LA HISTORIA SE REPITE

Otros 7 militares destituidos sin el debido proceso

La destitución pública de 27 militares el 29 de octubre de 2008, realizada en una desafortunada rueda de prensa con participación del presidente y el alto mando militar, en la cual, sobre los derechos de  aquellos, prevalecieron los intereses personales, mostrados como si fueran los de la Patria y la ciudadanía. Sus efectos negativos sobre las operaciones militares todavía se observan.

El 2 de noviembre la historia se repite y todo el alto mando militar, como ayer, sale a anunciar la destitución de siete militares, entre ellos tres coroneles. En aquel entonces se dejó la sensación de que el retiro se daba por los que, malintencionadamente, se denominaron los “falsos positivos”; el argumento ahora es la violación y asesinato de tres criaturas. Los resultados de la investigación de aquel entonces, hoy todavía son desconocidos. ¿Será que en esta oportunidad los mandos militares si habrán realizado una investigación seria que permita vincular a los destituidos con los execrables hechos? ¿O habrán de pasar varios años antes de que la investigación no arroje resultados que comprometan a los destituidos?

En todo caso, el afán de proteger intereses personales de entonces, con el aparente afán de proteger intereses institucionales de hoy, parece tener un denominador común: la ligereza en las investigaciones y el atropello de los derechos fundamentales de aquellos lanzados a la picota pública. No se pretende que aquellos vinculados a los hechos no puedan ser investigados, ni tampoco que no deban sancionarse, por supuesto que así debe hacerse. Lo que no se puede saltar son las barreras de la presunción de inocencia, la honra y la dignidad de estos seres humanos, que, en aras de desligar a la Institución Militar de los bochornosos actos, han sido pisoteadas en otra bochornosa rueda de prensa.

De por vida han sido condenados anticipadamente, sin derecho a defensa, al hacer pública su destitución en relación con el abominable homicidio. Si alguno de ellos era autor responsable, bien merecido tendría este deshonroso procedimiento y la máxima condena que la ley establezca sería poca. Pero vincular a los comandantes o superiores, simplemente por el hecho de serlo, es dar pie a las elucubraciones de todo tipo contra aquellos y contra la misma institución. No solo los coroneles, seguros estamos que no tuvieron participación en los hechos, sufrirán los señalamientos, sino sus familias serán víctimas del dedo acusador del Mando Militar. Tendrán razón los hijos en preguntar a sus padres si son ellos los autores de tamaño crimen y avergonzarse de serlo y serán injustamente vejados por compañeros de colegio cuando los acusen de ser hijos de monstruos.

El irregular procedimiento, que está haciendo carrera con Santos de ministro y ahora de presidente, no puede continuar siendo el expediente para limpiar conciencias ni expedientes ni para proteger espaldas. Si bien el crimen cometido reviste características imperdonables, no puede el mando militar dejarse llevar por las presiones y los afanes mediáticos, cuando la cordura y la ponderación exigen decisiones razonadas y prudentes. Esta desafortunada y precipitada decisión fortalece la tesis que nos quieren aplicar sobre la Teoría de Roxin con relación a la responsabilidad mediata de los comandantes. El  exceso de celo institucional no puede conducir al abuso de una herramienta equivocada y desgastante, para dar sensación de diligencia, en ausencia  de una juiciosa y responsable investigación. Eso no es celeridad, es precipitud innecesaria que conduce a injusticias, aclaraciones y arrepentimientos.

Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar