Maniobras Políticas de las FARC

Dentro de la famosa combinación de formas de lucha, han surgido nuevas maniobras de las FARC en las conversaciones de la Habana, como la de exigir, insistentemente, la creación de espacios para estructurar la participación de diferentes sectores de la población;  la denominada “sociedad civil” conformada por ONGs, universidades, gremios, campesinos, estudiantes; todos ellos con una clara ideología de izquierda radical. En dichos espacios se socializarán y concertarán todos los temas de la agenda y sus conexos, para que de allí surjan las propuestas para la mesa de negociación.

Como es conocido, esta iniciativa fue aceptada por el gobierno y ya se han reunido más de treinta mesas regionales y nacionales, solo para el tema agrario, las cuales llegaron a unas conclusiones, enviadas en varios volúmenes a la mesa de negociación. A manera de ejemplo, podemos citar el Foro “Ruta social Común por la Paz” realizado por la Marcha Patriótica en la Universidad Nacional, los días 4,5 y 6 de diciembre del 2012 y el Foro Agrario los días 17,18 y 19 de diciembre pasado, evento que rechazó FEDEGAN, por las razones explicadas ampliamente en la edición del El Tiempo del jueves 20 de diciembre del 2012.

Dentro de este panorama, vemos que el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” y demás organizaciones clandestinas, están empeñados a trabajar a fondo en su labor política legal y soterrada. Es evidente que las FARC están manejando sus pretensiones con gran habilidad, manipulando, hasta donde sea posible, cuanto foro o conferencia se realice, para imponer sus criterios en las discusiones sobre las reformas. No ahorrarán esfuerzo para desprestigiar permanentemente al gobierno y sus instituciones, afirmando, como siempre lo han hecho, que la paz solo se logrará después de realizar cambios sociales estructurales, dando así la razón a la violencia y el terror al que han sometido a Colombia.

Otra maniobra de las FARC para dilatar el proceso a su favor, ha sido la de utilizar al CICR para obligar a que las partes no se levanten de la mesa sin haber llegado a un acuerdo de paz, con el fin de hacerlo rehén del proceso, mientras que sostienen que no habrá reforma posible sin un cambio de modelo económico, asunto que no quedó plasmado en los acuerdos iniciales y que el gobierno no está dispuesto a negociar.

Por otra parte, su acción política se concentrará en involucrar, a través de las minorías activas, a la mayor cantidad de inconformes, aspirando que con el tiempo vayan creciendo, hasta que logren un grupo de presión significativo, para que actúen sobre las decisiones de los negociadores y así ganar, lenta pero constantemente, mayor espacio político en el ámbito nacional e internacional.

Como van las cosas, la situación para el gobierno será cada vez más complicada y estrecha. Como gestor de los diálogos, se verá cada vez más prisionero del proceso, por el ritmo e iniciativa impuestos por las FARC, hasta el punto que, en un momento dado, se podrá ver acorralado por las presiones de aquella “sociedad civil” afín a las pretensiones de las FARC. El gobierno conoce, desde hace décadas, de lo que adolece y lo que es imperativo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, pero la indiferencia, la corrupción y el desgreño administrativo lo tienen contra la pared, hasta el punto de verse abocado a concertar reformas, con quienes han sido los grandes depredadores del campo colombiano en los últimos cincuenta años.

Para contrarrestar lo anteriormente expresado, el gobierno deberá convocar a la unidad nacional, fijando sus propias posiciones y defendiendo sin cuartel los principios que rigen la estructura básica del Estado y sus instituciones y darle estricto cumplimiento a la agenda propuesta en los preacuerdos pactados y plazos fijados, sin caer en las veleidades que le impongan las FARC. Deberá reservarse el derecho de levantarse de la mesa en el momento que considere que la negociación no avanza o que va por el camino equivocado. Realizar como Estado, una ofensiva frontal contra la corrupción, para darle vía a las importantes reformas sociales que están en curso, antes de que sean usurpadas por las FARC.

Todos los colombianos reconocemos que serán bienvenidas las reformas que sean necesarias, con el fin lograr una sociedad más igualitaria, pero no como consecuencia de las presiones de la FARC y su aparato político y mucho menos menoscabando los principios fundamentales de un estado social de derecho y de nación democrática. Lo contrario resultaría a todas luces deshonesto e injusto  contra la moral nacional.

CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILTAR

SÍMIL  ENTRE  LA  HABANA  Y  MANAGUA.

Por: Ricardo Rubianogroot Román
Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

En los Estados Unidos llaman  “Black Friday”  (viernes negro) a la más espectacular oportunidad de ventas de diferentes almacenes y locales comerciales, como marco de la celebración del día de Acción de Gracias, pues se dice que las ventas son tan exitosas que hacen que cualquier índice negativo en ventas del año termina y, aparte de ello, es el preámbulo de más ventas positivas por las festividades navideñas y de fin de año.

Para el país, en cambio, estos días son muy tristes. El fallo de la Corte Penal Internacional respecto del diferendo con Nicaragua, es un hecho que ha despertado todo tipo de reacciones y en las conversaciones de Paz el optimismo es  moderado en lo que se puede lograr, diría mejor hay pesimismo, al país lo ronda el “fantasma de la desconfianza”. Desde el 19 de noviembre, hemos vivido no un “viernes negro” sino una “semana negra”.

Guardan cierta similitud los hechos y circunstancias de los casos que se desarrollan y tienen relación con la Habana y Managua, podrían existir para los contradictores del Estado Colombiano, un preámbulo de cosas positivas en el futuro como lo es el “Black Friday”  para los comerciantes estadounidenses.[1]

Puedo mencionar inicialmente los intentos negativos y fracasos de varios Gobiernos en los intentos por lograr la Paz y la aprobación de diferentes pretensiones de reclamantes y pretendientes de nuestras aguas en el Caribe, errores que involucran Presidentes, Cancilleres, supuestos expertos y negociadores, que permitieron la intervención, el manejo e injerencia indebida de terceros en los asuntos internos y la participación de ONG’s, Cortes y estrados internacionales en cuestiones que podrían solucionarse sin permitir la indebida intervención externa.

Irracionalmente y con argumentos baladíes, firmamos y nos inscribimos para formar parte de cuanta organización internacional existe, sin medir los efectos y las graves secuelas que dejan para el país los irresponsables actos y sin atender el ejemplo de otros países, catalogados como desarrollados, que sí han medido las consecuencias futuras para sus respectivos Estados y se han abstenido de vincularse, sin dejarse llevar por supuestas conveniencias coyunturales.

Irresponsablemente aceptamos la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para el tema de Nicaragua y ahora, en las conversaciones de paz en La Habana y encubiertos como participación ciudadana, del denominado Foro Agrario, organizado por la misma dependencia que nos está arrebatando lo que nos pertenece y la Universidad Nacional, de conocida tendencia. Desde ya, se vislumbran resultados contradictorios, como consecuencia de la intromisión aceptada, ya que resulta evidente que aquel se trata de una estrategia diseñada y dispuesta por Alfonso Cano, cabecilla abatido de las FARC, como uno de los puntos del Plan Renacer, situación tanto más grave, cuanto que es reconocida la tendencia y habilidad de los organizadores del encuentro, por lo que resulta axiomático que, una vez más, seremos víctimas de la tonta ingenuidad, característica de los gobiernos populistas, que termina  recorriendo el camino que le traza la organización terrorista.

Legitimar a los enemigos del Estado, sentándolos en igualdad de partes en la mesa de negociaciones y aceptar negociar en la Corte Internacional de Justicia temas que no tienen porque negociarse; así como permitir la propaganda y perder el control como Gobierno de la difusión de la realidad nacional, admitiendo apreciaciones incorrectas de otros países y otros pueblos, ha sido otro error y rasgo distintivo en estos dos procesos.

Caer en la ingenuidad por parte de  nuestros Gobiernos y de  nuestros negociadores asumiendo que la contraparte obrará con lealtad, sensatez y ecuanimidad; que habrá equilibrio y ponderación en las decisiones de los jueces del litigio y/o de los garantes del proceso de paz, o no defender de manera eficaz y apropiada al país en el litigio de nuestras aguas territoriales en el Caribe, evitando así decisiones injustas y no preparase adecuadamente para los retos de la paz, improvisar, no prepararnos a fondo y analizar y considerar las consecuencias que se pueden derivar de los acuerdos a los que se llegue para satisfacer a las partes, irresponsabilidad, ignorancia y arrogancia, falta de consulta, es una constante en estos dos procesos.

En el tema de la conversaciones de paz se ve también la perversa estrategia de las FARC, de encasillar al gobierno para impedirle levantarse de la mesa, al pretender vincular mañosamente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un ente que la mayoría de las veces se ha comprometido con las organizaciones de izquierda, a quien se propone como un nuevo actor para que le colabore en esa tarea, con interpretaciones acomodadas y malintencionadas de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para edificar falsas conclusiones que buscan maniatar al Gobierno a su pretensión de alargar el proceso de paz por varios años, en la misma forma como Nicaragua nos llevó a la CIJ, a la cual acudimos a sabiendas de que sus fallos eran inapelables y que se darían dentro de los parámetros de justicia, rectitud e imparcialidad tradicionales y no manipulados y orientados por intereses espurios.

El indolente pueblo colombiano,  siempre acostumbrado a que lo engañen y manipulen, manifestará su desacuerdo y sentará su protesta enérgica y se convocaran marchas, manifestaciones airadas, nacionalismo desafortunado, nos “calentaremos” de momento y el gobierno tomará medidas drásticas, hasta cuando un nuevo hecho capture la atención de los medios de prensa y nos haga olvidar lo ocurrido; esta administración nos tiene acostumbrados a ello cada vez que se cae en las encuestas.

Todos esto planteamientos y otros mas son similitudes en lo que ya sucedió en el caso del litigio con Nicaragua y que se está presentando en alguna medida en Cuba con el proceso de paz. Debemos, como dolientes de lo que sucede en el país, en la medida que nos corresponde, alertar sobre “lo que no debería ser y fue y en lo que no ha sido pero podrá ser”.

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Las hipótesis sobre los diálogos de Cuba

Por: MG. Víctor Álvarez Vargas

Centro Colombiano de Pensamiento Político-militar

Para muchos analistas, el diálogo que ha iniciado el gobierno con las FARC será un absoluto fracaso, y no les falta razones y argumentos para creer en ello, experiencias como: Casa Verde, Caracas, Tlaxcala y el Caguán, confirman su escepticismo. Como si esta experiencia fuera poca, las conversaciones recientemente iniciadas, tuvieron un preámbulo desalentador en la etapa exploratoria; visiones diametralmente opuestas sobre la agenda acordada; las exageradas pretensiones de la guerrilla, puestas de manifiesto en el discurso de Ivan Márquez en Oslo y en los comunicados y entrevistas concedidas por sus negociadores.

Su discurso sigue siendo el mismo, pareciera que pertenecen a un ejercito vencedor y por tal, se abrogan el derecho de imponer sus condiciones, incluso de no entregar las armas y mucho menos desmovilizarse, si el gobierno no hace las reformas que ellos aducen como causas de su alzamiento en armas. Bajo estas circunstancias es muy poco probable que estos diálogos lleguen a feliz término.

La intención de utilizar el dialogo como estrategia no es asunto nuevo, lo ratificaron en la reunión efectuada con el ELN el 2003, por lo menos así pensaban en esa época: “No será a través de los diálogos que conquistemos el poder. Son una trinchera de combate y no un lugar para entregar los principios revolucionarios. Son un espacio para hacer política”.

“… Adelantamos los diálogos con el Gobierno como parte del Plan Estratégico. Debemos analizar hasta dónde podremos avanzar en el logro del objetivo de acuerdo a las circunstancias políticas y de confrontación existentes, buscando que ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad por encontrar salidas políticas, dejando en el estado terrorista la responsabilidad del agotamiento de esa opción”. Pleno  estado mayor central del 2000.

Sin embargo, la otra hipótesis, con un numero considerable de seguidores dentro de los cuales me incluyo, creemos no con menos argumentos, que toda la diatriba expuesta en la fase exploratoria, no es mas que una estrategia para lavar su imagen y mostrar una vez mas sus “nobles causas” que los llevaron a la violencia y de la cual se consideran sus principales víctimas. Mientras tanto, fortalecerán su aparato político legal y clandestino, mediante el manejo planeado de las masas, a través de la “Marcha Patriótica” y el PC3. La posición será iniciar pidiendo mucho, para ir cediendo a lo largo de los diálogos, con muestras de “buena voluntad”, como la que acaban de hacer, y así irán ganando espacio político en el ámbito nacional e internacional.

No podemos olvidar, que esta organización criminal se ha caracterizado históricamente, por su capacidad adaptativa ante las nuevas realidades que les impone la iniciativa del Estado. En el caso de las FARC, la reingeniería tiene un nombre y  un momento, Alfonso Cano, quien asume el mando de las FARC después de la desaparición de Manuel Marulanda Vélez a. Tiro Fijo, que  como conocedor profundo de la política, decide lanzar el “Plan Renacer en el año 2006”.

Esta hipótesis la sustentan las siguientes razones:

Las FARC han sufrido en los últimos diez años reveses militares nunca antes vistos, debido a la voluntad política del gobierno y la eficacia de las Fuerzas Armadas, lo que los ha llevado a pensar, que su larga lucha a través de la guerra armada, ha resultado estéril y que tales circunstancias les indica que deben cambiar de esfuerzo hacia su principal método de lucha: la acción política de masas. Así lo demuestra apartes del Plan Renacer de Cano, donde afirmaba que era necesario hacer un mayor énfasis en el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” y el PC3.

El PC3 es un partido comunista ortodoxo de carácter clandestino y compartimentado  (tomado del sistema Chino-Vietnamita), pilar en el desarrollo del plan estratégico de las FARC y de la urbanización del conflicto. Se caracteriza por estar conformado mayoritariamente por profesionales o cuadros políticos cualificados, al que el Estado no le ha puesto mayor atención, esta es la hora, que no se conoce mayores detalles de quienes son sus integrantes. Sus principales actividades son: la inteligencia estratégica, la penetración e infiltración dentro del Estado, dirigir el Movimiento Bolivariano, diseñar las propuestas y las políticas de las FARC y propiciar la conformación del consejo patriótico.

“El Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia”, representa para las FARC un escenario de construcción de legitimidad, donde se pueden vincular todas las personas que cumplan con unos mínimos requisitos, sus principales tareas son la organización, la movilización y la propaganda.

Esta hipótesis esta reforzada por el acercamiento y afinidad de este grupo terrorista con el presidente Chávez y los hermanos Castro, quienes los han venido asesorando desde hace largo tiempo. Recordemos que los mandatarios de Cuba y Venezuela han renovado su discurso, manifestando que la toma del poder por las armas ha perdido vigencia.

Para mantener vivo el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias, mientras tanto hay que sacar el mayor provecho posible de las negociaciones, obligando al gobierno ha hacer reformas que les resulten provechosas para sus fines políticos. Para las FARC su gran objetivo sigue y seguirá siendo, la toma del poder, dando mayor énfasis en la forma de lucha, que se adapte mejor a las circunstancias que se vivan en el momento, esta es la versatilidad y capacidad de adaptación de las FARC a través de su historia.

Si a lo anterior, le agregamos que el gobierno les facilito y proporciono un “marco adecuado” con las concesiones ya conocidas en la fase preparatoria, no fue difícil convencerlos de las ventajas que podrán obtener si se acogen a un proceso de paz amplio y generoso, además de prometerles un castigo ejemplar para los militares causantes de los “graves delitos contra los derechos humanos”, como ya esta sucediendo.

Las FARC se dieron cuenta que están en el mejor momento para aceptar un proceso de paz honroso, que los deja libres de pecado, y así poder participar libremente en política legal, no sin antes decirle al país, una y otra vez, las “causas que consideran”  que los llevaron a tomar las armas y sus propósitos “nobles” para solucionar todos los problemas del país. Pero esto no lo harán hasta que no perciban que su aparato político les garantice que el poder esta a su alcance.

Dejo este corto análisis  a la consideración de los lectores, para que concluyan con su experiencia y sentido común, cual de estas dos hipótesis será la adoptada por las FARC, ante este incierto y confuso  dialogo con el gobierno colombiano.

MG. Victor Alvarez Vargas.

¿Acatamos la sentencia de La Haya?

Autor: Guillermo Rodríguez
Fuente: KienyKe
Fecha: 22/11/2012

Sin sabor quedamos miles de colombianos luego del conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que por un lado reconoce la soberanía de los Cayos, pero que al mismo tiempo nos priva, algo más, de la mitad del mar territorial, que le fue otorgado a Nicaragua.

El contraste viene enseguida y es latente: mientras en Nicaragua el llamado presidente Comandante, Daniel Ortega, celebra la “justa” decisión, en Colombia la patria, nuestra patria, llora la suerte de sus pescadores y el presidente Santos califica como de error el fallo.

¿Será que la solución es no acatar dicha decisión, como lo ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe y varias voces de la opinión pública?

Nicaragua dice que no va a echar para atrás su decisión y que, todo lo contrario, Colombia debe respetarla, como ellos lo han hecho en ocasiones pasadas. Considero que el presidente Santos debe llamar a consultas a expresidentes y a los principales asesores de relaciones exteriores para enfilar baterías.

No estamos proponiendo que se suelten los vientos de guerra, pero sí que defendamos y sigamos defendiendo a través de las vías legales lo que sea para mantener nuestra dignidad de colombianos y soberanía. No es posible que cada 110 años Colombia, de manera cíclica, pierda porciones importantes de tierra. Recordemos nuestro vasto territorio en la era de la Gran Colombia, la perdida reciente hace un siglo y unos años de Panamá y ahora, por cuenta de la ingenuidad de los “defensores” de los intereses de Colombia, hemos perdido grandes territorios marítimos que son invaluables.

¿Cuánto cuesta un metro cubico de mar territorial?

Su valor pecuniario no lo podríamos establecer, es invaluable la riqueza marina, la biodiversidad, la despensa pesquera y los irrefutables recursos del subsuelo marítimo que se encuentran en la zona, por algo la agencia nacional de hidrocarburos le apostaba a sacar adelante procesos de adjudicación a la exploración y explotaciónoff shore en la zona.

Es menester recordarle al tierno, Dr. Julio Londoño, que si él no sabe realmente qué se perdió, 40 millones de Colombianos, a lo sumo sí consideran que no solo se perdió extensos kilómetros de aguas territoriales, sino con ello la dignidad de patria que durante 200 años ejerció ininterrumpidamente esos principios que enarbolan el derecho internacional público y el derecho internacional marítimo como es el Ius posedeti de Iure.

¿Quién Responde?

Difícil buscar hoy responsables, pero si a alguien podríamos señalar, diría yo que ese blanco podría ser el expresidente Andrés Pastrana, hombre que no solo concedió tiernamente territorios a las Farc, también hoy vemos que por poco dilecto se le regalan aguas territoriales a un país como Nicaragua, pues él fue quien nos metió en el embeleco de La Haya. Nicaragua, país arrogante con los colombianos decentes y noble con las cabezas de la violencia.

¿Dónde queda el Esguerra Barcenas?

Buena pregunta, pues para nuestra desgracia queda guardado ya que la decisión de La Haya, al ver los resultados, no fue en derecho, tal vez fue en algo que ellos, sus jueces, llaman “equidad”. Principio que se funda en equiparar cargas a las partes. La pregunta es si pasándose por la faja un tratado, principios del derecho internacional y las condiciones de soberanía por cerca de 200 años, ¿en dónde se equiparan las cargas para Colombia?

Ojala Uribe y Santos se unan en ese propósito y como un gesto solidario, de construcción de sociedad y de paz, trabajen para que los tratados anteriores sean respetados. Acá no es solamente el asunto legal y, ojo con eso, si Colombia no se asesora bien y actúa acorde en el ajedrez internacional, “el nuevo mejor amigo”, Hugo Chávez, amigo de Ortega, también podría empezar a presionar sus fichas. Y a pedir el día de mañana la pequeña porción que le corresponde a Colombia del golfo de Venezuela, teniendo como referente el archipiélago de los monjes.

¿Por qué no unirnos en pro de respetar nuestra soberanía sobre el mar caribe Colombiano? No acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hacer un llamado a la opinión pública en general, que este es un asunto de Estado, que como tal merece toda la atención y solidaridad. Y ¿por qué no también que el Presidente de la Republica despliegue lo mejor de sus juguetes como fragatas?, que entre otras hace poco fueron modernizadas y convertidas en misileras de alta mar, como la FS-1500 Almirante Padilla y la ARC Antioquia, las cuales mostraron toda su actitud defensiva en el RIMPAC terminado en agosto de este año cerca de Hawái.

Ante las circunstancias, y siendo el tema de gran importancia, debemos estar con las antenas encendidas a lo que se podría desencadenar.

Corolario: sería bueno que el tierno Dr. Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto devolvieran sus honorarios que tristemente valieron en la defensa de los intereses nacionales.

Lucha por el Fuero Militar

PROYECTO ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DEL FUERO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

 

Intervención del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, en la audiencia pública programada por la Comisión Primera del Senado de la Republica, el día 15 de noviembre de 2.012

 

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió de un momento a otro en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

 

ACORE, como la asociación más representativa del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares, ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa parlamentaria.

 

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando por fortuna, una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud qué a todos nos afecta.

 

A comienzos del presente año, el proyecto de acto legislativo  que cursaba en el Senado de la República  después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba con el argumento de que el nuevo proyecto que fue presentado posteriormente en la Cámara de Representantes sobre este mismo tema, era el que había que respaldar por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite, y quizás menos riesgos de objeción constitucional. Este proyecto ha sido aprobado en seis debates por una gran mayoría, y próximamente  continuara su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año.

En estas condiciones, la ley estatutaria que lo reglamentaria, solo iniciaría su trámite, hasta la próxima legislatura, o sea la correspondiente al año venidero.

Este proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, normas especiales de tipo carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, bajo competencia de la Fiscalía, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial en forma definitiva.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE  planteo como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado, del cuestionado acto administrativo Mindefensa-Fiscalía General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

 

En este momento, se espera un fallo sobre este particular, en respuesta a varios recursos interpuestos por la Procuraduria General de la Nación, que ha solicitado un pronunciamiento urgente  en tal sentido.

 

La grata impresión que tenemos hasta ahora,  es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que esta situación representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren con urgencia, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista que nos afecta.

 

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce publica e internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía e instituciones.

 

Lo más preocupante es ver la forma tan evidente como el sistema judicial ordinario, a través de algunos de sus operadores, persiguen sin tregua a nuestros militares, más no así, a quienes conforman los grupos armados ilegales, para los cuales hay muy pocos procesos, y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos. No conocemos resultados efectivos contra estas organizaciones criminales.

 

El concepto generalizado de nuestros combatientes, ante esta ausencia de garantías jurídicas y procesales, es que:  

  

“en el momento actual nos juzga el enemigo, y no las instituciones del Estado que protegemos, y por las cuales nos jugamos la vida en el campo de combate.”

 

Quien lo creyera, mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de algunos jueces  y fiscales, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan y que hoy pretenden negociar un proceso de paz que les otorgue total impunidad, por la comisión de crímenes atroces y violación permanente del derecho internacional humanitario contra la población civil indefensa.

 

Desde el momento en que entro en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARAN, con el cual se proporciono el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente trece mil bajas, no en combate, pero si en sus propios estrados, a las Fuerzas Armadas del país. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los mas condecorados, actualmente incursos en arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de seguridad en sus propias instalaciones.

 

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí se afirma: hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos activos cursando en diferentes despachos judiciales, dentro de estos procesos, cerca de trece mil imputados por causa o razón de inexplicables decisiones judiciales. Hay mas militares en las cárceles, que miembros de las organizaciones terroristas. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo, a través de este diligente sistema judicial, que tanto lo ha favorecido. No hay la más mínima confianza en el sistema procesal que se les aplica.

 

Y por si esta persecución no fuera poca, la anterior Fiscal General de la Nación, habilito antes de irse, las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar irregularmente, por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

 

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es…. ¿El actual Fiscal General de la Nación, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Lamentablemente, la respuesta es NO. Antes por el contrario, recientemente informo a los medios de comunicación que: “ante los pobres resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas contra algunos militares incursos en los llamados falsos positivos, incrementaría considerablemente el numero de funcionarios e investigadores para lograr en el menor tiempo posible, los resultados deseados”.

En esta tarea, lo acompañara el ex juez español Baltasar Garzón, quien ya funge como asesor y funcionario relevante de la Fiscalía General de la Nación.

 

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:……… ¿Cuantas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARAN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

 

¿En que momento la Fiscalía General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la República para la defensa de este País?

 

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

 

 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Presidente Nacional de ACORE

 

Noviembre 14 de 2.012

 

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

Chávez y la paz colombiana

Por: Darío Acevedo Carmona

Fuente: El Espectador

La formación del poder político bajo el procedimiento democrático está lejos de ser un tema cerrado y totalmente agotado.

La democracia es tan abierta que en muchos países sus enemigos totalitarios usan y abusan de su generosa apertura para luego aplicarle cerrojos y estrecharla hasta la anulación. Lo que acaba de suceder en Venezuela con la elección de Hugo Chávez Frías es un claro ejemplo de cómo atropellar la democracia desde dentro y presentarse como defensor de la misma. Después de haber intentado acceder al poder por medio del golpe de estado en 1992, Chávez lo alcanzó por vía electoral y por la misma vía se ha sostenido en él. ¿Pero, se puede admitir que esa es condición suficiente para sostener que Chávez es un demócrata y que en Venezuela reina la democracia?

Casos documentados brinda la historia acerca de cómo proyectos y caudillos dictatoriales se hicieron al poder por medios electorales. Desde Luis Bonaparte que luego de triunfar por sufragio universal convocó un plebiscito en 1851 para anularlo y proclamarse emperador de Francia, situación que Marx aprovechó para lanzar su famosa frase de que la historia se repite como tragedia o como comedia en su texto “El 18 brumario de Luis Bonaparte” al comparar a este con su tío Napoleón. El experimento de este personaje llevó a acuñar el término “bonapartismo” para caracterizar a aquellos gobernantes que usan la democracia y las elecciones que luego anulan para convertirse en dictadores.

Lenin, a su manera y con la idea de implantar el comunismo, orientó desde la biblia de los comunistas rusos el “Qué hacer”, la tesis de aprovechar la democracia burguesa, que detestaba, como medio para llegar a las masas y preparar la insurrección para instaurar la dictadura del proletariado.

En octubre de 1917 al frente de un partido pequeño pero disciplinado tomó el poder y luego en una encarnizada guerra civil eliminó a todos los partidos desde los zaristas hasta los republicanos, liberales, socialdemócratas y marxistas reformistas. El fallido experimento soviético se sostuvo por métodos represivos y elecciones en las que “participaba” el 99.99% de la población, hasta 1991. Similar proceder usaron los dictadores de extrema derecha, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Ambos triunfaron en elecciones y convocaron y manipularon sus resultados para legitimar sus proyectos racistas, xenófobos y ultranacionalistas con los que derramaron la sangre de millones de víctimas.

De modo que, elecciones por montones, como las que han tenido lugar en la Venezuela chavista, que despiertan la admiración delirante de poetas y de no pocos liberales, no remiten necesariamente a una democracia. Allí donde el gobernante controla los demás poderes, la libertad de prensa, exorbitantes sumas de petrodólares para repartir entre la población que es tratada, así, como súbdita, donde se halaga a las tropas con prebendas y se las politiza para que dejen a un lado su misión constitucional, entre otras prácticas innombrables, no puede hablarse, seriamente, de una democracia.

Lo que vendrá en los años siguientes para la Región es la consolidación del proyecto bolivariano chavista y la búsqueda de su extensión a los países aún renuentes. Sin embargo, la pregunta obligada para Colombia es ¿de qué forma la victoria de Chávez incidirá en nuestro destino, y, en particular, en las negociaciones de paz? Además de la gratitud con Santos por reconocerle sus méritos en las negociaciones de paz, considero que Chávez tiene dos caminos a seguir. De un lado, le conviene mantener la presión sobre la guerrilla fariana para que llegue a un acuerdo con Santos. Este acuerdo lo proyectaría como líder continental pacifista no interesado en promover o expandir su proyecto a sangre y fuego y desvirtuaría las sospechas de colaboración con las guerrillas.

En otra dirección, y en consonancia con su contundente victoria, puede optar por mantener su apoyo a las negociaciones pero sin presionar a la guerrilla a firmar a cualquier precio un pacto de paz y simultáneamente apoyar con generosos recursos la formación de un amplio movimiento de masas probolivariano en Colombia. A su favor cuenta con avanzadas muy importantes como el grupo Marcha Patriótica que se está posicionando como frente de batalla civil, también hay células prochavistas en el Movimiento Bolivariano Colombiano. Los partidos comunistas, el legal y el clandestino, y hasta el Polo Democrático, apoyan y simpatizan con el proyecto que se propone, en el mediano plazo, transformar a Colombia, de actual piedra en el zapato, en miembro del Alba y del socialismo bolivariano. Intelectuales y políticos “progresistas” así como “personalidades democráticas” están a la expectativa.

Esta última opción es la que mejor encaja en la teoría leninista de la combinación de todas las formas de lucha y es la que satisface a águilas y halcones de la insurgencia y de la izquierda radical que no quieren deponer su voluntad de enrutar el país por el sendero revolucionario. Un paso en esta dirección fue la semana de los indignados que acaba de concluir con la convocatoria, fallida, de un paro nacional. La proclama del Movimiento Continental Bolivariano expedida en el II encuentro realizado en Quito (febrero de 2008) permite apreciar la solidaridad de los socialistas bolivarianos con la causa colombiana. 

En ella reafirmaron “La necesidad de librar todos los combates… de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…” y concluyeron que “En este plano, el proceso colombiano asume una importancia singular, tanto por su ubicación geoestratégica como por la confluencia de altos y nuevos niveles de desarrollo político y militar en las fuerzas de cambio…(y) Se convierte en el eslabón más próximo a una ruptura revolucionaria”. No es difícil concluir, pues, que estamos en la mira del proyecto chavista y que las negociaciones de paz pueden encajar en dicha estrategia.

Darío Acevedo Carmona

* Doctor en Historia y profesor Titular Universidad Nacional de Colombia.

•                     Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

LA INJUSTA JUSTICIA CONTRA LOS MILITARES COLOMBIANOS

Bogotá DC, octubre 3 de 2.012

PRONUNCIAMIENTO DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM. PERTENECIENTES A LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO (ACORE) Y AL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES  (CGA).

 Carta abierta a la opinión pública en relación con graves y preocupantes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en contra de miembros de las Fuerzas Militares.

Doctor Eduardo Montealegre Lineth                                                           

Fiscal General de la Nación

De todos es bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

Los delitos cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio, siempre han sido de competencia exclusiva  de la Justicia Penal Militar.

Lamentablemente, un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006, entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin  piso jurídico el Fuero Militar consagrado en la Constitución Nacional.

En el momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.

Mientras tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.

En estas circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años, una persistente y  extralimitada persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y proteger nuestra soberanía e  instituciones democráticas.

Esta injusta persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante agresión  de las diferentes organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan  el orden y la tranquilidad pública.

Los resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y  desalentadores:

Tenemos  cerca de doce mil hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos investigados y  juzgados por el enemigo. No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente politizadas y carentes de sustento probatorio.

Independientemente de lo anterior, muchos de los que vienen  siendo investigados por la justicia ordinaria,  alegan también la comisión de varias irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:

- Práctica de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.

- Habilidosos montajes con familiares de supuestas victimas o falsos testigos para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.

- Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o contrainterrogar a falsos testigos.

- Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus comandantes en los diferentes niveles del mando.

- Amenazas de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por las acusaciones proferidas contra sus superiores.

- Utilización inescrupulosa y frecuente  de la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso, a todos los integrantes de las  unidades militares que sean objeto de investigación.

- Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles, los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.

- Violación  del fuero carcelario y la aplicación  inmediata de medidas de aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.

- Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del sumario.

Para completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante contra  militares,  distintos  pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación,  dejan la preocupante impresión de estarse favoreciendo, quizás  sin querer, a quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.

Veamos algunos de estos pronunciamientos:

- Los pobres resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”, han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran  equipo de investigadores y de  diferentes especialistas, bajo la  orientación del  ex juez español Baltazar Garzón,  para revisar  prioritariamente todas  las denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica.

- Estas investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como “delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer más fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.

- La recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.

- La Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.

- Sobré el caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho publico, en el cual  acusa falsamente al Ejercito del asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas "quiebra patas", incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a los militares de sus Bases, la Fiscalía  anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación, únicamente en caso de encontrar merito para ello. Sin embargo, al referirse a unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una  clara  violación del orden legal.

Como se puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a dudas, unos claros mensajes en los cuales, además  de manera  alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una gran prevención respecto a sus actuaciones.

Su posición frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia Penal Militar, es totalmente adversa.

Sus sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes de la izquierda radical, también se hace muy evidente.

Por principios elementales  de igualdad, y en razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse  respecto a las conductas delictivas de los  grupos armados terroristas y sus organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramírez Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados     como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción?

Señor Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna circunstancia, se está pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra cosa que  justicia, reparación y verdad.

Con toda atención,

General Héctor F. Velasco Ch.             Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

         Presidente CGA                      Presidente Nacional de ACORE