Editorial de la Semana

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Editorial

LA ENCRUCIJADA DE LA JUSTICIA  (I parte)

Por:    Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

 

El Ejército de Colombia, Institución que según las encuestas está en el alma del pueblo, lleva décadas sosteniendo y garantizando la democracia, salvando al país del terrorismo y el narcotráfico, dos flagelos que se trazaron como meta la toma del poder por las armas y la corrupción. Gracias a este  Ejército no han logrado sus propósitos, pero desafortunadamente se encuentra hoy en la más grave encrucijada de su existencia: La guerra jurídica.

En tal circunstancia, el futuro es incierto y es entonces cuando aparece la duda sobre la visión e interés institucional frente a la dimensión del problema. ¿Existe un medio de supervivencia institucional que permita enfrentar la aplicación e interpretación perversa de una justicia que no merece la confianza debida? ¿Nuestros Comandantes conocen y están conscientes de la situación? ¿Está haciendo carrera el argumento que el Ejército transparente de hoy es diferente al Ejército violador de ayer, como irresponsablemente lo planteó uno de los últimos comandantes de las Fuerzas Militares? ¿Están ingenuamente convencidos nuestros Comandantes que los dirigentes políticos asumirán el liderazgo de la verdadera y comprometida defensa institucional para solucionar esta crisis? Estas preguntas exigen inmediatas respuestas y acciones.

La guerra que el Ejército ha librado durante tantas décadas concentró toda su capacidad, años de entrega y  de responsabilidad, a la dedicación exclusiva de la actividad militar, lo cual,  nos alejó  de toda preocupación e interés por la política,  que un buen Oficial debe dominar y practicar en el mejor sentido, como lo muestra la historia universal con los grandes comandantes y líderes militares de todas las épocas. Nuestros políticos han sabido  aprovechar estas circunstancias, manteniendo a  los militares entretenidos en su guerra, manejando hábilmente las circunstancias para mantenerlos alejados del tema político con el pretexto de que los militares no son deliberantes.

En medio del conflicto llegaron las grandes transformaciones mundiales y la izquierda con la mayor habilidad se apropió de la bandera de los derechos humanos, y junto con las famosas e intocables ONGs su brazo desarmado, en armonía con la justicia, se convirtieron  en la mejor y más efectiva arma de guerra, tanto que uno de nuestros magistrados sentenció amenazadoramente: “este este es EL SIGLO DE LOS JUECES” y no lo dudamos, porque es lo que estamos viviendo e inocentemente enfrentando.

Con absoluta convicción hablamos de la guerra jurídico-política, que no es otra diferente a la guerra que estamos perdiendo en el campo de los politizados estrados judiciales, con la esmerada tarea de los colectivos fácilmente identificados por su ideología,  circunstancia que exige y así lo esperan sus subalternos,  el mayor compromiso, acción y determinación de los Jefes de nuestras Fuerzas Militares. La justicia politizada avanza lenta e inexorablemente, cada paso es bien pensado y contundente, reclama y exige respaldo y respeto, para sus sesgadas decisiones, son intocables y cualquier opinión o declaración en desacuerdo  la asumen como una amenaza y se convierten en víctimas ante el Estado, la sociedad y las demás organizaciones. Nunca pierden con sus  interpretaciones y siempre las justifican, porque  estamos en el “SIGLO DE LOS JUECES”.

Los militares colombianos después de tantos años de guerra, reconocidos  internacionalmente por su  experiencia  y valentía, saben que la misión, su razón de ser y el compromiso institucional no les permite actuar con impunidad. El propio Ejército como parte de sus políticas es perfectamente consciente que ganar la guerra impone legitimidad, respeto y aceptación de su pueblo, por ello, su argumento jamás será ser condescendiente con acciones ilícitas de unos pocos de sus miembros. La exigencia y no la súplica, es por lo tanto: justicia, verdad e imparcialidad jurídico-política de nuestros Fiscales y Jueces de la Justicia Ordinaria para con nuestros procesados.

Imposible desconocer la participación delincuencial de algunos de nuestros hombres que equivocadamente alteraron su misión, forma de actuar y desatendieron lineamientos éticos y morales al enfrentar el conflicto interno que vive el país. En estos casos sin vacilación la justicia debe actuar, pero inaceptable es que organizaciones, colectivos, prensa y justicia politizada, pretendan aprovechar estas circunstancias para generalizar actitudes individuales y deslegitimar la Institución Militar.

Esta delicada situación demanda mayor acción y diligencia de los Mandos Militares. No es el Ministro civil, ni los políticos quienes tienen en primera instancia la defensa Institucional. Ellos son pasajeros y la mayoría de las veces no conocen ni entienden la naturaleza del Ejército. La defensa Institucional es responsabilidad directa de los Comandantes y la deben asumir inclusive  a costa de su propia supervivencia profesional. Los subalternos así lo exigen y  los quieren ver como ellos  dicen: “jugándosela” por sus hombres, defendiéndolos públicamente de las injusticias que a diario hacen carrera.

La guerra en el campo de combate la estábamos ganando, pero la guerra jurídico-política por desgracia la estamos perdiendo y una lógica y simple deducción es que éstas circunstancias, a no dudarlo, paralizan el accionar y afectan la moral del combatiente. La justicia ya emitió su sentencia a nuestros Soldados: “estamos en el  SIGLO DE LOS JUECES”, y entre tanto  esperamos un milagro en medio de la mayor ingenuidad y torpeza institucional. ¡No podemos olvidar a nuestros detenidos! Ellos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario en juicios imparciales. Luchemos por ellos y por el Fuero Militar que nos han arrebatado a pesar de estar vigente en la Constitución Nacional.

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