La Opinión de la Semana

Santo Domingo

Mayor General Ricardo Rubianogroot Román.

Miembro de Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar.

Cuando las acciones o los sucesos se cumplen en forma repetitiva, se tornan  rutinarios, se convierten en costumbre, no llaman la atención, pasan inadvertidamente, no importa lo graves que estos sean, ni siquiera recapacitamos en las consecuencias que traerán para unas personas, para una comunidad o para todo un país.

Colombia se ha convertido, para nuestra desventura, en una nación pasiva, un estado indolente, nos  acostumbramos a los desafueros más grandes, a los actos de barbarie más crueles y permanecemos impertérritos, imperturbables.

El caso de Santo Domingo en el que están juzgados y condenados un  puñado  de miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, es otro ejemplo de ello;  tan solo quienes sufren las consecuencias y aplicación de esta injusta sentencia, los propios implicados, sus familias, la Fuerza Aérea y algunos pocos sectores de la Fuerza Pública y de opinión, son los únicos a los que les duele esta injusticia y que conocen los detalles de ese indebido dictamen.

Sin entrar en los pormenores y solo para aquellos que no están al tanto,  esta es una investigación que se inició desde el 13 de Diciembre de 1998, fecha de los hechos, en la que se le indilga a la tripulación de un helicóptero de la FAC la muerte intencional de unas personas, por acción de una bomba lanzada desde una aeronave de la FAC, precisamente en la localidad de Santo Domingo en el Departamento de Arauca.

Tal vez esta sea la única operación de aquella época, en que se cuenta con un video aéreo que registra detalladamente los pormenores de la actuación de las tropas de tierra y aire, video que estuvo disponible y que se allegó al proceso penal para sirviera a investigadores y jueces en la toma de las decisiones; por ello resulta sorprendente que se  hubieran desconocido detalles que ilustran que la bomba se arrojó en un lugar en donde se encontraban los delincuentes de las FARC, distante cerca de un kilómetro de donde se produjo otra explosión que causó la muerte a personas de la población de Santo Domingo. Resulta por ello insólito e inquietante el fallo condenatorio en que se calificó de dolosa la actuación de la tripulación, ya que toda la prueba mostraba que la aeronave dirigió su acción contra los delincuentes.

De otra parte existen pruebas que permiten determinar y aclarar varios aspectos técnicos y operativos, como es el caso de los componentes de los explosivos que se emplearon para hacer detonar el camión que se encontraba en la entrada de la localidad de Santo Domingo. La composición química encontrada en el lugar donde se encontraba ese vehículo, corresponde a la que se emplea para hacer explosivos denominados “caseros” y no es la usada en las bombas  autorizadas y con la especificaciones dadas por la OTAN, que son las manejadas por la Fuerza Aérea de nuestro país, como la de tipo “clúster” (bomba de racimo, de corto radio de acción) que se lanzó en esa ocasión; con ello se pueden refutar algunos conceptos de  las necropsia de los cadáveres, a los que se les atribuye su muerte por efectos de esquirlas de la bomba de la FAC,  hay también peritajes de organismos internacionales, declaraciones de lugareños, dictámenes médicos de las víctimas, en fin, el cumulo de información existente, es  clara, suficiente y amplia para arribar a la conclusión de que fueron otros quienes causaron las muertes de los civiles.

Como complemento de lo anterior, se indica, que el Tribunal de Arauca, estableció desde el inicio del año 2011 como responsable de las masacres que se dieron en Santo Domingo, al guerrillero alias “Granobles”, ¿cómo entonces, con estas pruebas claras, contundentes hay oficiales y suboficiales que cumplían con una orden vuelo, planeada, verificada, con inteligencia estudiada y coordinada con el Ejército, están aun privados de la libertad?

La respuesta es clara y es una realidad patética y agobiadora, existe una indolencia ciudadana y de las instituciones, respecto de la forma como se esta manejando la justicia en Colombia, nos falta  sentimiento humanitario; para los Colombianos es indiferente que haya tantos procesados, sin el respeto mínimo al derecho procesal y constitucional.  La respuesta es clara también, cuando organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, colectivos de abogados, y ONG’s mal intencionadas, sigan manipulando la verdad y nadie ni nada los detiene ni los confronta.

¿Dónde están los entes fiscales? ¿Quién ronda a la justicia?

Desafortunadamente solo nos interesaremos de temas como los aca relatados, cuando directamente nos caiga el rigor de la injusticia en los procesos, que andan rondando en Colombia,  o cuando  un familiar o persona cercana,  forme parte de un injusto proceso. En ese momento, se entenderá lo que se sufre con el desprecio y la indiferencia ciudadana y de las instituciones.

El precio de la indolencia y  la apatía que agobia a nuestro país, se verá reflejado en un futuro cercano, cuando a lo único que podamos apelar sea a la justicia divina.