lunes, 6 de enero de 2014
Las farc van ganando en la mesa de la Habana
04 enero
2014
Rectificación patriótica
Por Rafael
Guarín Ver más
artículos de este autor
Fuente:
Revista Semana
OPINIÓN
La Unión
Patriótica a través de Twitter exigió la rectificación de mi columna anterior.
Foto:
Archivo SEMANA.
Cometí el pecado de recordar que era
el “antiguo brazo de las FARC”. ¡Además, que se investigue mi conducta! ¡Qué
miedo! Para ese partido la columna contiene “palabras que son balas asesinas…
son peligrosas arriesgan la vida de nuestros líderes, pedimos rectificación”.
Guarín “instiga a la violencia y al genocidio político”. ¡Pura propaganda!
¡Carreta! ¡Paja! ¡Ahí va la rectificación!
¿A quién se le ocurre decir que las
FARC y la Unión Patriótica tuvieron vínculos o que el grupo armado adelantó su
estrategia utilizando una organización política legal, con personería jurídica
otorgada por la Corte Electoral, en el marco de la combinación de todas las
formas de lucha?
Respuesta: a las propias FARC y a líderes de la Unión Patriótica y del Partido
Comunista. Veamos algunos ejemplos:
Primero. ¡Que la UP es resultado de los Acuerdos de La Uribe de 1984! Observación
superficial. En 1983, en el “Informe al pleno amplio del Estado Mayor Central
de las FARC”, Jacobo Arenas indicó que los planes apuntaban a convertir las
campañas electorales en “una forma de lucha de masas de gran importancia”. En
1994 Manuel Marulanda, en un discurso con ocasión de los 30 años del grupo,
subrayó que las conclusiones de la séptima conferencia (1982) comprendieron “la
salida política al conflicto” con el fin de que “el movimiento pudiera hacer
sus planteamientos políticos, económicos y sociales”. La UP nació en ese
contexto con el fin de ser un elemento vital para impulsar el proceso
revolucionario.
Segundo. ¡Qué la UP no fue nunca el brazo político de las FARC! ¡Pero si fue
fundada por las FARC! Boris Cabrera, quien comparte ese mismo título, el de
fundador, relató en entrevista a la Silla Vacía: “La UP fue una creación
directamente de las Farc. A la UP confluyó el Partido Comunista, otra serie de
organizaciones, pero nunca se escondió que el primer candidato presidencial fue
Jacobo Arenas. Braulio Herrera era el secretario ejecutivo. E Iván Márquez fue
uno de los parlamentarios”. ¿Entonces? ¿Por qué se indignan, señores de la UP?
Tercero. ¡Que la Unión Patriótica era el partido de la paz! Falso. Nunca lo
fue. Por el contrario, se creó para impulsar la estrategia de escalamiento de
la guerra irregular, el terrorismo y el crimen aprobada por las FARC en 1982.
Alberto Rojas Puyo, ex senador de la UP y clave en el proceso de paz con el
gobierno Betancur, en entrevista con Steven Dudley, señaló: “Desde el comienzo,
las FARC y el Partido Comunista consideraban a la UP como un instrumento
político para su proyecto de insurrección”. Y Álvaro Salazar, jefe de
propaganda de la UP, aceptó en otra conversación con el escritor que “Jacobo nunca
quiso que el partido fuera más que la apertura de un espacio político para el
movimiento militar. Esto hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de
sacrificio de tal manera que pudieran justificar su guerra”. Antropófagos. Peor
aún. Cuadros de la Unión Patriótica en Urabá fueron acusados de estar detrás de
las matanzas contra integrantes del partido Esperanza, Paz y Libertad. ¿O se
les olvida la masacre de la Chinita hace 20 años?
Y finalmente, un profesor, ex
integrante del Partido Comunista, Medófilo Medina, en carta a Alfonso Cano
reconoció que la UP “tuvo que cargar con el fardo de sostener la política de
combinación de todas las formas de lucha”. Y que el exterminio – que, en mi
opinión, jamás debió ocurrir, ni jamás debe repetirse -, se debió en parte al
“intento de sentarse en dos sillas a un mismo tiempo”, la de la guerra y la de la
política partidista. Queda claro, camaradas, que sus propias voces reconocen
que en su nacimiento la UP tiene el ADN de las FARC. ¿Qué reclaman? Lo repito:
sí fueron el brazo político de las FARC. Que eso fue en los años ochenta y noventa. ¡Tema superado! Pero, ahora,
¿cómo explicar que en los discursos de instalación del reciente Congreso de la
UP Piedad Córdoba salude a “los compañeros de La Habana, a los compañeros las
FARC” y que ese Congreso apruebe iniciar una campaña a favor de Simón Trinidad?
¡Rectifiquen! ¡No repitan las dos sillas! Es inaceptable en una democracia que
en el seno de un partido político se trate de compañeros a criminales de lesa
humanidad y se les defienda.
Sobre Marcha Patriótica es suficiente con la denuncia que hizo el Ministro de
la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012: “Esas organizaciones
terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento
de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo
decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización
terrorista de las Farc”. Y la alocución del Presidente Santos del 30 de agosto
de 2013 en la que acusa a Marcha Patriótica de intervenir en el paro agrario y
rechaza “la protesta obligada a punta de fusil o amenazas” ¿Por qué la Fiscalía
no presenta resultados en esas investigaciones? ¿O es que ni investigaciones
existen, señor Montealegre? ¡Pero comprendo la indignación!
Cargar con una herencia de
asesinatos, masacres y atrocidades no es fácil. Menos, que se la recuerden.
Pero la verdad escrita en una columna no incita al “genocidio”, ni se puede
reducir al odio. La verdad, como la justicia, purifica a los victimarios y a
sus aliados camuflados en partidos políticos. Dicen que quieren la paz, pero
les molesta que se hable de su verdad. Quieren la de los asesinos paramilitares
pero, por ningún motivo, la propia. La paz debe basarse en la verdad, no en
evadir la responsabilidad histórica con señalamientos destinados a satanizar a
quienes la revelan o la reclaman. O peor, a ponerlos en la mira asesina de las
FARC.
Ese, señores de la UP, es el método
de los violentos, no la práctica de los demócratas y menos puede ser la de
quienes deben demostrar al mundo que ya no son lo que fueron, amanuenses de un
grupo terrorista, sino ciudadanos que apuestan en el marco de la Constitución.
EnTwitter: @RafaGuarin
COLUMNA ANTERIOR DE RAFAEL GUARÍN
8 diciembre 2013
Las FARC van ganando
Por Rafael GuarínVer más artículos de este autor
Fuente: Revista Semana
OPINIÓN
A diferencia de quienes dicen que el
proceso de La Habana no les ha reportado beneficios, la realidad enseña lo
contrario.
Foto: Archivo SEMANA.
El 2013 fue el año de la recuperación
política de las FARC y de la sostenibilidad de su aparato violento. A
diferencia de quienes dicen que el proceso de La Habana no les ha reportado
beneficios, la realidad enseña lo contrario.
Primero. Rompieron el aislamiento
político y legitimaron la violencia en la democracia. Consecuencia del
reconocimiento que les otorgó el presidente Juan Manuel Santos se apuntalaron
dentro y en el exterior como un actor político. Dejaron de ser un grupo
narcoterrorista, así sigan traficando cocaína y perpetrando actos terroristas,
por gracia de la nueva narrativa del Gobierno. Ahora utilizan las armas para
“bien de todos”. A pesar de que la mayoría de los colombianos no cree eso,
lo cierto es que su organización, Marcha Patriótica, actúa sin dificultades
legales, y su anterior brazo, la Unión
Patriótica, se reestrenó saludando a los “compañeros de las FARC” y con una
campaña en defensa de Simón Trinidad. La cosa llegó al paroxismo
con la declaración del nuevo embajador estadounidense que pide que se les dé
amplia participación política.
Segundo. Reventaron la cohesión ciudadana contra el terrorismo. Uno de los
elementos claves del declive sostenido que sufrió las FARC entre el 2002 y el
2010 fue la unidad de la sociedad en su contra. En virtud del lenguaje y la
propaganda gubernamental, que hace eco al discurso autojustificatorio del grupo,
se consiguió vender la idea de que el país está dividido entre amigos y
enemigos de la paz. Una treta que beneficia a los terroristas y sataniza a los
críticos, no de la paz, sino de la impunidad.
Tercero. Consiguieron que importantes
sectores políticos, sociales, “académicos” y de los medios de comunicación
patrocinen que los integrantes de las FARC tengan el derecho a gobernar a
Colombia, sin importar sus delitos o si perpetraron crímenes de guerra o graves
violaciones a los derechos humanos. Se “impone” la necesidad de la paz
“sin importar el precio”. Todo es válido y se debe aceptar en aras de la
reconciliación.
Cuarto. Mantienen su capacidad de
acción violenta a pesar de la manipulación de las cifras de seguridad. La
realidad es que el Plan Espada de Honor se propuso reducir las estructuras del
grupo al 50 % a diciembre del 2013, pero los datos del conteo del enemigo que
realiza el Ministerio de Defensa acreditan que tan sólo se redujeron en 700
integrantes entre el 2010 y el 2013. Las FARC tienen prácticamente el mismo
número de miembros que al final del gobierno anterior. Un absoluto
fracaso. A octubre, comparado el 2010 con el 2013, los atentados
terroristas saltaron de 405 a 705, un crecimiento del 74 %. La voladura de
oleoductos aumentó de 31 a 196. A pesar de que el número de integrantes del
grupo no ha variado substancialmente, la desmovilización cayó de 2.108 a 1.116
integrantes. Respecto a ese mes del 2012, se produjeron 557 capturas menos, el
20 %, igual porcentaje que registra la disminución de los dados de baja en
combate. En ese período asesinaron aproximadamente 320 miembros de la
fuerza pública e hirieron 2.228, en total; a octubre, 2.548 quedaron fuera
de acción. Las cifras hablan solas.
Quinto. En La Habana insisten en que
se elimine la política contra los cultivos ilícitos y que no se criminalice a
quienes se dedican a esa actividad. Las estadísticas de Mindefensa demuestran
que el Gobierno está desmontando, gradual pero aceleradamente, el esfuerzo
contra los cultivos. La aspersión cayó en 53 % en todo el 2013 y la
erradicación manual a octubre en el 44 %. La incautación de toneladas de
coca se contrajo a esa fecha en 10 %. Además el Congreso expidió una ley que
permite la salida de la cárcel de delincuentes dedicados a la coca, una vez
cumplan la mitad de la pena.
Sexto. Nunca antes llevaron a un
presidente tan lejos. Santos compareció ante la Corte Constitucional con el fin
de defender el “marco jurídico para la paz”, que permite la renuncia a la
persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos y de los menos
responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Un monumento a la
impunidad defendido por el jefe de Estado que, en cambio, no dijo nada ante la
caída del fuero penal militar en la Corte, figura jurídica rechazada
vehementemente por la cúpula terrorista.
Séptimo. Hicieron del fiscal Montealegre un títere de los violentos. Cada vez
que surge una voz que reclama justicia o advierte sobre los estándares
internacionales que se deben respetar en el proceso de La Habana, sale ese
funcionario, abogado de oficio, a teorizar, promover, defender y propugnar por
impunidad para las FARC y por darles el derecho a gobernar. ¡Repugnante
espectáculo de un funcionario cuya misión constitucional es perseguir a los
criminales, no protegerlos!
Octavo. Se favorecieron con la
reforma al Código Penitenciario y al de procedimiento penal. La nueva ley
permite conceder la prisión domiciliaria a miembros de las FARC condenados por
rebelión. Salen de la cárcel a la casa o al cambuche. Se les premia
omitiendo su pertenencia a una organización que realiza los crímenes más
atroces en el hemisferio.
Noveno. Pararon el país. Como se lo propusieron, fue el año de la “movilización
popular”. Paros por doquier. El Partido Comunista Clandestino a toda
máquina promovió marchas, tomas y todo tipo de manifestaciones orquestadas y
articuladas en una sola estrategia de agudización de los conflictos sociales y
de legitimación de la “solución política negociada”. No se puede generalizar,
pero sería ingenuo pretender que la ola de paros es simplemente el renacer
espontáneo de los movimientos sociales. Las FARC llevan mucho tiempo trabajando
la construcción de dicho escenario. La prueba es que le ganaron el pulso al
Gobierno en Catatumbo y en el paro minero, sin hablar de la
demostración de fuerza con verdaderos “combates urbanos” en Bogotá, que
obligaron a declarar el toque de queda en varias localidades.
Décimo. Con los acuerdos parciales alcanzados con el Gobierno, las FARC avanzan
en institucionalizar el control que ejercen en alejadas zonas del territorio
nacional debido a la violencia o a la colonización armada. Las Zonas de Reserva
Campesina recibieron el impulso de Santos y son el camuflaje con el cual
consolidarán el poder territorial y desde donde buscarán construir una
plataforma para la toma del poder nacional. El grupo tiene claro que la
“solución política negociada”, es decir, el proceso de La Habana, es un
elemento táctico y estratégico supeditado a la consecución de sus objetivos, no
su abandono. Habrá “Acuerdo” si se ajusta a las necesidades de su Plan
Estratégico.
Y, finalmente, sus mayores ganancias
vendrán en el 2014. Han tejido un escenario en el cual la reelección del
presidente candidato depende del “proceso de paz” o, lo que es lo mismo:
depende de Timochenko, Márquez y Catatumbo. La viabilidad de Santos está
condicionada a cómo empleen las FARC sus recursos de violencia y movilización
en los primeros meses del nuevo año. Lo tienen en la mano y lo saben.
De todo esto queda una lección: Las
FARC van ganando y saben lo que hacen mientras a la sociedad la duermen a punta
de titulares, discursos y mentiras. El 2014 debe ser el año de la
reivindicación de las víctimas y del reclamo de justicia, no de los
victimarios, ni de la impunidad.
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