Lucha por el Fuero Militar

PROYECTO ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DEL FUERO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

 

Intervención del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, en la audiencia pública programada por la Comisión Primera del Senado de la Republica, el día 15 de noviembre de 2.012

 

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió de un momento a otro en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

 

ACORE, como la asociación más representativa del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares, ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa parlamentaria.

 

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando por fortuna, una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud qué a todos nos afecta.

 

A comienzos del presente año, el proyecto de acto legislativo  que cursaba en el Senado de la República  después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba con el argumento de que el nuevo proyecto que fue presentado posteriormente en la Cámara de Representantes sobre este mismo tema, era el que había que respaldar por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite, y quizás menos riesgos de objeción constitucional. Este proyecto ha sido aprobado en seis debates por una gran mayoría, y próximamente  continuara su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año.

En estas condiciones, la ley estatutaria que lo reglamentaria, solo iniciaría su trámite, hasta la próxima legislatura, o sea la correspondiente al año venidero.

Este proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, normas especiales de tipo carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, bajo competencia de la Fiscalía, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial en forma definitiva.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE  planteo como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado, del cuestionado acto administrativo Mindefensa-Fiscalía General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

 

En este momento, se espera un fallo sobre este particular, en respuesta a varios recursos interpuestos por la Procuraduria General de la Nación, que ha solicitado un pronunciamiento urgente  en tal sentido.

 

La grata impresión que tenemos hasta ahora,  es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que esta situación representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren con urgencia, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista que nos afecta.

 

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce publica e internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía e instituciones.

 

Lo más preocupante es ver la forma tan evidente como el sistema judicial ordinario, a través de algunos de sus operadores, persiguen sin tregua a nuestros militares, más no así, a quienes conforman los grupos armados ilegales, para los cuales hay muy pocos procesos, y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos. No conocemos resultados efectivos contra estas organizaciones criminales.

 

El concepto generalizado de nuestros combatientes, ante esta ausencia de garantías jurídicas y procesales, es que:  

  

“en el momento actual nos juzga el enemigo, y no las instituciones del Estado que protegemos, y por las cuales nos jugamos la vida en el campo de combate.”

 

Quien lo creyera, mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de algunos jueces  y fiscales, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan y que hoy pretenden negociar un proceso de paz que les otorgue total impunidad, por la comisión de crímenes atroces y violación permanente del derecho internacional humanitario contra la población civil indefensa.

 

Desde el momento en que entro en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARAN, con el cual se proporciono el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente trece mil bajas, no en combate, pero si en sus propios estrados, a las Fuerzas Armadas del país. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los mas condecorados, actualmente incursos en arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de seguridad en sus propias instalaciones.

 

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí se afirma: hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos activos cursando en diferentes despachos judiciales, dentro de estos procesos, cerca de trece mil imputados por causa o razón de inexplicables decisiones judiciales. Hay mas militares en las cárceles, que miembros de las organizaciones terroristas. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo, a través de este diligente sistema judicial, que tanto lo ha favorecido. No hay la más mínima confianza en el sistema procesal que se les aplica.

 

Y por si esta persecución no fuera poca, la anterior Fiscal General de la Nación, habilito antes de irse, las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar irregularmente, por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

 

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es…. ¿El actual Fiscal General de la Nación, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Lamentablemente, la respuesta es NO. Antes por el contrario, recientemente informo a los medios de comunicación que: “ante los pobres resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas contra algunos militares incursos en los llamados falsos positivos, incrementaría considerablemente el numero de funcionarios e investigadores para lograr en el menor tiempo posible, los resultados deseados”.

En esta tarea, lo acompañara el ex juez español Baltasar Garzón, quien ya funge como asesor y funcionario relevante de la Fiscalía General de la Nación.

 

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:……… ¿Cuantas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARAN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

 

¿En que momento la Fiscalía General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la República para la defensa de este País?

 

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

 

 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Presidente Nacional de ACORE

 

Noviembre 14 de 2.012