La injusta Justicia

Editorial

Por una Justicia Justa

Por:     Centro colombiano de Pensamiento Político Militar

Recientemente el gobierno tramitó ante el Congreso de la República una reforma a la justicia que pretendía corregir las serias deficiencias que la aquejan. Después de una negociación con las Altas Cortes y miembros del Congreso, en la que se cortó lo fundamental de ella, al final del primer debate se incluyó una adición al artículo 221 de la Constitución, que buscaba restablecer el fuero militar y brindar las garantías de un juzgamiento imparcial a quienes todos los días arriesgan su vida, en aras de brindar seguridad a sus compatriotas.

El Fuero Militar es elemento esencial para la actuación de las Fuerzas Militares y de Policía en el cumplimiento de su misión. Está limitada su aplicación para condiciones de paz y tranquilidad y carece de argumentos jurídicos necesarios para un país en conflicto armado interno, en el cual deben regir el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de la Guerra para ser aplicado jurídicamente a quienes combaten en defensa del Estado.

La situación penal militar es preocupante pues ha interferido profundamente en las operaciones militares y operativos policiales; en tal sentido se han pronunciado eminentes juristas, empresarios, politólogos, asociaciones de generales, militares de la Reserva Activa e inclusive el actual Ministro de Defensa Nacional, quienes reconocieron la alarmante situación de los miembros de la Fuerza Pública por la inseguridad jurídica, creada por la inexistencia e inaplicabilidad de leyes propias para el conflicto por parte del sistema penal colombiano, lo que afecta sustancialmente la actuación de la Fuerza Pública en la seguridad y defensa nacional. 

Actualmente, violando la Constitución Política, la justicia ordinaria está juzgando a los integrantes de las Fuerzas Militares por las operaciones de combate. Pero más grave aún, ya que la investigación y el juzgamiento se adelantan dentro del concepto de Derechos Humanos, el cual no resulta aplicable en un contexto de guerra internacional o conflicto armado interno. Esta situación se generó, inicialmente, en la pérdida paulatina y constante del Fuero Militar, recientemente, en un acuerdo ilegal suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General que entregó a esta la jurisdicción penal militar y, finalmente, con la aplicación del Manual de Derecho Operacional, mal concebido por el Ministerio de Defensa en el año 2009, el cual no contempla la aplicación de las normas y conceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ni del Derecho de la Guerra, aplicables en las condiciones actuales del país.

Existe en Colombia temor a la presión internacional, estrategia generada cuando se pretende adecuar la normatividad vigente para dar soporte jurídico a las actuaciones de la Fuerza Pública, buscando la eficiencia en el cumplimiento del deber. Los gobernantes, indiferentes, indolentes o atendiendo sus propios intereses han sido laxos ante esa presión y ceden a sus exigencias, sin importar las consecuencias internas de la manipulación externa. 

Entre los hechos más recientes, de público conocimiento, para solo citar algunos, sobresalen la manifestación hecha en el año 2007 por el presidente Álvaro Uribe Vélez en San José de Costa Rica, la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde descalificó la Justicia Penal Militar la que, en su concepto, debía tener solamente un carácter disciplinario; el ministro de defensa Camilo Ospina (2006) suscribe con la Fiscalia el documento arriba citado, en el que se renuncia de plano a la jurisdicción penal militar y, por último, el actual Presidente Santos el 11 de octubre, en reunión con la ONG Human Rights Watch, afirma que como Presidente no permitirá que se violen los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública;… ¿será que como Ministro de Defensa si lo permitió?

Estas actuaciones perjudican al país, y facilitan la intervención de los organismos internacionales, que presionan al gobierno para obtener nuevas restricciones a la actuación de las Fuerzas Militares y la Policía y, finalmente, lesionan su reputación. Razón tienen quienes afirman que son más las bajas que se producen al Ejército por carecer de una Justicia Penal Militar coherente con el conflicto que se vive, que las causadas por el enemigo en el campo de combate.

¿Qué hacer para salir de la encrucijada? Dar cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional Articulo 221 sin las argucias y modificaciones que lo volvieron inoperante; mientras perdure el conflicto armado interno en el juzgamiento de quienes participan en las operaciones militares, la Justicia Penal Militar debe estar orientada dentro de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho de la Guerra; aplicar el Fuero Militar sin restricciones y que permita que los militares y policías sean juzgados por sus pares; en los procesos jurídicos producto del conflicto armado, brindar seguridad jurídica a quienes defienden el Estado y exponen sus vidas en cumplimiento del juramento hecho por amor a la patria y por último el gobierno debe estructurar una ley integral de defensa y seguridad nacional, que contenga la normatividad requerida para cubrir esa importante necesidad del Estado y así lograr una justicia justa para sus defensores. 

En una actitud incomprensible, sin mediar espacio de discusión y, seguramente presionado por las mismas ONG que se lucran de los Derechos Humanos, el mismo gobierno, en una clara incoherencia entre sus ministros y con el remedio a la situación de inseguridad que el mismo creó, anuncia el retiro de la modificación introducida, causando gran desconcierto, no solo entre militares y policías, sino entre el grueso de la población colombiana, que tuvo una fugaz esperanza de redención ante el crecimiento inocultable de las acciones terroristas.

Por azares del destino y no por voluntad del gobierno, la modificación permanece aun en el proyecto de reforma. Mal haría el Ejecutivo en retirarlo en la siguiente vuelta; muy por el contrario, debe “jugársela para sacarlo adelante” con la seguridad de que con el retorno del Fuero Militar, las tropas, derrotadas hoy por la guerra jurídica y desmoralizada por la falta de apoyo de los políticos, recuperarán en algo el espíritu de lucha perdido. Abandonarlo bajo la premisa del desleal Ministro del Interior de que requiere de un debate propio, solamente hará que este país siga rodando cuesta abajo en la materia de seguridad.