Conocido el histórico fallo de la Corte Constitucional, que confirma la inconstitucional de la convocatoria de un referendo, que abriría las posibilidades de reelección del actual presidente por segunda vez, es innegable confirmar que pro vicios de forma y por manipulación maniquea del aparato político, el constituyente primario vio frustrada su intención de continuidad de una política de ataque frontal a l terrorismo y combate sostenido contra los grupos delincuenciales de las FARC.
El país bien conoce, que la responsabilidad de operativizar la política de “seguridad democrática”, no podía recaer en otra institución con más capacidad, experiencia y decisión, que el Ejercito Nacional, protagonista histórico del devenir democrático del país y sostén insustituible de las instituciones.
La guerra como en ninguna otra época de todos los gobiernos, se declaró frontal, abierta, contundente y sostenida, hasta cambiar dramáticamente el desbalance que venía pesando sobre un asimétrico equilibrio de fuerzas entre Estado y delincuentes, enseñoreados por haber logrado poner a un malhadado gobierno de turno, a dialogar en igualdad de condiciones y obtener como premisa, la cesión de una parte del territorio nacional, con las horrendas consecuencias que todos los colombianos debimos afrontar.
El enemigo poderoso de ese entonces, fue cediendo ante la descarga y recibiendo contundentes golpes, que lo alejaron del protagonismo y lo logrado en sucesivos gobiernos timoratos, se volvió vana ilusión, por la contundencia de las operaciones militares. Esta inesperada y cruda realidad, hizo meditar a los estrategas de la violencia, no precisamente enquistados en cuadrillas de la selva, sino en estadios más cómodos de poder, que el choque frontal aniquilará el proyecto subversivo, debiendo fortalecer por todos los medios, las campañas de guerra política y jurídica, espacio que siempre les reportaron excelentes rendimientos a cero costos en pérdidas de vidas combatientes, y si con la postración y la condena de combatientes institucionales.
Su estratega: el uso vil e infame de la calumnia, la injuria, los falsos testigos y sus atroces testimonios, que sin tela de juicio u saña vienen esgrimiendo como bandera proclives grupos de abogados con no pocas alianzas en los entes de investigación y justicia del Estado, en un sainete dantesco que calca a pie juntillas, la estrategia de aniquilación de la voluntad de lucha del Ejército, que ve inerme y en peligroso silencio, la diaria condena de sus hombres, otrora exaltados a la condición de héroes de la patria.
Nada está al azar en esta guerra infame; nada ocurre en este macabro escenario, sin la urdida treta de la izquierda pensante, que en soterrada alianza con las actuales bandas criminales, ayer idealizados como guerrilleros, se han enquistado estratégicamente en los órganos de investigación, desde donde se ha optado por el más certero de los medios para equilibrar su irremediable derrota en el campo de combate: guerra jurídica sin cuartel contra comandantes en todas las jerarquías, condenando a un creciente grupo de oficiales, para quienes esa desgastada bandera de “aplicar todo el peso de la ley”, se vuelve fatídica verdad y escenario cotidiano que enorgullece a jueces y fiscales y otorga réditos, renombre internacional y abierta dádiva por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, proclives como lo conoce el país al apoyo económico e ideológico para la subversión.
La saña no culmina con la condena del militar; pues a ese antiguo solado que se la ha liquidado su vida, se le manipula miserablemente, ofreciéndole jugosas rebajas de pena, para que enlode el nombre de sus antiguos comandantes y endilgue superiores responsabilidades a sus jefes, con aval, abierto manejo y manipulación de muy particulares ONG (s), despreciable practica que viene horadando sin pausa y sin tregua los cimientos de la institución, que ha sido, es y será la única e insustituible muralla de contención que impide el asalto brutal al querer democrático de un pueblo.
El entramado ponzoñoso de la guerra sin las armas, donde es el nuevo campo de combate para los investigados; un desconocido fango, que lo envuelve lentamente y sin remedio, como lacerante tortura que torna inútil todo esfuerzo por defender una verdad, hasta que ese cieno lo lleva al fondo y lo ahoga sin remedio.
La escalofriante cifra de militares investigados y condenados, demuestra la efectiva estrategia de enjuiciar por todos los medios a militares comprometidos en la guerra, garantiza la disminución progresiva del ímpetu de las operaciones, y debilita el coraje de nuestras tropas para enfrentar al enemigo, ante el riesgo cada vez mayor de ser sometido a investigaciones disciplinarias y penales, con altísimas posibilidades de condena.
Es tal la saña y el sesgo en el aparato investigador, que existe en la Fiscalía General, una Unidad dedicada en forma exclusiva al análisis sobre perfiles de los oficiales del Ejército, sometidos a investigaciones penales, en donde pesa negativamente en la valoración sobre gestión de la profesión, los resultados exitosos en la guerra, los reconocimientos de la Institución a su esfuerzo operacional y su permanencia en áreas de desorden público, en donde es intenso y permanente el combate contra grupos de narco guerrilla.
Campean alrededor de estas investigaciones contra Oficiales del Ejército, un grupo de abogados oportunistas, asociados como “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo” quienes apoyados por grupos de izquierda y organizaciones como Minga, Cohones, Credos, Pax Cristi, Justicia y Paz, entre otras, tienen todo un entramado de testigos, que en su condición de condenados por delitos de terrorismo, narcotráfico y paramilitarismo, se prestan en forma miserable y doblemente delictuosa, a testificar en contra de cualquier militar, con jugosas ofertas monetarias y sensible rebaja de condena, ante su ausencia de referentes de ética y moral, que bien aprovechan los traficantes profesionales del falso testimonio.
Es muy bien conocida su postura en investigaciones contra militares y sus jugosas ganancias obtenidas en condenas al Estado Colombiano, proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la defensa de Colombia y sus servidores siempre ha sido nula, dejando en estas instancias, un nefasto antecedente que sirve para las incontables demandas ya radicadas en esa Corte Internacional.
Esta dolorosa radiografía y sus oscuras proyecciones, son ya una cruenta y vivida historia de los ejércitos del cono sur, realidad que calcada a los momentos del Ejército Colombiano, nos dejan un amargo sentimiento de desazón, pues la estrategia de postrar a los militares en los estrados judiciales, es un arma mortífera que está causando más daño que las balas asesinas del enemigo y restringiendo sensiblemente el desarrollo de la política de seguridad democrática, bandera del actual gobierno y que tiene como pilar fundamental, la gestión operacional del Ejército.
No hay comentarios:
Publicar un comentario