FAVOR EXPRESAR SU OPINIÓN
Batería de Conceptos acerca de la Reforma del Fuero Militar y la Justicia Penal Militar
PREOCUPACION EN LA RESERVA ACTIVA POR PROYECTO DE REFORMA DEL FUERO MILITAR
Por Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Candidato a la Presidencia de ACORE 2012-2014
Definitivamente este proyecto no está llenando las expectativas de nuestros combatientes, ni de quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo dentro de la Reserva Activa.
La última versión de esta propuesta, presentada el pasado 24 de febrero en el almuerzo mensual de la División Córdova (Escuela de Infantería), genero críticas substanciales en diferentes sentidos por parte de varios de los asistentes. Corrigió respecto a la primera versión, la exclusión del delito de homicidio en persona protegida que antes figuraba de competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria y lo relacionado con el Tribunal de Garantías, que ahora permite que sus magistrados puedan ser Oficiales en retiro de las FF.MM.
No hay claridad, ni mucho menos razón suficientemente valedera, que justifique su retiro de la Comisión Primera del Congreso, tal como lo anuncio recientemente el Señor Presidente de la Republica.
Su eventual “inconstitucionalidad”, pretexto utilizado, no fue muy convincente. El concepto generalizado es que obedeció a los pronunciamientos adversos de distintas ONGs internacionales, del Departamento de Estado de los EE.UU., y de algunos sectores de la extrema izquierda colombiana.
Al parecer jugo papel importante la vigencia del TLC y las ayudas tradicionales que recibe el país dentro del Plan Colombia
Es de suponer, que estas presiones van a continuar más adelante, una vez se proponga un nuevo proyecto ante el legislativo, tal como ya fue anunciado por el Ministro de Justicia. Es decir, este proyecto ya estaría condenado de antemano a desaparecer, y por tanto no existe garantía alguna que pueda subsistir. No sería una solución.
En estas condiciones, debería continuar su proceso en la Comisión respectiva para no sacrificar los avances logrados hasta el momento. Esta es quizás, la mejor opción.
Hasta donde se conoce, su ponente, el Senador Juan Carlos Vélez, insiste en mantenerlo, y en estas condiciones, el gobierno no tiene la facultad para retirarlo de este proceso. Al Senador ponente, lo respaldan en este sentido, varios parlamentarios, entre ellos Juan Lozano, Miguel Gómez, Julio Andrade y otros más.
Los principales vacíos de este proyecto y que ojala puedan ser considerados, quizás en una Ley Estatutaria, serian:
- Definición clara y pormenorizada de todas las conductas punibles, incluyendo las de las violaciones al DIH de competencia exclusiva de la JPM, que quedarían también bajo la competencia de esta misma justicia.
- Blindaje a los distintos niveles del mando para evitar la responsabilidad penal mediática o de autor mediato (teoría Roxin) que actualmente se viene aplicando.
- Conceptos claros de favorabilidad para garantizar la competencia de la JPM, incluyendo la retroactividad para casos juzgados o en proceso de juzgamiento por pate de la Justicia Ordinaria.
- Exclusión total de la aplicabilidad de delitos no existentes en nuestros Códigos en el momento de la imputación de cargos.
Lunes, 20 de febrero de 2012 0:32
OTRA DERROTA SUFRIDA
Algo muy extraño está ocurriendo en relación con esta tan anunciada y esperada reforma a la Constitución, con la cual se ha pretendido darle de una vez por todas, una clara y correcta aplicación al fuero militar vigente. Inicialmente se coloco un artículo adicional al proyecto que cursa en el Congreso de la Republica sobre la reforma a la justicia. Al poco tiempo y sin explicaciones convincentes, el Ministro del Interior intento retirarlo sin lograr su propósito. Se opuso el Ministro de Defensa, quien logro salvarlo para que continuara en el trámite respectivo. Hasta este momento, no ha tenido mayor tropiezo, logrando con facilidad su aprobación en varias sesiones de Comisión en el Senado. Es más, en términos comparativos, se dice que ha logrado mayor aceptación y mayor número de votos, respecto a la otra reforma judicial que conjuntamente cursa en la misma Comisión. El próximo mes entraría a segunda vuelta.
A mediados de diciembre del año pasado, con el fin de agilizar y facilitar la aprobación del proyecto, el gobierno anuncio la creación de una selecta comisión de expertos, tres de ellos reconocidísimos exmagistrados de nuestras Cortes, (dos de estos ampliamente identificados por sus continuas y sistemáticas posiciones adversas en contra de las FF.MM.: Jaime Córdoba y Eduardo Montealegre). Según el Ministro de defensa, estos comisionados deberían proyectar el o los incisos correspondientes, que se agregarían al artículo 221. Se buscaba con esto, proporcionar plena garantía y seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, que en operaciones o en distintas circunstancias del combate, pudieran verse inmersos en eventuales conductas al margen de la ley o en crímenes de lesa humanidad.
Debería crearse igualmente un mecanismo que estableciera formalmente y con absoluta claridad, las conductas propias de la jurisdicción penal militar y las correspondientes a la justicia ordinaria. Para este propósito, deberíase por igual, estudiar y tener en cuenta, toda la normatividad jurídica internacional aplicable en nuestro caso (derecho de guerra o derecho internacional humanitario).
El pasado 17 de febrero, un grupo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa, fuimos invitados por el Señor General Comandante General de las FF.MM. con el fin de conocer el informe final de la Comisión de Expertos, sobre la forma como se propondrían las adiciones respectivas a la norma constitucional.
El documento fue leído en nuestra presencia, con la participación de toda la cúpula militar, algunos miembros del Estado Mayor Conjunto, Magistrados del Tribunal Superior Militar y del Doctor Rafael Nieto Loaiza, (ex-viceministro de justicia y viejo amigo de las FF.MM.), único miembro de la Comisión de Expertos presente en el lugar, quien tuvo a su cargo la explicación y aclaración del contenido de este documento.
Terminada la lectura, la mayoría de los Generales de La Reserva Activa allí presentes, intervenimos y dimos a conocer nuestra opinión e inconformidad por algunas partes sustantivas de lo propuesto.
Mis desacuerdos, los cuales coincidieron con muchas de las críticas formuladas, fueron:
-La composición del Tribunal (de garantías) encargado de determinar la competencia de la JPM o de la ordinaria. Sus Magistrados serian nombrados únicamente por la Justicia Ordinaria. Es decir, la situación sería igual o peor que lo que hoy acontece.
-La asignación a nivel constitucional de varios delitos bajo la única y exclusiva competencia de la justicia ordinaria, tales como: violación, abuso sexual, homicidio contra persona protegida, tortura, ejecución extra-juicio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Por razones obvias, no consideramos racional y necesario, darle rango constitucional a estas conductas delictivas, más aun cuando su tipificación, como usualmente ocurre, se da en perjuicio de los inculpados y también se presta o se podría prestar a tergiversaciones o falsas interpretaciones.
-Poca contundencia respecto a la inclusión de aquellos eventuales hechos punibles que pudieran tener relación con el servicio (causa, ocasión u otras circunstancias), a diferencia muy notoria de la forma expresa como se quieren introducir con carácter constitucional, otros delitos o conductas ya señalados.
-Excesivos incisos y apartes no propios de un artículo constitucional, sobre aspectos que a nuestro juicio, deberían ser considerados en la ley estatutaria respectiva o en la eventual modificación que requieran los códigos pertinentes, si esto es del caso.
Al final, el concepto general fue el de catalogar este documento como una tímida propuesta, con un contenido algo insubstancial y particularmente decepcionante frente a las grandes expectativas que se habían generado.
No es lo que esperan nuestros combatientes y no es una buena solución!...
Se hizo notoria la mayor influencia y preponderancia de los conceptos de los dos magistrados oponentes de la Comisión y las críticas lanzadas desde el exterior por parte de algunas ONGs y grupos de extrema izquierda como Human Rights Watch, Polo Democrático y un sector minoritario del Partido Liberal que lidera el Representante Guillermo Rivera Flores.
Para completar esta gran decepción, veinticuatro horas después, y en forma sorpresiva, nuestro Primer Mandatario, anuncio públicamente que el gobierno nacional, retiraría el artículo relativo al fuero militar del proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso (¿?).
Como ya es costumbre, nuestro Comandante en Jefe no soportó la presión nacional e internacional, depuso las armas y aceptó la derrota.
Según el Ministro de Justicia, esta iniciativa en un futuro, entraría a formar parte de un proyecto de acto legislativo que se le presentaría al Congreso de la Republica.
¿Reanudaremos la lucha?.... ¿Cuando, como y con quién?
¡Amanecerá y veremos!
¡Otra batalla perdida en esta guerra política y jurídica, en la cual la extrema izquierda, nacional e internacional, siempre resulta victoriosa!
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera - Reserva Activa Ejército Nacional y Candidato a la Presidencia de ACORE 2012-2014
CONCEPTO CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILITAR
Se había advertido desde un principio que el Gobierno y los amigos del terrorismo eran adversos a la inteligente y adecuada propuesta de reforma constitucional, que solucionaba el grave problema del Fuero Militar.
Es un hecho que esta comisión fue manejada y dirigida por los dos magistrados, sobre los cuales se conocían sus tendencias y sentencias; resulta también notorio que nuestros representantes no opinaron en la materia y si lo hicieron fue para crear el fuero de policía y nada más.
Del único que se aprecia que participó con el criterio de defensa de los militares al tratar de introducir el tema de la aplicación del derecho de la guerra (DIH), se nota que no tuvo apoyo, ya que sus opiniones al igual que su carácter, son por nosotros conocidos.
El resultado, como se preveía, fue el de tratar de tirarse la reforma que ya llevaba cuatro debates, con el argumento de que sería declarada inconstitucional y de que ellos presentarían una mejor. Lo que no aclararon en su informe es para quién era mejor. Al consagrar en el texto constitucional todos los avances que la izquierda y el terrorismo han ganado en los estrados judiciales, se elimina cualquier posibilidad de revertir la terrible situación que viven los militares al ser juzgados (y consecuencialmente condenados) con el derecho del enemigo, o mejor dijéramos, con el derecho en poder del enemigo.
Como mínimo, se trataría de dejar sin posibilidades la reforma que ya completó un ciclo completo, con la promesa de otra reforma, la que, de eso podemos estar seguros, no presentarán con cualquier disculpa.
Mientras tanto el Gobierno de Santos gana por que logró sacar las castañas del fuego con mano ajena, aunque bien escogida para lograrlo.
Creo que los únicos que con esta comisión salieron ganado algo son los policías que ahora tendrán sus propios jueces y tribunales, porque los que sí pierden son los militares.
Creo que no estuvieron bien representados, ya que cuando el interés es de protagonismo, las causas se pierden.
Editorial de la Orden Mensual del Grupo Santa Bárbara
LA GRAN CAUSA
El Grupo de Artillería Santa Bárbara se une a la gran preocupación que existe en la Reserva Activa acerca de la realidad de la guerra jurídica que se cierne sobre la Institución Ejército. Persiste la inseguridad jurídica para los militares que se encuentran al frente de las operaciones militares. Bandido muerto en combate hoy en día se constituye en un verdadero problema para la patrulla o para todos los que de una u otra manera participan en la operación. De inmediato proviene la investigación por homicidio. Y en este transcurrir, los abogados de las diferentes organizaciones y colectivos ponen en ejecución su predeterminado plan para mandar a la cárcel los integrantes de la patrulla. Una denuncia de los familiares del muerto en donde manifiestan que era un honrado campesino y que la patrulla lo uniformó y que le acomodaron el fusil al lado, es suficiente. Y allí comienza el martirio. Por eso, las cárceles militares están llenas. Nos dice una fuente fidedigna, que ya el ejército recibió la cárcel de alta seguridad de Guaduas para recluir a los militares que ya están condenados.
Para colmo, el artículo del Fuero Militar que contemplaba la reforma a la justicia y que ya llevaba incólume cuatro debates en el congreso y que se había constituido en una esperanza, está en proceso de ser retirado por el gobierno por presiones de ONG´s y organismos nacionales e internacionales. La propuesta hecha por la flamante comisión que integró el Ministro de Defensa, para la reforma a la Justicia Penal Militar, con tres ex magistrados bien conocidos por sus fallos adversos a la institución militar, por dos generales y un constitucionalista, tampoco promete nada positivo.
Entre los temas de la propuesta se encuentran dos que causan honda incertidumbre. Los delitos de lesa humanidad tales como desplazamiento forzado, ejecución extrajudicial (el de los falsos positivos), torturas, delitos sexuales, genocidio, seguirán siendo juzgados por la Justicia Ordinaria, sólo que ahora serán elevados a rango constitucional para atornillar más la estocada a los militares. Y el otro tema controversial de grueso calibre es el de la creación de un tribunal con jueces de garantías, todos civiles, sin ningún militar abogado que equilibre la balanza. Lo positivo significativo, es que en esta propuesta se hace énfasis en la aplicación del DIH y no en el juzgamiento por derechos humanos solamente como se viene haciendo ahora. Según palabras del Señor General Harold Bedoya “en estas circunstancias es mejor como estamos en este momento” a pesar de los miles de militares activos y retirados que siguen llegando a las cárceles. Lo anterior lo afirmo porque fui uno de los privilegiados o mejor uno de los descorazonados que asistió el Viernes pasado al Comando General a escuchar la recomendación de la comisión, que se constituyó en algo “perverso” como la calificó un general.
No nos cabe la menor duda. Esto es sistemático. Es la desinstitucionalización del país por la vía jurídica. Colombia es la piedra en el zapato en la región para cumplir con los designios del foro de Sao Paulo. Se siente la mano de Cuba, de Chávez, de Correa. Lo más triste es que hay gente que no la cree. ¿O será mejor la dictadura del proletariado para que dé el puntillazo final para igualar las clases sociales? Militares presos por millares. Condena injusta al Coronel Plazas. El Ejército a pedir perdón por las víctimas del palacio de justicia. Cayó el DAS. Petro al poder con billones en sus manos producto de los impuestos que pagamos y todo para preparar el salto de su movimiento a la presidencia. Mientras tanto, el ejército se prepara para recibir nuevos golpes que poco a poco lo van debilitando, así, haya bajas de bandidos importantes. Fácil desaparecer un ejército, si no, miremos el ejército argentino. O al DAS, que desapareció de un plumazo.
“La gran causa” entonces la constituye la defensa de nuestro ejército de ayer, de hoy y de siempre. Y la gran pregunta es: ¿Cómo lo vamos hacer? Se oyen propuestas…
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