Editorial
PORQUÉ ES NECESARIA LA JUSTICIA PENAL MILITAR
Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar
Le ha sido muy difícil a muchos sectores del país entender, que la guerra que vivimos los colombianos desde hace más de cuarenta y cinco años es eminentemente política, y como tal no se circunscribe únicamente a la lucha armada. Por tratarse de una guerra interna político–militar, la subversión marxista ha combinado con innegable sagacidad lo ideológico, lo sicológico y lo armado. En cuanto a lo primero, ha penetrado desde sus inicios varios estamentos del Estado, particularmente el magisterio y la justicia, de ahí que una buena parte de la intelectualidad colombiana simpatice con la guerra revolucionaria, porque le asignan un fin altruista para lograr justicia social y una mayor equidad en la distribución de la riqueza, en el convencimiento de que el sistema democrático capitalista no ha logrado resolver este grave problema. Por lo menos así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia.
Remontándonos a sus orígenes, en los años sesentas y setentas, una parte de los jóvenes que eran estudiantes, fueron tentados por la fiebre marxista, de moda por aquella época en América Latina, como producto del triunfo de la revolución cubana; hoy en día, no pocos de ellos ocupan posiciones de importancia en diferentes sectores del Estado y de la opinión nacional e internacional. Son estos personajes quienes desde la legalidad y con un fuerte sentimiento anti militar coadyuvan a los propósitos de los grupos armados, comprometidos o no con estas organizaciones criminales, a través de estructuras tales como: colectivos de abogados, cuerpos de investigación, organismos de justicia, centros de Estudios socio políticos de relevancia nacional, columnas de opinión nacional y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que por cierto, se han convertido en la bandera de la izquierda para atacar las instituciones armadas.
En el campo de la justicia internacional, la situación no es menos halagadora, por causa de la opinión distorsionada de los países desarrollados, debido al estereotipo originado por los múltiples golpes militares que se dieron en América Latina en la década de los años setenta y ochenta, que produjeron una injustificada animadversión hacia todos los militares latinoamericanos; recordemos que para los países europeos, no existe la individualidad de los países de sur América, todos estamos considerados en la misma región, somos los que produjimos a Pinochet, Videla, Galtieri, Stroessner, y otros. Por tal razón la satanización de los militares latinoamericanos y la exaltación a personajes como el Che Guevara, incluso Fidel Castro, que poca oposición tiene en la Unión Europea, son considerados héroes mundiales, por la lucha libertaria que adelantaron en América Latina, lo que llevó al desconocimiento de los crímenes y genocidios producidos por estos personajes y el terrorismo criollo.
Aunado a lo anterior el trabajo de la “diplomacia subversiva“, logró grandes avances, particularmente en la última década del siglo pasado; en países como Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza y otros, moviéndose con gran libertad y con apoyo del mismo Estado, adelantando una política de desprestigio hacia los gobiernos, logrando ser catalogados como mártires y merecedores de un respaldo legítimo de aquellos países. Por fortuna esta tendencia ha venido cambiando, desde que fueron reconocidos como un grupo terrorista.
Con un escenario judicial y de opinión como éste, qué garantía podrán tener los militares que defienden al Estado a costa de arriesgar sus propias vidas y tranquilidad personal, quedando en la más absoluta indefensión, cuando son juzgados por sus propios enemigos o detractores. Los diferentes gobiernos poco o nada han hecho en este campo; más bien con el ánimo de ajustarse a los estándares internacionales de los Derechos Humanos, han suscrito tratados que han puesto aún más en dificultades a los militares.
Han sido muchos los que con extraña ligereza han descalificado la Justicia Penal Militar, por considerarla parcializada y poco garantista; pero olvidaron que ante la ineficacia de la justicia ordinaria, el país se vio abocado en circunstancias de grave alteración del orden público, a recurrir a ella para resolver un problema de crisis nacional. La realidad es que esta oposición obedece más a una estrategia para pasar cuentas de cobro, desestabilizar el Cuerpo Armado del Estado y obtener jugosas indemnizaciones, esquilmando aún más el presupuesto de los colombianos.
De la confrontación excesivamente prolongada, han surgido amores y desamores hacia las Fuerzas Militares, por ser ellas las que constitucionalmente tienen que enfrentar por la vía de las armas a los grupos al margen de la ley; pero también, se han convertido en blanco fácil de otras formas de lucha, que resultan más letales que las mismas balas de los grupos ilegales. Hemos llegado a tal punto de radicalización, que organizaciones nacionales e internacionales nos llaman actores del conflicto, cuando el verdadero actor es el Estado mismo.
Aunque las encuestas de aceptación y afecto por parte de los colombianos son ampliamente favorables para las Fuerzas Militares, no resulta congruente con las denuncias y confrontación legal a que están siendo sometidos miembros de la institución castrense, por parte de organizaciones simpatizantes de los grupos ilegales: Tal pareciera que la ilegalidad estuviera más en los estamentos del Estado, que en las organizaciones de terroristas. Hace unos días una valerosa afirmación del Comandante General de las Fuerzas Militares, en la que sostenía la vigencia de la presunción de inocencia del señor Coronel Alfonso Plazas Vega, hasta tanto no se le demuestre lo contrario en un juicio justo a la luz del derecho, al que consideraba un héroe nacional que defendió la democracia en un momento crucial de la Nación, causó escozor y muchos detractores rasgaron sus vestiduras ante este justo reclamo por una verdadera justicia.
Las instituciones armadas tienen claro que la administración correcta de la Justicia Penal Militar, el Régimen Disciplinario y el respeto a los Derechos Humanos son la mejor garantía para mantener unas fuerzas fortalecidas, cohesionadas y disciplinadas, extirpando de ellas a las ovejas negras que delinquen.
En conclusión, la Justicia Penal Militar no se puede considerar como un privilegio, no es nada más que una garantía que otorga la misma constitución a las Fuerzas Militares y que funciona en todos los países del mundo, con mayor razón debe funcionar en un país que está sumido en un conflicto político prolongado donde los militares se convierten en blanco de los enemigos, no solamente de los armados sino de los desarmados. Además, no resulta lógico que a los militares los juzguen personas que desconocen el entorno militar y las características que rigen las operaciones militares. La lógica indica que son sus pares los adecuados para impartir una justicia que es especializada. Estamos de acuerdo que la Justicia Penal Militar deba ser modernizada y actualizada, pero con el ánimo de fortalecerla. Se requiere la creación de la Fiscalía Militar y de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial que respalde la labor del ente acusador militar, a través de un proceso paulatino de implementación.
CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILITAR
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