Lo que se está negociando en La Habana

¡El objetivo es el poder!

MG (r) Ricardo Rubianogroot Román.

Maestría en Seguridad y Defensa.

Examinando el “Plan Renacer” de las Farc, de autoría del otrora jefe de esa organización guerrillera alias Alfonso Cano, resulta evidente que esa estructura, desde hace mucho tiempo consideró que la lucha armada no era el camino para lograr su objetivo de la toma del poder.

Apoyados y estimulados también en algunos modelos de gobierno del vecindario, como los de Venezuela o Nicaragua, las Farc siguiendo su tradicional e inamovible meta de la toma del poder, y visualizando la oportunidad de lograrlo por la vía política, aceptaron iniciar, desde el mes de septiembre del 2010, acercamientos preliminares con el actual Gobierno y dar continuidad a ese propósito, que habían intentado con otros gobiernos en el pasado, los cuales concluyeron en una fase exploratoria y en la fijación de unas pautas (no muy ortodoxas) que son las que hoy día rigen los diálogos en la Habana.

Es importante ser conscientes que esos regímenes regionales a los que me referí, pretenden ser considerados democráticos, aduciendo que han llegado a gobernar esos países por votación popular, pero es ampliamente conocido también, que las elecciones recientes en esos países, han sido para nada convincentes y esos Gobiernos, en esencia  socialistas, han llegado al poder y van a permanecer en el, empleando toda clase de maniobras y tretas fraudulentas; lo más grave es que los ciudadanos de esos países permitieron que ello pasara, por ignorancia, por despreocupación, por indolencia o por cualquier otra razón, la realidad es que fueron permisivos.

Tremenda coyuntura la que hoy en día se da en el acontecer Nacional porque “los intereses se articulan, la oportunidad está dada”. Dentro de los planes de la subversión está conseguir el poder por la vía política, mientras, por el otro lado, el actual Gobierno está supuestamente interesado en terminar esa confrontación que tanto mal le hace al país, con los pactos y negociaciones que adelanta, lo que podría estar facilitando que se cumpla el objetivo de los primeros.

Haciendo  memoria de algunos de los 14 puntos que hacen parte del plan “Renacer revolucionario de las masas” PR, en que la organización guerrillera, menciona la importancia de la política para lograr su objetivo, en mi escrito y en lo ya acordado en La Habana (Proceso) se podrá apreciar como cada uno de estos puntos se están cumpliendo poco a poco con constancia, solidez y en forma metódica:

1.    Plan Renacer PR: “Realizar un fuerte trabajo de infiltración y control de los movimientos y las organizaciones sociales”.

Proceso de paz: En el punto No 2 ya acordado, hay aspectos que permitirán que esto suceda, como es el caso del estatuto de la oposición y las actividades relativas a los movimientos sociales,  aspectos que ya están aprobados.

Actualmente hay áreas en que las FARC cogobiernan, Catatumbo, Putumayo y Nariño, hasta el punto que existen incluso manuales de convivencia hechos por las FARC para el control de esas áreas.

Trabajo arduo e incansable que han adelantado en la “Formación de cuadros políticos” en varias áreas de la geografía nacional.

2.    PR: “Replantear el trabajo internacional que se vino a menos, luego de la muerte de Reyes y la evidencia encontrada en los computadores”.

Es ampliamente conocido que en el pasado, lograron que el contenido de los computadores no fuera tenido en cuenta como prueba, para las investigaciones de las personas allí mencionadas.

Proceso. Las conversaciones como tal, son una ventana para la resonancia mediática internacional que buscan.

3.    PR: “Fortalecer las relaciones con Venezuela a través de personajes como el ex ministro del Interior Rodríguez Chacín”.

Proceso: Venezuela es actualmente garante de las conversaciones.

4.    PR: “Montar todo un andamiaje que buscará resucitar a la organización frente a la opinión pública nacional e internacional”.

Proceso: El escenario del proceso de negociación como tal, ha logrado que ese objetivo se esté cumpliendo en forma efectiva.

5.    PR: “Fortalecimiento del Movimiento Bolivariano”

 Proceso: En el punto de fin del conflicto, del que se hablará más adelante en la mesa, se considerará lo relativo a la conformación del partido político de las FARC, que quedó aplazado del punto de participación en política ya discutido.

Proceso: Las áreas de circunscripción de paz y las curules transitorias ya acordadas, dan paso a ese propósito de las FARC expuesto en el plan, debido a la influencia que, se avizora, tendrá en esas áreas el partido o movimiento que se conformará, lo que brindará la oportunidad de expansión. La infiltración en los movimientos estudiantiles, es perfectamente visible y constatable hoy día.

6.    PR: “Lograr el apoyo de políticos y personalidades en la legalidad”.

Huelgan comentarios en ese sentido.

Por lo expuesto, es importante que los comisionados del gobierno y el congreso recientemente electo, orienten muy bien, los primeros, lo que se acuerde y los segundos legislen con mucho análisis y reflexión los proyectos de ley que surgirán producto de lo acordado.

Unos y otros deben estar atentos siempre, con suspicacia y ejemplar cuidado, revisando las concesiones que se hagan en asuntos de gobierno y territorio, meta actual del terrorismo en la mesa, como derivación del plan renacer; entendiéndose que al referirse a Gobierno en el nivel Nacional, se habla de curules en el Senado y Cámara y la cesión de algunos cargos de importancia en el gobierno; en lo regional son las posiciones en Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Consejos en Departamentos y Concejos municipales y algunas posiciones destacadas a ese nivel; al reseñar territorio, se trata de lo que se les conceda en esa dirección, “Es por esto que las Farc plantean una reorganización territorial, que comience por el establecimiento de un ordenamiento territorial descentralizado, que reviva las Regiones y Provincias e incluya a los territorios campesinos como unidad administrativa regional al mismo nivel de los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de las negritudes, pero bajo formas organizativas como las Zonas de Reserva Campesina y las Zonas de Producción Campesina” .

Es importante siempre recordar a las “repúblicas independientes” como evidencia real del ejercicio del control político, social, y armado en un espacio geográfico, que se intentaron crear en el pasado, algunas con resultados palpables.

Lo anterior nos da una clara comprensión del por qué la vehemencia de los terroristas en insistir que se les autoricen Zonas de Reserva Campesina, buscando ampliar las seis (6) ya existentes, que totalizan 766.000 hectáreas, donde habitan más de 71.000 habitantes, lo que sumado a las Zonas especiales de circunscripciones de Paz, que como ya mencione, ya se autorizaron en la mesa, a pesar que no se ha mencionado cuántas son ni su ubicación, (le corresponderá al Congreso arbitrar al respecto), lo cierto es que ya se abrió ese espacio en el punto No 2 de Participación en Política. 

Podemos agregar que  las concesiones que ya ha hecho el Gobierno en materia legislativa en el área del Catatumbo, como también el escenario de las zonas que están con control de la guerrilla, se destacan el Putumayo, Nariño y el Cauca, donde incluso, como ya se expuso, existen manuales de convivencia de autoría y plena ejecución de este grupo guerrillero.

Cuando se ceden espacios territoriales especiales, como los citados, se facilita irresponsable, irreflexiva y torpemente el cumplimiento del plan estratégico de las FARC.

Poco a poco las terroristas Farc, han logrado gobernabilidad y territorio, siguen persistiendo en su intento, trabajan para obtener cada día más e, inadvertidamente, los colombianos se acostumbran a aquella realidad.

Alerta negociadores del Gobierno!

Es completamente comprensible que hay que consentir en algunos temas, de lo contrario no tendría sentido la negociación; corresponde si, que sean persistentes y la condición de esos convenios, con énfasis debe plantear: “No es la sociedad la que se debe acomodar a lo que la guerrilla aspira, es la guerrilla la que se debe ajustar a las exigencias de la sociedad colombiana”.

Llamo a reflexión, ya que cuando se tiene Gobierno y territorio,  se tiene el control y se tiene el poder!

Sobre la guerra jurídica al Ejército de Colombia

  

La paz no se construye sobre injusticias

                                                                                  

Publicado 13/03/2014        

Oscar Alberto Díaz García

Fuente: Diario del Otún, Pereira

La manera como Santos planea imponer la paz por decreto, o tal vez con un referendo, tiene dolencias graves. Su propuesta, que desconocemos, pero vamos vislumbrando a gotas, se comienza a tornar día a día en evidente y peligrosa, pues las Fuerzas Militares y en particular el Ejército, como institución destinada a proteger la soberanía del Estado, salen tan maltrechos, que las consecuencias pueden ser funestas. Santos desde su llegada al ministerio de Defensa en el gobierno de Uribe, se dio a la tarea de buscar la presidencia a sabiendas de que su pensamiento político por si solo no servía para optar al poder; menos si pretendía esbozarlo a lo largo de una campaña, que para su suerte en realidad no hubo. La gente votó por él porque tocaba; esta vez es distinto.

Han pasado cuatro años durante los cuales a pesar de la opinión de los grandes medios y de la insistencia del gobierno en hacer creer lo contrario, la seguridad se ha deteriorado. Los éxitos relativos de las tropas de élite en operaciones conjuntas contrastan con los resultados de todas las demás, es decir las desarrolladas por unidades menores. La persecución judicial a la cual se ven abocados los comandantes y sus soldados, que siempre son investigados pues es obvio que si hay combate debe haber muertos, es funesta. Y la justicia desconociendo, tanto el fuero militar como la manera de operar del uniformado, tiene hoy en cárcel a cada soldado que en cumplimiento de su deber constitucional usa las armas de la República. Me refiero a los que las usan legalmente, en operaciones limpias, que no a quienes erróneamente cometen los mal llamado falsos positivos.

La paz, señores congresistas, señores jueces y fiscales, señor Santos, no se puede construir sobre la injusticia.

Permitir que los bandidos se reincorporen a la vida normal, sin reconocer sus delitos y sin pagar cárcel por ello, es ya de entrada un exabrupto; pero si toca, hasta eso se puede aceptar en aras de la paz; que así sea. Pero si además de tamaño despropósito se suma el hecho de encarcelar por miles a quienes siempre han estado defendiendo el remedo de democracia que tenemos, es además de miserable, una bellaquería. ¿Qué creen que pasará después? Si llega a prosperar la siniestra teoría de la corte constitucional que sostiene el principio de “distinción” el cual plantea que el conflicto en Colombia es entre los militares y los guerrilleros, y que ante eso el estado es tan solo un árbitro, convirtiendo al militar en un autor del conflicto en iguales términos que el subversivo, hasta ahí llegamos. Y si abandonarlos en su misión es ya de por sí una cobardía, ensañarse en ellos desde los estrados de las togas politizadas ideológicamente, resulta abominable.

Peor si le sumamos un poder ejecutivo pusilánime y mañoso que engaña al mejor servidor, al más fiel y leal, que amordazado por la Carta Magna, perdió el derecho a expresarse porque le castraron la conciencia. El fuero militar inexistente, dado que sigue en el limbo, solo sirve para exigirle al uniformado que lo de todo en silencio, hasta su vida, pero le niega los más elementales derechos. Entre tanto, los bandidos gobernarán y harán las leyes; y tomarían también para si las armas de la República. Menos mal llegan nuevos congresistas del centro democrático y conservadores a impedirlo. No pudo el sistema en las elecciones últimas esquilmar más curules, de milagro. La paz se puede conseguir, más no sobre el cadáver de la justicia.

En contra de las afrentas, el Ejército de Colombia se pronuncia

COMUNICADO DE PRENSA

15 de marzo de 2014

El Comando del Ejército, frente a las informaciones presentadas por algunos medios de comunicación, en donde señalan a señores Generales del Ejército por presuntas investigaciones, se permite precisar:

1. Como garantes de la defensa y la seguridad nacional y en el marco del estricto apego a la ley, a la Constitución, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, ratifica su respeto a los órganos de control y a todas las instituciones de justicia, sin excepción alguna.

2. Por lo mismo, todos los procesos que han llevado estas instituciones sobre nuestros miembros, la Fuerza ha garantizado y garantiza la colaboración en pro de la transparencia, pues el fin máximo de estos procesos es el hallazgo de la verdad y, en ese sentido, los resultados siempre han sido y serán respetados y acatados.

3. Sin embargo, la Fuerza expresa su preocupación, indignación y rechazo, ante la difusión de acervo probatorio, la reserva sumarial y su cadena de custodia, de donde han salido estas informaciones, que conllevan a una previa condena social de hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su vida a la defensa de los colombianos. En ese sentido, hace un llamado respetuoso a la administración de justicia para que se preserven los derechos del buen nombre y la honra de quienes han sido aludidos en estas informaciones. 

4. En ese mismo sentido, el Ejército es consciente de la responsabilidad de que sus miembros aporten a la construcción de la paz con total transparencia, honestidad y eficacia, y que no se desvíen de la formación en principios y valores. Por eso, cuando la justicia ha determinado que algunos de nuestros miembros le ha faltado al país y al honor militar, se ha acatado y se seguirá acatando con respeto las decisiones de los jueces de la República.

5. Pero precisamente, por el respeto que al Ejército le merecen los diferentes órganos de la justicia, es que exigimos el debido proceso para que se garantice el honor, la honra y el buen nombre de aquellos hombres y mujeres que durante toda su vida le han entregado a la Institución y al país victorias y sacrificios, que hoy nos permiten mantener la libertad y la democracia del pueblo colombiano.

6. Todo esto lo han hecho nuestros miembros a costa de poner en riesgo su propia vida, su integridad física y su estabilidad familiar; ellos han visto vulnerada su dignidad, la de sus esposas e hijos.

7. El Ejército reitera el respeto a los medios de comunicación, quienes con su consagrada labor garantizan el derecho superior a la información, pero exige respeto al honor y a la dignidad de los mencionados, y pide que no se mancille más la legitimidad de la Institución.

Las palabras del Libertador, hoy son recordadas como si las hubiese pronunciado en esta época en nuestra convulsionada Nación: Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, la política y las desgracias públicas, conservan su honor intacto. Precisamente, el ser militar es el más grande de todos los honores y quienes se atreven a cuestionarlo con infamias, calumnias y señalamientos irresponsables atacan la soberanía y la independencia, atacan al mismísimo pueblo, pues fue primero Ejército que República; que no se le olvide a nadie. 

Honor y Gloria por siempre a tan noble Institución.

Fe en la causa y Paz con Dignidad

Bogotá D.C., 15 de Marzo 2014

FE EN LA CAUSA

El proceso de paz de La Habana y los militares

Bogotá, D.C. Febrero 20 de 2014

Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

La Ciudad.-

Señor Presidente:

Con la más alta consideración y respeto, nos dirigimos a usted en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, con el fin de advertir algunas realidades y peligros, que no solo son de la mayor importancia para la supervivencia de la Fuerzas Militares, sino también para la estabilidad democrática de la Nación, en el desarrollo de la transición de un eventual  fin del conflicto con las FARC.

En primer término, estamos convencidos que la mayor amenaza no está, de por si, en la dinámica de la mesa de negociaciones, pues hasta el momento es claro que se está dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo General. Sin embargo, observamos con incertidumbre y preocupación, la implementación y las leyes que se deban desarrollar  y reglamentar como resultado de la negociación, las cuales de no manejarse adecuadamente podrían ser perjudiciales para el país y sus FFMM.

Igualmente, consideramos de la mayor importancia la grave crisis por la cual está atravesando la justicia en Colombia, producto de fallos y actuaciones emanadas del poder judicial y la Fiscalía que aunque, aparentemente son en derecho ponen en riesgo la vida de miles de colombianos y la integridad de la Fuerza Pública. Su  polarización ha llegado a los niveles más altos, derivada de argumentaciones e interpretaciones político-ideológicas que han venido asumiendo jueces, magistrados y altas cortes; pero lo más absurdo y extraño, son las coincidencias con organizaciones de la extrema izquierda y de las Farc.

Sumado a esto, el Fiscal General de la Nación ha demostrado en sus actuaciones una actitud indulgente con los terroristas, configurando para ellos escenarios de justicia restaurativa, con penas alternativas y muy seguramente con renuncia a la acción penal. Mientras, mantiene una actitud radical con los militares, los cuales son objeto de una justicia retributiva en una especie de "venganza penal", de la cual dan cuenta las frecuentes órdenes de detención y la vinculación a procesos de diversa índole, todo enmarcado en el tema de violaciones de derechos humanos. La Unidad de “Análisis y Contexto”, de la Fiscalía General de la Nación, sistemáticamente viene señalando que los militares en Colombia han actuado dentro del contexto de una “empresa criminal”, por lo cual nos asisten razones para inferir, que los militares están ganando la guerra en el campo de combate, pero la están perdiendo en el campo  jurídico.

En lo que refiere a la reconstrucción de la Verdad Histórica, preocupa enormemente el enfoque del informe ¡Basta ya!, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí se pretende mostrar que en Colombia la guerra se presentó entre actores armados, separando al actor estatal de su ligamen con la Constitución Política o sea, “un asunto entre militares e ilegales” una conclusión, bastante grave, que en el fondo tiene una repercusión jurídica y política para la institución.

También es necesario advertir que en todo este desbarajuste institucional, ha contribuido en buena parte la ligereza e irresponsabilidad de los medios, por no decir su intencionalidad, que en el afán de la “chiva” o el “rating”, ponen en peligro la credibilidad y prestigio institucional. Resulta de por demás irresponsable que se presenten inculpaciones sobre supuestos hechos, no comprobados ni debidamente investigados. Consideramos que estos escándalos ameritan mayor prudencia antes de esquilmar la institución y sus miembros. Sabemos que la libertad de prensa forma parte de la democracia, pero cuando trasgrede límites éticos pone en riesgo la seguridad nacional y ciudadana.

En el campo internacional la situación no es menos preocupante; tras efectuar un análisis comparado de diversos procesos de paz y su impacto sobre las Fuerzas Armadas, concluimos que los principales afectados, en gran parte, han sido los militares que enfrentaron a los irregulares, en cumplimiento de la Constitución, políticas y lineamientos trazados por el alto gobierno. No sería extraño, la aplicación de una justicia vengativa impulsada por la izquierda radical, apoyada en ese imaginario internacional que se ha construido sobre los militares latinoamericanos de quienes nos diferencia el contexto, pues muchos de ellos actuaron en un escenario de dictadura, mientras nosotros lo hicimos enmarcados en la democracia. Queremos señor Presidente, conocer y estar seguros de su apoyo y compromiso con los soldados en este trascendente tema.

Otra preocupación, se deriva de la intervención de las Naciones Unidas. Este organismo ha participado en diversos procesos en el mundo, aunque no en todos ha sido exitoso. Particularmente en Colombia, sus delegados se han caracterizado por tener un sesgo político y animadversión contra las Fuerzas Militares. Podrá entenderse, señor Presidente, la gran preocupación que genera que sea esta organización, en el futuro, la que participe a nombre de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo, pues no garantiza equilibrio y neutralidad. Por lo cual debería pensarse en otros organismos o países, que ofrezcan las condiciones antes descritas.

Señor Presidente, estamos completamente de acuerdo que el objetivo de cambiar las balas por votos resulta loable y benéfico para la construcción de la paz; sin embargo, la aplicación de este razonamiento no debe verse únicamente como el fin de la violencia, sino más bien, de asegurar el futuro democrático del país.

                                                                   

Consideramos que en el actual panorama nacional existen dos debilidades sustanciales que advierten peligros para el escenario futuro. En primer lugar, la situación de los partidos políticos, hoy día debilitados, fragmentados, polarizados e incapaces de ejercer el poder que antes tenían. Colectividades que cada vez se apoyan menos en el poder de convocatoria en razón de sus ideales y más en maquinarias electorales. En la actualidad, son las organizaciones y movimientos sociales quienes están recogiendo la inconformidad ciudadana, pues hay una enorme desconfianza por la política, los partidos y sus dirigentes. Es allí, donde están ganando espacio las FARC y el ELN.

La segunda debilidad, radica en la visión misma que tienen las partes sobre el proceso. Para el gobierno, es una generosa oportunidad para que dejen las armas y se incorporen a la vida civil como partido político legal; mientras para las FARC, es una oportunidad para ajustar su estrategia, de tal manera que les permita asegurar la supervivencia y preservación el movimiento guerrillero, sin dejar de intimidar con el potencial uso de las armas que pretenden tener a su alcance hasta consolidar la toma del poder, empleando su característica combinación de las formas de lucha. Esta es la razón por la cual existe una ambigüedad entre dejación y entrega de armas. Además que su mayor gestión, actualmente la están realizando fuera de la mesa, con ayuda de aliados que están en la legalidad.  

Sea cual fuere la situación, en cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia, no podemos olvidar que nuestros militares y policías nunca han ido a la guerra motu propio, sino bajo la dirección política y estratégica del poder civil, en cumplimiento de órdenes emanadas por gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto seria no solo indigno, sino también injusto, que esas Fuerzas Armadas que han sido respetuosas de la constitución y han enfrentado el conflicto, ofreciendo la vida e integridad de miles de sus hombres, sean objeto de una venganza política e ideológica de quienes representan la majestuosidad de la justicia, o de aquellos que por gracia del favor que les confiera la sociedad colombiana, alcanzaren el poder. Es en este tema, donde mayor seguridad y tranquilidad esperan los soldados de Colombia de su gobernante.

Señor Presidente consecuente con todo lo anterior, y dada su condición de  Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, esperamos de usted un pronunciamiento concreto sobre estas realidades y peligros que tanto nos afectan.

Cordialmente.

C. Alm. (ra) Luis Carlos Jaramillo Peña              

        Asesor del Proceso de Paz                                 

                                                                                   BG.EJC (ra) Jaime Ruiz Barrera

                                                                                        Presidente de ACORE 

MG. EJC. (ra) Víctor Álvarez Vargas              

     Asesor del proceso de Paz      

                                                                        Alm. (ra) David Rene Moreno Moreno

                                                            Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes

MG. FAC (ra) Ricardo Rubianogroot R.          

      Asesor del Proceso de Paz         

                                                                           BG. Ponal (ra) Pablo Rojas  Flórez 

                                                               Presidente del Colegio de Generales Policía Nal.   

                                                                                                                       

La verdad tras el escándalo al Ejército Nacional de Colombia

El Presidente, una revista y el Ejército

Por: Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

Colombia es un país de sorpresas y de situaciones inauditas. Lo ocurrido con el ejército colombiano constata lo dicho.

Que las decisiones sobre relevos en la cúpula militar dependan de crónicas periodísticas, que el jefe supremo de la fuerza pública, por mandato constitucional, tome decisiones dando por ciertas las informaciones de una revista dirigida por su sobrino, sorprende y asusta.

Las dos denuncias recientes de la revista Semana, la de las actividades de inteligencia u “Operación Andrómeda” y la de los casos de corrupción de altos oficiales podrían ser vistas como fruto de investigaciones minuciosas, “objetivas”, “independientes”, compromiso ético y cumplimiento de la función periodística.

El presidente Santos dio credibilidad total y plena a las crónicas de Semana, apartó de sus cargos a dos generales responsables de la operación, exigió investigación interna, habló de la intervención de “fuerzas oscuras”, aunque al día siguiente, hubo de corregir al reconocer que las actividades de inteligencia eran legales. Pero, el daño quedó hecho.

Ante la segunda denuncia la reacción del presidente Santos fue todavía más desconcertante. Llamó a calificar servicios a varios generales de distintas fuerzas por no haber realizado los controles debidos para evitar la corrupción, y, llamó a calificar servicios al comandante general de las fuerzas militares, el general Barrero, que había llegado al cargo en agosto de 2013, precedido de una aureola de lealtad, entrega, sacrificio y servicios a la patria. No salió por acusaciones de corrupción sino por una desafortunada frase dicha de manera privada, vía telefónica, a un alto oficial involucrado en los “falsos positivos”.

En nombre pues, del honor militar y de la buena imagen, el presidente optó por sacrificar generales y coroneles, sin fórmula de juicio, sin darles la oportunidad de ser escuchados, mucho menos de defenderse o de tener derecho al debido proceso. De buenas a primeras, oficiales con una hoja de servicios de 35 o más años se encuentran de bruces en el asfalto, cargando el fardo de la mala fama y de la deshonra.

Yo no voy a defender a priori a ninguno de ellos, pero, tampoco voy a hacerle coro a una revista que no actúa con transparencia ni al grupito de columnistas e intelectuales a quienes el uniforme militar institucional les produce urticaria y vómito. Creo que, como en toda comunidad u organización compleja, en particular, como es el ejército nacional, pueden darse casos de corrupción y violación de normas del servicio, disciplinarias y éticas que merecen ser investigadas y, comprobada la culpa, sancionadas. 

Pero, la carrera militar está rodeada de ingratitud, cualquier falla, desliz, arbitrariedad o infracción puede dar al traste con toda una trayectoria. Más allá, la carrera militar en un país con tantos retos y peligros de grupos armados irregulares que apelan de forma sistemática a la violencia contra las instituciones y la sociedad, puede tornarse dramática y azarosa.

Los gobernantes les dan la orden de hacer inteligencia, por ejemplo, para luego despedirlos a las patadas porque un medio o una Ong entabla denuncias. Les ordenan hacerle la guerra al terrorismo y a la vez les imponen un cúmulo de condicionantes y les montan un batallón judicial que les dicen cómo deben hacer la guerra como si no hubiese guerra, luego, les exigen resultados y, por último, se pueden ver involucrados en campañas de propaganda y denuncias de sus enemigos jurados, que se traduce en llamados a calificar servicios y muchas veces en la cárcel antes de ser vencidos en juicio.

Está muy bien que se adelanten investigaciones a aquellos oficiales y agentes que violen las leyes o que abusen de sus galones y de su autoridad por corrupción o por el afán de ganar albricias con falsos positivos. Pero, lo que es inadmisible es que se les niegue el derecho elemental de hablar, ofrecer explicaciones y defenderse. Es una situación insostenible: tienen en sus manos la defensa del país y son tratados como ciudadanos de segunda.

Estos dos últimos episodios dejan muchas dudas, además del sinsabor en las tropas y su efecto negativo en la moral de sus integrantes. La revista Semana es dirigida por un sobrino del presidente Santos, el hijo de Enrique, el principal animador de los diálogos de La Habana. Es válido preguntarse si el interés de la información era periodístico o si se trató de una maniobra calculada para sacar del camino a oficiales críticos. Preguntar por la fuente que proporcionó las grabaciones es inútil, dirán que existe el derecho a no revelarla. Si la información salió de la Fiscalía puede constituir una violación de la reserva de sumarios de militares investigados. ¿Por qué en este coyuntura? ¿Por qué información de inteligencia recabada por el ejército está en poder de quien ha defendido la tesis de impunidad de las guerrillas?

Demasiado peligroso y desestimulante para cualquier oficial la destitución del General Barrero por una conversación hecha dos años atrás sin que se compruebe que tal frase haya tenido efectos nocivos constatables y cuando el general no tenía el rango actual. Mucho más grave y, además, sospechoso, que se denigre así al oficial que diseñó y dirigió la operación en que fue abatido el comandante máximo de las FARC, Alfonso Cano.

El presidente Santos es el funcionario público colombiano que más generales, coroneles y otros oficiales ha descabezado en los últimos años, como ministro de Defensa y presidente. Demuestra una gran vulnerabilidad a la presión de los medios y al bullicio propagandístico de ONG caracterizadas por sus prejuicios contra la institución militar, entre las cuales las hay que sostienen la insólita tesis de que el estado y su ejército son los únicos que cometen crímenes de guerra, y las guerrillas no porque no son signatarias del derecho internacional humanitario ni de los protocolos adicionales de Ginebra.

Suenan hueras las reiteradas declaraciones del presidente sobre su amor y respeto por la institución más querida y respetada por los colombianos, a la que tanto ha maltratado y dado señales equívocas.

* Darío Acevedo Carmona

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http://www.elespectador.com/opinion/el-presidente-una-revista-y-el-ejercito-columna-476867