EDITORIAL
¿INJERENCIA INDEBIDA O MANDADO?
En el diario “El Tiempo” del 4 de Mayo, apareció un
artículo-entrevista al MG de la Policía Gustavo A. Ricaurte, director del
INPEC, quien en sus respuestas no oculta su sentir y su animadversión por todo lo que sea militar,
excepto su grado, por supuesto.
No tiene respeto por el mismo ministerio de Defensa
cuando afirma que habrá un nuevo centro carcelario en las instalaciones de la
Escuela de Artillería al que se invertirán 75.000 millones de pesos, como si
estuviera investido de tal poder que le diera el derecho de decidir por encima
del mando militar sobre el particular, lo que demuestra su falta de
consideración, irrespeto e injerencia indebida.
Afirmar impúdicamente que es partidario de que los
centros de reclusión sean administrados por civiles, no solo atenta contra la
majestad de las instituciones militar y policial, sino muestra su crasa
ignorancia sobre la capacidad y razón de ser y existir de la Policía Militar o sus
equivalentes en las fuerzas, cuerpo entrenado y preparado en el manejo y administración de estos centros.
Valerse de las irregularidades que, a pesar de ser
denunciadas por los medios de comunicación, ya habían sido detectadas y estaban
en camino de corrección por los mandos
naturales, no solo es temerario y atrevido sino sospechoso; no se justifica que
estos eventos ocurran, pero preocupa que sean usados para desprestigiar la
institución militar solapadamente. Siguiendo los mismos razonamientos
utilizados por este encubierto contradictor, podría sugerirse que se acabe el
INPEC pues, con mucha mayor frecuencia ocurren
fugas, tráfico de influencias y de elementos, malos manejos y descuidos
y que al frente, entonces, de esa dependencia se ponga un civil.
No; por ahí no es; no se busca el origen de la calentura
en las sábanas; tales fallas, como el mismo General Ricaurte lo reconoce,
corresponden a conductas de menos del dos por ciento de los internos, entonces,
en sana lógica, resulta innecesario hacer una tormenta en un vaso de agua. Eso sí,
debe haber correctivos que le garanticen a la sociedad y a los mismos internos
el castigo y la resocialización, sin aprovechar la coyuntura para demostrar su
animadversión por el Ejercito, oculta tras argumentos acomodados y sofísticos.
Si, tenemos muchas quejas del sesgo y la inquina por
todo lo militar del señor General Ricaurte, quien en no pocas veces ha perjudicado
al personal que pasa detenido, soslayando, burlando o torpedeando el fuero
carcelario que otorga la ley, ora demorando, ora obstaculizando en sus
decisiones administrativas la asignación del lugar de reclusión y causando
zozobra y dolor en los afectados y sus familias; y, no por ello hemos
descalificado la Policía Nacional a la que pertenece, ni tampoco al INPEC, ya
que sabemos que su posición es personal y obedece a sus odios personales.
Nos preocupa, eso sí, que sus desafectos estén
incentivando la división y la armonía que deben existir entre los miembros de
la Fuerza Pública y generando un clima de enfrentamiento entre dos
instituciones, que deben trabajar mancomunada y estrechamente. Sus ojerizas,
Señor General, llevadas a la práctica, están contra lo dispuesto en la
Constitución Nacional y, principalmente, contra el sentido común. Lo que aquí perjudica
al Ejército, perjudica también a la Policía.
Hacemos un llamado a la reflexión y a la cordura al
señor General Ricaurte y sus asesores. Las cárceles para los militares y policías
no son un capricho, que existan o no, no es un sentir de algún funcionario,
obedece a un fuero vigente en nuestra constitución, es un derecho del hombre y
una obligación del Estado que debería convertirse en prioridad para quienes
tienen la responsabilidad de su administración, es una obligación moral y una
condición de solidaridad para quien porte un uniforme y ostente un grado
militar. Nos queda una duda: ¿Es su sentir, o se trata un mandado, señor
General?
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