La opinion del dia

Jugando con la seguridad de los colombianos

Por Eduardo Mackenzie

4 de abril de 2010

¿En periodo electoral todos los golpes están permitidos? Dos candidatos presidenciales de la oposición, Gustavo Petro y Rafael Pardo, se han concertado para montar una sucia operación contra el Presidente Álvaro Uribe y contra el candidato del Partido de la U, Juan Manuel Santos. La movida también pretende destruir el mecanismo jurídico que ha permitido al Estado colombiano evitar miles de atentados y secuestros y proteger a la población civil de los otros golpes de las FARC y de los paramilitares. Ese mecanismo protector de los ciudadanos, la directiva ministerial 29 del 17 de noviembre de 2005, es objeto de una violenta de satanización.

La ambiciosa operación retoma el tema de los “falsos positivos” para explotarlo desde el ángulo viciado de la propaganda de las FARC: como “un asesinato planificado de miles de civiles inocentes por parte del Estado”, como una operación abominable montada cínica y conscientemente por el presidente Uribe y secundada por su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Todo comenzó en un mitin en Pamplona, el 27 de marzo de 2010, donde Gustavo Petro rechazó la tesis oficial de que los "falsos positivos” reflejan actitudes criminales individuales y son la consecuencia de la infiltración del narcotráfico en ciertos sectores del Ejército. Petro afirmó que esos asesinatos se deben al cumplimiento de “una resolución secreta según la cual el ministerio de Defensa daba un incentivo económico a los militares que dieran de baja a presuntos guerrilleros.” Y agregó: "Es el gobierno civil en nombre de Camilo Ospina (…) quien firma una resolución secreta, la 029, que permite intercambiar 3 millones 800 mil pesos por cada muerto de la base guerrillera o paramilitar que se entregue muerto, dar de baja dice la resolución".[i]

La imprecisión, el reduccionismo y el equívoco de esos párrafos son calculados. Petro habló de una “resolución secreta la 029”. Ese documento no existe. Existe sí la directiva ministerial 29 del 17 de noviembre de 2005. Pero Petro se cuidó de citar con exactitud ese texto para que la confusión fuera mayor, así como la dificultad para encontrar el texto auténtico y poderlo comparar con lo que él dice.

Petro adulteró el contenido y naturaleza de esa directiva para engañar a su auditorio. Ocultó algo muy importante: que desde su segunda línea ese texto dice claramente que las recompensas serán dadas “por la captura o abatimiento en combate [de] cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. La directiva emplea siempre la fórmula “en combate”. La diferencia es, pues, enorme. No hay nada en esa directiva ministerial que invite, incite, patrocine u ordene asesinar civiles indefensos o presuntos guerrilleros a cambio de dinero. La directiva agrega que toda información seria “sobre la ubicación de material de guerra, intendencia y municiones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico” también podrá ser recompensada. La directiva creó, además, un sistema de control de esos pagos, para evitar los abusos: un Comité Técnico de Seguimiento con representantes del ministerio de Defensa, del Comando general de las Fuerzas Militares, pero también del DAS, de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nacional (artículo 8 de la directiva 29).

Petro omite esos detalles para que su público no descubra la naturaleza real de ese dispositivo de seguridad que ha jugado un papel central en la lucha antiterrorista y anti tráfico de drogas. Petro busca deslegitimar las capturas y bajas de terroristas, y la colaboración ciudadana en la ubicación de combatientes ilegales, mecanismo que ha permitido a las autoridades evitar catástrofes y reducir la capacidad de daño de las bandas armadas. Como el descubrimiento de un taxi en Neiva con 50 kilos de explosivos, gracias a que la red de informantes “puso sobre aviso” a las autoridades[ii]. Como la prensa no había puesto a disposición del público la directiva 29 de 2005, Petro trató de hacerle creer a ésta cualquier cosa. Finalmente, la tal resolución apareció en la página web de un diario español[iii], y el embuchado se derrumbó.

Sin embargo, la segunda etapa del montaje estalló al día siguiente. La Vanguardia, diario catalán de izquierda, publicó una entrevista con el candidato liberal Rafael Pardo, bajo este título provocador: “¿Uribe es responsable del asesinato de 2.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros?”.

Joaquim Ibarz, quien es uno de los periodistas mejor informados sobre Latinoamérica, olvidó varios detalles capitales: que sobre los falsos positivos en general, y los de Soacha en particular, no hay sentencias en firme. Olvidó decir que, stricto sensu, no se sabe qué pasó allí. Olvidó decir que han transcurrido más de quince meses sin que los fiscales que están al frente de esos expedientes hayan encontrado las pruebas necesarias para avanzar en la instrucción y mucho menos para firmar una sentencia. Olvidó decir que los jueces han preferido dejar en libertad a los militares investigados por lo de Soacha por “vencimiento de términos”. Olvidó decir que las Fuerzas Militares pidieron que esos soldados investigados sean de nuevo detenidos. Ibarz, Pardo y Petro, explotan ese tema como si nada de eso fuera cierto, como si el poder judicial ya hubiera hablado. Ello no es así. No existe verdad judicial acerca de los falsos positivos. Existen sí conjeturas, cálculos y muchas mentiras, como lo de los “2 000 asesinados”, cifra fabricada por los propagandistas.

Obsesionado con la idea de que Álvaro Uribe sea juzgado (¿por haber derrotado a las FARC?), Joaquim Ibarz lanzó esta pregunta a Rafael Pardo: “En Perú, el ex presidente Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor universitario. Aquí hay al menos 2.000 asesinatos de jóvenes. ¿Puede darse en Colombia el procesamiento del presidente?”.

La respuesta, vacilante, de Pardo incluyó tres mentiras: “La fiscalía tiene que investigar. La fiscalía solo está investigando a los ejecutores, y no ha investigado por qué ocurrió eso, por qué se repetían esos asesinatos, por qué no había controles, ni por qué ante denuncias repetidas no se hizo investigación alguna. Sólo cuando el escándalo llega a Bogotá el Gobierno reconoce los hechos. Pero hacía tres años que se formulaban denuncias repetidas sobre falsos positivos, sin que se abriera ninguna investigación. Y ahora ya hay denuncias serias de Naciones Unidas y de congresistas norteamericanos.”

Los fiscales sí investigan el por qué de lo ocurrido, y controles si hubo y ante las denuncias, el gobierno y la Fiscalía tomaron medidas rápidamente. Lo de Soacha lo prueba. Las destituciones de militares y la apertura de la investigación de la Fiscalía ocurrieron mucho antes de que congresistas norteamericanos abrieran la boca y mucho antes del informe del relator de ONU Philip Alston, quien aseguró, de la manera más irresponsable y sin respaldo judicial alguno, que las muertes de Soacha eran sólo “la punta del iceberg de los asesinatos a sangre fría de jóvenes por militares del Ejército”.

Rafael Pardo, quien tiene por qué saberlo, omite que los mal llamados “falsos positivos” son casos que, en su gran mayoría, constituyen falsas denuncias contra agentes del Estado, instauradas por organizaciones aliadas de las FARC y del ELN con sórdidos fines ideológicos y financieros.

Pardo olvidó que Juan Manuel Santos, con el respaldo del Presidente Uribe y del General Padilla de León, tomó severas medidas. El candidato Pardo ridiculiza el mecanismo de las recompensas. En la entrevista, llega a comparar ese dispositivo con los “premios o gratificaciones de la General Motors”!

Para quienes tratan de montar el embuchado de que en Colombia no hay bajas en combate sino “asesinatos de inocentes”, es vital hacerle decir a la directiva 29 de 2005 algo que ésta no dice, omitir sus exigencias esenciales. Tras cubrir de lodo ese dispositivo, que las FARC siempre han querido abolir, rematan con la impostura de “la omisión”, de la “falta de investigación” y de “control” del Estado. Todo ello es grotesco. ¿Si hay “crímenes de Estado” por qué ese mismo Estado se empeña en detener a los presuntos culpables para que sean juzgados?

Travestir un crimen individual en crimen colectivo es una técnica de desinformación. Contra eso no hay nada más contundente que los hechos. Por eso ellos los detestan tanto, los ocultan, los maquillan. Grave es que la prensa libre deje pasar esas manipulaciones sin develarlas. Desde luego, lo peor es lo que ocurre en la esfera política: el candidato del Partido Liberal, ex ministro de Defensa, se presta ahora a montajes de ese alcance, los cuales hasta ahora eran impulsados por los agentes de las FARC y por extremistas de la oposición. ¿Hasta dónde irá Rafael Pardo?

Nota

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[i] Ver “Gobierno abrió el camino a los falsos positivos”: Petro, Radio Caracol y El Espectador, 27 de marzo de 2010.

[ii] Ver Diario Exterior, Madrid y agencias de noticias colombianas, 1 de abril de 2010.

[iii] Ver : http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100328/53899138358.html