Editorial de la Semana

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LA ENCRUCIJADA DE LA JUSTICIA (II parte)

Por: Centro colombiano de Pensamiento Político Militar

Nuestros Soldados están preparados para una guerra que los ha mantenido en el campo de combate por más de cinco décadas, conocen las tácticas y dificultades de la misma, han demostrado su capacidad, entrega y valentía, enfrentando un enemigo que recurre a todas las formas de lucha, que actúa  violentando permanentemente las leyes de la misma guerra, orientado por un brazo político que conforma una muy bien coordinada red de organizaciones y colectivos que hacen ilegal y cumplida tarea. No dudamos que la decisión es la de obtener la victoria final en el campo de combate, pero este lógico propósito de un Ejército en  guerra por la defensa de su pueblo, se ve disminuido  por la actuación de una justicia que antepone su tendencia ideológica, utilizándola como arma de guerra y logrando lo que hoy estamos viendo con nuestros combatientes: Temor angustioso que paraliza el entusiasmo por el cumplimiento de la misión.

¿En dónde hallamos explicaciones que puedan despejar los enigmas de la parcializada justicia que nos están aplicando? En primera instancia la respuesta la encontramos en los cambios de la política mundial, la izquierda internacional encontró el camino y objetivo perfecto de su lucha por el poder, y así,  se apropió de la justicia internacional donde la mayoría de tribunales y jueces no están interesados en ocultar su identidad filosófica  y son sus más obsecuentes aliados políticos. Novedosas y “avanzadas” teorías e interpretaciones hacen carrera en juicios muy bien  promocionados, donde estrenan la aplicación de su despótica doctrina.

La bandera de los Derechos Humanos se constituyó en su sofisma primario, la interpretación acomodada de los mismos en su causa de lucha y su legión de pregoneros  integrada por unos extremos y otros incautos, completan la maquiavélica estrategia que en América Latina encontró en la historia política de la región  su fuente de venganza: por un lado las Fuerzas Militares, por el otro los guerrilleros, terroristas, revolucionarios o insurgentes, como quieran denominarlos, favorecidos por el perdón, el olvido, el indulto, la amnistía o el desconocimiento de sus criminales acciones . Unos deslegitimados, juzgados y condenados, los otros libres, reivindicados y gozando del poder y la indulgencia del Estado. En la región, el conflicto Colombiano es el compromiso superior de la izquierda y su más rentable objetivo: los Militares, su justicia, su legitimidad y su institucionalidad.

En las actuales circunstancias son muchos los interrogantes que civiles y militares, instituciones y sociedad se hacen con respecto al desarrollo de la guerra: ¿Qué está pasando al interior de las Fuerzas Militares?¿Están guerrilleros y terroristas recuperando capacidad y espacio? La respuesta no es otra que la aplicación politizada de la justicia y la conclusión, el alto grado de afectación en la moral del combatiente. Cuando se conoce la tragedia del soldado con la injusticia  que lo persigue, fácilmente se entienden los motivos de su hastío.

Mientras la Justicia Penal Militar fue satanizada, desprestigiada y deslegitimada, con el argumento que era la justicia de bolsillo de los militares, la ordinaria se constituyó en el adalid de la lucha ideológica, la poseedora de la verdad, la intocable, pura y soberbia, el militar por el solo hecho de serlo, es acreedor de la sospecha, especialmente cuando el Oficial o Suboficial posee una hoja de vida que lo muestra como un combatiente  integral (condecoraciones, felicitaciones, combates, cursos, etc..) circunstancia que la fiscalía se encarga de presentar como la prueba reina y la demostración de su perfil criminal. Los plazos que por ley se deben cumplir no hacen parte de los procesos contra los militares, los testigos y testimonios falsos se convirtieron en un proceder normal y justificado, las organizaciones y colectivos de izquierda son los de fiar, tienen las puertas de la justicia abiertas con amigos en los estrados judiciales y acceso preferencial, en cada diligencia judicial el militar se enfrenta a la presencia reforzada de los miembros, que nunca faltan, de los famosos colectivos dispuestos a descargar su rabiosa ideología  y odio que los identifica. Para complementar el panorama, la propia Institución cometió el grave error de aprobar y publicar el famoso Manual Operacional que es el compendio de la más grande confusión para nuestros soldados y el asombro y desconcierto  de quienes saben de la  guerra que enfrentamos.

La  preocupación por esta grave situación en ningún momento  genera  dudas sobre la valentía y compromiso de nuestros hombres, tampoco sobre la victoria final de la institucionalidad, pero sí la  urgente reflexión de nuestros  comandantes, la guerra militar la sabemos enfrentar, la otra que nos han declarado, la jurídica-política no. Por lo tanto, es la obligación moral de nuestros líderes militares, enfrentarla con toda la decisión, riesgos, sin miedo, abierta y públicamente. Inaplazable es un reajuste en las prioridades y compromisos en la conducción de la defensa institucional. Los subalternos, quieren ver a sus comandantes más decididos, con mayor coraje para no abandonarlos en los momentos de dificultad.

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Editorial de la Semana

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Editorial

LA ENCRUCIJADA DE LA JUSTICIA  (I parte)

Por:    Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

 

El Ejército de Colombia, Institución que según las encuestas está en el alma del pueblo, lleva décadas sosteniendo y garantizando la democracia, salvando al país del terrorismo y el narcotráfico, dos flagelos que se trazaron como meta la toma del poder por las armas y la corrupción. Gracias a este  Ejército no han logrado sus propósitos, pero desafortunadamente se encuentra hoy en la más grave encrucijada de su existencia: La guerra jurídica.

En tal circunstancia, el futuro es incierto y es entonces cuando aparece la duda sobre la visión e interés institucional frente a la dimensión del problema. ¿Existe un medio de supervivencia institucional que permita enfrentar la aplicación e interpretación perversa de una justicia que no merece la confianza debida? ¿Nuestros Comandantes conocen y están conscientes de la situación? ¿Está haciendo carrera el argumento que el Ejército transparente de hoy es diferente al Ejército violador de ayer, como irresponsablemente lo planteó uno de los últimos comandantes de las Fuerzas Militares? ¿Están ingenuamente convencidos nuestros Comandantes que los dirigentes políticos asumirán el liderazgo de la verdadera y comprometida defensa institucional para solucionar esta crisis? Estas preguntas exigen inmediatas respuestas y acciones.

La guerra que el Ejército ha librado durante tantas décadas concentró toda su capacidad, años de entrega y  de responsabilidad, a la dedicación exclusiva de la actividad militar, lo cual,  nos alejó  de toda preocupación e interés por la política,  que un buen Oficial debe dominar y practicar en el mejor sentido, como lo muestra la historia universal con los grandes comandantes y líderes militares de todas las épocas. Nuestros políticos han sabido  aprovechar estas circunstancias, manteniendo a  los militares entretenidos en su guerra, manejando hábilmente las circunstancias para mantenerlos alejados del tema político con el pretexto de que los militares no son deliberantes.

En medio del conflicto llegaron las grandes transformaciones mundiales y la izquierda con la mayor habilidad se apropió de la bandera de los derechos humanos, y junto con las famosas e intocables ONGs su brazo desarmado, en armonía con la justicia, se convirtieron  en la mejor y más efectiva arma de guerra, tanto que uno de nuestros magistrados sentenció amenazadoramente: “este este es EL SIGLO DE LOS JUECES” y no lo dudamos, porque es lo que estamos viviendo e inocentemente enfrentando.

Con absoluta convicción hablamos de la guerra jurídico-política, que no es otra diferente a la guerra que estamos perdiendo en el campo de los politizados estrados judiciales, con la esmerada tarea de los colectivos fácilmente identificados por su ideología,  circunstancia que exige y así lo esperan sus subalternos,  el mayor compromiso, acción y determinación de los Jefes de nuestras Fuerzas Militares. La justicia politizada avanza lenta e inexorablemente, cada paso es bien pensado y contundente, reclama y exige respaldo y respeto, para sus sesgadas decisiones, son intocables y cualquier opinión o declaración en desacuerdo  la asumen como una amenaza y se convierten en víctimas ante el Estado, la sociedad y las demás organizaciones. Nunca pierden con sus  interpretaciones y siempre las justifican, porque  estamos en el “SIGLO DE LOS JUECES”.

Los militares colombianos después de tantos años de guerra, reconocidos  internacionalmente por su  experiencia  y valentía, saben que la misión, su razón de ser y el compromiso institucional no les permite actuar con impunidad. El propio Ejército como parte de sus políticas es perfectamente consciente que ganar la guerra impone legitimidad, respeto y aceptación de su pueblo, por ello, su argumento jamás será ser condescendiente con acciones ilícitas de unos pocos de sus miembros. La exigencia y no la súplica, es por lo tanto: justicia, verdad e imparcialidad jurídico-política de nuestros Fiscales y Jueces de la Justicia Ordinaria para con nuestros procesados.

Imposible desconocer la participación delincuencial de algunos de nuestros hombres que equivocadamente alteraron su misión, forma de actuar y desatendieron lineamientos éticos y morales al enfrentar el conflicto interno que vive el país. En estos casos sin vacilación la justicia debe actuar, pero inaceptable es que organizaciones, colectivos, prensa y justicia politizada, pretendan aprovechar estas circunstancias para generalizar actitudes individuales y deslegitimar la Institución Militar.

Esta delicada situación demanda mayor acción y diligencia de los Mandos Militares. No es el Ministro civil, ni los políticos quienes tienen en primera instancia la defensa Institucional. Ellos son pasajeros y la mayoría de las veces no conocen ni entienden la naturaleza del Ejército. La defensa Institucional es responsabilidad directa de los Comandantes y la deben asumir inclusive  a costa de su propia supervivencia profesional. Los subalternos así lo exigen y  los quieren ver como ellos  dicen: “jugándosela” por sus hombres, defendiéndolos públicamente de las injusticias que a diario hacen carrera.

La guerra en el campo de combate la estábamos ganando, pero la guerra jurídico-política por desgracia la estamos perdiendo y una lógica y simple deducción es que éstas circunstancias, a no dudarlo, paralizan el accionar y afectan la moral del combatiente. La justicia ya emitió su sentencia a nuestros Soldados: “estamos en el  SIGLO DE LOS JUECES”, y entre tanto  esperamos un milagro en medio de la mayor ingenuidad y torpeza institucional. ¡No podemos olvidar a nuestros detenidos! Ellos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario en juicios imparciales. Luchemos por ellos y por el Fuero Militar que nos han arrebatado a pesar de estar vigente en la Constitución Nacional.

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El análisis de la Semana

Un gobierno indescifrable. Un año de incertidumbre

MG(R).VICTOR ALVAREZ VARGAS

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

Después de la exitosa Estrategia de Seguridad Nacional, puesta en práctica durante el primer gobierno y parte del segundo del Presidente Álvaro Uribe Vélez,  quedó demostrado que era posible derrotar a los violentos, que durante años se afianzaron peligrosamente.  Este gran logro fue posible gracias a una estrategia bien lograda, que integraba la mayoría de los estamentos del Estado, acompañado de una férrea voluntad política en cabeza del Presidente de la República. Este gran éxito le abrió camino a la reelección, una amplia mayoría de colombianos cifraban su esperanza de que culminara la tarea inconclusa.

Sin embargo, y aunque se le atribuyen realizaciones que lo colocan de lejos como el mejor presidente de Colombia en los últimos cincuenta años, no fue posible consolidar el esfuerzo hecho en su primer gobierno, particularmente en lo que respecta a la seguridad nacional, debido a los desaciertos en la política exterior, el torpe manejo de la rama judicial, la desleal  posición frente a la abnegada labor de las Fuerzas Militares, con el sepultamiento del fuero militar y la equivocada posición frente a las falsas acusaciones contra la Fuerza Pública, el afán de protagonismo y la ambigua posición con las organizaciones de Derechos Humanos, aceptando violaciones del Ejército no comprobadas en debido proceso y por último la “papaya” dada con los errores graves de algunos de sus más cercanos colaboradores.  No obstante, el Uribismo se mantuvo en pie, como una formula comprobada para la derrota definitiva de los grupos armados ilegales.

Dentro de la amplia gama de candidatos que se presentaron para su sucesión, fue Juan Manuel Santos, quien mostró mayor afinidad con la continuación de la exitosa política de seguridad, pues además de que había sido su principal protagonista,  mostró durante la campaña la mayor seriedad y equilibrio con las más sentidas necesidades del pueblo colombiano.   Por todo esto,  frente a sus adversarios resulto avasallador, surgió así el candidato que ofrecía las mejores condiciones de continuidad  en las férreas posiciones frente a los violentos, con la experiencia suficiente para enmendar los errores de su antecesor.

Los colombianos, esperanzados en la continuidad prometida de la Política de Seguridad de Uribe, volcaron su apoyo en su mejor aliado, su ex ministro de Defensa, quien representaba de gran manera los éxitos de su Política de Seguridad. Pero ni el más avezado de los analistas se hubiera atrevido a vaticinar sobre cuál sería la reorientación política del más firme aspirante para continuar la política de Seguridad Democrática, aunque los militares teníamos serias dudas por las posiciones en contra del estamento, cuando se desempeñó como Ministro de la Defensa. Inició entonces su gobierno, concertando a los demás partidos con el fin de orientar su gobierno hacia lo que llamó “La Unidad Nacional”.

Aunque hay que reconocer que al Presidente no le ha ido mal, lo indican las encuestas, la realidad no demuestra tanto optimismo, por lo menos en seguridad; el presidente Santos decidió sutilmente apartarse de las políticas del Uribismo, los intereses políticos han sido su prioridad, su espaldarazo al partido Liberal en la aprobación de la Ley de Victimas, que el mismo consideraba inviable en el gobierno anterior. El punto crucial ha sido ganar un liderazgo con base en una popularidad fingida y en acuerdos periodísticos más allá de las ramas del poder.  Su política no ha sido del todo coherente con los principios de su partido y, con un interés claramente politiquero, ha tomado un camino facilista, cual es el de tratar de quedar bien con todos los partidos, particularmente con la oposición;  es claramente  el toque europeo de la Tercera Vía, que no le dice nada a nadie, pero suena bien, para algunos teóricos, que aprovechan esa circunstancia para ser de izquierda sin reconocerlo y hablar de “la mano negra de la derecha”, idea brillante para silenciar opositores históricos. La clave de su popularidad ha sido el apoderarse de todas las instancias de los desprotegidos, al estilo Argentina, política a la que quedará muy difícil oponerse y menos teniendo el apoyo de organismos internacionales.

Inició su gobierno con muy buenos resultados en la política exterior al componer las estropeadas relaciones con el vecindario, lo cual fue bien recibido por la mayoría de los colombianos; era absolutamente necesario calmar la tensión en la Región, pero sin exageraciones ni falsos devaneos. La política internacional debe ser seria, sin mancillar la dignidad nacional y con claros objetivos.  Sin embargo, falta mucho por descifrar respecto a las verdaderas relaciones amistosas con nuestros vecinos, las que parecen ser más mediáticas y diplomáticas que reales: las cuentas por pagar de Venezuela aún siguen en rojo, la deportación del terrorista Julián Conrado, quien se encuentra detenido en Venezuela desde el pasado 31 de mayo continua embolatada, por las evidencias se duda mucho que se hayan cortado los apoyos a la guerrilla colombiana. El Ecuador, aunque exoneró al ex ministro Santos, mantiene en pie las demandas a las autoridades militares y de policía colombianas que dirigieron la Operación Fénix.  

Muchos afirman que el presidente Juan Manuel Santos aflojó en la voluntad de vencer a los narcoterroristas, eso no es para nada cierto, todos sabemos del esfuerzo realizado por nuestras Fuerzas Armadas en este aspecto,  pero no podemos desconocer que la nueva modalidad de presión hacia las Fuerzas Militares, auxiliada por las cortes y la nueva jurisprudencia propia y foránea, producto de los acuerdos firmados por Colombia, -ha involucrado penalmente a más militares en los últimos cinco años que en toda su historia, a través de la innegable “guerra judicial”, además de que ha dejado sin piso la pruebas más contundentes de la Farc-política.

El esfuerzo principal de la guerra, en la actualidad está siendo sostenido por las unidades élites, que cuentan con los medios necesarios y el aparato judicial expedito para lograr los éxitos operacionales, las cuales están concentradas en dos o tres sitios específicos; mientras los Comandantes militares que actúan en la mayoría de unidades desplegadas en la geografía nacional, lo piensan dos veces antes de meterse en líos jurídicos, porque no tienen los medios ni la capacidad para aplicar la nueva y enredada doctrina operacional, que dificulta o impide la correcta aplicación de los principios y leyes de la guerra; mientras los bandidos actúan a sus anchas, sin la más mínima censura y con la complacencia de quienes sindican y atacan a las Fuerzas Militares.

Por otro lado, la guerrilla terrorista cuenta con un aliado legal que le colabora incansablemente en sus propósitos, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo“, que cuenta con una gran infraestructura -que trabaja con furia ideológica -e intereses económicos; elevando sus denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de buscar su intervención;  justifica su accionar por la defensa de los derechos humanos, además de la ayuda ofrecida por los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia. Estas si son las verdaderas causas de la disminución de los resultados operacionales.

La nueva doctrina operacional que rige la Fuerzas Militares, fue inspiración del Dr. Juan Manuel Santos, cuando se desempeñó como Ministro de la Defensa, asesorada y redactada por jóvenes e “ingenuos estrategas”, que presionados por organizaciones internacionales de izquierda, buscaban alinearnos con los nuevos tratados y legislación de los Derechos Humanos.  Me atrevería a decir que no existe otro Ejército en guerra en el mundo, que tenga tantos y tan complejos condicionamientos operativos, gracias a las argucias de los personajes y organizaciones que ingenua o premeditadamente favorecen los intereses de los terroristas.

Además de las consideraciones anteriores, que redujeron notoriamente el accionar militar, podemos afirmar que el factor determinante para el arreciamiento de los actos terroristas en el gobierno Santos, fue la voluntad ofrecida por este gobierno para establecer nuevos diálogos con las FARC y el ELN., pues de todos es conocido que ante esa posibilidad, estos grupos intensifican su accionar, con el fin de llegar en condiciones más fuertes a un posible diálogo, para tratar de intimidar al gobierno y así obtener mejores beneficios en una posible negociación. Todo indica que los acercamientos en esta dirección son una realidad; ya existe una agenda para esta eventualidad; lo que no sabemos aún, son las condiciones para que se lleven a efecto, pero conociendo el estilo del Presidente Santos, tendrá un sin número de interlocutores y asesores, particularmente de izquierda, para buscar un consenso que lleve a “feliz” término las posibles negociaciones. 

Ante este contexto, son muchos interrogantes que nos podemos hacer en estos futuros diálogos. Cuál será el papel que jugarán los actores externos, ONU, OEA, CIDH?, de quienes conocemos su inclinación política y animadversión hacia las Fuerzas Armadas Colombianas, por lo que seguramente nuestro presidente los pondrá en el escenario, además de asesores externos “expertos” en la materia que tanto le gustan al primer mandatario, tal como lo es actualmente el señor Baltazar Garzón, ya residente en nuestro país desde hace varios meses; ni pensar en la posición de las Cortes y la fiscalía en las actuales circunstancias, y como es lógico será un bocado de cardenal para la jauría mediática que, muy seguramente, hará filas al lado de los “loables” propósitos del gobierno, ya que sin importar los costos, el enjuiciamiento de los militares podría ser una posible condición para buscar la tal anhelada paz.

Esta eventualidad afecta profundamente la integridad y prestigio histórico de las Fuerzas Armadas, desde ya tenemos que prepararnos para evitar ser sorprendidos; tendremos que organizar seminarios, foros y discusiones que nos acerquen a una posición que deberíamos tomar en tal escenario, particularmente las reservas activas de la FFMM. Tenemos que recordar que muchos serán los dividendos que nuestros enemigos naturales querrán sacar, como ha sido costumbre el gobierno permanecerá indiferente y apacible por el costo que tengan que pagar los militares ante un proceso de paz.

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Editorial de la Semana

EDITORIAL

“A la Defensa”

Se clama por ayuda, ante casos de gravedad en los que el Estado Social de Derecho esta’ en riesgo, se pide con desespero la intervención de los entes encargados, se logra a todo riesgo la estabilidad y normalidad, quienes han sido favorecidos  se manifiestan, motivan,  exaltan y agradecen a quienes tomaron acción; inexplicablemente con el paso de los días y ante manipulaciones e intereses oscuros, se ataca y juzga en forma injusta a quienes realizaron las acciones, antes aclamadas.

“A  quienes se ha defendido,  son los que injustamente arremeten contra  quienes actuaron en forma oportuna y resolvieron una situación apremiante”. Esta es una realidad en el caso de Colombia y aplica a su Fuerza Pública.

La Fuerza Pública en Colombia ha sido ingenua en el manejo de varios aspectos que pretenden deslegitimarla  y buscan debilitarla, puesto que ha actuado de buena fe, ha sido crédula e inocente, especialmente en temas referentes a la Justicia ordinaria,  le ha faltado la sagacidad y perspicacia que sería lo único a imitar de la subversión, enemigos del Estado y de su legalidad.

A manera de ejemplo muy simple, en Colombia y en el mundo, han hecho carrera ciertos “remoquetes” que han perjudicado el buen nombre del país en general,  pero particularmente el de su Fuerza Pública, es el caso de las expresiones con las que se han catalogado a algunos delincuentes que se los llamó “Paramilitares”, o de algunas acciones del conflicto, que se han denominados “falsos positivos”.

En la primera expresión su significado literal se refiere a un grupo así denominado y considerado una ayuda para los militares, así se ha entendido en diferentes países, especialmente en Europa, y así hábilmente fue concebido por quienes quieren hacernos daño.

En la segunda expresión un tanto burlesca en que a la palabra “positivo”, empleada por nuestra Policía, se le agrega la palabra ”falso”, con el único fin de arremeter ante un posible error cometido, hacer propaganda y dimensionarlo; o de presentar como acto reprobable uno que se cine estrictamente a la ley, aceptando si’, que en situaciones excepcionales e individuales se pueden haber cometido deslices,  son personas que obran motu proprio, y que no es, ni nunca será, política institucional.  Estas dos expresiones y su empleo insensato, son entonces, unas simples muestras de la forma maquiavélica y sagaz de cómo obran a diario estas voces del mal y que actúan en contra del estado social de derecho. Lo lamentable y preocupante es saber que, ante estos ataques y hábiles estrategias, la Fuerza Pública no se defienda, o si lo hace, lo hace muy tímidamente.

Porque’ no hacerlo? Que’ nos lo impide? Acaso la Fuerza Legitima del Estado, la Fuerza Constitucional  en su difícil actuar,  muchas veces no comprendido y superficialmente analizado, no puede cometer errores precisamente por la dificultad con la que cumplen su misión?   Tenemos todo el derecho y mejor aun, es nuestra responsabilidad defendernos, somos una fuerza pública que ha demostrado su efectividad en el combate, demostremos también nuestra efectividad en este campo, salgamos victoriosos en este nuevo espacio, ese es el nuevo reto.

Llegó la hora de salir de ese retraimiento y mostrarnos tan valientes como lo somos en el campo de combate,  atacar y defendernos de esa  estratagema sistemática en varios aspectos, que tanto daño nos hace.

Así como para situaciones netamente operacionales se han montado  estructuras militares que han permitido contrarrestar con éxito la acometida en el campo de combate,  Batallones, Brigadas, Divisiones, Comandos Conjuntos, Fuerzas Especiales, se deben crear entes similares dedicados a la defensa en el campo de la Justicia, debemos tener la mejor organización, los mejores abogados, y brillantes especialistas en derecho; esa es ahora nuestra problemática, en el terreno somos superiores, en el combate de frente somos exitosos, debemos empezar por aceptar y reconocer  que nuestra actual falencia esta en el campo jurídico, esa es nuestra debilidad,  debemos actuar a tiempo y evitar que cause más estragos y diezme nuestra amada institución.

Vamos a seguir permitiendo más “Santo Domingos”, “Delicias”, “Plazas”,” Arias”, “Uscateguis” y más casos injustos?”

Tenemos que “vigilar” a ciertos entes como ellos nos velan sistemáticamente, desenmascarar sus verdaderos intereses, seguramente ellos tambien tienen falencias y no son tan justos como lo pretenden y quieren demostrar.

Como ejemplo de organizaciones que constantemente atacan a nuestra Fuerza Pública está un colectivo de abogados plenamente reconocido por todos, que, lejos de querer hacer justicia y buscar la verdad como promulgan, es un ente  que busca  lucrarse ante el dolor y la ignorancia en aspectos legales de unos deudos,  haciendo montajes, consiguiendo testigos falsos a quienes pagan para que expresen imprecisiones.  Para contrarrestar esa estrategia montada surge por primera vez, lo cual celebramos, el Colectivo de Abogados denominado General Revéiz Pizarro y Landazábal Reyes, recordando dos insignes y probos oficiales del Ejército Nacional, estas organizaciones “desenmascararán” a estos falsos testigos, “atacarán” con procedimiento legal  las falsedades y montajes de ese colectivo, “debilitarán” sus tesis, “alertarán” a aquellos deudos que ante su dolor buscan justicia pero que a la vez son engañados y manipulados en forma hábil.

Se ha reestructurado y se le ha dado un nuevo aire a la Defensoría Militar DEMIL, se le han impuesto unas tareas y un plan de trabajo que amerita  su existencia y  que le permita cumplir con su propósito, esta defensoría va ser medida en su labor, es un ente  que ya esta’ demostrando un nuevo derrotero.

Se debe entregar un respaldo jurídico y político a los subalternos a todo nivel, son ellos los que cumplen la tarea y terminar ese temor en ellos ante la arremetida de la justicia y la forma injusta en que sus acciones operacionales son analizadas.

Se están creando fundaciones desde la reserva activa, cuyo único propósito es defender a nuestros combatientes que han actuado correctamente en la dinámica y duro trajinar del ambiente operacional en el que se actúa, los que estamos ya por fuera del servicio lo comprendemos, actuamos y apoyamos.

Debemos exigir periodistas  más sensatos, no puede la prensa lanzar juicios a priori, debe existir una prensa profesional y no sensacionalista, el amarillismo es sinónimo de ligereza, de irrespeto y  falta de valores.

Empleemos nuestras Embajadas a lo largo del mundo, instar al gobierno y a Ministerio de Relaciones Exteriores a nuestra Cancillería, para que los Diplomáticos asignados a esas sedes, sean mas agresivos en difundir y aclarar nuestra verdadera situación interna,  nuestras Agregadurías Militares deben formar parte de ese equipo de trabajo, ello implica la preparación en ese sentido a nuestros oficiales; acudamos a instancias Internacionales en busca de apoyos en la Defensa de nuestra Institución y de sus integrantes;  a manera de ejemplo existe en la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y dentro de sus responsabilidad también, el Grupo de Trabajo de detención arbitraria , recurramos a esos  mecanismos Internacionales ensenémosle y expliquemos la verdad de cada caso,  debemos ser agresivos y erradicar la imagen de una Fuerza Publica contravenida.

Se debe analizar y mirar con cuidado la legislación de los Resguardos Indígenas, pues infortunadamente para nosotros y una vez más no hemos sido lo suficientemente hábiles para notar que están siendo empleados por los enemigos para lograr algunos de sus objetivos; eran otras épocas aquellas en que, para apoyar y permitir como corresponde, la existencia de esa etnia, no habría que tener mayores prevenciones  para respetar sus costumbres y ayudarles a conservar su hábitat, su territorio, su cultura; los actuales momentos son otros y ameritan consideraciones especiales e investigativas, estos territorios por la inmunidad en varios aspectos que ellos tienen, están siendo empleados y contaminados con malos propósitos, poco a poco se han convertido en  guarida de la guerrilla; miremos el caso del Departamento del Cauca.

La procuraduría, la contraloría, la Fiscalía, la Corte Suprema de justicia deben comprender que las instituciones armadas legítimamente constituidas, como lo son  ellos, son la esencia de la defensa del país, representan la legalidad, no somos los enemigos de la Patria, sin duda hay errores, hay falencias que se están  revisando, pero no arremetan con la furia y con la falta de análisis como lo están haciendo, somos de los mismos, somos el lado bueno de la patria.

Es esperanzador saber que estamos estimulando el cambio, pero el camino es largo aun, ¡¡¡adelante, defendámonos!!!

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