Bogotá DC, octubre 3 de 2.012
PRONUNCIAMIENTO
DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM. PERTENECIENTES A LA
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO (ACORE) Y AL CUERPO DE GENERALES Y
ALMIRANTES (CGA).
Carta abierta a la opinión pública en relación
con graves y preocupantes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en
contra de miembros de las Fuerzas Militares.
Doctor
Eduardo Montealegre Lineth
Fiscal
General de la Nación
De todos es
bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los
delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los
juzgados y tribunales competentes.
Los delitos
cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio,
siempre han sido de competencia exclusiva
de la Justicia Penal Militar.
Lamentablemente,
un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006,
entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin piso jurídico el Fuero Militar consagrado en
la Constitución Nacional.
En el
momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante
el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.
Mientras
tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de
conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.
En estas
circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y
calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años,
una persistente y extralimitada
persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y
proteger nuestra soberanía e
instituciones democráticas.
Esta injusta
persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de
su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante
agresión de las diferentes
organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan el orden y la tranquilidad pública.
Los
resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y desalentadores:
Tenemos cerca de doce mil hombres fuera de combate
por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas
militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones
terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La
ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos
investigados y juzgados por el enemigo.
No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de
inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la
fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del
combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente
politizadas y carentes de sustento probatorio.
Independientemente
de lo anterior, muchos de los que vienen
siendo investigados por la justicia ordinaria, alegan también la comisión de varias
irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:
- Práctica
de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.
-
Habilidosos montajes con familiares de supuestas victimas o falsos testigos
para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.
-
Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o
contrainterrogar a falsos testigos.
-
Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el
compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus
comandantes en los diferentes niveles del mando.
- Amenazas
de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por
las acusaciones proferidas contra sus superiores.
-
Utilización inescrupulosa y frecuente de
la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso,
a todos los integrantes de las unidades
militares que sean objeto de investigación.
-
Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles,
los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios
distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.
-
Violación del fuero carcelario y la
aplicación inmediata de medidas de
aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.
-
Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas
apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del
sumario.
Para
completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante
contra militares, distintos
pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación, dejan la preocupante impresión de estarse
favoreciendo, quizás sin querer, a
quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.
Veamos
algunos de estos pronunciamientos:
- Los pobres
resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”,
han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran equipo de investigadores y de diferentes especialistas, bajo la orientación del ex juez español Baltazar Garzón, para revisar
prioritariamente todas las
denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con
el exterminio de la Unión Patriótica.
- Estas
investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como
“delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer más
fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.
- La
recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares
por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la
Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de
muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única
salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y
la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.
- La
Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las
unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.
- Sobré el
caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento
del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho publico, en el
cual acusa falsamente al Ejercito del
asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas "quiebra
patas", incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la
necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a
los militares de sus Bases, la Fiscalía
anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación,
únicamente en caso de encontrar merito para ello. Sin embargo, al referirse a
unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de
internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad
de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas
y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una clara
violación del orden legal.
Como se
puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a
dudas, unos claros mensajes en los cuales, además de manera
alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una
gran prevención respecto a sus actuaciones.
Su posición
frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia
Penal Militar, es totalmente adversa.
Sus
sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes
de la izquierda radical, también se hace muy evidente.
Por
principios elementales de igualdad, y en
razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse respecto a las conductas delictivas de
los grupos armados terroristas y sus
organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para
investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los
militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto
del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramírez
Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados como crímenes de lesa humanidad para
evitar su prescripción?
Señor
Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna
circunstancia, se está pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra
cosa que justicia, reparación y verdad.
Con toda
atención,
General
Héctor F. Velasco Ch.
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Presidente CGA Presidente Nacional de
ACORE
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