Los autogoles de Humberto de la Calle
Por EDUARDO MACKENZIE
2 de diciembre de 2013
Hace casi un mes que las “partes”
negociadoras entregaron a la prensa un documento firmado en La Habana bajo el
título de “acuerdo sobre participación en política”. El debate sobre ese texto
que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc dicen haber suscrito, no
parece decaer. Todo lo contrario. La discusión continúa... Y eso está muy
bien. Ese fenómeno muestra, en mi opinión, dos cosas: 1. La viva
preocupación que genera en la opinión pública ese “segundo acuerdo”
entre Santos y el narco-terrorismo, y 2. La gran confusión que ese documento
está llamado a crear.
Al comienzo, unos observadores
afirmaron que ese papel contenía reformas que podrían ser benéficas para el
país. Otros estimaron que sólo era palabrería vacía, que allí “no había nada
nuevo”. Terceros repusieron, con más razón, que era un acuerdo inaceptable. En
estos días, la tendencia es hacia una posición intermedia: que los alcances de
ese texto son “inciertos” y “confusos”.
No estoy muy de acuerdo con esta
última opinión.
Si bien la redacción de ese texto es
deliberadamente obscura, la línea que lo guía es clara. Habría que hacer la
distinción entre la forma y el contenido. La forma, en este caso, es esquiva y
taimada. Es un escrito cifrado y mamerto, pero el fondo es límpido.
Algunos analistas se han llenado de
ilusiones. Luis Fernando Álvarez (El Colombiano, 29 de noviembre de 2013)
estima que lo que allí está esbozado “reitera una serie de propósitos” de la
Constitución de 1991. Error. Ese “acuerdo”, por el contrario, rompe con la
actual Constitución y confirma que lo que se viene es un ataque frontal contra
la democracia representativa.
Veamos los puntos más alucinantes de
ese “acuerdo”.
1. Ese texto busca minar el poder
legislativo colombiano. La Cámara de Representantes ya no será la expresión del
voto de los ciudadanos. Con la creación eventual de unas “circunscripciones
transitorias especiales de paz” habrá una serie de curules (el
número sigue oculto hasta hoy) que serán otorgadas no por los electores sino
por el Gobierno, o por las mismas Farc. Ello es contrario a las normas
constitucionales de Colombia y de toda democracia. Designados a dedo, esos
escaños desnaturalizarán el Congreso. El pretexto invocado para hacer eso es
que ciertas poblaciones (precisamente de las zonas más atormentadas por las
Farc) “tengan una representación especial de sus intereses”. Embuste. Si ellas
no lo están es por las presiones violentas de las Farc, no porque el sistema lo
impida. A las Farc jamás les interesó la democracia representativa, ni la gente
ni su representación parlamentaria. Esta vez hablan de eso para
abusar de la buena fe del país y llegar al Parlamento de manera espuria.
Ese intento de minar el Congreso
colombiano encaja con las turbias maniobras del castro-chavismo en América
Latina destinadas a convertir en todas partes el poder legislativo en un
apéndice servil del poder ejecutivo. Es lo que Chávez llamaba “el nuevo
constitucionalismo”.
2. La libertad de empresa
y la economía de mercado serán entrabadas mediante unos aparatos que quieren
crear. La empresa privada y hasta los planes de desarrollo del país quedarán
bajo la tutela de unos organismos inventados. En el documento los llaman “consejos
territoriales de planeación”. Santos había dicho que las negociaciones con las
Farc no tocarían la economía.. Era otra mentira.
3. Las Farc quieren que
Colombia haga una “revisión integral” de su sistema electoral y que adopte el
voto electrónico, que fue el que, precisamente, le sirvió a Hugo Chávez para
hacer 14 veces fraude electoral e imponerse como el dueño de las mayorías
venezolanas. El “acuerdo” exige eso y hasta anuncia que una comisión de
“expertos” vendrá a Colombia a realizar esa revisión. Sabemos que
esos “expertos” son los mismos que ayudaron a Chávez a montar el dispositivo
que arrasó con la legalidad electoral en Venezuela.
4. Según ese texto, las
Farc podrán censurar y brutalizar judicialmente a sus críticos.. El documento
impulsa la creación de un nuevo tipo penal: el delito de “estigmatización”.
Quien critique a las Farc y a las dictaduras que las apoyan, podrá ser acusado
de “atentar contra la convivencia” y contra la “cultura
de reconciliación”. El documento pretende que los colombianos
tengamos, de ahora en adelante, un “lenguaje” y un “comportamiento” aceptable
para los jefes farianos. Quien se salga de allí será objeto, promete el
documento, de “medidas”. Se puede suponer que éstas serán multas,
ilegalizaciones y cárcel.
5. El documento prevé la
creación de una serie de organismos de justicia paralela (algo totalmente anti
constitucional) bajo el disfraz de unos “consejos para la reconciliación y la
convivencia” que tendrán jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Y no
hablemos de otros organismos misteriosos del mismo alcance, con funciones bien
particulares, que quieren crear, como los “consejos”, los “espacios”, las
“veedurías ciudadanas” y los “observatorios de transparencia”. Todos son
organismos de control totalitario de una minoría sobre las mayorías
colombianas. No hay que dejarse abusar por términos melosos como
“ciudadanos” o “transparencia”.
6. El documento desconfía de
los funcionarios públicos. Ese texto los llama “ciudadanos de la
administración y [de] la gestión pública”. Exige que se ejerza sobre ellos “un
mayor control”, dizque para luchar por la “transparencia” y contra la
“corrupción”. La banda criminal que durante 50 años, además de utilizar todo
tipo de violencias contra el pueblo, ha robado, extorsionado y corrompido todo
lo que encuentra, quiere blanquearse con esto de la lucha contra la
“corrupción”.. ¿Hacia dónde apunta eso? ¿Es el anuncio de una purga estaliniana
contra los funcionarios que no apoyan a las Farc?
7. El “acuerdo” firmado por los
negociadores de Santos, prevé hasta la conformación de grupos armados para
encargarse de la “seguridad” y de la “protección” de los jefes terroristas que
quedarán en libertad. Es lo que el documento describe como un “sistema integral
de seguridad para el ejercicio de la política”.
8. El texto subraya que las Farc
quieren cambiar la actual ley de partidos políticos. Dice que “una
comisión” redactará un “estatuto de garantías para los partidos” que las Farc
crearán. En Colombia el único poder que está habilitado para discutir y votar
sobre los derechos y deberes de los partidos es el Congreso, no una comisión
privada.
9. El acuerdo “implica la dejación de
las armas”. Es decir que las Farc no las entregarán sino que las ocultarán, así
como a sus combatientes, durante un tiempo, hasta que decidan volver a su
oficio de matar colombianos, si “el proceso” no les gusta.
10. Lo mejor del cuento es que todas
estas lindezas serán aplicadas no en la fase de “la paz”, del llamado
post-conflicto, sino en la actual fase de guerra fariana contra el Estado y
contra la sociedad. El “segundo acuerdo” de La Habana lo dice muy claro: todos
estos cambios se harán “en el marco del fin del conflicto”, o “en el
escenario del fin del conflicto”. Esa fórmula aparece cinco veces en el
documento. Eso quiere decir que las Farc, con la anuencia de Santos, podrán
desfigurar de manera profunda las instituciones y la economía del país, y
podrán entrar a controlar, por la vía de “comisiones”, “consejos”, y otros
organismos “sociales”, la vida político-económica de Colombia antes
del fin de la guerra subversiva.
¿Cómo Humberto de la Calle y sus
brillantes asesores se dejaron meter semejantes goles? La única
explicación es esta: se los dejaron meter no porque sean tontos sino porque
están de acuerdo con eso. Y están de acuerdo pues los convencieron de que en
Colombia no hay democracia, ni participación política, porque las Farc están al
margen de ese mundo. Lo que hace que las instituciones colombianas sean
“ilegítimas” y deban ser “legitimadas” con la llegada a éstas de unas Farc no
desarmadas ni arrepentidas del dolor y del daño causado a Colombia. Ese era el
análisis de la gente de Moscú, desde el comienzo de la Guerra Fría. Con ese
esquema desataron el terror y la devastación en nuestro país. Los
“negociadores” de Santos no vieron eso ni por las curvas. ¿Con ellos la
democracia actual va hacia dónde?
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