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LAS OPERACIONES Y EL MANUAL DE DERECHO OPERACIONAL
Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar
Hay una pregunta que por estos días la gente se hace y es la de ¿que estará pasando en el Ejercito y por qué razón no volvieron los golpes contundentes como las operaciones Siete de Agosto, TH, Libertad I, las de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y otras adelantadas por las unidades y que causaron un efecto estratégico letal en las FARC y las obligaron a pasar a la defensiva estratégica y a la pérdida de la iniciativa colocándolas en grave deterioro así como a ir en franca decadencia?; ¿será exceso de triunfalismo o que nos contentamos con ir por inercia detrás del ”fin del fin” que tanto pregonaba un comandante no bien recordado al interior de la institución militar y que causó un efecto de adormecimiento?
Creemos que es la sumatoria de errores, malos manejos y manoseo, falta de liderazgo y comprometimiento desde las más altas instancias gubernamentales que siguiendo la cadena de mando lesionó la moral y generó inseguridad en nuestros comandantes medios y bajos trayendo como consecuencia la situación actual que aunque tiene remedio, sí debe ser reconocida y considerada para darle los correctivos adecuados y retomar la iniciativa y el vigor operacional enmarcados en las reglas claras de enfrentamiento y en las normas morales y éticas que legitiman el accionar de nuestras Fuerzas Armadas.
Errores y malos manejos, porque así no se reconozca ni haya evidencia escrita, se confundió exigencia de resultados con presión desmedida sin importar el costo y la forma, que condujo a conductas reprobables que sumadas a montajes y corrupción, dieron origen a situaciones como el retiro doloroso e innecesario de algunos comandantes en cuyas unidades se sospechaba de la existencia de dichas conductas punibles que dieron origen a los peyorativamente llamados “falsos positivos” ; por eso en el afán de poner a salvo el buen nombre, las aspiraciones y el apego a la ley de jefes y responsables de la institución militar, sin una razonable investigación se tomaron medidas injustas que golpearon principalmente la moral del ejercito.
En este afán, surge un remedio que a nuestro juicio resultó peor que la enfermedad y es el “Manual de Derecho Operacional” FFMM 3-41 dado a conocer por Disposición 056 de Diciembre 07 de 2009 del Comando General de las Fuerzas Militares que hasta la fecha permanece vigente.
En su presentación, el Comandante General afirma que “el manual intenta articular el marco jurídico con la dinámica operacional” (pg. 9 del documento) y que “las FFMM están dedicadas a asegurar la consolidación del territorio, es decir, a crear las condiciones de seguridad que permitan el fortalecimiento gradual de la ley y de la presencia de las entidades del Estado a lo largo del territorio nacional” (pg. 9) lo cual puede interpretarse como reglas hechas para el posconflicto o simplemente no reconocer que hay un estado de guerra que amerita legislación y marco diferentes, sin entrar a contemplar, por ejemplo, una agresión externa de la que ni siquiera cita.
El manual desvirtúa las TOE (Tablas de organización y equipo), pilar del orden y organización militar para cumplir la misión constitucional porque dice que "el objetivo militar consiste en proporcionar al comandante los parámetros dentro de los cuales debe actuar, incluyendo el tipo de armamento y al soldado las circunstancias en las que puede hacer uso de la fuerza”, esto lo vuelve ambiguo, dado que no aclara para qué nivel de comando está hecho ni cómo se interpreta o aplica el concepto de uso de la fuerza en un soldado bajo condiciones de combate (vale resaltar que fue elaborado por la cruz roja y expertos en DDHH sin experiencia o conocimiento cierto de la guerra).
El manual, entre las medidas que implementa dispone el uso de tarjetas azul y roja como columna vertebral en las reglas de enfrentamiento para el combate terrestre, en las que la roja se autoriza cuando previo análisis a la ejecución de cualquier operación se pueda identificar plenamente un “objetivo militar” en cumplimiento de los principios de limitación, distinción y proporcionalidad; su neutralización sea necesaria y represente una ventaja militar directa, concreta y prevista; y la intención del Comandante sea planear un tipo de operación en el que el uso de la fuerza pueda ser el primer recurso; la azul para operaciones de mantenimiento de la seguridad y textualmente se autoriza cuando el fin es mantener la seguridad, en contextos operacionales en los que no se busca atacar un objetivo militar determinado. Se trata de garantizar la consolidación del territorio y el respeto por el Estado de derecho.
A nuestro sentir el manual deja sin piso lo más elemental que un comandante de cualquier nivel aprende del combate como son los principios de la guerra que si no se observan, poca posibilidad de éxito tendrá y en consecuencia será entonces culpado de omisión; con el uso de las tarjetas como se puede obtener la sencillez, sorpresa, economía de fuerza, etc.; para explicarlo en la práctica, propongo el siguiente ejemplo para lo cual inicio con dos situaciones que ya se presentaron, una el asalto y robo bancario en Caloto y el otro el secuestro masivo de los trabajadores del petróleo en el Vichada:
Si en los dos casos por cierto reales y posibles la responsabilidad hubiera sido del Ejercito (al parecer en Vichada lo era) es claro que a la luz del manual la tropa debió haber tenido una orden de operaciones con la tarjeta azul dada la misión de seguridad que implicaba especial cuidado en el uso y proporcionalidad de la fuerza; en el caso de Caloto seguramente hubieran reaccionado para proteger las personas y el dinero, lo cual permite el manual, pero no hubieran podido iniciar la persecución pues ello no era lo consignado en la orden, siendo necesario esperar que el comandante de batallón, previo planeamiento, como está ordenado en el manual, autorizara otra operación con tarjeta roja, y de hecho se hubiera perdido el contacto y la oportunidad del éxito; todo lo anterior en el supuesto que el hecho hubiera sido cometido por las FARC o el ELN, ya que de no ser así, el procedimiento para la intervención de la Policía es diferente lo cual hubiera conducido a la pérdida de tiempo y a la consecuente huida de los delincuentes.
En el caso de Vichada, la tropa debió tener una misión de seguridad que implicaba el uso de la tarjeta azul y de la misma manera se debió hacer uso de otros medios no de las armas porque hasta donde se sabe no hubo disparos, además para la persecución debió consultarse con la unidad superior( si la comunicación era expedita), planearse y ejecutarse otra operación que permitiera el uso de la fuerza; todo lo anterior es la interpretación simple del manual; lo que pasa es que en la usanza y la lógica militar el análisis de situación es mental, actual e inmediata o si no se condena la tropa al fracaso y al descalabro; la rápida respuesta del Ejercito en la recuperación de casi todos los secuestrados obedeció al empleo de tropas diferentes a las allí desplegadas, posiblemente incrementando el costo de la operación.
Finalmente, vale la pena la reflexión sobre lo que esos anteriores y sencillos ejemplos describen y explican, la casi pasividad forzada del Ejercito frente a otra realidad nacional, sumada a la sensación de inseguridad jurídica, falta de solidaridad y apoyo de las más altas instancias políticas hacia la tropa que siente como se soslayan sus derechos y garantías constitucionales generan el grave problema; no es que ello justifique el uso irracional de la fuerza o se apruebe hacerlo con dolo; para eso la Escuela Militar en los últimos 104 años ha formado oficiales con principios y valores y por supuesto líderes militares idóneos técnica, táctica y físicamente a fin de garantizarle a la sociedad colombiana la observancia sagrada del deber constitucional, la garantía del cumplimiento de dicho mandato y la legitimidad y nobleza de los actos del militar colombiano para permitirle al ciudadano ejercer sus derechos; es la hora de buscar la solución comenzando por revisar y adaptar a nuestra realidad las reglas de juego de esta ya larga guerra.
Bogotá, D.C., 9 de Marzo de 2011
MG Hernando A. Ortiz Rodríguez
1 comentario:
General,es una excelente radiografía de lo que todos saben está ocurriendo, pero de lo que muchos temen hablar. No hay seguridad jurídica para los combatientes de nuestro Ejército y si no hay seguridad jurídica, por muy experto y avezado combatiente que sea, termina cediendo ante el temor de perder en un estrado judicial, lo que no perdió en el campo de combate: Su vida o su libertad, que es lo mismo.
Ate. Hernando Cucunubá
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