Autoridad y control territorial en Colombia
Hace 6 años
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Soldados por respetar los Derechos humanos son arrastrados y humillados por los indígenas
Soldados impotentes, humillados, escupidos abandonados por el Gobierno de turno que los tiene sin Fuero Militar
Llora el Sargento García. Impotencia y humillación de ver cómo los indígenas de Toribío arrasan la base y arrastran y escupen a sus Soldados.
General Gustavo Matamoros Camacho, Ex Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, llamado a "Calificar Servicios", el 20 de Abril de 2011, por defender al Ejército
Otro héroe que se nos fue el Viernes 18 de Febrero de 2011 en absurdo accidente aéreo
Liberados de las cadenas impuestas por las FARC
Nuestro propósito esencial es el de apoyar a las Fuerzas Militares en la compleja tarea del cumplimiento de la Misión Constitucional.
Quienes somos
"Un grupo de colombianos, militares y civiles de reconocida experiencia a nivel nacional e internacional, conformado para analizar y debatir problemas importantes sobre la defensa y seguridad nacional".
Negociación con Farc
DESESCALAR EL CONFLICTO O DESESCALAMIENTO DEL MISMO
MG (RA) Ricardo Rubianogroot Román.
Maestría en Seguridad y Defensa Nacional.
1-09-15
Con el ánimo de entregar mi opinión en este sustancial tema, quiero entender en forma más amplia el término que para estos días se ha hecho muy popular, surgido de las partes que dialogan en la Habana; he consultado las definiciones de las palabras desescalar o desescalamiento, sin encontrar significado alguno en los varios diccionarios examinados.
Ello me hace recordar que en estos procesos se recurre a expresiones que no son de uso común pero que terminan identificándose con este tipo de negociaciones, tal es el caso de la palabra “Decommissioning”[1]empleada en el proceso de Irlanda, cuyo sentido en la práctica es sacar del servicio un buque o una unidad mayor en las marinas del mundo, pero se adoptó en ese proceso, significando sacar de circulación en ese caso las armas empleadas por los grupos del IRA[2]
Por ello he recurrido a aclarar esos términos relativos con la palabra escalar, encontrando de manera general referencias como, subir o ascender por una gran pendiente o a una gran altura, también se encuentran definiciones relativas a remontar, incrementar, elevar o aumentar en un contexto general sin hablar de alguna acción específica.
Como es conocido, el prefijo DES de origen latino, es considerado en la formación de nombres y verbos para indicar el desistimiento a desarrollar o adelantar una acción determinada; es un prefijo de negación o privación, ejemplo: desconfiar sugiere el no confiar, deshacer es dejar de hacer o desbaratar algo, deshonesto es la persona o acto que no es honesto, etc.
Por ello se puede concluir que los términos DESESCALAR y DESESCALAMIENTO tan mencionados últimamente, aluden a dejar de escalar un acto o acción determinada, que para el caso de este escrito, es dejar de escalar en las acciones de guerra o en las acciones relativas al conflicto; es la reducción de las mismas.
El Desescalamiento en caso que se acoja por las partes que negocian, Gobierno y FARC, debe ser un proceso voluntario, como efectivamente se ha presentado en el contexto que ha surgido, dirigido principalmente a proteger y excluir a la población civil de las hostilidades, el mismo debe ser secuencial, se debe dar por fases o etapas, y debe desarrollarse en forma gradual, orientado a la construcción de confianza en la población con el proceso y de las partes entre sí.
Ello no significa, que para dar paso a esa reducción de las acciones sugeridas, se deje de actuar de acuerdo a lo estipulado en la Carta Magna de la Republica Articulo 2 parágrafo segundo[3] o a lo concertado en el Artículo 217,[4] la Fuerza Pública en ninguna circunstancia abandonará e cumplimiento de sus deberes, como tampoco se podrá quebrantar la institucionalidad o la legitimidad del Estado. El control territorial por parte de la Fuerza Pública no se puede ver afectado en ninguna región constitutiva de la Nación Colombiana.
La Limitación a las operaciones ofensivas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, permiten espacios para que otros grupos delincuenciales se afiancen en el territorio nacional, debilitando la posición del Estado y amenazando su integridad territorial.
Las acciones que se adopten para la reducción de las labores propias del conflicto, deben ser sujetas a revisiones y verificación permanentes durante su proceso, ello permite constatar que lo que se ha pactado se está cumpliendo en forma efectiva, generando confianza y proporcionando certidumbre como lo mencioné anteriormente.
Todo aquello que nos es constatable o se pueda cotejar, genera suspicacias.
Es factible como provechoso, encuadrar los eventos para el desescalamiento o reducción de las acciones de guerra en unas acciones determinadas.
Cesar la extorsión, hecho que va dirigido y con contundencia a crear confianza en la población civil, al punto que tendría mayores efectos que la disminución de cualquier otro acto de guerra.
No afectar la infraestructura energética vial, social, acueductos, oleoductos, torres de energía, represas, obras y activos de la Nación que se han ejecutado para contribuir al bienestar de los habitantes de diferentes regiones del país; si se inicia con pasos como los enunciados, se abriría la esperanza dando mayor visibilidad y transparencia al propósito de esa iniciativa.
Otro acto que tendría una repercusión positiva en el ámbito Nacional e Internacional es la entrega de los menores, que hacen parte de las filas de las estructuras armadas, la cesión se puede realizar a delegaciones que trabajan en forma directa a la protección de esa población joven, como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y se podrían facilitar esa compromiso con el apoyo la Cruz Roja Internacional.
Especificar las acciones factibles para desescalar el conflicto seria interminable; lo que conviene es que se inicie con algunas de ellas y las mismas se cumplan y que las que se han anunciado y ofrecido, no se repitan.
Las acciones de desescalamiento deben ser también de tipo Político y Jurídico, no exclusivamente son tareas típicas del ambiente Militar y Policial. Se podría hablar de examinar la situación de los presos, explorar el ajuste de algunos criterios de tipo legal, acompañadas de programas de apoyo y por medio de personal especializado en trabajo social.
Afirmo que cualquier acción sugerida que se pacte tendiente a desescalar el conflicto tiene su riesgo, entendiendo el mismo como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento, que para este caso sería el INCUMPLIMIENTO, pues sus consecuencias negativas posteriores, podrían ser mayores a las que se encontraban antes de pactar. Las retaliaciones y represalias, no se harán esperar.
Si las partes deciden pactar deben cumplir, lo contrario sería funesto para el proceso.
[1] Decommissioning: Palabra en inglés, cuya traducción significa: sacar de comisión, desmantelar.(referido normalmente a unidades Navales)
[2] Ejército de la República Irlandesa (o IRA, del inglés Irish Republican Army, en irlandés Óglaigh na hÉireann) (Voluntarios Irlandeses) y abogan por un estado soberano e independiente respecto al Reino Unido,
[3] “Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”[3].
[4] “La nación tendrá para su defensa unas fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”
Visitante No.
Gente que defiende a su Ejército
Las contradicciones internas
Por: Plinio Apuleyo Mendoza
Fuente: Periódico El Tiempo
14 de Marzo de 2014
Las Farc son las grandes beneficiarias de estos desvaríos. Sus brazos políticos saben mover fichas para quebrar la moral del Ejército y, de paso, quitar del medio al ministro Pinzón.
Es lo que uno quisiera decirles, en primer término, al Fiscal General de la Nación, luego a la revista Semana, al propio presidente Santos y finalmente a la opinión pública, a propósito del sonado escándalo que terminó por remover la cúpula militar.
Precipitado, sin duda, el fiscal Montealegre cuando ordenó el allanamiento de las instalaciones donde el Ejército desarrollaba la operación de inteligencia Andrómeda. Precipitados, también, los medios de comunicación que en torno a este hecho desataron una gran polvareda. No había nada. Ninguna ‘chuzada’ –como se llegó a decir– a los comisionados del Gobierno en La Habana.
El otro escándalo todavía perdura. Se deriva de las grabaciones hechas durante el 2012 y el 2013 al coronel Robinson González del Río y a un enigmático Eduardo, amigo suyo; grabaciones que giraban en torno a sucias artimañas para conseguir contratos. La precipitación en este caso corrió por cuenta de Semana cuando creyó demostrar, con un explosivo despliegue, que los militares mencionados por González y su amigo estaban comprometidos en contratos amañados y asignados a dedo. ¿Cómo sustentar tal versión si el diálogo entre los dos pillos no demuestra compromiso alguno de los mencionados oficiales en tales manejos?
Lo del general Barrero es otro caso. En una conversación privada se permitió decirle a González del Río: “... hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”. Sí, en términos parecidos se expresa el mundo militar cuando se refiere a procesos amañados y a falsos testigos a los cuales fiscales y jueces les dan crédito. Y no olvidemos algo: cualquier conversación privada de un colombiano –sea Presidente, ministro, portero o chofer de taxi– está salpicada de irreverencias. Dígase lo que se diga, un privado desliz verbal no puede acabar de un solo tajo con la carrera del Comandante General de las Fuerzas Militares.
Precipitado fue el presidente Santos cuando tomó esta medida, seguida luego por la remoción de seis altos militares. Esta vez, por obtener nacional e internacionalmente una imagen de transparencia, el Presidente no vaciló en poner en la picota el buen nombre de limpios militares. ¿De qué puede culparse al general Fabricio Cabrera, comandante de la aviación del Ejército? Su rigor en el estudio y adjudicación de licitaciones fue siempre reconocido. Igual prestigio ganó el general Manuel Guzmán, segundo comandante del Ejército, muy bien calificado también por el implacable control que estableció en el centro de reclusión militar de Tolemaida. Según estos dos generales, su caída tuvo relación con la queja presentada al presidente Santos por un cercano amigo suyo, el empresario Felipe Jaramillo. Este último –contratista de las FF. MM.– había sido sancionado en dos ocasiones por incumplimiento de contratos y después de ello rechazado como licitante por los dos oficiales.
El atropello cometido contra ellos provocó la renuncia de una figura emblemática en la famosa operación Jaque, el general Javier Rey. Incapaz de pasar por alto la aviesa interpretación que se hizo sobre él a propósito de las grabaciones a González del Río, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precipitada ha sido también la opinión pública cuando cree encontrarse frente a un fenómeno de corrupción en las Fuerzas Militares. La conversación de un malandro investigado por delitos de corrupción y tráfico de armas no puede tener semejante alcance. Sería lo mismo que considerar corrupto al clero por culpa de un cura pederasta o al cuerpo médico por la negligencia de un cirujano. No nos engañemos. Las Farc son las grandes beneficiarias de estos desvaríos. Sus brazos políticos saben mover fichas para quebrar la moral del Ejército y, de paso, quitar del medio al ministro Pinzón.
Plinio Apuleyo Mendoza
Guerra política al Ejército
Un escándalo de doble fondo
Por Eduardo Mackenzie
20 de febrero de 2014
Mientras en Venezuela las mayorías están en la calle sufriendo la metralla del régimen de Maduro y luchando por el fin del sangriento y ruinoso experimento chavista, en Colombia estalla una serie de escándalos destinados a fragilizar la fuerza pública que defiende al país de la amenaza chavista.
Tras la salida en falso de la operación Andrómeda, que echó a tierra a dos altos y valiosos oficiales especializados en inteligencia militar, aunque la culpa de éstos no fue probada, tenemos ahora la sorpresiva destitución de la misma cúpula militar por motivos muy discutibles. Esos escándalos en ráfagas, además de sospechosos, son de doble fondo: un escándalo puede esconder otro. Hay un juego entre un escándalo explícito, provocado por una revista y por el jefe del Ejecutivo, y otro que algunos quieren hacer invisible.
Nadie puede creer que el presidente Santos destituyó al General Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, exitoso combatiente contra las Farc en el sur del país, por haber deslizado, en privado, en 2012, una frase ridícula contra unos fiscales. Santos, empero, escogió ese pretexto para deshacerse de un alto mando. El mismo admitió que había destituido al General Barrero por una frase. Al hacer tal cosa, el jefe de Estado incurrió en abuso de poder. Tal movida desnudó aún más a Santos. ¿Por qué él aceptó correr ese riesgo precisamente ahora? ¿Para cerrar aún más las puertas de su propia reelección?
No se sanciona a nadie por una frase dicha a una persona y en privado. Desde luego, la frase en cuestión fue torpe y hasta coja, pero no era más que eso, una frase. El elemento de la publicidad faltó. Fue un desliz verbal desafortunado. El General Barrero hablaba con un oficial detenido que se quejaba de irregularidades cometidas contra él por la Fiscalía. Barrero no le dió una orden, ni una instrucción. Su frase no fue un acto de servicio. No fue un acto de insubordinación. Fue un comentario suelto, que él repudia y por el cual pidió excusas. Fue una frase como las hay por miles cada día en todos los niveles del Estado y del gobierno. En los pasillos de los ministerios, en los mails y en las conversaciones telefónicas.
La diferencia es que alguien escuchó ilegalmente esa frase, la disecó, la estudió y la envió a otro para que cayera un día (parece que en 2012) a la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y la volvió a sacar ahora para que la revista Semana la transformara en un espectro amenazante, en un crimen de Estado, en medio de una campaña electoral.
Esa revista aceptó, como otras veces, hacer parte de esa obscura intriga –quizás no está en posibilidad de decirle no a ese actor secreto-- y redactó de manera capciosa ese folletón. Aprovechando la inconmensurable fragilidad institucional del país, logró desatar así uno de los golpes más injustos de los últimos años contra los servicios de defensa de Colombia.
Es obvio que ese actor misterioso debe tener en remojo decenas de otras frases indiscretas de sus propios amigos. Y no espera sino que éstos se duerman en el cumplimiento de sus manipulaciones para obligarlos.
“Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa huevonada” (sic). Como esa frase telegráfica, tan confusa como grosera, no había logrado tumbar al General Barrero en 2012, la revista redactó su libelo de otra manera: amalgamó las conversaciones de Barrero con el amargado coronel Robinson González, detenido en un centro de reclusión militar, como si éstas hicieran parte de otro entramado: los delitos de contratación en el Ejército, a sabiendas de que a Barrero no se le reprocha nada en materia de contratación. En otras palabras: Semana quiso, con unos párrafos tendenciosos, ponerle la etiqueta de corrupto al General Barrero, para hacerlo caer. Barrero denunció esa manipulación de Semana en su comunicado del 16 de febrero.
Ese escándalo debió haber terminado con las excusas. Fue Santos quien lo redimensionó. ¿Por qué? Desde un ángulo humano, la tal frase tiene, además, un cierto sentido. La frase alude, evoca, unos fiscales anónimos, es decir denuncia aquella capa de operadores judiciales que son la vergüenza y la pesadilla de la justicia colombiana. La frase iba contra ellos y no contra todos los fiscales, pues los hay muy honorables. Iba contra unos funcionarios que han derribado el debido proceso, que fabrican y escamotean pruebas, que compran testigos, sobre todo cuando el justiciable es un militar. Algunos de esos fiscales han salido por eso de la Fiscalía. Otros fueron a dar a la cárcel. Otros están en líos con la ley. Pero hay otros que siguen allí, incrustados y haciéndole el más grande daño al país.
Más allá de su aspecto primario, la frase criticable del General Barrero reflejaba algo muy cierto: que los militares de Colombia están llegando a un nivel inaudito de saturación y de cólera ante la pérdida del fuero militar, ante el maltrato que sufren a manos del Estado que ellos protegen y, sobre todo, ante la acción subversiva de ciertos fiscales, los principales promotores de lo que ellos ven, con razón, como una guerra judicial piloteada por el terrorismo, sin que el poder central haga nada contra eso. Y demuestra que los altos mandos desconfían del llamado “proceso de paz” en La Habana. Antier, el General Barrero los interpretó a todos cuando dijo que él esperaba que el Ejército de Colombia no sea nunca “negociado ni en la mesa de La Habana ni en ninguna parte”.
El silencio del presidente Santos ante estas angustias de los militares y policías de Colombia es algo que lo hace indigno de ser reelegido. Esto ocurre cuando el control cubano de Venezuela tambalea. ¿Por qué Santos, en lugar de reforzar la fuerza pública, la única muralla de contención contra las Farc y el narco terrorismo, la hunde en semejante incertidumbre?
Que tal guisote haya sido preparado por Semana, la revista que defiende con ardor la línea del actual gobierno -- hasta el punto de que muchos la ven como el órgano de expresión del presidente Santos--, permite concluir que el ataque contra la estabilidad del alto mando militar vino del oficialismo más rancio. ¿Cómo pueden las Fuerzas Militares, en esas condiciones de inseguridad moral, psicológica e institucional, combatir con éxito las bandas armadas del castro-chavismo y echar abajo sus operaciones de toma del poder? ¿Con semejante precedente cómo se sentirá la nueva cúpula militar designada por Santos?
Esta crisis confirma algo que ya sabíamos: que en La Habana Santos no está negociando nada. Lo que sale de Cuba es otra cosa: que las partes ya están realizando lo que presentan como reformas futuras “del postconflicto”. Santos está dirigiendo, desde ya, un reordenamiento capitulador del Estado. No es algo que él y las Farc harán más tarde. Lo están haciendo ya. Sin que nadie haya conocido esos pactos ni aprobado nada. Examine el lector los textos que han lanzado los “plenipotenciarios”. Leyéndolos desde ese ángulo aparece la coherencia de lo que está ocurriendo. Las “partes” se han comprometido a hacer ya mismo estas cosas, sin decirle nada al pueblo, burlándose de su credulidad y de sus inmensos anhelos de paz.
Ese temor penetra ya hasta los círculos santistas. John Marulanda, un perspicaz analista, saludaba ayer la brutal decisión de Santos. El cree ver en eso un acto de “limpieza necesaria que fortifica aún más a la institución”. Sin embargo, con cierto realismo tuvo que ir al fondo del asunto y concluyó: “Ojalá este sometimiento no sea excusa para un futuro desmantelamiento de nuestro Ejército Nacional. Algo que no se sabe si se está negociando en La Habana, Cuba”. El temor es evidente en esa frase, solo que esa concesión a las Farc ya comenzó. Y la están implementando a golpes pero sin que nadie vea la maniobra. Para eso sirve la propaganda. Para eso sirve Semana.
Proceso de paz con las farc
No es la Habana, es ahora y será el después…
MG ® Ricardo Rubianogroot Román
Es común que se piense como fundamental para el futuro del país lo que los plenipotenciarios del Gobierno y los negociadores de las FARC, están pactando, negociando o acordando en la Habana, pero esa no es la realidad.
Lo que realmente nos debe preocupar y en lo que debemos estar vigilantes y tomar posiciones, es a los acontecimientos y hechos que transcurren en este momento, ahora en el escenario de Colombia y la forma en cómo se van a convalidar los acuerdos en el futuro.
Son tantas las manifestaciones cotidianas, que pasan para nosotros de forma inadvertida; esos acontecimientos indefectiblemente tienen una relación y efecto sobre lo que será el destino y futuro de Colombia.
Prácticamente a diario evidenciamos expresiones y unas posiciones permisivas de lo que debe ser, según la fiscalía, la aplicación de la justicia transicional para los guerrilleros; se une a esas expresiones algunos Congresistas, colectivos de abogados, especialmente el Alvear Restrepo quienes promulgan e insisten frecuentemente que los miembros del Estado integrantes de la Fuerza Pública son quienes deben ser juzgados, mientras que los guerrilleros y sus acciones, son solamente una respuesta al terrorismo de Estado, por lo que esos militantes debe tener un tratamiento especial.
Se presenta como un apoyo y resonancia a las expresiones citadas, sentencias y fallos de la ONU, algunas ONG´s, las altas cortes, documentos y escritos como la directiva de análisis y contexto publicada por la Fiscalía, textos extensos como el de la Memoria Histórica con su elocuente y florido título “Basta Ya”, que desdibujan la realidad del actuar de la Fuerza Pública; todos estos eventos del actual acontecer colombiano que pueden pasar desapercibidos para muchos, no son otra cosa que el acondicionamiento de la conciencia colectiva que ante la lluvia de expresiones, escritos y manifestaciones están preparando en forma lenta pero constante el imaginario social para que nuestra sociedad termine admitiendo y aceptando lo que tanto se pregona y por equiparar a bandidos con los defensores del Estado, incluso que los primeros no tienen responsabilidad alguna por actuar según ellos, en defensa de la sociedad ante las irregularidades del proceder del Estado; ante esa acumulación e insistencia de publicaciones, algunos terminaran por admitir que los acuerdos se deben hacer como se está difundiendo, es decir con tolerancia excesiva a los guerrilleros.
Cuando el señor Procurador representate de la sociedad, algunos líderes de la oposición o un ciudadano del común reflexiona y coloca una posición sobre la forma en que se está acordando en la mesa, se lo quiere confinar y acallar tildándolo de contrario y antagonista de la paz; acaso todo el que no opina como el Gobierno está contra él? NO necesariamente, sucede que existen opiniones e inteligencia para disertar y colocar sentires y puntos de vista que bien pudiera coadyuvar a corregir un rumbo que se avizora no es el apropiado. No dejar opinar y atacar sistemáticamente, es manipulación.
De otro lado la contienda electoral que se avecina es un ingrediente más para que los acuerdos lleguen a toda costa y en cualquier forma a su fin, sin importar su contenido y las consecuencias para la Nación. Hoy los Partidos están completamente desdibujados en su verdadero proyecto y su función política, recurren a toda clase de artificios como los que se pueden certificar en los hallazgos divulgados ampliamente de manejos económicos dudosos y entrega de posiciones laborales que solo buscan una ventaja y fin específicos, cambiar mentes y buscar apoyos en la disputa electoral; hoy día prevalecen los intereses por dádivas y posiciones de unos pocos, los integrantes de las diferentes tendencias políticas se alinean más por los beneficios individuales que por las ventajas para la colectividad o del país, ello también permea y hace mella en lo que se logre por la mal llamada “Mesa de Unidad Nacional” que bien podría llamarse “Mesa de Interés Laboral”, en el proceso de la Isla.
Todo ello sin mencionar cómo se maneja una imagen ficticia de una solidez que no existe en los Partidos, prueba fehaciente de ello está las recientes convenciones adelantadas. Una vez más manipulación al imaginario público y presentar una realidad simulada.
La actual Justicia Colombiana venida a menos, con Jueces, testigos falsos, sentencias y tutelas, también está haciendo su papel en la mentalización de la colectividad; solo como ejemplo se cita lo que acontece con el caso Petro, Alcalde de la Capital y la sentencia para expulsar o reubicar cuarteles militares y estaciones de la policía de los cascos urbanos; si en el caso del burgomaestre se toma una acción diferente a la destitución, ello traería graves consecuencias para el Estado de Derecho, se está dejando de la lado incluso lo estipulado en nuestra Carta Magna, bien podría tomarse como ejemplo y exigencia en el proceso. De otro lado, si se confirma el fallo de trasladar los cuarteles se estaría dando la impresión que son los militares y policías los responsables de las muertes de pobladores civiles y no la guerrilla por sus actos atroces, es decir se sigue desdibujando la realidad; esos casos y otros más, bien parecen acomodados y manipulados para favorecer intereses sombríos y repercuten de igual forma en el devenir de las negociaciones y en la preparación de la psiquis de los ciudadanos.
Con una constancia digna de imitar es habitual escuchar un interlocutor de la Guerrilla presentando posiciones y lo que ellos consideran debe ser el destino de los acuerdos, por otro lado el Gobierno manifiesta que solo lo que está en la Agenda es lo que se está ventilando en la mesa, pero sorprendentemente vemos en las pocos comunicados conjuntos que mucho de lo expresado inadvertidamente por los interlocutores citados, SI se ha tenido en cuenta en lo que se pacta, varios ejemplos hay en lo ya acordado tanto en el punto número uno y dos ya publicados.
Finalmente en lo que hoy ocurre aparece en el escenario una prensa sesgada, ligera, sin profundidad y en algunos casos irresponsable; bien vale la pena citar el sonado caso de inteligencia denominado “Andrómeda”, publican sin profundizar, afirman, se forma la revuelta y finalmente como consecuencia de ello destituyen hipotéticos responsables, difícilmente rectifican su error; lamentable unos informativos noticiosos de ese calibre que solo divulgan lo que el Gobierno les dicta; no es la prensa que necesitamos, precisamos de una seria, objetiva, realista; lo cierto es que al final los ciudadanos de esta Nación estamos mal informados, estamos siendo manejados sin percibirlo, no conocemos lo que realmente acontece.
Como segundo tema quiero acentuar como se va a validar en el futuro lo acordado en la mesa.
Lo primero que debemos entender es que en la Habana solamente se están planteando los enunciados de unos temas acordados, pero el tema en si no se ha desarrollado, ello será tarea en algunos casos del Congreso y en otros de comisiones y comités de expertos como esta mencionado en varios de los puntos del segundo tema ya finalizado “Participación en Política”.
Cuál es el riesgo?, como sabemos, cada uno de esos temas tendrá que llevarse para el caso del Congreso, como un proyecto y será debatido en las dos cámaras, sometido a toda clase de reformas y conceptos, se corre el peligro que termine completamente diferente e incomparable al espíritu planteado en la mesa de negociación. Claro ejemplo de ese proceso, fue el Fuero Militar, o la reforma a la justicia, que sufrieron en los debates toda clase de modificaciones, excesos y finalmente se postraron.
Cuando se discuta y someta a las diferentes comisiones de “versados”, tendrá el inconveniente también que no se haga un seguimiento y una divulgación a la ciudadanía como corresponde, que se desdibuje el concepto por el cual se planteó el acuerdo y se le agreguen compromisos que en ninguna circunstancia se admitieron en la mesa; el trabajo tesonero y constante de negociadores del Gobierno se habrá perdido.
Finalmente en uno y otro caso consolidar esos temas tiene la posibilidad que en el legislativo o en los comités, se politice, ello será un dilema pues terminará siendo objeto de provechos y orientación particular, otro peligro que se prevé es se recurra una vez más a ardides económicas o de posiciones que terminen doblegando la voluntad de quienes tienen la responsabilidad de decidir, ejemplos recientes de ello son palpables hoy día.
Todos los Colombianos de bien debemos estar preocupados, conscientes que hoy nos están diseñando, moldeando una realidad que no es y más adelante sin que podamos hacer mucho, se va a pactar y definir lo que nos corresponderá vivir.
Cuál es el país que queremos?
Es hoy y ahora que se está modelando el país del mañana, no podemos ser pasivos e indiferentes ciudadanos, aquellos que tienen cargos de poder deben fijar posiciones, el resto opinar en forma consciente, así debe ser, si no queremos lamentarnos mañana.
Mamertología
Mamertología
Por: Mauricio Botero Caicedo
Elespectador.com
Algunos, como Cristina de La Torre (El Espectador, Dic. 17/13), pronostican la llegada de la izquierda al poder: “El desplome definitivo de su máscara justiciera provocó una sacudida capaz de catapultar la centro-izquierda hacia la Presidencia el año entrante (2014)… una tercería que, unificada, derrotaría al uribismo en la primera vuelta y le disputaría el poder a Santos en la segunda”.
Respetuosamente no comparto dicho vaticinio, porque la inmensa mayoría de los colombianos no traga entero: la izquierda —como lo ha demostrado en Bogotá— cuando llega al poder suele dedicarse al saqueo, o a hacer gala de su incompetencia administrativa.
Para entender al izquierdista es oportuno repasar el origen de la palabra mamerto: engendro del economista Jorge Child, el mamerto era un apodo —más burlón que peyorativo— que se refería a la imposibilidad de tragarse los discursos y escritos eternos de varios de los líderes de la izquierda en la década de los sesenta: Gilberto Vieira, secretario del PCC, y Filiberto Barrero, que era su mano derecha.
Los mamertos, como los bon-bon-bum, vienen de todos los tamaños, colores y sabores. Presumen de no convencionales, pero se visten todos con atuendos inconfundibles que se pueden describir como ‘Calle del Cartucho Chic’, o la línea ‘Cuadrapicha’ de Giorgio Armani; algunos osados usan prendas peculiares como la boina de Petro o las camisas de ‘dependiente de peluquería de Nueva Delhi’ de Iván Cepeda. Son generosos a su manera… Es decir, abnegadamente están dispuestos a repartir el peculio ajeno. Firmes creyentes de que lo que unos tienen es porque se lo han quitado a otros, el mamerto pretende no tanto abolir la envidia y la codicia, sino repartir los bienes de las personas que la despiertan.
Es prudente repasar otras variantes del mamerto:
—Los neomamertos: se trata de una disidencia de los integrantes del partido político colombiano por excelencia, el ‘neoportunismo’, partido que congrega a la abrumadora mayoría de la clase política. Los neoportunistas, y los neomamertos comulgan con la sentencia del filósofo mexicano: “Vivir por fuera del presupuesto, es vivir en el error”. Es decir, la ‘mermelada’ es la que endulza la ‘tostada’.
—Los plutomamertos: algunos son herederos de fortunas basadas en la construcción y en el agio; otros, abogados de los “Colectivos” que se dedican a demandar al Estado en el exterior (embolsillándose una tajada tan grande de las condenas que en justicia se les debería llamar ‘chupasangres’); los ‘Jefes de Frente’ y el Secretariado de las Farc, ambos enriquecidos con el narcotráfico; y finalmente los que se dedicaron de tiempo completo a saquear las arcas públicas como los hermanos Moreno. “Patrocinar al pobre ha sido siempre, en política, el más seguro medio de enriquecerse”, afirmaba Gómez Dávila.
—Los ecomamertos: cargados de fanatismo e ideología, los mamertos ecológicos creen que la naturaleza es un remanso idílico, remanso que solo comprenden las culturas indígenas, sin darse cuenta de que a través de la historia son precisamente esas culturas indígenas las mayores depredadoras del medio ambiente. De agricultura entienden poco y se ven en ascuas para explicar si la papa es un tubérculo, un furúnculo o un testículo. Pero lo más grave es que no entienden una premisa elemental: son precisamente los países que se vuelven ricos con base en explotar con inteligencia sus recursos naturales como Canadá, los que más se preocupan por el medio ambiente; mientras que los que colocan talanqueras al desarrollo terminan convirtiéndose en basureros tóxicos como Zimbabue.
- Mauricio Botero Caicedo | Elespectador.com
ANALISIS DEL PROCESO DE PAZ POR UN OBSERVADOR INTERNACIONAL
ANÁLISIS DEL PROCESO DE PAZ POR UN OBSERVADOR INTERNACIONAL
Jacques Thomet
Por Jacques Thomet. Un Journalisme d’investigation, Paris
18 de agosto 2013
Por haber vivido durante cinco años en Colombia (1999-2004) como director de la Agencia France-Presse, y por haber seguido informando acerca de vuestro país a través de mi blog y de mis libros de investigación, puedo decir que estoy consternado por el deslizamiento gradual de vuestro pueblo hacia los abismos del horror comunista en provecho de las FARC.
El arquitecto de este descenso a los infiernos, si no hay una reacción popular que lo impida, no es otro que Juan Manuel Santos.
Este presidente que ustedes eligieron en 2010 ha tirado a la basura el legado de Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática, para sacar de un sombrero mágico, en agosto de 2012, el espejismo de un acuerdo de paz con los terroristas de las FARC.
Su objetivo no tiene nada que ver con la salvación de Colombia. Su objetivo es que le concedan un día el premio Nobel de la Paz, el mismo que buscaba el ex presidente Andrés Pastrana cuando le entregó el Caguán a las FARC como zona desmilitarizada, de siniestra memoria, controlada únicamente por ellos, entre 1998 y 2002.
Esta no será la paz de los valientes, como la que pactó Argelia con el general Charles De Gaulle, será la paz de los cementerios, tan llenos ya por las atrocidades de esa guerrilla criminal.
Si el plan de paz inventado por vuestro presidente llega a concretarse, nadie dará nada por vuestras libertades, vuestros ingresos, y sobre todo por el lugar que Colombia está llamada a reivindicar en el primer mundo por su dinamismo reconocido.
La negociación en curso está a punto de culminar. Si esa espiral negativa se concreta ello llevará a la destrucción de vuestro país en favor de un régimen comunista, como el de Cuba, donde viven desde hace un año los enviados del poder al lado de los terroristas de las FARC.
Pero ustedes no son conscientes de eso. Perdónenme por decirlo, pero me refiero a vuestra falta de reacción, para no calificarla de anestesia colectiva.
¿Cómo podéis admitir que todos los comandantes de las FARC puedan no sólo ser amnistiados, sino que puedan ser autorizados a aspirar a mandatos electivos gracias a una nueva Constitución redactada por sus delegados?
Los más jóvenes de ustedes no tienen la excusa de la ignorancia pues viven en la era de Google. Basta sólo con escribir FARC-secuestros, FARC-militares, o FARC-atentados para darse cuenta de la orgía criminal que ha provocado la muerte de más de 200 000 colombianos desde 1964.
Durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), los secuestros cayeron de 3.200 al año a menos de 300, y los principales jefes de las FARC fueron abatidos u obligados a huir a Venezuela y a permanecer en refugios garantizados por el ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.
En Cuba, las supuestas negociaciones de paz entre los jefes terroristas y los delegados silenciosos del gobierno languidecen desde hace un año para haceros creer que hay un intercambio correcto. ¡Pero no hay ningún diálogo!
Pronto se os pedirá que aceptéis como representantes, senadores, alcaldes y concejales, sin haber sido elegidos, a los ex jefes guerrilleros ahora protegidos por la negativa presidencial de extraditarlos a los EE.UU., donde ellos son buscados como lo eran los hermanos jefes del cartel de Cali, quienes fueron extraditados por Álvaro Uribe.
En julio pasado, 21 soldados colombianos fueron brutalmente asesinados por la guerrilla, la cual, hay que recordarlo, deriva su financiamiento del tráfico de cocaína y de los rescates de secuestrados.
¿Quién de ustedes ignora que la zona del Catatumbo, cerca de Venezuela, se convirtió en una tierra de nadie en manos de las FARC, a pesar de que Juan Manuel Santos había dicho, cuando asumió el cargo, que no abandonaría “ni un milímetro” del territorio a los terroristas?
Ningún miembro del Gobierno, y mucho menos su presidente, ha denunciado esos horrores. Mudo, Juan Manuel Santos, uno de los herederos del diario El Tiempo, nacido con una cucharita de plata en la boca, no ha puesto fin, obviamente, a las pseudo-discusiones, a pesar de esa matanza y de esa violación de la soberanía nacional.
Vuestro presidente prefiere enterrar su cabeza en la arena para no correr el riesgo de poner en peligro su aspiración suprema: el Premio Nobel de la Paz.
¿Ese trofeo no fue otorgado en 1973 a dos sanguinarios, el general Vietcong Le Duc Tho y al Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger? El vietnamita rechazó ese título. Eso se comprende.
Colombia: vuestra astenia me sorprende y me duele. Ustedes no pueden ignorar lo que sería un futuro régimen totalitario con gente como Timoleón Jiménez (alias Timochenko), Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez) y otros a la cabeza.
Yo puedo ratificar lo que he escrito en el pasado: ellos viven tranquilamente en Venezuela, cuando no se presentan ante las cámaras cómplices de Cuba, el sistema que os espera a menos de que …
¿Van ustedes a admitir que a la cabeza de vuestro país haya individuos que son dignos de una sola silla: la de los autores de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional?
Fuero Militar
Un General y un Almirante en el Senado
Por: Jorge Alberto Caicedo Correa
En el Senado de la República, desde el año de 1.971 con la intervención del General Hernando Currea Cubides, como Ministro de la Defensa; ningún otro Oficial de Insignia (Cuerpo de Generales o Almirantes) había hablado con la contundencia del General Jaime Ruiz Barrera y la sabiduría del tema del Almirante Rodrigo Quiñones sobre la necesidad del Código de Justicia Penal Militar en Colombia.
El Señor Almirante Quiñonez expresa “En el caso de la Fuerza Pública, cuando hay investigaciones siempre son culpables hasta que no se demuestra lo contrario”.
Los contradictores de acuerdo al Director y Sub Director de ACORE, son los grupos de izquierda que apoyan a los narco terroristas que no han vencido en el campo de batalla, pero si están dando una dura batalla en la parte legal.
Analicemos al primer contradictor Gustavo Gallón con su pomposa Comisión Colombiana de Juristas, que fue el defensor de los secuestradores y posterior asesinato de Gloria Lara el 29 de Noviembre de 1.982.
Fue secuestrada cinco meses atrás, su cadáver pesaba 25 kilos por el abuso durante el cautiverio, sus asesinos, 16 en total que se identificaron como la Organización Revolucionaria del Pueblo ORP aceptaron el homicidio y el que le dió el tiro de gracia fue el profesor de la Universidad Nacional Espitia Supelano.
Fueron capturados, pero en una acción magistral el Abogado Gallon logra que el Juez Superior de Bogotá Enrique Alford Córdoba los dejara en libertad para que continuaran sus acciones revolucionarias y fueron involucrados en el secuestro y homicidio del ingeniero de la Texas Kenneth Stanley Bishop.
Amnistía Internacional que se opone al Código de Justicia Penal Militar les consiguió asilo político al grupo de asesinos o “revolucionaros” en países europeos, en la actualidad, el 18 de Febrero se dicto cesación de procedimiento porque no prospero declarar el asesinato de Gloria Lara en estado de embarazo por sus captores como Crimen de lesa Humanidad y no seria raro que el Profesor Supelano, recobre la cátedra en la Universidad Nacional y en su primera clase justificara estos asesinatos, el de Gloria Lara porque la familia se negó a pagar un rescate de tres millones de dólares y el crimen del Norte Americano, “Acciones irrelevantes de la Revolución”.(1)
Los colectivos de abogados de izquierda lograron que se decretara crimen de lesa humanidad, para detener injustamente al Coronel Alfonso Plazas y el General Armando Arias la desaparición en combate de la guerrillera Irma Franco, condenada a 28 años de cárcel por entrar armada con ocho secuaces al Palacio de Justicia el 6 de Noviembre de 1.985 y asesinar a los celadores.
El Representante Iván Cepeda conocido por sus continuas demandas, tales como la de las fosas de la Macarena, que acuso al Ejercito Nacional, con fotos de una fosa común de Kosovo - Yugoslavia, de tener más de dos mil fosas en el cementerio de la Uribe, pero al resultar la verdad, que estaban enterrados 467 guerrilleros muertos en combate con sus alias, que las FARC enterró un número igual de sus miembros que murieron en sus entrenamientos, se especula que fusilaron cuatrocientos y sigue lista se olvido de la denuncia.
También amenazó al General Ruiz de incluirlo en sus interminables demandas, porque se refirió a su señor padre Manuel Cepeda, autor de la obra Marquetalia Vencerás en 1.964 y director de la Voz que de acuerdo al libro de Jacobo Arenas Diario de Marquetalia sacaron varios ejemplares en esa región.
La verdad que el exterminio de la Unión Patriótica por Carlos Castaño, donde mataron a Manuel Cepeda el Padre de Iván es repudiable. Lo mismo todo homicidio como el extermino por las FARC de los reinsertados del E.P.L, que se transformaron en Esperanza Paz y Libertad y sigue lista.
Si se llega a un acuerdo de paz con las FARC, que los diálogos van por buen camino, se necesita el Código de J.P.M. porque la guerra no va a terminar, ya hay grupos importantes de las FARC que se están uniendo con armas a La banda delincuencial de los rastrojos.
El motor de la guerra es el negocio de los estupefacientes y este no se termina con un acuerdo ni los narco traficantes se desmovilizan, además hay otros grupos inmersos en el conflicto del narcotráfico, llámense Bacrim, ELN etc.
En Buga un juez consideró que tener los cursos de combate completos y haber sido condecorado en orden publico lo hacia proclive hacia el delito de homicidio. (P.D. Por favor señor Juez le ruego que indíque en cual caneca de la basura boto mis condecoraciones de orden público, Honor al deber Cumplido e insignias de cursos de combate y de Comando Anfibio).
Es inadmisible que por falta de un Código de Justicia Penal Militar estén detenidos el Coronel Plazas y el General Arias porque la Fiscal Buitrago y la Juez Jara confunden la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba altar de la patria con una academia delincuencial.
El Código de Justicia Penal Militar es necesario, porque es un derecho adquirido para los militares en todo el mundo y a través de la historia, el militar debe ser juzgado de acuerdo a sus leyes.
Jorge Alberto Caicedo Correa
Email: jcaicedoster@gmail.com;
celular 301-3631600
Entrevista al General Tapias
La periodista María Jimena Duzán entrevista al General Fernando Tapis
Fuente: Revista Semana
13 abril 2013
"Apoyamos el proceso con escepticismo": General Tapias
EN PLATA BLANCA, el general retirado Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas en la época de El Caguán, habla de la forma como los militares miran las conversaciones de La Habana.
MARÍA JIMENA DUZÁN: ¿Cómo se ven las conversaciones en La Habana dentro del estamento militar?
Fernando Tapias: Le voy a ser sincero. A pesar de que apoyamos el proceso de paz yo sí diría que hay un escepticismo producto de la misma actitud que tuvieron las Farc en procesos anteriores en los que prometieron una cosa e hicieron otra. En los acuerdos de La Uribe y en El Caguán se comprometieron a no extorsionar y a no secuestrar, y en la práctica no cumplieron nada de lo que prometieron. Los mayores y tenientes coroneles de el Caguán son hoy los generales que están mandando en las unidades del Ejército y ellos vivieron en carne propia los ataques de las Farc. Se lo digo con la autoridad que me da el haber sido el comandante de las Fuerzas Armadas durante el proceso de paz de El Caguán.
M. J. D.: ¿Pero esa misma incertidumbre que sintieron en el Caguán es la misma que están sintiendo hoy con el proceso de paz que se adelanta en La Habana?
F. T.: Hoy puede ser menor la incertidumbre. Pero cuando sale Iván Márquez a decir que no tienen ningún secuestrado y que no tienen una relación con el narcotráfico… ¡Eso no se lo cree ni él mismo!
M. J. D.: ¿Pero no cree que con la representación del general Mora en la mesa de La Habana se reduce ese escepticismo?
F. T.: Sí, claro. En El Caguán también estuvo el general Forero Delgadillo. Recuerde que cuando él no estuvo de acuerdo tuvo la entereza de pararse de la mesa. Eso hizo cuando lo del viaje a Europa. No fue.
M. J. D.: ¿Qué piensan ustedes cuando se habla de la posibilidad de que los señores de la Farc dejen las armas y entren a la política legal mientras que hay militares en la cárcel por haber cometido abusos en su guerra contra las guerrillas?
F. T.: En las guerras hay abusos y efectos colaterales, y muchas veces ni la Justicia ni la opinión pública entienden cuáles son esos efectos colaterales.
M. J. D.: Explíquemelos, general.
F. T.: Efectos colaterales es cuando usted está en un combate y pierde la noción del empleo de la fuerza porque la situación se desarrolla en una forma tan compleja que no se pueden controlar. Le cito casos: en Irán el Ejército norteamericano bombardeó hospitales, pero no era porque tuviera esa intención sino porque tenía inteligencia que resultó errónea. Allí también confundieron a unos periodistas con civiles, pero nadie puede decir que los soldados estaban convencidos de que estaban matando a periodistas.
M. J. D.: ¿Y debo entender que lo que ustedes quieren es que esos uniformados que cometieron abusos que ustedes denominan como ‘efectos colaterales de la guerra’ y que están presos deberían ser beneficiados con los mecanismos de justicia transicional que el gobierno está proponiendo para las Farc?
F. T.: A ver le explico. Aquí se habla mucho de verdad, justicia y reparación y no se habla de equidad. Y si no hay equidad en el tratamiento de todos los que han estado en el conflicto la violencia no va terminar. Se transforma, pero no se acaba.
M. J. D.: ¿Y qué es para usted equidad?
F. T.: Que si hay justicia transicional para quienes agredieron o atacaron al Estado, la haya también para quienes se excedieron en el cumplimiento de su deber defendiendo al Estado.
M. J. D.: Pero es que no hubo solo abusos de fuerza, como usted señala, sino delitos graves de lesa humanidad, como sucedió con el tema de los falsos positivos.
F. T.: Eso es otra cosa. Los falsos positivos no tienen nada que ver con actos de servicio. Yo me refiero a los abusos que se cometen y que tienen relación con el servicio. De casos emblemáticos para nosotros como el del Palacio de Justicia o el del general Uzcátegui. ¿Cómo va a ser justo que quienes se tomaron al Palacio de Justicia estén gozando de todas las garantías democráticas y que quienes por orden del mismo gobierno, del presidente y sus ministros, lo defendieron estén en la cárcel? ¡Eso es un despropósito!
M. J. D.: Y sin embargo, hace más de 20 años, cuando el M-19 se desmovilizó y propuso que la amnistía que los iba a cobijar se ampliara a los militares ustedes la rechazaron con el argumento de que era indigno que a los militares y a los guerrilleros los pusieran en el mismo rasero.
F. T.: No sé porque se opusieron. Tal vez tuvo que ver con la forma en que fue presentada la propuesta. Probablemente, en esa oportunidad faltó mucha comunicación entre el gobierno y el estamento militar, entre otras porque partió de la base de que a los militares había que tenernos compartimentados porque dizque nos íbamos a oponer a la paz. Le cuento que yo fui con el presidente Betancur a un viaje a España y nunca me comentó que se iba a reunir con el M-19. En ese momento yo era el comandante del batallón Guardia Presidencial.
M. J. D.: ¿Y eso de que se opusieron al proceso de paz no fue cierto general?
F. T.: No lo fue. Si alguien quiere la paz son los militares. Pero además nosotros siempre hemos acompañado a la institucionalidad, hoy y siempre. Eso de que hay ruido de sables no es cierto. Ni ahora ni antes.
M. J. D.: Para que puedan ser objeto de los mecanismos de la justicia transicional es necesario que los militares cumplan los requisitos de resarcir a sus víctimas con la verdad. ¿Veremos al coronel Plazas, quien insiste en que ni siquiera hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia, contándonos la verdad de lo que sucedió en la retoma?
F. T.: En el caso del coronel Plazas yo creo que él siempre ha dicho la verdad. Él tenía su misión y la cumplió, pero no estaba a cargo de las personas que salían.
M. J. D.: ¿Y la verdad es que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia?
F. T.: Es que un fallo dice que sí hay desaparecidos y otro que no. ¡La misma Justicia que ha investigado se contradice en el tema de los desaparecidos!
M. J. D.: No hay ningún fallo que diga que no hubo desaparecidos. Lo que ha habido es diferencia en el número. Pero más allá de esta controversia, ¿si no cometieron ningún abuso entonces para qué quieren recurrir a los mecanismos de justicia transicional?
F. T.: Pero María Jimena, no se le puede pedir a nadie que si no está seguro de que lo que hizo fue un abuso confiese ante la sociedad algo que él cree que no hizo para que le den un beneficio. No se le olvide además que el caso del coronel Plazas está en casación ante la Corte Suprema. Pero le traigo otro caso: el del general Arias Cabrales, un prototipo de persona digna, respetable. También está el caso del general Uzcátegui. Probó que no tenía jurisdicción sobre la zona en que ocurrió la masacre de Mapiripán. Ningún jefe paramilitar ha dicho que lo conocía o que ha estado en connivencia con él y sin embargo lo condenaron. Eso deja en nosotros un sentimiento difícil. ¿Y entonces usted me está diciendo que el general Uzcátegui tiene que salir a decir que él fue responsable cuando él está seguro de que no lo fue...? Mire que no siempre la Justicia condena a los culpables, María Jimena.
M. J. D.: Ayúdeme en entender algo: ¿de qué equidad hablan cuando dicen que quieren ser beneficiarios de la justicia transicional, si no están interesados en resarcir a sus víctimas ni en contar la verdad?
F. T.: Yo no estoy diciendo eso. Cada caso debe verse aisladamente. No digo que no haya casos en los que sí tengan que aceptar que hubo excesos. Pero también quiero decirle que nosotros consideramos que en muchos casos los militares han sido condenados injustamente, precisamente porque quienes los han señalado no conocen nada sobre el tema militar. De ahí nuestro interés para que el nuevo fuero penal militar permita que estos casos vayan a una comisión mixta para establecer su competencia.
M. J. D.: ¿Pero y entonces en qué quedamos?
F. T.: Yo estoy de acuerdo en que los militares involucrados en los falsos positivos digan la verdad y que quienes hayan tenido sus complicidades con los paramilitares que las digan.
M. J. D.: ¿Qué opina de la forma como el expresidente Uribe está utilizando su liderazgo en las Fuerzas Armadas para torpedear el proceso de paz?
F. T.: El presidente Uribe representa lo que siente un sector del país. Y en el tema militar eso tiene que ver con su capacidad de liderazgo. Y él ha demostrado ser un líder que tiene ascendiente en las Fuerzas. Y en cuanto al Twitter de Uribe sobre las coordenadas que eran secretas, recuerdo que al presidente Pastrana le hicieron un debate que se lo hizo Germán Vargas Lleras con base en información de inteligencia que teníamos y que estábamos preparando con el gobierno. En ese momento nadie acusó al Ejército de filtrar información clasificada ni a Vargas Lleras lo increparon.
M. J. D.: ¿Y quién se las filtró a Vargas Lleras?
F. T.: Hay que preguntarle a él.
M. J. D.: ¿Usted cree que las Farc están financiando a la Marcha Patriótica como lo afirmó el ministro Pinzón?
F. T.: Yo oí sus declaraciones y sé que él es una de las personas mejor informadas y estoy seguro de que si no tuviera pruebas, no lo diría. Mire María Jimena, si de estas negociaciones surge un nuevo partido político, lo que uno espera es que no sea financiado por la ilegalidad. Eso no contribuiría a la paz.
M. J. D.: El presidente dijo esta semana que se necesita un Ejército fuerte para asegurar la paz. ¿Cómo deben ser las Fuerzas Armadas en el posconflicto?
F. T.: Mire, una solución política negociada no implica el reestablecimiento del orden público. Hay factores gravitantes como el narcotráfico y los demás grupos armados ilegales que quedan por fuera. Si usted reduce los efectivos del Ejército, no se podrán cubrir áreas como el Catatumbo, Caquetá, la Orinoquia y se corre el riesgo de que el narcotráfico que se ha venido reduciendo vuelva a reverdecer. Pero además le digo, el posconflicto puede ser más difícil que el conflicto. Mire lo de Guatemala. Allá le dijeron al Ejército después de haber combatido que ya no se necesitaba y quedaron reducidos a nada. Eso explica en parte que la violencia de hoy siga generando más victimas que las que había en la época de la guerra.
Guerra en el Cauca
Soldados por respetar los Derechos humanos son arrastrados y humillados por los indígenas
Guerra en el Cauca
Soldados impotentes, humillados, escupidos abandonados por el Gobierno de turno que los tiene sin Fuero Militar
Guerra en el Cauca. Julio 2012
Llora el Sargento García. Impotencia y humillación de ver cómo los indígenas de Toribío arrasan la base y arrastran y escupen a sus Soldados.
Sala de Crisis
LA MÁSCARA DE LA PAZ
Ya no es posible en el mundo actual realizar proyecciones lineales, es decir predicciones calculadas o maniobras ocultas. El ritmo de los acontecimientos no lo permite en un mundo comunicado y globalizado.
Se requiere de un proceso metodológico avanzado para desarrollar escenarios alternativos en profundidad. Lo anterior como preámbulo para hablar del proceso de paz, que se cocina en medio de expectativas que no han sido divulgadas de cara al país, como debería, tratándose de un asunto de interés nacional.
La inteligencia que le sirve a un país debe ser distributiva, no escondida.
Cuando las predicaciones, nos son claras y transparentes, obliga al camino de las especulaciones.
El debate es sano: Refresca las ideas, fortalece los argumentos, valora y compara propuestas y se visualizan otras alternativas posibles y mejoras. Para que eludirlo entonces...?
A que juega Santos..?:
La mayoría de los analistas de opinión, creen que el presidente, como buen jugador de poker, juega a sorprender, pasando de agache en las preliminares, guardando maliciosamente sus cartas para mostrarlas al final... al término del juego, cuando ya no se puede revirar.
Esto es característico de su impostada personalidad.
Cuales son esas cartas ocultas..?
Uno infiere o imagina, dado que no le es permitido conocer las verdaderas intenciones del gobierno, que lo que esta preparando “a escondidas” es la adecuación de las condiciones que le serán exigidas, para iniciar un proceso de paz.
Quienes harán las exigencias...?
La reciente creación de un partido político “Marcha Patriótica” sin duda es el telón de fondo donde germinarán las exigencias de “Colombianos y Colombianas”... ONG’s tradicionales, colectivos de abogados, congresistas de avanzada, cabezas pensantes a diestra y siniestra o de derecha, e izquierda, como se prefiera, los que se presentarán como redentores o facilitadores de buena fe, o como teloneros de la tramoya.
Que exigencias...?:
· La primera de las exigencias, se supone será la de excarcelación de prisioneros “políticos” (que así se le denomina ahora en lenguaje coloquial a los guerrilleros presos).
· Exención de penas, perdón y olvido para la guerrillada activa.
· Restructuración de las fuerzas militares, reduciendo al mínimo su capacidad y sus efectivos, con la inaudita posibilidad de incorporar en sus filas a desmovilizados de la guerrilla.
· Desaparición definitiva del fuero militar.
· Extensión de la Ley de Victimas y restitución de tierras para favorecer a los reintegrados del proceso de paz.
· Todas las demás, que sean indispensables para lograr el fin.
En consecuencia, Santos, no necesita anunciar públicamente su política de proceso de paz, porque sus actuaciones y las del gobierno, especialmente las que soterradamente realiza su Ministro del Interior, ahora ministro popular de vivienda, muestran con evidencia que están orientadas, dirigidas y acondicionadas a cumplir las exigencias de la guerrilla, con la mascarilla de las recientes organizaciones “Marcha Patriótica”, “Movimiento de Izquierda Liberal en Marcha” y “Movimiento Progresista”, que pretenden a través de negociaciones con el gobierno crear, una plataforma de unidad para lograr una alternativa de poder. A estos movimientos, muy seguramente, al final se unirá el “Polo Democrático”, para consolidar una izquierda unida, en una jugada coyuntural y estratégica que se les presenta de oportunidad.
Es de suponer, por los marcados indicios y actuaciones que en este proceso, cocinado a fuego lento, participan abiertamente Ernesto Samper, Horacio Serpa, Eduardo Verano, Carlos Gaviria, Alfredo Beltrán, Alfonso Gómez, Roy Barreras, Clara López y otros reconocidos lideres de izquierda y mal llamados progresistas de derecha, apoyados por las ONG’s que representan.
Uno también se pregunta, que pasaría si se concreta un acuerdo de paz, cediendo a las exigencias de la subversión, pero no se resuelven de fondo, el problema del narcotráfico, la abolición de las milicias, el desenmascaramiento de los testaferros, la desactivación de las minas, la totalidad de entrega de lossecuestrados, el auge de las bandas criminales y el resurgimiento del bandolerismo a granel, como ha sucedido en procesos similares.
No hay duda de que la paz en Colombia hay que lograrla, aun con grandes sacrificios, pero no haciendo claudicaciones que sobrepasen los cauces naturales. Todo se puede hacer si se hace bien hecho. Ocultar los hechos, no es la mejor manera de hacerlo. La paz es un puente largo y difícil de cruzar, la retórica que le ha antecedido no se ha traducido en acciones, sino en frustraciones, que ya los colombianos no resisten.
El gobierno cree tener todas las respuestas. De lo que no se ha percatado es que no conocemos las preguntas. Creo que es hora de que el país cambie la sorpresa por el conocimiento.
Exigimos no estar por fuera de ese conocimiento, porque eso no simplifica la vida de los colombianos, sino que la complica.
La buena fe es lo que pedimos, lo demás, como parece ser, no es negociable.
Centro de Pensamiento Político Militar.
SALA DE CRISIS
ABERRANTE
Por Rafael Nieto Loaiza
• Diario El Colombiano
“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito". Definición de la Real Academia perfecta para calificar la sentencia a Plazas Vega.
5 de febrero de 2012
La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo.
A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente. La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito.
Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con una docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel "que cuelguen a esos hp". En el testimonio presentado por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma.
Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en esa época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Édgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?
Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de 11, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un exdirector de Medicina Legal.
En todo caso, Plazas ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?
Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como "autor mediato en un aparato organizado de poder". Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado.
Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado de derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.
Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la CPI. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.
Sala de Crisis
Tribunal Superior de Bogotá ratificó condena contra el Coronel Plazas Vega
Esta absurda e inexplicable decisión, no es otra cosa que el producto de un sistema aberrante de justicia, que sin razón y sin prueba alguna, como en este caso, se ensaña contra todos aquellos que se han atrevido a enfrentar con decisión y patriotismo, la grave amenaza que representan las organizaciones terroristas y sus simpatizantes para la estabilidad de este país y sus instituciones democráticas.
Esta es otra más de las muchas batallas que hemos perdido en los estrados judiciales, convirtiéndose a la vez en la más evidente de todas las pruebas reina, con la cual podemos demostrar, al país y al mundo entero, que en Colombia a los militares los juzga el enemigo.
Esta injusta decisión que a todos nos afecta, obliga a tomar determinaciones de fondo, para protestar enérgicamente contra este sistema judicial torcido y politizado, que sin control alguno, ha logrado imponer su caprichosa voluntad, desconociendo todo tipo de garantías y justos procesos, a quienes por desgracia se han convertido en sus víctimas preferidas.
Cualquiera que sea la forma de protesta que se adopte, debe mostrar al país entero, el malestar de la totalidad de las reservas de la fuerza pública, frente a esta inaceptable condena.
26 de Enero de 2012
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Reserva Activa Ejército Nacional
SALA DE CRISIS
EXPRESIONES POLÉMICAS: ”Mano Negra”
Recordemos la historia Española, La Mano Negra fue una presunta "organización anarquista secreta y violenta" que actuó en Andalucía a finales del siglo XIX, a la que se le atribuyeron asesinatos, incendios de cosechas y edificios. Aunque durante muchos años se ha discutido la existencia de tal supuesta organización, actualmente y en la práctica todo el ámbito académico, está de acuerdo en que se trató de un invento, a la manera de la operación de bandera falsa][1]. ¿Será que, guardadas proporciones y con la situación que se vive en Colombia, es la connotación que el alto Gobierno le quiere dar a algunas expresiones públicas que se están ventilando en Colombia? ¿Cuál es su verdadera intención?
Aprovechando la situación creada, con claros fines electorales, ya el controvertido aspirante a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro, ha manifestado ante los medios de comunicación, que ”a la mano negra de derecha” no le conviene que él sea elegido Alcalde de la Ciudad; ¿a quién entonces, se está refiriendo? pues tampoco lo puntualiza, siguiendo el mismo procedimiento marcado por el Gobierno Después de analizarlas y por el entorno y época en que se dieron, podrían entenderse como un obstáculo o un freno a la libre expresión pública, que se manifiesta ante el descontento por una acción o política presidencial; otra lectura es que el gobierno quiere impedir que la ciudadanía en general se exprese en aspectos en los cuales no está de acuerdo y que el Gobierno está implementando erróneamente.
Acaso es una acción de “la mano negra” manifestar el descontento con el Gobierno, por la aparente falta de análisis, por las consecuencias que acarreará la Ley de protección de víctimas, al no prever con seriedad los procedimientos de selección de los beneficiarios que traerá dicha norma, o los efectos que tendrá especialmente en el patrimonio nacional, al no calcular los onerosos desembolsos que deberá realizar el tesoro nacional, ya que el contenido de esta ley no aclara estos puntos. Se recuerda que el día de su lanzamiento el Presidente Santos se manifestaba orgulloso, y dijo que si lograba aprobar esa normativa habría valido la pena haber sido presidente. Tras sancionar la ley, Santos reafirmó ante varios de los asistentes “que valió la pena para ustedes haber sido electos congresistas y para mí haber llegado a la Presidencia de la República”, al hacer hincapié en la trascendencia de esta norma;……esté seguro señor Presidente, que todos los Colombianos esperamos que muchos más hechos hagan que su Gobierno valga la pena.
Con el lanzamiento de esta ley se puede vislumbrar, desde ya, que si no se reglamenta debidamente, se generarán problemas como los que con frecuencia vemos, con la mala distribución de recursos y ayudas entregadas; ello se pudo constatar en la campana denominada, “Colombia Humanitaria” en la que, en algunos casos, se hizo política por parte de unos insensatos y, de otra parte, varios de esos apoyos, al mejor estilo de la Venezuela de Chávez, se pudrieron en bodegas por falta de acción de los gobiernos locales y, peor aún, cuando las obras previstas para que mitiguen el invierno que se avecina, no se hayan adelantado y en algunos casos ni siquiera se han contratado.
Otro ejemplo, es lo que ha sucedido con los recursos mal manejados, producto de lo que se cancela como valorización, o de lo que se solicita a los contribuyentes como aporte voluntario, cuando se pagan los impuestos prediales o de rodamiento y que, de buena fe, los ciudadanos pagamos con el producto de nuestro trabajo, esperanzados en que se les dará un uso apropiado, que se financiarán obras de importancia y de gran envergadura y nos encontramos con “carruseles de contratación” que benefician a unos pocos, que dilatan las obras y que activan procesos engorrosos y largos que lo único que logran es mantenernos en la condición lamentable en que nos encontramos.
Acaso es acción de la “La mano negra” advertir e invitar a un análisis más profundo en la reactivación de las relaciones internacionales, no con el país hermano que es Venezuela y su gente, sino con su actual Presidente, cuyas irregulares y sospechosas acciones nos podrían traer consecuencias nefastas, por lo cual los análisis del Gobierno anterior deben ser tenidos en cuenta, ya que hubo, en su momento, condiciones, que aún persisten, que lo llevaron a mantener esa relación con mucha prevención, para que no tengamos sorpresas desagradables; no porque exista un índice positivo en las encuestas, en el tema de las relaciones internacionales, puede el actual Gobierno poner en riesgo la estabilidad nacional.
Al mencionar encuesta y en medio de tanta homogeneidad de los medios de comunicación y de la artificial unidad política en este primer año de gobierno, a Juan Manuel Santos lo han promocionado, como ningún otro presidente, como el gran estadista, diplomático, tecnócrata y conciliador que necesitaba Colombia; ya se está hablando de un segundo periodo, cuando faltan aun tres años de mandato y cuando muchas cosas pueden pasar, ello resulta insensato y no obedece a la realidad y a la situación del país. Cuando las cosas no están tan bien como se afirma en ellas, nos queda la sensación de que existen encuestas manipuladas. Para muchas de las “locomotoras”, expresión del propio Jefe del Estado, de las acciones de gobierno que se pretenden ejecutar, se podría afirmar, irónicamente, “que aun no se ven en las vías férreas”; la realidad es que el tren en su totalidad, aun sigue detenido en la estación.
Será que una vez más, “la mano negra” opera al opinar, al pronunciarse y reflexionar sobre un ”supuesto” proceso de paz negociado, pues una vez más no se habla claro y de cara al país; por el momento se especula con unos argumentos de justicia transicional, es decir una modificación a la constitución del 91, que permitirá la transición a la paz con los delincuentes de las Farc. Los interrogantes son: ¿Se va a realizar? ¿Cómo será el mismo? ¿Quiénes serán los negociadores? ¿Nos estamos preparando en forma sensata y seria? ¿Se están estudiando procesos similares que ya se dieron en el mundo y se han analizado sus consecuencias posteriores? ¿Los militares formarán parte del mismo? Si así es, ¿Ya se están preparando los que se sentarán en esas mesas de negociación? Las incógnitas en ese tema son variadas y las respuestas no se dan, no hay nada claro, el Gobierno tiene que hablar abiertamente sobre sus intenciones en este sentido, Ya que el desenlace de este asunto, afectará a todo un país, hay que preparase a profundidad y con fundamento; el tema lo amerita.
Debemos expresarnos extrañados respecto a la ninguna acción adelantada por el actual Gobierno, sin que se interprete como manifestaciones de la “Mano Negra”, en los temas de la nivelación salarial, bienestar, fuero militar, justicia más justa, todas estas necesidades de militares en servicio y de la reserva activa, o ¿acaso fueron tan solo “promesas” de campaña? ¿Sobre ellas se va a tomar acción?
Las expresiones “Mano negra de extrema derecha” o cualquiera otra, no pueden ser el argumento para tratar de impedir el pronunciamiento o bloquear el descontento de colombianos sensatos, al percibir que el Gobierno no toma acción en temas de gran sensibilidad. No es ninguna “Mano negra” ni nada que se le parezca, sino la expresión libre y espontanea de un núcleo humano que le preocupa su terruño y opina sobre lo que está aconteciendo; qué mejor que la Administración tenga voces públicas y libres, que lo respetan, pero que opinan en forma madura y responsable, sobre la realidad que vive Colombia, que le permitan advertir a tiempo las falencias que su gestión tiene, como las puede tener cualquier Gobierno y tomar los correctivos oportunamente. De eso se trata la Democracia, Señor Presidente.
[1] Wilkipedia: Las operaciones de bandera falsa son acciones encubiertas, conducidas por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades.
El nombre se deriva del concepto militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país diferente al propio. Los ataques terroristas en algunas ocasiones son operaciones de bandera falsa, como la estrategia italiana de tensión en la cual varias explosiones de bombas en los años 1970 se atribuyeron a organizaciones de extrema izquierda, y que fueron en realidad llevadas a cabo por organizaciones de extrema derecha en cooperación con los servicios secretos italianos para desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión hacia estos.
Sala de Crisis
ASOCIACIONES MILITARES
Un buen recurso para reivindicar derechos conculcados
Por: Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA
Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar
Mucho es lo que se ha dicho y escrito en relación con las grandes dificultades de orden salarial, bienestar, servicios de salud, y especialmente de carácter judicial, que en el momento actual afectan por igual a todos los miembros, tanto en actividad como en retiro, de nuestras Fuerzas Militares.
Los continuos y permanentes pronunciamientos sobre este tema, tanto de militares en retiro, como de algunos columnistas de opinión y muchos ciudadanos del común, constituyen una muestra fehaciente de la gravedad de lo que está ocurriendo, sin que estas justas reclamaciones hayan, tenido hasta el momento, la atención que se requiere por parte del Estado y de las instituciones a las cuales les compete proporcionar las soluciones requeridas.
De todas estas dificultades, el de la inseguridad jurídica, por muy repetitivo que sea, gracias a la amplia y permanente difusión que ha tenido, es un tema obligante que requiere con urgencia una pronta solución.
El concepto generalizado de quienes van al combate en defensa de este país, es que en las actuales circunstancias, son juzgados y encarcelados por un sistema judicial que, descaradamente, se ha convertido en parte integral del enemigo con el cual se enfrentan. No hay garantías procesales ni de ningún tipo legal. Ante la ausencia de pruebas o testimonios, los funcionarios judiciales las fabrican. Todo esto se materializa en distintas formas y procedimientos oscuros y amañados. En consecuencia, la desmotivación para la lucha, cada día se acrecienta.
Lo más indignante e inexplicable es que todo esto, no obstante ser de público conocimiento, no haya tenido hasta la fecha, una respuesta eficaz por parte de nuestro Presidente y Comandante en Jefe, como tampoco de ninguno de los miembros de su alto equipo de gobierno.
Los militares se sienten solos e indefensos en manos de este aberrante sistema judicial politizado, que los persigue sin tregua hasta verlos postrados y humillados. El pánico ante esta continua y feroz amenaza, es evidente. Siempre lo que han pedido es justicia, nunca impunidad.
Quiérase o no, hay una desmoralización creciente en nuestras fuerzas de tierra, mar y aire, así sus respectivos comandantes en el alto mando, públicamente no lo reconozcan. Obviamente, hay que entender este tipo de pronunciamientos. Nunca, ningún Comandante lo reconocerá.
En muchos países europeos, existen sindicatos militares qua agrupan a los distintos miembros en servicio activo de las diferentes fuerzas. Para regular sus actividades, cada país ha expedido leyes o normas, en las cuales se fijan claros parámetros respecto a obligaciones y derechos de los militares. A través de estos sindicatos, las instituciones armadas han logrado mantener y fortalecer todos sus derechos. Ha sido tan exitosa su gestión, que desde hace algún tiempo, existe y también funciona con éxito, una asociación continental que agrupa esté tipo de sindicatos. Se trata de la Organización Europea de Asociaciones o Sindicatos Militares.
La circunstancia anterior, nos obliga por ahora, a fortalecer las asociaciones militares con que contamos dentro de la reserva activa, estimulando la unidad institucional y la integración de sus miembros. Dentro de este propósito, habrá que llegar, en el menor tiempo posible, a la conformación de grupos de presión que permitan defender las conquistas de bienestar y seguridad social alcanzadas hasta el momento, y a la reivindicación de aquellos derechos que hayan sido conculcados. En las mismas circunstancias, estas mismas asociaciones lucharán por igual en beneficio de quienes en el momento actual, portan las armas de la República, ya que su condición de “no deliberantes”, les impide legalmente protestar, reclamar o exigir la restitución de sus derechos cuando han sido vulnerados.
Hay que utilizar al máximo el derecho de asociación que la ley nos permite, y crear si es del caso, como algunos lo pretenden, tantas nuevas asociaciones como sea posible. De darse esta circunstancia, hay que entender que la proliferación de este tipo de asociaciones, no nos divide. Por el contrario nos multiplica. Lo importante es hacerlo dentro de la mayor armonía y bajo el claro concepto de fortalecer y mantener la unidad que se pretende, siempre y cuando se actúe como un todo y con un mismo norte.
De no lograrse la pronta solución de estos graves problemas, y se mantenga esa indiferencia para con quienes han entregado todo para garantizar la seguridad y la prosperidad de este país, el conflicto interno que afecta actualmente la tranquilidad de la nación, se acrecentará. De ser así, el país como un todo, será el verdadero perdedor. No habrá quien lo defienda. Ojala, que las soluciones que se apliquen en su momento ante esa eventual situación de emergencia, no lleguen demasiado tarde y la seguridad se constituya en algo irremediable.
Aún estamos a tiempo… ¡unidos, se lograra!
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Sala de Crisis
DEFINITIVAMENTE ACORRALADOS
Se ha puesto de moda retirar del servicio activo a los soldados profesionales investigados después de dos meses de su detención. Ello ha traído como consecuencia que, además del gasto ingente para asumir su defensa por parte de cada uno, el Estado, las Fuerzas Militares, su EJÉRCITO, aquellos por los cuales estuvieron dispuestos e entregar sus vidas, se encarguen de dejarlos en la más absoluta desprotección moral y económica.
Esta agresión, que no de otra cosa se trata, ha generado una reacción negativa y peligrosa, que conduce a que sintiéndose abandonados a su suerte, sea mejor acogerse a la llamada sentencia anticipada o a aceptar cargos, por ser más favorable que los riesgos de un juicio sin defensa. La estrategia de la fiscalía ha surtido efectos y son muchos los subalternos que buscan garantías, si ello implica llevarse por delante a los superiores, como perversamente lo proponen los investigadores a quienes se ven involucrados.
Cuando el barco se hunde, y ese pareciera ser el caso, aunque parezca una perogrullada, la razón indica que es mejor salvarse; cuando la desesperación es el estímulo de las acciones, y ese es también el caso, la lógica desaparece y la cordura se reemplaza por la sinrazón y la locura; entonces, lo que pareciera ser irracional, como no defenderse en un juicio cuando se tiene la más absoluta conciencia de la inocencia propia, se muestra como la mejor alternativa y de pensar que, injustamente, puede ser condenado a cincuenta años, se opta por cualquier medida que parezca mejor: 25 años o menos de prisión, siempre y cuando acuse a sus superiores, como es la fórmula que hoy se les propone
Los militares no solo están cercados hoy por el terrorismo en sus diferentes expresiones (guerrilla, narco, organizaciones de fachada, etc.) sino, más grave aún, por la justicia que cambió de bando y, finalmente por ellos mismos.
Que sean acciones que provengan de sus enemigos naturales, es lo que se espera en una guerra; que el ataque emane de los jueces y los fiscales, en la situación actual resulta comprensible ya que aquellos se sumaron a la lucha de los primeros, producto de una larga labor de infiltración en la rama judicial, pero, lo que finalmente si desconcierta y no tiene explicación, es que la agresión provenga de quienes tienen la obligación de protegerlos de los ataques de los anteriores. No resulta para nada lógico que quienes tienen la obligación legal y moral de asumir los retos y contrarrestar los ataques se sumen a aquellos. Ello parece absolutamente irracional, descabellado, absurdo e inconcebible.
Quienes lo promueven, por guardar las apariencias o mantenerse aislados y alejados de cualquier sospecha o simplemente, para cubrirse del mismo tipo de acciones en su contra, esperanzados tal vez en que por ello se apartan de las represalias, olvidan que los promotores de la guerra jurídica y sus discípulos no necesitan hechos reales, ciertos, solo aprovechan las oportunidades sin consideración de sus autores, los cuales, entre más alta jerarquía tengan, mejor; ya que solo requieren de la ocasión y esa es la que se brinda con las medidas como la que se reseñaba al inicio.
Olvidan los comandantes que para el montaje de pruebas el terrorismo cuenta con verdaderos especialistas, incrustados o no en las estructuras del poder judicial, quienes asumirán esta tarea a la perfección para fabricar las que se requieran, especialmente cuando el paso de los años ha llevado a la pérdida de la memoria y de las evidencias que no fueron recolectadas. En esta actividad tienen la mejor experiencia y son los maestros; sino, mírense los resultados, porque, no nos llamemos a equivocaciones, si bien es cierto que hay personas que se extralimitaron, la gran mayoría, un altísimo porcentaje de quienes hoy están procesados o condenados, nada tuvieron que ver con los hechos delictuales con los que hoy se los vincula, son, simplemente, víctimas de la persecución desatada por la guerra jurídica.
Camuflarse detrás de medidas que van en contra de sus subalternos caídos en desgracia, es propiciar la desmoralización que reina actualmente en el estamento militar, es dar garantías a la subversión y el terrorismo para que continúen en el mismo camino de éxito. Pretender que por ello no van a ser también víctimas, es ingenuo y cándido. Las herramientas con que están dotando hoy a sus enemigos, serán las armas que mañana aquellos utilizarán contra quienes las suministraron. La miopía para analizar los hechos, para examinar la realidad, no es la mejor de las técnicas; ella conduce a la subvaloración de las amenazas y a equivocaciones en el tratamiento.
No es una medida afortunada el lanzar a los tiburones a una pléyade de muchachos, los soldados profesionales expertos en la guerra militar, especialistas en el combate, pero inexpertos e inhábiles en la lucha jurídica en cuyas lides se mueven con la torpeza y la impericia propia de la ignorancia, frente a quienes desde hace cerca de cincuenta o más años decidieron prepararse para crucificarlos.
Constituye negligencia extrema no tomar las acciones que se requieren para preservar la integridad de la Fuerza, así como constituye falta de entereza y carácter sacar el cuerpo y eludir las responsabilidades para no tener que enfrentar a quienes tienen en sus manos la conducción política de la guerra y la obligación de suministrar los recursos, entre ellos, el principal, una normatividad que asegure que los militares no sean tratados como delincuentes por las acciones lícitas de la guerra a la luz del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho de la Guerra.
Por igual, es reprochable la actitud indolente, ya no solo de los mandos militares, sino de la población en general, quienes miran preocupados, pero impávidos, como sus Fuerzas Militares se desmoronan y caen abatidas a punta de carcelazos y destituciones, lo que ha llevado a que en el 2011 estemos a las puertas del 2000 en lo que a materia de inseguridad se refiere.
No es encubriéndose en acciones contra sus subalternos como la guerra se va a ganar, ya que ello solo conduce a acelerar la derrota; es mostrando carácter para exigir las garantías que permitan adelantar con éxito la guerra.
www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com
VOZ DE ALERTA
Voz de Alerta
Los graves fenómenos y desastres ambientales que hoy afectan al mundo, fueron avisados y pronosticados por organizaciones científicas que, con conocimiento de causa, vaticinaron los desastres, elevando oportunamente su voz de alerta.
Cómo explicar a la luz de la razón y del derecho, que todos estos fallos recurrentes, se hayan elaborado, utilizando teorías desconocidas, nunca aplicadas en la jurisprudencia colombiana para argumentar presuntos cargos, sin pruebas, pero con teorías mediáticas, utilizadas como artificios para justificar las fatídicas condenas.
El gobierno tiene la certeza de que hay un malestar colectivo y consciente en el seno de la fuerza pública, porque esta se siente injustamente atropellada por los fallos judiciales recientemente emitidos. Parece evidente una parcialidad con sabor a represalia.
Puede ser un contrasentido que la justicia haga uso de su poder omnímodo para desbordar sus competencias y agredir a quienes los están protegiendo.
La voz de alarma, del Presidente debe ser escuchada y ser motivo de reflexión para una sociedad que no puede seguir indiferente a la carga acumulada y a la presión permanente a la que se puede estar sometiendo a la institución militar.
Si se cumplieran las mismas leyes de la naturaleza aplicadas a los fenómenos ambientales que han hecho estragos en el planeta, se podría deducir que en cualquier momento el abuso y la presión constante que se acumula, contra esta institución, empiece a resquebrajar el dique que sostiene la estructura moral y surjan espontáneamente hendiduras aisladas por donde aparezcan brotes de inconformidad, hechos de rebeldía o desobediencia institucional, que en un momento critico, no puedan ser contenidas por el mando militar, que aún preserva con estoicismo espartano, la cohesión, la disciplina y la moral de las tropas a pesar de las injustas presiones que recibe diariamente.
Por: BG (r)
Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar
Computadores de Raul Reyes
CARTA DEL CGA AL MINISTRO DE DEFENSA
Bogotá D.C., 23 de mayo de 2011
Doctor
RODRIGO RIVERA SALAZAR
Ministro de Defensa
Ciudad
Señor Ministro:
En referencia a su invitación a la presentación de la “Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad” el día 24 de mayo en la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, le manifiesto que, en atención a su reciente exposición ante el Congreso de la República, en la cual usted evidenció desconocimiento de las Fuerzas Militares y de sus justos derechos otorgados por la ley, así como del servicio que han prestado y prestan a la Nación, sumado a la actitud displicente como afronto el debate, los integrantes del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de la República de Colombia, se abstendrán de asistir a dicho acto.
Atentamente,
General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ
Presidente
Computadores de Raul Reyes
Los computadores de R Reyes y La Corte Suprema de Justicia
Otro duro golpe al Ejercito Nacional
General Gustavo Matamoros Camacho, Ex Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, llamado a "Calificar Servicios", el 20 de Abril de 2011, por defender al Ejército
General Alfredo Bocanegra Navia Comandante de la Quinta Brigada
Otro héroe que se nos fue el Viernes 18 de Febrero de 2011 en absurdo accidente aéreo
Objetivos
1. Contribuir con la comunidad academica y las instiruciones democraticas con el analisis y recomendaciones de temas afines con la seguridad y defensa nacional.
2. Contrarrestar la desinformacion dirigida a las instituciones legitimas y sus integrantes.
3. Influir objetivamente para generar un positivo cambio de opinion en el ambito nacional e internacional.
4. Interactuar con otros Centros de Pensamiento similares en Hispanoamerica que coincidan con las mismas tendencias ideologicas.
2. Contrarrestar la desinformacion dirigida a las instituciones legitimas y sus integrantes.
3. Influir objetivamente para generar un positivo cambio de opinion en el ambito nacional e internacional.
4. Interactuar con otros Centros de Pensamiento similares en Hispanoamerica que coincidan con las mismas tendencias ideologicas.
Operación Camaleón
Liberados de las cadenas impuestas por las FARC
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