con el fin de superar los grandes escollos y dificultades que existen para llegar a un consenso de esta naturaleza, antes de aventurarse en la difícil tarea de abocar un Proceso de Paz serio y consensado. Pues bien, los caminos que existen en Colombia son: en primer lugar, el Poder Ejecutivo, el cual está liderado obviamente por el Presidente de la República quien es en este caso, el motivador de esta propuesta; la presidencia cuenta para este propósito con el “Alto Consejero para la Paz” Sergio Jaramillo, que ha desarrollado la idea presidencial en términos propositivos en procura de crear un marco adecuado para iniciar el debate.
Como representantes de la Sociedad Civil han surgido un sinnúmero de Organizaciones no Gubernamentales, que están trabajando acuciosamente en este tema, tales como: colombianos y colombianas por la Paz, Fundación País Libre, Fundación de Ideas para la Paz y otros.
En el poder Legislativo existe la “Comisión de Paz”, liderada en el Senado por el senador Roy Barreras y en la Cámara por el Representante Ivan Cepeda, la cual desde hace algunos meses, viene socializando el tema a través de lo que se ha llamado “EL CAMINO A LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO MARCO JURIDICO PARA LA PAZ”, que encuentra fundamento en el estudio y análisis de diversos encuentros con sectores políticos, académicos, ONG’S, embajadas, organismos internacionales y fundaciones dedicadas al estudio del conflicto en Colombia. No es para nada cierto que este proceso se esté haciendo a espaldas al país, la verdad es que la mayoría de los militares permanecemos ausentes o porque núnca somos invitados o simplemente por falta de tiempo o interés.
De estos numerosos encuentros se han recopilado diferentes posiciones y propuestas, que tras la realización del Foro “LEGISLAR PARA LA PAZ”[1] fueron expuestas dentro de cuatro ejes temáticos, de las mesas que posteriormente se instalaron para el desarrollo de la discusión. La cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Mesa de desmovilizados, Mesa de Justicia y Paz, Mesa de Estatuto de Roma y Normatividad Internacional y Mesa de delito político. Estas mesas tuvieron la participación de los senadores de la Comisión de Paz y de sectores tales como: la Alta Consejería para la Reintegración; Población desmovilizada, Eduardo Pizarro Leongómez; Paula Gaviria de la Fundación Social; Olga Lucia Gomez, Fundación País Libre; Francisco Galán, Casa de Paz; Jose Hernandez, Comisión Nacional de Reparación y Reintegración; Maria Victoria Llorente, Fundación de Ideas para la Paz; Camilo Ospina, Ex embajador de Colombia ante la OEA y ex ministro de Defensa; Álvaro Villarraga, presidente de la Comisión de Cultura democrática; Daniel García Peña, Fundación Planeta Paz; Procuraduría, entre otras personalidades e instituciones. Estas mesas se reunieron en seis oportunidades, donde pudieron llegar a importantes conclusiones, para avanzar en el camino hacia la construcción del nuevo marco jurídico para la Paz.
Estos grupos concluyeron, que resulta necesario preparar instrumentos legales que permitan una desmovilización de los miembros de los grupos ilegales, aún sin adelantar previamente conversaciones o diálogos que eventualmente realizaría el gobierno nacional con dichos grupos; coincidieron así mismo, de que era necesario la exclusión o suspensión de sanciones como la “muerte política”, lo que resultará atractivo a la hora de una eventual negociación, particularmente para los jefes y cabecillas de dichos grupos. Lo que traduce en el ofrecimiento al señor Cano, Gabino y todos los cabecillas a tener la posibilidad de ser nombrados para cargos públicos y de elección popular.
Tiene la palabra entonces la sociedad colombiana, la que deberá ponerse de acuerdo en lo que está dispuesto a ofrecer en aras de alcanzar la Paz. Surgió también en esta discusión, el planteamiento de beneficios para los militares que hayan cometido delitos, resultando válido dentro de un proceso de Paz, con una participación de los mismos, en el proceso de la propuesta para un marco de Justicia Transicional. Algunos sectores coinciden que, en el nuevo marco jurídico ha de avanzarse en el sentido de concebir penas alternativas disminuidas parcialmente, con privación de libertad efectiva para los insurgentes.
Otro de los problemas surgidos dentro de la discusión fue que el nuevo marco jurídico no puede aislarse de los procesos jurídicos que han avanzado internacionalmente, como lo plasmado en el Estatuto de Roma referente a los delitos de carácter internacional, problema bastante grueso para el debate.
Una vez efectuado el proceso de socialización de este “Camino a la construcción de un nuevo marco jurídico para la Paz”, el Presidente de la Republica le solicitó al Congreso de la Republica, por intermedio de la Comisión de Paz, la elaboración de un Proyecto de Acto Legislativo, con el fin de crear el Marco Jurídico para la justicia Transicional, así como una reforma constitucional que faculta al Presidente para establecer mecanismos de Justicia Transicional y desmovilizaciones masivas de grupos armados ilegales. Dicho proyecto fue presentado al gobierno en pleno y diferentes representantes de la Unidad Nacional, el día 19 de Septiembre en el Palacio de Nariño, después de un amplio debate fue aprobado por el ejecutivo y radicado para estudio en la Cámara de Representantes. El Presidente Santos anunció que era un proyecto para resolver vacíos dejados por la Ley de Justicia y Paz.
Sin embargo, después de todos estos avances se abren nuevamente muchos interrogantes; el primero de ellos es que, para hacer la Paz se necesitan dos, y hasta el momento los terroristas de las FARC y el ELN lo único que han hecho es arreciar sus actos delictivos; en la mayoría del territorio nacional, se incrementaron los ataque a la Fuerza Pública, se intensificaron los ataques a la infraestructura energética, se disparó el secuestro extorsivo, señal de que están acumulando recursos, no propiamente para hacer la Paz. Otra pregunta sin respuesta por ahora, es ¿Qué motivaciones tiene el gobierno para plantear la Paz, sin el más mínimo asomo de una voluntad de Paz por parte de los grupos alzados en armas?
Con todo esto, nos atreveríamos a especular que el Presidente tiene información por debajo de la mesa, que le ha imprimido tanto optimismo, ¿no será que los bandidos estarán dispuestos en los próximos días, como ya lo anunció Piedad Córdova a liberar los secuestrados, como una muestra de voluntad política por parte de estos grupos? Naturalmente el país quedaría feliz y se desbordaría de optimismo. O que haya surgido algún arreglo con la intermediación del nuevo mejor amigo. Lo cierto es que toda esta alharaca, no es gratuita ni está lanzada al vacío, algún piso tiene que tener para que el gobierno haya decidido emplearse a fondo, recordemos que la obsesión de los últimos gobernantes, con excepción de Uribe, ha sido la Paz negociada, lo difícil de vaticinar es ¿A qué costo?
Volvemos a recabar la urgente necesidad de discutir estos temas de semejante dimensión, al seno de la reserva activa, con el fin de preparar un grupo de oficiales y civiles expertos, para que en su momento tengan la capacidad de participar en un eventual proceso, con el fin de evitar ser negociados a nuestras espaldas.
Bogotá, D.C, 3 de Octubre de 2011
CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILITAR
martes, 20 de septiembre de 2011
Editorial de la Semana
Editorial
PORQUÉ ES NECESARIA LA JUSTICIA PENAL MILITAR
Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar
Le ha sido muy difícil a muchos sectores del país entender, que la guerra que vivimos los colombianos desde hace más de cuarenta y cinco años es eminentemente política, y como tal no se circunscribe únicamente a la lucha armada. Por tratarse de una guerra interna político–militar, la subversión marxista ha combinado con innegable sagacidad lo ideológico, lo sicológico y lo armado. En cuanto a lo primero, ha penetrado desde sus inicios varios estamentos del Estado, particularmente el magisterio y la justicia, de ahí que una buena parte de la intelectualidad colombiana simpatice con la guerra revolucionaria, porque le asignan un fin altruista para lograr justicia social y una mayor equidad en la distribución de la riqueza, en el convencimiento de que el sistema democrático capitalista no ha logrado resolver este grave problema. Por lo menos así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia.
Remontándonos a sus orígenes, en los años sesentas y setentas, una parte de los jóvenes que eran estudiantes, fueron tentados por la fiebre marxista, de moda por aquella época en América Latina, como producto del triunfo de la revolución cubana; hoy en día, no pocos de ellos ocupan posiciones de importancia en diferentes sectores del Estado y de la opinión nacional e internacional. Son estos personajes quienes desde la legalidad y con un fuerte sentimiento anti militar coadyuvan a los propósitos de los grupos armados, comprometidos o no con estas organizaciones criminales, a través de estructuras tales como: colectivos de abogados, cuerpos de investigación, organismos de justicia, centros de Estudios socio políticos de relevancia nacional, columnas de opinión nacional y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que por cierto, se han convertido en la bandera de la izquierda para atacar las instituciones armadas.
En el campo de la justicia internacional, la situación no es menos halagadora, por causa de la opinión distorsionada de los países desarrollados, debido al estereotipo originado por los múltiples golpes militares que se dieron en América Latina en la década de los años setenta y ochenta, que produjeron una injustificada animadversión hacia todos los militares latinoamericanos; recordemos que para los países europeos, no existe la individualidad de los países de sur América, todos estamos considerados en la misma región, somos los que produjimos a Pinochet, Videla, Galtieri, Stroessner, y otros. Por tal razón la satanización de los militares latinoamericanos y la exaltación a personajes como el Che Guevara, incluso Fidel Castro, que poca oposición tiene en la Unión Europea, son considerados héroes mundiales, por la lucha libertaria que adelantaron en América Latina, lo que llevó al desconocimiento de los crímenes y genocidios producidos por estos personajes y el terrorismo criollo.
Aunado a lo anterior el trabajo de la “diplomacia subversiva“, logró grandes avances, particularmente en la última década del siglo pasado; en países como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza y otros, moviéndose con gran libertad y con apoyo del mismo Estado, adelantando una política de desprestigio hacia los gobiernos, logrando ser catalogados como mártires y merecedores de un respaldo legítimo de aquellos países. Por fortuna esta tendencia ha venido cambiando, desde que fueron reconocidos como un grupo terrorista.
Con un escenario judicial y de opinión como éste, qué garantía podrán tener los militares que defienden al Estado a costa de arriesgar sus propias vidas y tranquilidad personal, quedando en la más absoluta indefensión, cuando son juzgados por sus propios enemigos o detractores. Los diferentes gobiernos poco o nada han hecho en este campo; más bien con el ánimo de ajustarse a los estándares internacionales de los Derechos Humanos, han suscrito tratados que han puesto aún más en dificultades a los militares.
Han sido muchos los que con extraña ligereza han descalificado la Justicia Penal Militar, por considerarla parcializada y poco garantista; pero olvidaron que ante la ineficacia de la justicia ordinaria, el país se vio abocado en circunstancias de grave alteración del orden público, a recurrir a ella para resolver un problema de crisis nacional. La realidad es que esta oposición obedece más a una estrategia para pasar cuentas de cobro, desestabilizar el Cuerpo Armado del Estado y obtener jugosas indemnizaciones, esquilmando aún más el presupuesto de los colombianos.
De la confrontación excesivamente prolongada, han surgido amores y desamores hacia las Fuerzas Militares, por ser ellas las que constitucionalmente tienen que enfrentar por la vía de las armas a los grupos al margen de la ley; pero también, se han convertido en blanco fácil de otras formas de lucha, que resultan más letales que las mismas balas de los grupos ilegales. Hemos llegado a tal punto de radicalización, que organizaciones nacionales e internacionales nos llaman actores del conflicto, cuando el verdadero actor es el Estado mismo.
Aunque las encuestas de aceptación y afecto por parte de los colombianos son ampliamente favorables para las Fuerzas Militares, no resulta congruente con las denuncias y confrontación legal a que están siendo sometidos miembros de la institución castrense, por parte de organizaciones simpatizantes de los grupos ilegales: Tal pareciera que la ilegalidad estuviera más en los estamentos del Estado, que en las organizaciones de terroristas. Hace unos días una valerosa afirmación del Comandante General de las Fuerzas Militares, en la que sostenía la vigencia de la presunción de inocencia del señor Coronel Alfonso Plazas Vega, hasta tanto no se le demuestre lo contrario en un juicio justo a la luz del derecho, al que consideraba un héroe nacional que defendió la democracia en un momento crucial de la Nación, causó escozor y muchos detractores rasgaron sus vestiduras ante este justo reclamo por una verdadera justicia.
Las instituciones armadas tienen claro que la administración correcta de la Justicia Penal Militar, el Régimen Disciplinario y el respeto a los Derechos Humanos son la mejor garantía para mantener unas fuerzas fortalecidas, cohesionadas y disciplinadas, extirpando de ellas a las ovejas negras que delinquen.
En conclusión, la Justicia Penal Militar no se puede considerar como un privilegio, no es nada más que una garantía que otorga la misma constitución a las Fuerzas Militares y que funciona en todos los países del mundo, con mayor razón debe funcionar en un país que está sumido en un conflicto político prolongado donde los militares se convierten en blanco de los enemigos, no solamente de los armados sino de los desarmados. Además, no resulta lógico que a los militares los juzguen personas que desconocen el entorno militar y las características que rigen las operaciones militares. La lógica indica que son sus pares los adecuados para impartir una justicia que es especializada. Estamos de acuerdo que la Justicia Penal Militar deba ser modernizada y actualizada, pero con el ánimo de fortalecerla. Se requiere la creación de la Fiscalía Militar y de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial que respalde la labor del ente acusador militar, a través de un proceso paulatino de implementación.
CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILITAR
domingo, 11 de septiembre de 2011
Editorial de la Semana
EDITORIAL
Bogotá, D.C, 11 de Septiembre de 2011
LA VERDADERA SALIDA A NUESTROS PROBLEMAS
Una realidad de la cual tenemos que partir es que, en los últimos treinta años los militares en Colombia no hemos trabajado lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, descuidando peligrosamente el bienestar de nuestros hombres. Cuando estamos en actividad el quehacer de nuestra profesión nos mantiene las veinticuatro horas ocupados en nuestra principal misión constitucional, cual es la de mantener libre de amenazas a nuestros ciudadanos, por demás loable y estoica, pero injusta con nuestros hombres, que son los que en últimas permiten el cumplimiento de la misión. Siempre hemos estado preocupados por todo lo atinente al cumplimiento del deber, descuidado gravemente la estructura básica del bienestar de los hombres, como son: la nivelación salarial, la salud, la vivienda, la recreación y seguridad jurídica para poder gozar de un retiro tranquilo.
Hemos callado cuando se nos ha exigido el crecimiento de las fuerzas sin los requerimientos mínimos necesarios para el sostenimiento de los nuevos efectivos, siendo más notoria esta falencia en el Ejército. Es así como han colapsado los servicios de salud, vivienda y recreación, que entre otros, han incidido notoriamente en la estabilidad familiar de los integrantes de las Fuerzas Militares. Sin temor a equivocarme creo que desde tiempos del Gral. Luis Carlos Camacho Leyva, no ha habido un claro interés en este aspecto.
Cuando el Ministerio de Defensa pasó a manos de civiles, no tuvimos la suficiente visión para empoderar el Comando General y desde ahí empezó nuestro calvario, cada vez nos quitan más y más poder, año tras año hemos ido perdiendo espacio, y los mandos han permanecido indiferentes. Los ministros militares que tuvimos hasta 1991, además de que tenían un conocimiento claro de la amenaza, conocían en carne propia la importancia de mantener satisfechas las necesidades básicas de los subalternos y luchaban por alcanzarlas; es cierto que el enemigo creció, porque en aquella época no existía la voluntad política, y por lo tanto no se suministraban los medios para alcanzar la victoria.
Desde la aparición de los ministros civiles, tuvo preponderancia la asignación de los medios para ganar la guerra, eso hay que reconocerlo, pero el bienestar y la solución de las necesidades básicas de la tropa no han sido importantes, porque la lealtad y el compromiso están ahí, con sueldos dignos o sin ellos, con salud o sin salud, con instalaciones o sin ellas; lo único importante son los éxitos operacionales, para luego reclamar el protagonismo que los proyecte en su carrera política. Ya nos conocen muy bien, saben que nos pueden tramar con una condecoración, con más soles, o repitiéndonos que somos héroes, la verdad es que quedamos felices, aun en el retiro nos siguen tramando con promesas y discursos lisonjeros, lo anterior es importante pero siempre y cuando este acompañado de soluciones reales a las necesidades básicas.
La pregunta del millón es ¿de quién es la culpa? Con frecuencia solemos quejarnos de nuestras desgracias y de la falta de interés de la dirigencia civil, sin darnos cuenta que fuimos nosotros mismos los que en su momento, unos más que otros, fuimos los culpables de esta terrible realidad que ha llegado a niveles críticos. Los ministros de defensa, independiente de quien sea, cuando se posesionan prometen solucionar todos nuestros problemas, pero ningún mando militar de los últimos tiempos ha convencido al gobierno de la urgente necesidad de satisfacer las necesidades básicas de sus hombres y esto ha ido en contra de la propia moral y la eficiencia. Ojalá que esto cambie con la designación del joven Ministro Juan Carlos Pinzón, descontaminado de intereses políticos, quien proviene de estirpe militar y que ha sufrido directamente las necesidades de las Fuerzas.
Se ha puesto de moda expresar nuestro pensamiento e inquietudes a través de las redes sociales; todas las organizaciones de la Reserva Activa sin excepción; han creado centros de pensamiento, otros a título personal, comentan y expresan las más diversas inquietudes, normalmente de inconformismo; unos lo hacen con altura y equilibrio, otros más radicales expresan su pensamiento con mayor vehemencia, pero al final todas son válidas y justas. Lo que nos debemos preguntar es, qué tanta injerencia han tenido todos nuestros válidos y justificados reclamos? Sin duda alguna estas voces son importantes, pero debemos ir más allá. Tal pareciera que nuestras quejas y reclamos no tienen la trascendencia que quisiéramos; todo eso tiene una explicación: los militares no tenemos poder político, ni para inquietar al más activo de los políticos. Por otra parte, nuestro común denominador ha sido la desunión; los coroneles en contra de los generales, los suboficiales en contra de los oficiales, los celos entre las organizaciones de retirados por la competencia de poder, etc. Así no llegaremos a ninguna parte, nos quedaremos en las protestas aisladas de los que se atreven a escribir.
La principal salida a esta problemática es que los activos (cúpula militar), exijan con respeto pero con entereza la solución a los graves problemas de bienestar de las Fuerzas y lo más importante restituir nuestra justicia para que no seamos presa de nuestros enemigos, so pena de colapsar en un inconformismo generalizado de impredecibles consecuencias.
En cuanto a la Reserva Activa, deberemos seguir insistiendo en algo que ya se ha intentado varias veces sin éxito, la creación de un partido político, no debemos sucumbir ante los anteriores fracasos, ya que si existe una verdadera unión podríamos lograr este objetivo.
Porque no insistir en algo que parece impensable, con el imprescindible apoyo de los activos, buscar el voto de los miembros de la Fuerza Pública, tarea por demás difícil, aquí se ha dicho en muchas ocasiones de que es inconveniente, aunque no sabemos para quién resulte inconveniente. ya no estamos en las épocas del nueve de abril del 1948, cuando existían unas fuerzas poco profesionales y politizadas. Las Fuerzas Militares y de Policía de hoy en día son más preparadas, modernas y con una capacidad democrática autónoma.
Los militares no somos ciudadanos de segunda, debemos exigir los mismos derechos de los demás colombianos. Claro está que existen intereses para que esto no suceda en Colombia, algunos lo estigmatizan, incluso entre nosotros mismos. Creemos firmemente que solo así seremos tenidos en cuenta. El día que tengamos una herramienta política que nos soporte y nos vuelva trascendentes seremos oídos realmente, imagínese son más de cuatrocientos mil votos. Abramos el debate, primero entre nosotros mismos y luego socialicemos la idea con las demás fuerzas del país; no desistamos antes de intentar lo que ya existe en otros países.
CENTRO DE PENSAMIENTO POLITICO MILITAR
sábado, 3 de septiembre de 2011
Bienvenido DR Juan Carlos Pinzón Bueno al Ministerio de Defensa Nacional
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HOJA DE RUTA PARA EL NUEVO MINDEFENSA
Carta abierta en espera de una buena gestión
Por Brigadier General Jaime Ruiz Barrera *
La decisión de relevar al actual Ministro de Defensa en procura de cambiar esa gravísima percepción de inseguridad reinante en el país, constituye una acertada medida de gobierno, siempre y cuando, el nuevo Ministro asuma como tarea prioritaria, atacar de frente y sin vacilación alguna, las distintas causas que generan esa falta de motivación que tienen las tropas para jugarse la vida en el campo de combate.
La tarea en que se han empeñado los actuales mandos para motivar a sus tropas bajo ese eslogan altruista de “ fe en la causa “sin duda alguna ha sido muy importante, pero para su mayor efectividad, requiere con urgencia de ingredientes reales y palpables, que le generen credibilidad y fortaleza. Fe en la causa es voluntad de lucha, y esta se pierde fácilmente cuando surgen factores de desmoralización en las tropas.
Independientemente de los problemas salariales, de bienestar y de seguridad social que afectan gravemente a nuestros combatientes, a mi juicio el que más pesa y que podría ser la causa principal de esa desmotivación, es el de la inseguridad jurídica. Nuestros hombres de honor ven a muchos de sus jefes, comandantes y compañeros, que en su momento y en virtud de resultados victoriosos en la lucha con el enemigo, fueron felicitados, condecorados y al poco tiempo humillados, enjuiciados e injustamente encarcelados.
La nueva estrategia de los terroristas y de las bandas criminales a las cuales deben enfrentarse, ha sido muy exitosa. En contubernio, o mejor dicho en una evidente y descarada asociación, colectivos de abogados, funcionarios de la rama judicial y ONG afectas a los grupos terroristas, montan el libreto requerido para llevar a cabo las acciones necesarias que les garantice el enjuiciamiento y condena de nuestros combatientes. En toda operación militar en la cual se produzcan muertes en combate, aparecen de inmediato en el sitio de los acontecimientos miembros y funcionarios de esta terrible asociación, donde reclutan falsos testigos y falsa pruebas que después utilizan habilidosamente en los estrados judiciales. Esta es la guerra política y jurídica en la que hemos sido vergonzosamente derrotados y en la cual el Estado o el país en general, ha hecho caso omiso, dejando en abandono total a quienes se están sacrificando por la defensa de la patria.
El nuevo señor Ministro debe oír a sus Generales. Debe dejarles la responsabilidad de la conducción operativa de las tropas y el como ministro, actuar como un super administrador y orientador de las políticas de seguridad nacional que establezca el gobierno central, llevando eso si y como le corresponde, el peso político de su gestión.
En lo atinente a la estrategia de seguridad nacional, debe utilizar gente idónea, preferencialmente a militares con experiencia, en retiro o en servicio activo, y evitar la improvisación con nuevos funcionarios, que por lo regular dan al traste con su tarea y la conducen al fracaso. Debe también romper la barrera existente creada por ministros anteriores y a través de la cual, su gabinete ministerial armo tolda aparte para el manejo solitario de todo lo que tiene que ver con la misión institucional de las Fuerzas Militares.
Por otra parte, hacer esta guerra con legislación de paz, es supremamente difícil. Los países que han sido exitosos en conflictos similares, lo han logrado dentro de un marco jurídico y normativo apropiado, con el cual les han proporcionado plena seguridad y garantías a sus Fuerzas Militares. Hay que lograr con urgencia la legislación apropiada que nos permita consolidar lo que se ha alcanzado y asegurar la victoria final dentro del marco legal y constitucional que la ética nos impone. Consecuente con lo anterior, es también muy importante revisar y adecuar los manuales operativos concebidos en años anteriores, cuyas excesivas medidas restrictivas, generan confusión y le quitan libertad de maniobra a las tropas en combate. Esta circunstancia, favorece plenamente a los grupos armados ilegales con los cuales deben enfrentarse.
La tarea por realizar será mucho menos difícil, si logra concertar apropiadamente con los únicos voceros validos con que cuentan quienes en servicio activo portan las armas de la república: …sus mandos naturales y las reservas activas de la nación. Las reservas, por cuanto los combatientes no pueden ser deliberantes y carecen de la potestad de exigir y reclamar. Busque y mantenga el contacto con las asociaciones militares, las cuales le serán de gran ayuda en el estudio y solución de los problemas que afectan a nuestras instituciones. Esta es la razón de ser de estas asociaciones. Aprovéchelas Señor Ministro, si usted y los nuevos mandos que se designen, no logran recuperar la moral de las tropas que defienden este país, cualquier acción de gobierno tendiente a restablecer y fortalecer esa percepción de seguridad que antes existía, será totalmente infructuosa.
El país entero está pendiente de los resultados que pueda lograr en la gestión que comienza. La mayor expectativa la tienen quienes portan las armas de la república. Ponga usted el interés y la voluntad política necesaria y las tropas el esfuerzo y la voluntad de lucha que se requiere para defender y salvar a Colombia. Si esto se cumple, el país saldrá triunfante.
Bogotá, 3 de Septiembre de 2011
* Oficial de la Reserva Activa del Ejército, Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político y Militar
domingo, 28 de agosto de 2011
Editorial de la Semana
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LA ENCRUCIJADA DE LA JUSTICIA (II parte)
Por: Centro colombiano de Pensamiento Político Militar
Nuestros Soldados están preparados para una guerra que los ha mantenido en el campo de combate por más de cinco décadas, conocen las tácticas y dificultades de la misma, han demostrado su capacidad, entrega y valentía, enfrentando un enemigo que recurre a todas las formas de lucha, que actúa violentando permanentemente las leyes de la misma guerra, orientado por un brazo político que conforma una muy bien coordinada red de organizaciones y colectivos que hacen ilegal y cumplida tarea. No dudamos que la decisión es la de obtener la victoria final en el campo de combate, pero este lógico propósito de un Ejército en guerra por la defensa de su pueblo, se ve disminuido por la actuación de una justicia que antepone su tendencia ideológica, utilizándola como arma de guerra y logrando lo que hoy estamos viendo con nuestros combatientes: Temor angustioso que paraliza el entusiasmo por el cumplimiento de la misión.
¿En dónde hallamos explicaciones que puedan despejar los enigmas de la parcializada justicia que nos están aplicando? En primera instancia la respuesta la encontramos en los cambios de la política mundial, la izquierda internacional encontró el camino y objetivo perfecto de su lucha por el poder, y así, se apropió de la justicia internacional donde la mayoría de tribunales y jueces no están interesados en ocultar su identidad filosófica y son sus más obsecuentes aliados políticos. Novedosas y “avanzadas” teorías e interpretaciones hacen carrera en juicios muy bien promocionados, donde estrenan la aplicación de su despótica doctrina.
La bandera de los Derechos Humanos se constituyó en su sofisma primario, la interpretación acomodada de los mismos en su causa de lucha y su legión de pregoneros integrada por unos extremos y otros incautos, completan la maquiavélica estrategia que en América Latina encontró en la historia política de la región su fuente de venganza: por un lado las Fuerzas Militares, por el otro los guerrilleros, terroristas, revolucionarios o insurgentes, como quieran denominarlos, favorecidos por el perdón, el olvido, el indulto, la amnistía o el desconocimiento de sus criminales acciones . Unos deslegitimados, juzgados y condenados, los otros libres, reivindicados y gozando del poder y la indulgencia del Estado. En la región, el conflicto Colombiano es el compromiso superior de la izquierda y su más rentable objetivo: los Militares, su justicia, su legitimidad y su institucionalidad.
En las actuales circunstancias son muchos los interrogantes que civiles y militares, instituciones y sociedad se hacen con respecto al desarrollo de la guerra: ¿Qué está pasando al interior de las Fuerzas Militares?¿Están guerrilleros y terroristas recuperando capacidad y espacio? La respuesta no es otra que la aplicación politizada de la justicia y la conclusión, el alto grado de afectación en la moral del combatiente. Cuando se conoce la tragedia del soldado con la injusticia que lo persigue, fácilmente se entienden los motivos de su hastío.
Mientras la Justicia Penal Militar fue satanizada, desprestigiada y deslegitimada, con el argumento que era la justicia de bolsillo de los militares, la ordinaria se constituyó en el adalid de la lucha ideológica, la poseedora de la verdad, la intocable, pura y soberbia, el militar por el solo hecho de serlo, es acreedor de la sospecha, especialmente cuando el Oficial o Suboficial posee una hoja de vida que lo muestra como un combatiente integral (condecoraciones, felicitaciones, combates, cursos, etc..) circunstancia que la fiscalía se encarga de presentar como la prueba reina y la demostración de su perfil criminal. Los plazos que por ley se deben cumplir no hacen parte de los procesos contra los militares, los testigos y testimonios falsos se convirtieron en un proceder normal y justificado, las organizaciones y colectivos de izquierda son los de fiar, tienen las puertas de la justicia abiertas con amigos en los estrados judiciales y acceso preferencial, en cada diligencia judicial el militar se enfrenta a la presencia reforzada de los miembros, que nunca faltan, de los famosos colectivos dispuestos a descargar su rabiosa ideología y odio que los identifica. Para complementar el panorama, la propia Institución cometió el grave error de aprobar y publicar el famoso Manual Operacional que es el compendio de la más grande confusión para nuestros soldados y el asombro y desconcierto de quienes saben de la guerra que enfrentamos.
La preocupación por esta grave situación en ningún momento genera dudas sobre la valentía y compromiso de nuestros hombres, tampoco sobre la victoria final de la institucionalidad, pero sí la urgente reflexión de nuestros comandantes, la guerra militar la sabemos enfrentar, la otra que nos han declarado, la jurídica-política no. Por lo tanto, es la obligación moral de nuestros líderes militares, enfrentarla con toda la decisión, riesgos, sin miedo, abierta y públicamente. Inaplazable es un reajuste en las prioridades y compromisos en la conducción de la defensa institucional. Los subalternos, quieren ver a sus comandantes más decididos, con mayor coraje para no abandonarlos en los momentos de dificultad.
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