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martes, 16 de octubre de 2012

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012


Chávez y la paz colombiana

Por: Darío Acevedo Carmona
Fuente: El Espectador

La formación del poder político bajo el procedimiento democrático está lejos de ser un tema cerrado y totalmente agotado.

La democracia es tan abierta que en muchos países sus enemigos totalitarios usan y abusan de su generosa apertura para luego aplicarle cerrojos y estrecharla hasta la anulación. Lo que acaba de suceder en Venezuela con la elección de Hugo Chávez Frías es un claro ejemplo de cómo atropellar la democracia desde dentro y presentarse como defensor de la misma. Después de haber intentado acceder al poder por medio del golpe de estado en 1992, Chávez lo alcanzó por vía electoral y por la misma vía se ha sostenido en él. ¿Pero, se puede admitir que esa es condición suficiente para sostener que Chávez es un demócrata y que en Venezuela reina la democracia?

Casos documentados brinda la historia acerca de cómo proyectos y caudillos dictatoriales se hicieron al poder por medios electorales. Desde Luis Bonaparte que luego de triunfar por sufragio universal convocó un plebiscito en 1851 para anularlo y proclamarse emperador de Francia, situación que Marx aprovechó para lanzar su famosa frase de que la historia se repite como tragedia o como comedia en su texto “El 18 brumario de Luis Bonaparte” al comparar a este con su tío Napoleón. El experimento de este personaje llevó a acuñar el término “bonapartismo” para caracterizar a aquellos gobernantes que usan la democracia y las elecciones que luego anulan para convertirse en dictadores.

Lenin, a su manera y con la idea de implantar el comunismo, orientó desde la biblia de los comunistas rusos el “Qué hacer”, la tesis de aprovechar la democracia burguesa, que detestaba, como medio para llegar a las masas y preparar la insurrección para instaurar la dictadura del proletariado.

En octubre de 1917 al frente de un partido pequeño pero disciplinado tomó el poder y luego en una encarnizada guerra civil eliminó a todos los partidos desde los zaristas hasta los republicanos, liberales, socialdemócratas y marxistas reformistas. El fallido experimento soviético se sostuvo por métodos represivos y elecciones en las que “participaba” el 99.99% de la población, hasta 1991. Similar proceder usaron los dictadores de extrema derecha, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Ambos triunfaron en elecciones y convocaron y manipularon sus resultados para legitimar sus proyectos racistas, xenófobos y ultranacionalistas con los que derramaron la sangre de millones de víctimas.

De modo que, elecciones por montones, como las que han tenido lugar en la Venezuela chavista, que despiertan la admiración delirante de poetas y de no pocos liberales, no remiten necesariamente a una democracia. Allí donde el gobernante controla los demás poderes, la libertad de prensa, exorbitantes sumas de petrodólares para repartir entre la población que es tratada, así, como súbdita, donde se halaga a las tropas con prebendas y se las politiza para que dejen a un lado su misión constitucional, entre otras prácticas innombrables, no puede hablarse, seriamente, de una democracia.

Lo que vendrá en los años siguientes para la Región es la consolidación del proyecto bolivariano chavista y la búsqueda de su extensión a los países aún renuentes. Sin embargo, la pregunta obligada para Colombia es ¿de qué forma la victoria de Chávez incidirá en nuestro destino, y, en particular, en las negociaciones de paz? Además de la gratitud con Santos por reconocerle sus méritos en las negociaciones de paz, considero que Chávez tiene dos caminos a seguir. De un lado, le conviene mantener la presión sobre la guerrilla fariana para que llegue a un acuerdo con Santos. Este acuerdo lo proyectaría como líder continental pacifista no interesado en promover o expandir su proyecto a sangre y fuego y desvirtuaría las sospechas de colaboración con las guerrillas.

En otra dirección, y en consonancia con su contundente victoria, puede optar por mantener su apoyo a las negociaciones pero sin presionar a la guerrilla a firmar a cualquier precio un pacto de paz y simultáneamente apoyar con generosos recursos la formación de un amplio movimiento de masas probolivariano en Colombia. A su favor cuenta con avanzadas muy importantes como el grupo Marcha Patriótica que se está posicionando como frente de batalla civil, también hay células prochavistas en el Movimiento Bolivariano Colombiano. Los partidos comunistas, el legal y el clandestino, y hasta el Polo Democrático, apoyan y simpatizan con el proyecto que se propone, en el mediano plazo, transformar a Colombia, de actual piedra en el zapato, en miembro del Alba y del socialismo bolivariano. Intelectuales y políticos “progresistas” así como “personalidades democráticas” están a la expectativa.

Esta última opción es la que mejor encaja en la teoría leninista de la combinación de todas las formas de lucha y es la que satisface a águilas y halcones de la insurgencia y de la izquierda radical que no quieren deponer su voluntad de enrutar el país por el sendero revolucionario. Un paso en esta dirección fue la semana de los indignados que acaba de concluir con la convocatoria, fallida, de un paro nacional. La proclama del Movimiento Continental Bolivariano expedida en el II encuentro realizado en Quito (febrero de 2008) permite apreciar la solidaridad de los socialistas bolivarianos con la causa colombiana. 

En ella reafirmaron “La necesidad de librar todos los combates… de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…” y concluyeron que “En este plano, el proceso colombiano asume una importancia singular, tanto por su ubicación geoestratégica como por la confluencia de altos y nuevos niveles de desarrollo político y militar en las fuerzas de cambio…(y) Se convierte en el eslabón más próximo a una ruptura revolucionaria”. No es difícil concluir, pues, que estamos en la mira del proyecto chavista y que las negociaciones de paz pueden encajar en dicha estrategia.

Darío Acevedo Carmona
* Doctor en Historia y profesor Titular Universidad Nacional de Colombia.
•                     Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

viernes, 5 de octubre de 2012

LA INJUSTA JUSTICIA CONTRA LOS MILITARES COLOMBIANOS


Bogotá DC, octubre 3 de 2.012
PRONUNCIAMIENTO DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM. PERTENECIENTES A LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO (ACORE) Y AL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES  (CGA).
 Carta abierta a la opinión pública en relación con graves y preocupantes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en contra de miembros de las Fuerzas Militares.

Doctor Eduardo Montealegre Lineth                                                           
Fiscal General de la Nación
De todos es bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los juzgados y tribunales competentes.
Los delitos cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio, siempre han sido de competencia exclusiva  de la Justicia Penal Militar.
Lamentablemente, un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006, entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin  piso jurídico el Fuero Militar consagrado en la Constitución Nacional.
En el momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.
En estas circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años, una persistente y  extralimitada persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y proteger nuestra soberanía e  instituciones democráticas.
Esta injusta persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante agresión  de las diferentes organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan  el orden y la tranquilidad pública.
Los resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y  desalentadores:
Tenemos  cerca de doce mil hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos investigados y  juzgados por el enemigo. No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente politizadas y carentes de sustento probatorio.
Independientemente de lo anterior, muchos de los que vienen  siendo investigados por la justicia ordinaria,  alegan también la comisión de varias irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:
- Práctica de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.
- Habilidosos montajes con familiares de supuestas victimas o falsos testigos para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.
- Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o contrainterrogar a falsos testigos.
- Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus comandantes en los diferentes niveles del mando.
- Amenazas de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por las acusaciones proferidas contra sus superiores.
- Utilización inescrupulosa y frecuente  de la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso, a todos los integrantes de las  unidades militares que sean objeto de investigación.
- Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles, los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.
- Violación  del fuero carcelario y la aplicación  inmediata de medidas de aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.
- Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del sumario.
Para completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante contra  militares,  distintos  pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación,  dejan la preocupante impresión de estarse favoreciendo, quizás  sin querer, a quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.
Veamos algunos de estos pronunciamientos:
- Los pobres resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”, han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran  equipo de investigadores y de  diferentes especialistas, bajo la  orientación del  ex juez español Baltazar Garzón,  para revisar  prioritariamente todas  las denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica.
- Estas investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como “delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer más fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.
- La recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.
- La Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.
- Sobré el caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho publico, en el cual  acusa falsamente al Ejercito del asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas "quiebra patas", incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a los militares de sus Bases, la Fiscalía  anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación, únicamente en caso de encontrar merito para ello. Sin embargo, al referirse a unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una  clara  violación del orden legal.
Como se puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a dudas, unos claros mensajes en los cuales, además  de manera  alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una gran prevención respecto a sus actuaciones.
Su posición frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia Penal Militar, es totalmente adversa.
Sus sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes de la izquierda radical, también se hace muy evidente.
Por principios elementales  de igualdad, y en razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse  respecto a las conductas delictivas de los  grupos armados terroristas y sus organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramírez Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados     como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción?
Señor Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna circunstancia, se está pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra cosa que  justicia, reparación y verdad.

Con toda atención,



General Héctor F. Velasco Ch.             Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
         Presidente CGA                      Presidente Nacional de ACORE