Bogotá, D.C. Febrero 20 de 2014
Dr. JUAN
MANUEL SANTOS
PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
La Ciudad.-
Señor Presidente:
Con la más alta consideración y respeto, nos
dirigimos a usted en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
de la República, con el fin de advertir algunas realidades y peligros, que no
solo son de la mayor importancia para la supervivencia de la Fuerzas Militares,
sino también para la estabilidad democrática de la Nación, en el desarrollo de
la transición de un eventual fin del
conflicto con las FARC.
En primer término, estamos convencidos que la mayor
amenaza no está, de por si, en la dinámica de la mesa de negociaciones, pues
hasta el momento es claro que se está dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo
General. Sin embargo, observamos con incertidumbre y preocupación, la
implementación y las leyes que se deban desarrollar y reglamentar como resultado de la negociación,
las cuales de no manejarse adecuadamente podrían ser perjudiciales para el país
y sus FFMM.
Igualmente, consideramos de la mayor importancia la
grave crisis por la cual está atravesando la justicia en Colombia, producto de
fallos y actuaciones emanadas del poder judicial y la Fiscalía que aunque,
aparentemente son en derecho ponen en riesgo la vida de miles de colombianos y
la integridad de la Fuerza Pública. Su polarización
ha llegado a los niveles más altos, derivada de argumentaciones e
interpretaciones político-ideológicas que han venido asumiendo jueces,
magistrados y altas cortes; pero lo más absurdo y extraño, son las
coincidencias con organizaciones de la extrema izquierda y de las Farc.
Sumado a esto, el Fiscal General de la Nación ha
demostrado en sus actuaciones una actitud indulgente con los terroristas, configurando
para ellos escenarios de justicia restaurativa, con penas alternativas y muy
seguramente con renuncia a la acción penal. Mientras, mantiene una actitud radical
con los militares, los cuales son objeto de una justicia retributiva en una
especie de "venganza penal", de la cual dan cuenta las frecuentes
órdenes de detención y la vinculación a procesos de diversa índole, todo
enmarcado en el tema de violaciones de derechos humanos. La Unidad de “Análisis
y Contexto”, de la Fiscalía General de la Nación, sistemáticamente viene
señalando que los militares en Colombia han actuado dentro del contexto de una
“empresa criminal”, por lo cual nos asisten razones para inferir, que los
militares están ganando la guerra en el campo de combate, pero la están perdiendo
en el campo jurídico.
En lo que refiere a la reconstrucción de la Verdad Histórica,
preocupa enormemente el enfoque del informe ¡Basta ya!, publicado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica. Allí se pretende mostrar que en Colombia la
guerra se presentó entre actores armados, separando al actor estatal de su
ligamen con la Constitución Política o sea, “un asunto entre militares e
ilegales” una conclusión, bastante grave, que en el fondo tiene una repercusión
jurídica y política para la institución.
También es necesario advertir que en todo este
desbarajuste institucional, ha contribuido en buena parte la ligereza e
irresponsabilidad de los medios, por no decir su intencionalidad, que en el
afán de la “chiva” o el “rating”, ponen
en peligro la credibilidad y prestigio institucional. Resulta de por demás
irresponsable que se presenten inculpaciones sobre supuestos hechos, no
comprobados ni debidamente investigados. Consideramos que estos escándalos
ameritan mayor prudencia antes de esquilmar la institución y sus miembros. Sabemos
que la libertad de prensa forma parte de la democracia, pero cuando trasgrede
límites éticos pone en riesgo la seguridad nacional y ciudadana.
En el campo internacional la situación no es menos
preocupante; tras efectuar un análisis comparado de diversos procesos de paz y
su impacto sobre las Fuerzas Armadas, concluimos que los principales afectados,
en gran parte, han sido los militares que enfrentaron a los irregulares, en
cumplimiento de la Constitución, políticas y lineamientos trazados por el alto
gobierno. No sería extraño, la aplicación de una justicia vengativa impulsada
por la izquierda radical, apoyada en ese imaginario internacional que se ha
construido sobre los militares latinoamericanos de quienes nos diferencia el
contexto, pues muchos de ellos actuaron en un escenario de dictadura, mientras
nosotros lo hicimos enmarcados en la democracia. Queremos señor Presidente,
conocer y estar seguros de su apoyo y compromiso con los soldados en este
trascendente tema.
Otra preocupación, se deriva de la intervención de
las Naciones Unidas. Este organismo ha participado en diversos procesos en el
mundo, aunque no en todos ha sido exitoso. Particularmente en Colombia, sus
delegados se han caracterizado por tener un sesgo político y animadversión
contra las Fuerzas Militares. Podrá entenderse, señor Presidente, la gran
preocupación que genera que sea esta organización, en el futuro, la que
participe a nombre de la comunidad internacional en la implementación del
acuerdo, pues no garantiza equilibrio y neutralidad. Por lo cual debería
pensarse en otros organismos o países, que ofrezcan las condiciones antes
descritas.
Señor Presidente, estamos completamente de acuerdo
que el objetivo de cambiar las balas por votos resulta loable y benéfico para
la construcción de la paz; sin embargo, la aplicación de este razonamiento no
debe verse únicamente como el fin de la violencia, sino más bien, de asegurar
el futuro democrático del país.
Consideramos que en el actual panorama nacional
existen dos debilidades sustanciales que advierten peligros para el escenario
futuro. En primer lugar, la situación de los partidos políticos, hoy día debilitados,
fragmentados, polarizados e incapaces de ejercer el poder que antes tenían.
Colectividades que cada vez se apoyan menos en el poder de convocatoria en
razón de sus ideales y más en maquinarias electorales. En la actualidad, son
las organizaciones y movimientos sociales quienes están recogiendo la
inconformidad ciudadana, pues hay una enorme desconfianza por la política, los
partidos y sus dirigentes. Es allí, donde están ganando espacio las FARC y el
ELN.
La segunda debilidad, radica en la visión misma que
tienen las partes sobre el proceso. Para el gobierno, es una generosa
oportunidad para que dejen las armas y se incorporen a la vida civil como
partido político legal; mientras para las FARC, es una oportunidad para ajustar
su estrategia, de tal manera que les permita asegurar la supervivencia y preservación
el movimiento guerrillero, sin dejar de intimidar con el potencial uso de las
armas que pretenden tener a su alcance hasta consolidar la toma del poder,
empleando su característica combinación de las formas de lucha. Esta es la
razón por la cual existe una ambigüedad entre dejación y entrega de armas. Además
que su mayor gestión, actualmente la están realizando fuera de la mesa, con
ayuda de aliados que están en la legalidad.
Sea cual fuere la situación, en cualquier escenario
y bajo cualquier circunstancia, no podemos olvidar que nuestros militares y
policías nunca han ido a la guerra motu
propio, sino bajo la dirección política y estratégica del poder civil, en
cumplimiento de órdenes emanadas por gobiernos elegidos democráticamente. Por
lo tanto seria no solo indigno, sino también injusto, que esas Fuerzas Armadas
que han sido respetuosas de la constitución y han enfrentado el conflicto,
ofreciendo la vida e integridad de miles de sus hombres, sean objeto de una
venganza política e ideológica de quienes representan la majestuosidad de la
justicia, o de aquellos que por gracia del favor que les confiera la sociedad
colombiana, alcanzaren el poder. Es en este tema, donde mayor seguridad y
tranquilidad esperan los soldados de Colombia de su gobernante.
Señor Presidente consecuente con todo lo anterior, y
dada su condición de Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas de Colombia, esperamos de usted un pronunciamiento
concreto sobre estas realidades y peligros que tanto nos afectan.
Cordialmente.
C. Alm. (ra)
Luis Carlos Jaramillo Peña
Asesor
del Proceso de Paz
BG.EJC (ra) Jaime Ruiz Barrera
Presidente
de ACORE
MG. EJC. (ra) Víctor
Álvarez Vargas
Asesor del proceso de Paz
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes
MG. FAC (ra)
Ricardo Rubianogroot R.
Asesor
del Proceso de Paz
BG. Ponal (ra) Pablo Rojas Flórez
Presidente del Colegio de Generales Policía Nal.
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