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jueves, 13 de marzo de 2014

El proceso de paz de La Habana y los militares

Bogotá, D.C. Febrero 20 de 2014

Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
La Ciudad.-

Señor Presidente:

Con la más alta consideración y respeto, nos dirigimos a usted en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, con el fin de advertir algunas realidades y peligros, que no solo son de la mayor importancia para la supervivencia de la Fuerzas Militares, sino también para la estabilidad democrática de la Nación, en el desarrollo de la transición de un eventual  fin del conflicto con las FARC.

En primer término, estamos convencidos que la mayor amenaza no está, de por si, en la dinámica de la mesa de negociaciones, pues hasta el momento es claro que se está dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo General. Sin embargo, observamos con incertidumbre y preocupación, la implementación y las leyes que se deban desarrollar  y reglamentar como resultado de la negociación, las cuales de no manejarse adecuadamente podrían ser perjudiciales para el país y sus FFMM.

Igualmente, consideramos de la mayor importancia la grave crisis por la cual está atravesando la justicia en Colombia, producto de fallos y actuaciones emanadas del poder judicial y la Fiscalía que aunque, aparentemente son en derecho ponen en riesgo la vida de miles de colombianos y la integridad de la Fuerza Pública. Su  polarización ha llegado a los niveles más altos, derivada de argumentaciones e interpretaciones político-ideológicas que han venido asumiendo jueces, magistrados y altas cortes; pero lo más absurdo y extraño, son las coincidencias con organizaciones de la extrema izquierda y de las Farc.

Sumado a esto, el Fiscal General de la Nación ha demostrado en sus actuaciones una actitud indulgente con los terroristas, configurando para ellos escenarios de justicia restaurativa, con penas alternativas y muy seguramente con renuncia a la acción penal. Mientras, mantiene una actitud radical con los militares, los cuales son objeto de una justicia retributiva en una especie de "venganza penal", de la cual dan cuenta las frecuentes órdenes de detención y la vinculación a procesos de diversa índole, todo enmarcado en el tema de violaciones de derechos humanos. La Unidad de “Análisis y Contexto”, de la Fiscalía General de la Nación, sistemáticamente viene señalando que los militares en Colombia han actuado dentro del contexto de una “empresa criminal”, por lo cual nos asisten razones para inferir, que los militares están ganando la guerra en el campo de combate, pero la están perdiendo en el campo  jurídico.

En lo que refiere a la reconstrucción de la Verdad Histórica, preocupa enormemente el enfoque del informe ¡Basta ya!, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí se pretende mostrar que en Colombia la guerra se presentó entre actores armados, separando al actor estatal de su ligamen con la Constitución Política o sea, “un asunto entre militares e ilegales” una conclusión, bastante grave, que en el fondo tiene una repercusión jurídica y política para la institución.

También es necesario advertir que en todo este desbarajuste institucional, ha contribuido en buena parte la ligereza e irresponsabilidad de los medios, por no decir su intencionalidad, que en el afán de la “chiva” o el “rating”, ponen en peligro la credibilidad y prestigio institucional. Resulta de por demás irresponsable que se presenten inculpaciones sobre supuestos hechos, no comprobados ni debidamente investigados. Consideramos que estos escándalos ameritan mayor prudencia antes de esquilmar la institución y sus miembros. Sabemos que la libertad de prensa forma parte de la democracia, pero cuando trasgrede límites éticos pone en riesgo la seguridad nacional y ciudadana.

En el campo internacional la situación no es menos preocupante; tras efectuar un análisis comparado de diversos procesos de paz y su impacto sobre las Fuerzas Armadas, concluimos que los principales afectados, en gran parte, han sido los militares que enfrentaron a los irregulares, en cumplimiento de la Constitución, políticas y lineamientos trazados por el alto gobierno. No sería extraño, la aplicación de una justicia vengativa impulsada por la izquierda radical, apoyada en ese imaginario internacional que se ha construido sobre los militares latinoamericanos de quienes nos diferencia el contexto, pues muchos de ellos actuaron en un escenario de dictadura, mientras nosotros lo hicimos enmarcados en la democracia. Queremos señor Presidente, conocer y estar seguros de su apoyo y compromiso con los soldados en este trascendente tema.

Otra preocupación, se deriva de la intervención de las Naciones Unidas. Este organismo ha participado en diversos procesos en el mundo, aunque no en todos ha sido exitoso. Particularmente en Colombia, sus delegados se han caracterizado por tener un sesgo político y animadversión contra las Fuerzas Militares. Podrá entenderse, señor Presidente, la gran preocupación que genera que sea esta organización, en el futuro, la que participe a nombre de la comunidad internacional en la implementación del acuerdo, pues no garantiza equilibrio y neutralidad. Por lo cual debería pensarse en otros organismos o países, que ofrezcan las condiciones antes descritas.

Señor Presidente, estamos completamente de acuerdo que el objetivo de cambiar las balas por votos resulta loable y benéfico para la construcción de la paz; sin embargo, la aplicación de este razonamiento no debe verse únicamente como el fin de la violencia, sino más bien, de asegurar el futuro democrático del país.
                                                                   
Consideramos que en el actual panorama nacional existen dos debilidades sustanciales que advierten peligros para el escenario futuro. En primer lugar, la situación de los partidos políticos, hoy día debilitados, fragmentados, polarizados e incapaces de ejercer el poder que antes tenían. Colectividades que cada vez se apoyan menos en el poder de convocatoria en razón de sus ideales y más en maquinarias electorales. En la actualidad, son las organizaciones y movimientos sociales quienes están recogiendo la inconformidad ciudadana, pues hay una enorme desconfianza por la política, los partidos y sus dirigentes. Es allí, donde están ganando espacio las FARC y el ELN.

La segunda debilidad, radica en la visión misma que tienen las partes sobre el proceso. Para el gobierno, es una generosa oportunidad para que dejen las armas y se incorporen a la vida civil como partido político legal; mientras para las FARC, es una oportunidad para ajustar su estrategia, de tal manera que les permita asegurar la supervivencia y preservación el movimiento guerrillero, sin dejar de intimidar con el potencial uso de las armas que pretenden tener a su alcance hasta consolidar la toma del poder, empleando su característica combinación de las formas de lucha. Esta es la razón por la cual existe una ambigüedad entre dejación y entrega de armas. Además que su mayor gestión, actualmente la están realizando fuera de la mesa, con ayuda de aliados que están en la legalidad.  

Sea cual fuere la situación, en cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia, no podemos olvidar que nuestros militares y policías nunca han ido a la guerra motu propio, sino bajo la dirección política y estratégica del poder civil, en cumplimiento de órdenes emanadas por gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto seria no solo indigno, sino también injusto, que esas Fuerzas Armadas que han sido respetuosas de la constitución y han enfrentado el conflicto, ofreciendo la vida e integridad de miles de sus hombres, sean objeto de una venganza política e ideológica de quienes representan la majestuosidad de la justicia, o de aquellos que por gracia del favor que les confiera la sociedad colombiana, alcanzaren el poder. Es en este tema, donde mayor seguridad y tranquilidad esperan los soldados de Colombia de su gobernante.

Señor Presidente consecuente con todo lo anterior, y dada su condición de  Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, esperamos de usted un pronunciamiento concreto sobre estas realidades y peligros que tanto nos afectan.


Cordialmente.



C. Alm. (ra) Luis Carlos Jaramillo Peña              
        Asesor del Proceso de Paz                                 

                                                                                   BG.EJC (ra) Jaime Ruiz Barrera
                                                                                        Presidente de ACORE 


MG. EJC. (ra) Víctor Álvarez Vargas              
     Asesor del proceso de Paz      

                                                                        Alm. (ra) David Rene Moreno Moreno
                                                            Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes




MG. FAC (ra) Ricardo Rubianogroot R.          
      Asesor del Proceso de Paz         


                                                                           BG. Ponal (ra) Pablo Rojas  Flórez 
                                                               Presidente del Colegio de Generales Policía Nal.   

                                                                                                                       

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