martes, 21 de enero de 2014
El proceso de paz con las farc
Los autogoles de Humberto de la Calle
Por EDUARDO MACKENZIE
2 de diciembre de 2013
Hace casi un mes que las “partes”
negociadoras entregaron a la prensa un documento firmado en La Habana bajo el
título de “acuerdo sobre participación en política”. El debate sobre ese texto
que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc dicen haber suscrito, no
parece decaer. Todo lo contrario. La discusión continúa... Y eso está muy
bien. Ese fenómeno muestra, en mi opinión, dos cosas: 1. La viva
preocupación que genera en la opinión pública ese “segundo acuerdo”
entre Santos y el narco-terrorismo, y 2. La gran confusión que ese documento
está llamado a crear.
Al comienzo, unos observadores
afirmaron que ese papel contenía reformas que podrían ser benéficas para el
país. Otros estimaron que sólo era palabrería vacía, que allí “no había nada
nuevo”. Terceros repusieron, con más razón, que era un acuerdo inaceptable. En
estos días, la tendencia es hacia una posición intermedia: que los alcances de
ese texto son “inciertos” y “confusos”.
No estoy muy de acuerdo con esta
última opinión.
Si bien la redacción de ese texto es
deliberadamente obscura, la línea que lo guía es clara. Habría que hacer la
distinción entre la forma y el contenido. La forma, en este caso, es esquiva y
taimada. Es un escrito cifrado y mamerto, pero el fondo es límpido.
Algunos analistas se han llenado de
ilusiones. Luis Fernando Álvarez (El Colombiano, 29 de noviembre de 2013)
estima que lo que allí está esbozado “reitera una serie de propósitos” de la
Constitución de 1991. Error. Ese “acuerdo”, por el contrario, rompe con la
actual Constitución y confirma que lo que se viene es un ataque frontal contra
la democracia representativa.
Veamos los puntos más alucinantes de
ese “acuerdo”.
1. Ese texto busca minar el poder
legislativo colombiano. La Cámara de Representantes ya no será la expresión del
voto de los ciudadanos. Con la creación eventual de unas “circunscripciones
transitorias especiales de paz” habrá una serie de curules (el
número sigue oculto hasta hoy) que serán otorgadas no por los electores sino
por el Gobierno, o por las mismas Farc. Ello es contrario a las normas
constitucionales de Colombia y de toda democracia. Designados a dedo, esos
escaños desnaturalizarán el Congreso. El pretexto invocado para hacer eso es
que ciertas poblaciones (precisamente de las zonas más atormentadas por las
Farc) “tengan una representación especial de sus intereses”. Embuste. Si ellas
no lo están es por las presiones violentas de las Farc, no porque el sistema lo
impida. A las Farc jamás les interesó la democracia representativa, ni la gente
ni su representación parlamentaria. Esta vez hablan de eso para
abusar de la buena fe del país y llegar al Parlamento de manera espuria.
Ese intento de minar el Congreso
colombiano encaja con las turbias maniobras del castro-chavismo en América
Latina destinadas a convertir en todas partes el poder legislativo en un
apéndice servil del poder ejecutivo. Es lo que Chávez llamaba “el nuevo
constitucionalismo”.
2. La libertad de empresa
y la economía de mercado serán entrabadas mediante unos aparatos que quieren
crear. La empresa privada y hasta los planes de desarrollo del país quedarán
bajo la tutela de unos organismos inventados. En el documento los llaman “consejos
territoriales de planeación”. Santos había dicho que las negociaciones con las
Farc no tocarían la economía.. Era otra mentira.
3. Las Farc quieren que
Colombia haga una “revisión integral” de su sistema electoral y que adopte el
voto electrónico, que fue el que, precisamente, le sirvió a Hugo Chávez para
hacer 14 veces fraude electoral e imponerse como el dueño de las mayorías
venezolanas. El “acuerdo” exige eso y hasta anuncia que una comisión de
“expertos” vendrá a Colombia a realizar esa revisión. Sabemos que
esos “expertos” son los mismos que ayudaron a Chávez a montar el dispositivo
que arrasó con la legalidad electoral en Venezuela.
4. Según ese texto, las
Farc podrán censurar y brutalizar judicialmente a sus críticos.. El documento
impulsa la creación de un nuevo tipo penal: el delito de “estigmatización”.
Quien critique a las Farc y a las dictaduras que las apoyan, podrá ser acusado
de “atentar contra la convivencia” y contra la “cultura
de reconciliación”. El documento pretende que los colombianos
tengamos, de ahora en adelante, un “lenguaje” y un “comportamiento” aceptable
para los jefes farianos. Quien se salga de allí será objeto, promete el
documento, de “medidas”. Se puede suponer que éstas serán multas,
ilegalizaciones y cárcel.
5. El documento prevé la
creación de una serie de organismos de justicia paralela (algo totalmente anti
constitucional) bajo el disfraz de unos “consejos para la reconciliación y la
convivencia” que tendrán jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Y no
hablemos de otros organismos misteriosos del mismo alcance, con funciones bien
particulares, que quieren crear, como los “consejos”, los “espacios”, las
“veedurías ciudadanas” y los “observatorios de transparencia”. Todos son
organismos de control totalitario de una minoría sobre las mayorías
colombianas. No hay que dejarse abusar por términos melosos como
“ciudadanos” o “transparencia”.
6. El documento desconfía de
los funcionarios públicos. Ese texto los llama “ciudadanos de la
administración y [de] la gestión pública”. Exige que se ejerza sobre ellos “un
mayor control”, dizque para luchar por la “transparencia” y contra la
“corrupción”. La banda criminal que durante 50 años, además de utilizar todo
tipo de violencias contra el pueblo, ha robado, extorsionado y corrompido todo
lo que encuentra, quiere blanquearse con esto de la lucha contra la
“corrupción”.. ¿Hacia dónde apunta eso? ¿Es el anuncio de una purga estaliniana
contra los funcionarios que no apoyan a las Farc?
7. El “acuerdo” firmado por los
negociadores de Santos, prevé hasta la conformación de grupos armados para
encargarse de la “seguridad” y de la “protección” de los jefes terroristas que
quedarán en libertad. Es lo que el documento describe como un “sistema integral
de seguridad para el ejercicio de la política”.
8. El texto subraya que las Farc
quieren cambiar la actual ley de partidos políticos. Dice que “una
comisión” redactará un “estatuto de garantías para los partidos” que las Farc
crearán. En Colombia el único poder que está habilitado para discutir y votar
sobre los derechos y deberes de los partidos es el Congreso, no una comisión
privada.
9. El acuerdo “implica la dejación de
las armas”. Es decir que las Farc no las entregarán sino que las ocultarán, así
como a sus combatientes, durante un tiempo, hasta que decidan volver a su
oficio de matar colombianos, si “el proceso” no les gusta.
10. Lo mejor del cuento es que todas
estas lindezas serán aplicadas no en la fase de “la paz”, del llamado
post-conflicto, sino en la actual fase de guerra fariana contra el Estado y
contra la sociedad. El “segundo acuerdo” de La Habana lo dice muy claro: todos
estos cambios se harán “en el marco del fin del conflicto”, o “en el
escenario del fin del conflicto”. Esa fórmula aparece cinco veces en el
documento. Eso quiere decir que las Farc, con la anuencia de Santos, podrán
desfigurar de manera profunda las instituciones y la economía del país, y
podrán entrar a controlar, por la vía de “comisiones”, “consejos”, y otros
organismos “sociales”, la vida político-económica de Colombia antes
del fin de la guerra subversiva.
¿Cómo Humberto de la Calle y sus
brillantes asesores se dejaron meter semejantes goles? La única
explicación es esta: se los dejaron meter no porque sean tontos sino porque
están de acuerdo con eso. Y están de acuerdo pues los convencieron de que en
Colombia no hay democracia, ni participación política, porque las Farc están al
margen de ese mundo. Lo que hace que las instituciones colombianas sean
“ilegítimas” y deban ser “legitimadas” con la llegada a éstas de unas Farc no
desarmadas ni arrepentidas del dolor y del daño causado a Colombia. Ese era el
análisis de la gente de Moscú, desde el comienzo de la Guerra Fría. Con ese
esquema desataron el terror y la devastación en nuestro país. Los
“negociadores” de Santos no vieron eso ni por las curvas. ¿Con ellos la
democracia actual va hacia dónde?
Enviado desde
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lunes, 6 de enero de 2014
Las farc van ganando en la mesa de la Habana
04 enero
2014
Rectificación patriótica
Por Rafael
Guarín Ver más
artículos de este autor
Fuente:
Revista Semana
OPINIÓN
La Unión
Patriótica a través de Twitter exigió la rectificación de mi columna anterior.
Foto:
Archivo SEMANA.
Cometí el pecado de recordar que era
el “antiguo brazo de las FARC”. ¡Además, que se investigue mi conducta! ¡Qué
miedo! Para ese partido la columna contiene “palabras que son balas asesinas…
son peligrosas arriesgan la vida de nuestros líderes, pedimos rectificación”.
Guarín “instiga a la violencia y al genocidio político”. ¡Pura propaganda!
¡Carreta! ¡Paja! ¡Ahí va la rectificación!
¿A quién se le ocurre decir que las
FARC y la Unión Patriótica tuvieron vínculos o que el grupo armado adelantó su
estrategia utilizando una organización política legal, con personería jurídica
otorgada por la Corte Electoral, en el marco de la combinación de todas las
formas de lucha?
Respuesta: a las propias FARC y a líderes de la Unión Patriótica y del Partido
Comunista. Veamos algunos ejemplos:
Primero. ¡Que la UP es resultado de los Acuerdos de La Uribe de 1984! Observación
superficial. En 1983, en el “Informe al pleno amplio del Estado Mayor Central
de las FARC”, Jacobo Arenas indicó que los planes apuntaban a convertir las
campañas electorales en “una forma de lucha de masas de gran importancia”. En
1994 Manuel Marulanda, en un discurso con ocasión de los 30 años del grupo,
subrayó que las conclusiones de la séptima conferencia (1982) comprendieron “la
salida política al conflicto” con el fin de que “el movimiento pudiera hacer
sus planteamientos políticos, económicos y sociales”. La UP nació en ese
contexto con el fin de ser un elemento vital para impulsar el proceso
revolucionario.
Segundo. ¡Qué la UP no fue nunca el brazo político de las FARC! ¡Pero si fue
fundada por las FARC! Boris Cabrera, quien comparte ese mismo título, el de
fundador, relató en entrevista a la Silla Vacía: “La UP fue una creación
directamente de las Farc. A la UP confluyó el Partido Comunista, otra serie de
organizaciones, pero nunca se escondió que el primer candidato presidencial fue
Jacobo Arenas. Braulio Herrera era el secretario ejecutivo. E Iván Márquez fue
uno de los parlamentarios”. ¿Entonces? ¿Por qué se indignan, señores de la UP?
Tercero. ¡Que la Unión Patriótica era el partido de la paz! Falso. Nunca lo
fue. Por el contrario, se creó para impulsar la estrategia de escalamiento de
la guerra irregular, el terrorismo y el crimen aprobada por las FARC en 1982.
Alberto Rojas Puyo, ex senador de la UP y clave en el proceso de paz con el
gobierno Betancur, en entrevista con Steven Dudley, señaló: “Desde el comienzo,
las FARC y el Partido Comunista consideraban a la UP como un instrumento
político para su proyecto de insurrección”. Y Álvaro Salazar, jefe de
propaganda de la UP, aceptó en otra conversación con el escritor que “Jacobo nunca
quiso que el partido fuera más que la apertura de un espacio político para el
movimiento militar. Esto hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de
sacrificio de tal manera que pudieran justificar su guerra”. Antropófagos. Peor
aún. Cuadros de la Unión Patriótica en Urabá fueron acusados de estar detrás de
las matanzas contra integrantes del partido Esperanza, Paz y Libertad. ¿O se
les olvida la masacre de la Chinita hace 20 años?
Y finalmente, un profesor, ex
integrante del Partido Comunista, Medófilo Medina, en carta a Alfonso Cano
reconoció que la UP “tuvo que cargar con el fardo de sostener la política de
combinación de todas las formas de lucha”. Y que el exterminio – que, en mi
opinión, jamás debió ocurrir, ni jamás debe repetirse -, se debió en parte al
“intento de sentarse en dos sillas a un mismo tiempo”, la de la guerra y la de la
política partidista. Queda claro, camaradas, que sus propias voces reconocen
que en su nacimiento la UP tiene el ADN de las FARC. ¿Qué reclaman? Lo repito:
sí fueron el brazo político de las FARC. Que eso fue en los años ochenta y noventa. ¡Tema superado! Pero, ahora,
¿cómo explicar que en los discursos de instalación del reciente Congreso de la
UP Piedad Córdoba salude a “los compañeros de La Habana, a los compañeros las
FARC” y que ese Congreso apruebe iniciar una campaña a favor de Simón Trinidad?
¡Rectifiquen! ¡No repitan las dos sillas! Es inaceptable en una democracia que
en el seno de un partido político se trate de compañeros a criminales de lesa
humanidad y se les defienda.
Sobre Marcha Patriótica es suficiente con la denuncia que hizo el Ministro de
la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012: “Esas organizaciones
terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento
de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo
decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización
terrorista de las Farc”. Y la alocución del Presidente Santos del 30 de agosto
de 2013 en la que acusa a Marcha Patriótica de intervenir en el paro agrario y
rechaza “la protesta obligada a punta de fusil o amenazas” ¿Por qué la Fiscalía
no presenta resultados en esas investigaciones? ¿O es que ni investigaciones
existen, señor Montealegre? ¡Pero comprendo la indignación!
Cargar con una herencia de
asesinatos, masacres y atrocidades no es fácil. Menos, que se la recuerden.
Pero la verdad escrita en una columna no incita al “genocidio”, ni se puede
reducir al odio. La verdad, como la justicia, purifica a los victimarios y a
sus aliados camuflados en partidos políticos. Dicen que quieren la paz, pero
les molesta que se hable de su verdad. Quieren la de los asesinos paramilitares
pero, por ningún motivo, la propia. La paz debe basarse en la verdad, no en
evadir la responsabilidad histórica con señalamientos destinados a satanizar a
quienes la revelan o la reclaman. O peor, a ponerlos en la mira asesina de las
FARC.
Ese, señores de la UP, es el método
de los violentos, no la práctica de los demócratas y menos puede ser la de
quienes deben demostrar al mundo que ya no son lo que fueron, amanuenses de un
grupo terrorista, sino ciudadanos que apuestan en el marco de la Constitución.
EnTwitter: @RafaGuarin
COLUMNA ANTERIOR DE RAFAEL GUARÍN
8 diciembre 2013
Las FARC van ganando
Por Rafael GuarínVer más artículos de este autor
Fuente: Revista Semana
OPINIÓN
A diferencia de quienes dicen que el
proceso de La Habana no les ha reportado beneficios, la realidad enseña lo
contrario.
Foto: Archivo SEMANA.
El 2013 fue el año de la recuperación
política de las FARC y de la sostenibilidad de su aparato violento. A
diferencia de quienes dicen que el proceso de La Habana no les ha reportado
beneficios, la realidad enseña lo contrario.
Primero. Rompieron el aislamiento
político y legitimaron la violencia en la democracia. Consecuencia del
reconocimiento que les otorgó el presidente Juan Manuel Santos se apuntalaron
dentro y en el exterior como un actor político. Dejaron de ser un grupo
narcoterrorista, así sigan traficando cocaína y perpetrando actos terroristas,
por gracia de la nueva narrativa del Gobierno. Ahora utilizan las armas para
“bien de todos”. A pesar de que la mayoría de los colombianos no cree eso,
lo cierto es que su organización, Marcha Patriótica, actúa sin dificultades
legales, y su anterior brazo, la Unión
Patriótica, se reestrenó saludando a los “compañeros de las FARC” y con una
campaña en defensa de Simón Trinidad. La cosa llegó al paroxismo
con la declaración del nuevo embajador estadounidense que pide que se les dé
amplia participación política.
Segundo. Reventaron la cohesión ciudadana contra el terrorismo. Uno de los
elementos claves del declive sostenido que sufrió las FARC entre el 2002 y el
2010 fue la unidad de la sociedad en su contra. En virtud del lenguaje y la
propaganda gubernamental, que hace eco al discurso autojustificatorio del grupo,
se consiguió vender la idea de que el país está dividido entre amigos y
enemigos de la paz. Una treta que beneficia a los terroristas y sataniza a los
críticos, no de la paz, sino de la impunidad.
Tercero. Consiguieron que importantes
sectores políticos, sociales, “académicos” y de los medios de comunicación
patrocinen que los integrantes de las FARC tengan el derecho a gobernar a
Colombia, sin importar sus delitos o si perpetraron crímenes de guerra o graves
violaciones a los derechos humanos. Se “impone” la necesidad de la paz
“sin importar el precio”. Todo es válido y se debe aceptar en aras de la
reconciliación.
Cuarto. Mantienen su capacidad de
acción violenta a pesar de la manipulación de las cifras de seguridad. La
realidad es que el Plan Espada de Honor se propuso reducir las estructuras del
grupo al 50 % a diciembre del 2013, pero los datos del conteo del enemigo que
realiza el Ministerio de Defensa acreditan que tan sólo se redujeron en 700
integrantes entre el 2010 y el 2013. Las FARC tienen prácticamente el mismo
número de miembros que al final del gobierno anterior. Un absoluto
fracaso. A octubre, comparado el 2010 con el 2013, los atentados
terroristas saltaron de 405 a 705, un crecimiento del 74 %. La voladura de
oleoductos aumentó de 31 a 196. A pesar de que el número de integrantes del
grupo no ha variado substancialmente, la desmovilización cayó de 2.108 a 1.116
integrantes. Respecto a ese mes del 2012, se produjeron 557 capturas menos, el
20 %, igual porcentaje que registra la disminución de los dados de baja en
combate. En ese período asesinaron aproximadamente 320 miembros de la
fuerza pública e hirieron 2.228, en total; a octubre, 2.548 quedaron fuera
de acción. Las cifras hablan solas.
Quinto. En La Habana insisten en que
se elimine la política contra los cultivos ilícitos y que no se criminalice a
quienes se dedican a esa actividad. Las estadísticas de Mindefensa demuestran
que el Gobierno está desmontando, gradual pero aceleradamente, el esfuerzo
contra los cultivos. La aspersión cayó en 53 % en todo el 2013 y la
erradicación manual a octubre en el 44 %. La incautación de toneladas de
coca se contrajo a esa fecha en 10 %. Además el Congreso expidió una ley que
permite la salida de la cárcel de delincuentes dedicados a la coca, una vez
cumplan la mitad de la pena.
Sexto. Nunca antes llevaron a un
presidente tan lejos. Santos compareció ante la Corte Constitucional con el fin
de defender el “marco jurídico para la paz”, que permite la renuncia a la
persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos y de los menos
responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Un monumento a la
impunidad defendido por el jefe de Estado que, en cambio, no dijo nada ante la
caída del fuero penal militar en la Corte, figura jurídica rechazada
vehementemente por la cúpula terrorista.
Séptimo. Hicieron del fiscal Montealegre un títere de los violentos. Cada vez
que surge una voz que reclama justicia o advierte sobre los estándares
internacionales que se deben respetar en el proceso de La Habana, sale ese
funcionario, abogado de oficio, a teorizar, promover, defender y propugnar por
impunidad para las FARC y por darles el derecho a gobernar. ¡Repugnante
espectáculo de un funcionario cuya misión constitucional es perseguir a los
criminales, no protegerlos!
Octavo. Se favorecieron con la
reforma al Código Penitenciario y al de procedimiento penal. La nueva ley
permite conceder la prisión domiciliaria a miembros de las FARC condenados por
rebelión. Salen de la cárcel a la casa o al cambuche. Se les premia
omitiendo su pertenencia a una organización que realiza los crímenes más
atroces en el hemisferio.
Noveno. Pararon el país. Como se lo propusieron, fue el año de la “movilización
popular”. Paros por doquier. El Partido Comunista Clandestino a toda
máquina promovió marchas, tomas y todo tipo de manifestaciones orquestadas y
articuladas en una sola estrategia de agudización de los conflictos sociales y
de legitimación de la “solución política negociada”. No se puede generalizar,
pero sería ingenuo pretender que la ola de paros es simplemente el renacer
espontáneo de los movimientos sociales. Las FARC llevan mucho tiempo trabajando
la construcción de dicho escenario. La prueba es que le ganaron el pulso al
Gobierno en Catatumbo y en el paro minero, sin hablar de la
demostración de fuerza con verdaderos “combates urbanos” en Bogotá, que
obligaron a declarar el toque de queda en varias localidades.
Décimo. Con los acuerdos parciales alcanzados con el Gobierno, las FARC avanzan
en institucionalizar el control que ejercen en alejadas zonas del territorio
nacional debido a la violencia o a la colonización armada. Las Zonas de Reserva
Campesina recibieron el impulso de Santos y son el camuflaje con el cual
consolidarán el poder territorial y desde donde buscarán construir una
plataforma para la toma del poder nacional. El grupo tiene claro que la
“solución política negociada”, es decir, el proceso de La Habana, es un
elemento táctico y estratégico supeditado a la consecución de sus objetivos, no
su abandono. Habrá “Acuerdo” si se ajusta a las necesidades de su Plan
Estratégico.
Y, finalmente, sus mayores ganancias
vendrán en el 2014. Han tejido un escenario en el cual la reelección del
presidente candidato depende del “proceso de paz” o, lo que es lo mismo:
depende de Timochenko, Márquez y Catatumbo. La viabilidad de Santos está
condicionada a cómo empleen las FARC sus recursos de violencia y movilización
en los primeros meses del nuevo año. Lo tienen en la mano y lo saben.
De todo esto queda una lección: Las
FARC van ganando y saben lo que hacen mientras a la sociedad la duermen a punta
de titulares, discursos y mentiras. El 2014 debe ser el año de la
reivindicación de las víctimas y del reclamo de justicia, no de los
victimarios, ni de la impunidad.
En twiter @RafaGuarin
jueves, 2 de enero de 2014
LA INJUSTA JUSTICIA EN COLOMBIA
Lo que le parecía incompleto y escaso para
sancionar, cuando toca a la izquierda ya se le hace absurdo y medieval; lo que
aplicó sin que le despertara ninguna preocupación NI GENERARA NINGUNA PROTESTA,
hoy es cuestionable por ser derecho inquisitivo y premoderno, que él mismo
redactó. Tomado de Semana.com
El Fiscal que perdió los papeles
Por José Manuel Acevedo M.Ver más artículos de este autor
JOSÉ MANUEL ACEVEDO M. Nunca se fíen de aquellos que
presumen de progresistas en Colombia. En este país, desmemoriado y
calenturiento, abundan los ‘liberales godos’ y los incoherentes en general.
El fiscal
general de la Nación, Eduardo Montealegre, es uno de esos casos de dinamismo
extremo y oportunismo sin par. En los últimos días ha dicho que el sistema que
le dio vida a la Procuraduría es “premoderno, medieval e inquisitivo”. Sin
embargo, el exmagistrado y exabogado de Saludcoop –nada mal remunerado, por
cierto– omite con destreza capítulos de su vida como viceprocurador general en
el pasado reciente.
El hoy
fiscal Montealegre se rasga las vestiduras porque una autoridad administrativa
destituye e inhabilita a un político escogido por voto popular. Se aterra de la
falta de garantías del Ministerio Público y sostiene la tesis de que el
presidente de la República, cuando se trata de la destitución del alcalde mayor
de Bogotá, debe ser algo más que un simple ‘firmón’.
Lo que no
nos ha contado el ‘niño terrible’ de la justicia en Colombia es que mientras
ocupaba su cargo como viceprocurador vio pasar por su despacho más de 34
destituciones de autoridades elegidas por el pueblo –incluida la de la
exgobernadora Leonor Serrano– y nunca se quejó del procedimiento poco
garantista de la institución para la que trabajaba.
Resulta
todavía más increíble que Montealegre nos oculte que ese sistema “premoderno y
medieval” que opera hoy en la Procuraduría fue inspirado por él y su jefe,
Jaime Bernal Cuéllar, y continuado por otros dos ‘liberales’, Edgardo Maya y
Carlos Gómez Pavajeau.
Según
consta en algunas actas de la comisión primera del Senado de entonces, la
participación de Montealegre fue definitiva para la aprobación del Código Único
Disciplinario que le permitió a Alejandro Ordóñez destituir a Gustavo
Petro.
Es más:
Bernal Cuéllar y Montealegre, como su segundo a bordo, querían que el
procurador tuviera la facultad de inhabilitar a sus disciplinados hasta por 30
años y fue el Congreso –en el que tenían asiento Gustavo Petro y Antonio
Navarro– el que decidió bajar la sanción máxima a 20 años, por considerar la
propuesta inicial exagerada.
En una
nota periodística del 23 de junio de 1999, “la Procuraduría de Jaime Bernal
dice que la enumeración de las conductas que pueden ser constitutivas de falta
gravísima, es decir, que dan lugar a la destitución, es escasa y poco
aplicable”.
Fue así
como el catálogo de faltas se amplió, al incluir conductas que no
necesariamente son delitos sino errores administrativos, como aquellos en que
incurrió Petro y por los cuales recibió una sanción para muchos absurda, pero
legalmente válida.
Buena
parte de eso se le debe a Eduardo Montealegre, que unos años más tarde, en su
condición de magistrado de la Corte Constitucional, conoció varias demandas en
contra del ‘engendro’ del Código Disciplinario y no dijo nada porque cada
artículo le pareció razonable.
Tenían que
haber tumbado a Petro y tenía que haberlo hecho Alejandro Ordóñez para que de
repente le pareciera que todo andaba muy mal en el país.
El
desatado fiscal resolvió además inaugurar una nueva forma de oír a sus
investigados: no a través de un interrogatorio formal o una versión libre, sino
al calor de un rico café en su oficina, en medio de una conversación amable que
duró más de dos horas.
Después de
esa animada reunión con Petro, Montealegre le dijo al país que en mes y medio
tendría resultados de su investigación penal en contra del alcalde.
El fiscal
perdió los papeles y, de paso, toda su respetabilidad. Podría ahorrarse las
semanas que le quedan para ‘revelarnos’ lo que todos ya sabemos: que le
precluirá la investigación a Petro para que pueda acudir con ese trofeo al
sistema interamericano de derechos humanos. ¡Vaya fiscal!
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