Quienes somos

"Un grupo de colombianos, militares y civiles de reconocida experiencia a nivel nacional e internacional, conformado para analizar y debatir problemas importantes sobre la defensa y seguridad nacional".

viernes, 17 de mayo de 2013

Editorial


JUGANDO A SER GENERAL

“Obras son amores y no buenas razones”

Además del tema de la seguridad, son muchos y frecuentes los casos que ocurren en el espacio del Ministerio de Defensa, unos de los cuales datan de tiempo atrás, sin que en esa cartera se aprecie una gestión encaminada a ponerles solución.

Algunos de ellos son esencialmente graves, por las connotaciones que tienen sobre los hombres, sus familias y la moral de la Institución Militar y la Policía. La salud y el sistema salarial y prestacional estarían entre los más abandonados, sin dejar de lado otros que adelante citaremos.

El ineficiente e incapaz sistema de salud, que muestra un atraso de varias generaciones por haber sido diseñado para atender a una institución de 70.000 hombres y que no se ha adecuado para el inmenso crecimiento que llega a cerca de 400.000 hombres más sus familias, con una infraestructura hospitalaria y dotacional insuficiente para brindar una mínima atención de por sí  pésimamente distribuida, que da origen a largas, larguísimas listas de espera de varios meses, sujetas a kafkianos procedimientos, con engañosos y fraudulentos sistemas de distribución de medicamentos, sin posibilidades de exámenes especializados dentro de un corrupto sistema de contratación, que no encuentra solución ni reparos en el Ministerio de Defensa, a quien corresponde la responsabilidad de su funcionamiento.

El sistema salarial y prestacional, ciertamente fue corregido por única vez, durante el Gobierno del Presidente Gaviria, más para mostrar la bondad de tener el primer Ministro de Defensa, ya que nunca antes la clase dirigente había tomado la decisión de nivelar un sistema desigual y manifiestamente injusto con quienes, por cerca de dos siglos, se habían jugado la vida por el Estado que desconocía sus mínimos derechos. De nada han servido los reclamos y ninguna ha sido la acción para solucionar un aberrante y absurdo sistema que permite que un Coronel con 25 años de servicio gane menos de la mitad de un funcionario del Gabinete del mismo Ministerio de Defensa, recién graduado o sin experiencia o que un Sargento Mayor con el mismo tiempo gane menos que una secretaria de juzgado.

La idoneidad del aparato de justicia penal militar, desde hace cerca de una década dirigido por civiles desconocedores del tema, que generó un sistema integrado por voraces funcionarios que solo buscan prebendas, grados y honores por encima de su responsabilidad y que se ha convertido en una bolsa de empleos de descalificados profesionales. 

Resultaría larga la lista, y por ello solo se citan los serios problemas de vivienda fiscal, insuficiente y de mala calidad, la falta de acceso real a sistemas recreacionales, cuando los pocos que existen son inequitativos y deficientes y comparativamente desigual a los suministrados por las cajas de compensación.

La condición de inequidad que existía hasta la década de los años ochenta, ha sufrido un paulatino deterioro desde el momento en que se nombraron civiles como ministros de defensa, que lo tomaron como botín burocrático. Mucho de lo que hoy lánguidamente agoniza como el Club Militar, el Hospital  Militar, las casas fiscales, los centros recreacionales, fueron el legado que nuestros jefes dejaron a la posteridad, luchando contra los Ministros de Hacienda. No podemos hoy afirmar lo mismo acerca del legado de los civiles en el Ministerio.

No es excusa que justifique la indolencia, el pobre argumento de que el problema viene de mucho tiempo atrás. De ser así, el progreso nunca hubiera llegado y el atraso sería la constante; cuanto más antiguo sea, mayor es la negligencia y más graves las consecuencias que deben asumirse. Ello no es responsabilidad de los militares, formados para la guerra, sino del Ministro, quien ha descuidado los temas sensibles del sector, siendo él en quien recae la total responsabilidad administrativa de la cartera.

Mucho tememos que esa distracción sea el producto de su dedicación por los asuntos de la guerra, como si ésta no fuera la responsabilidad de los Generales o éstos hubieran abandonado su papel y requieran la presencia del joven ministro para dirigirlos. En su preocupación por mostrarse como el hombre de la guerra, pareciera haber olvidado que las operaciones militares son responsabilidad de los Mandos y que en ellos reposa la experiencia que les conceden muchos años de combate y quienes fueron técnica y tácticamente preparados para ello durante su larga carrera militar. No ocurre lo mismo con los ministros de Defensa, quienes generalmente ni siquiera prestaron el Servicio Militar Obligatorio.

Resulta un contrasentido, un absurdo y un desatino que el Ministro se involucre en la dirección de los asuntos del combate, desplazando a quienes sí saben de ello; sería tanto como que el Ministro de Salud presidiera las operaciones médicas, cuando su trabajo es hacer que todos el sistema  funcione, lo que sí requiere de su dedicación extrema.

Mientras tanto en un gabinete integrado solamente por civiles con altísimos sueldos u honorarios y ningún militar, se nombran funcionarios, muchos de ellos premiados con becas y comisiones en el exterior, en tanto se escatiman los cupos que corresponden a la organización militar.

Ministro, deje hacer el trabajo especializado que corresponde a los militares y dedíquese a solucionar los graves problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y la misión del sector Defensa.

Preferimos pasar por conflictivos y ser calificados de intolerantes antes que dejar de lado la intrínseca responsabilidad que comporta el ser General de la República, de velar por los intereses de la Institución, así no guste a los amigos del gobierno y por ello le decimos, a modo de epílogo, que no queremos un Ministro que juegue a ser General, pero si, en aras de su estrategia política, decide hacerlo y se lo permiten, que no abandone el cumplimiento de sus otras responsabilidades, esas sí de su resorte y responsabilidad misional.






lunes, 6 de mayo de 2013

ATROPELLOS AL FUERO CARCELARIO


EDITORIAL

¿INJERENCIA INDEBIDA O MANDADO?


En el diario “El Tiempo” del 4 de Mayo, apareció un artículo-entrevista al MG de la Policía Gustavo A. Ricaurte, director del INPEC, quien en sus respuestas no oculta su sentir y su  animadversión por todo lo que sea militar, excepto su grado, por supuesto.

No tiene respeto por el mismo ministerio de Defensa cuando afirma que habrá un nuevo centro carcelario en las instalaciones de la Escuela de Artillería al que se invertirán 75.000 millones de pesos, como si estuviera investido de tal poder que le diera el derecho de decidir por encima del mando militar sobre el particular, lo que demuestra su falta de consideración, irrespeto e injerencia indebida.

Afirmar impúdicamente que es partidario de que los centros de reclusión sean administrados por civiles, no solo atenta contra la majestad de las instituciones militar y policial, sino muestra su crasa ignorancia sobre la capacidad y razón de ser y existir de la Policía Militar o sus equivalentes en las fuerzas, cuerpo entrenado y preparado en  el manejo y administración de estos centros.

Valerse de las irregularidades que, a pesar de ser denunciadas por los medios de comunicación, ya habían sido detectadas y estaban en camino de corrección  por los mandos naturales, no solo es temerario y atrevido sino sospechoso; no se justifica que estos eventos ocurran, pero preocupa que sean usados para desprestigiar la institución militar solapadamente. Siguiendo los mismos razonamientos utilizados por este encubierto contradictor, podría sugerirse que se acabe el INPEC pues, con mucha mayor frecuencia  ocurren  fugas, tráfico de influencias y de elementos, malos manejos y descuidos y que al frente, entonces, de esa dependencia se ponga un civil.

No; por ahí no es; no se busca el origen de la calentura en las sábanas; tales fallas, como el mismo General Ricaurte lo reconoce, corresponden a conductas de menos del dos por ciento de los internos, entonces, en sana lógica, resulta innecesario hacer una tormenta en un vaso de agua. Eso sí, debe haber correctivos que le garanticen a la sociedad y a los mismos internos el castigo y la resocialización, sin aprovechar la coyuntura para demostrar su animadversión por el Ejercito, oculta tras argumentos acomodados y sofísticos.

Si, tenemos muchas quejas del sesgo y la inquina por todo lo militar del señor General Ricaurte, quien en no pocas veces ha perjudicado al personal que pasa detenido, soslayando, burlando o torpedeando el fuero carcelario que otorga la ley, ora demorando, ora obstaculizando en sus decisiones administrativas la asignación del lugar de reclusión y causando zozobra y dolor en los afectados y sus familias; y, no por ello hemos descalificado la Policía Nacional a la que pertenece, ni tampoco al INPEC, ya que sabemos que su posición es personal y   obedece a sus odios personales.

Nos preocupa, eso sí, que sus desafectos estén incentivando la división y la armonía que deben existir entre los miembros de la Fuerza Pública y generando un clima de enfrentamiento entre dos instituciones, que deben trabajar mancomunada y estrechamente. Sus ojerizas, Señor General, llevadas a la práctica, están contra lo dispuesto en la Constitución Nacional y, principalmente, contra el sentido común. Lo que aquí perjudica al Ejército, perjudica también a la Policía.

Hacemos un llamado a la reflexión y a la cordura al señor General Ricaurte y sus asesores. Las cárceles para los militares y policías no son un capricho, que existan o no, no es un sentir de algún funcionario, obedece a un fuero vigente en nuestra constitución, es un derecho del hombre y una obligación del Estado que debería convertirse en prioridad para quienes tienen la responsabilidad de su administración, es una obligación moral y una condición de solidaridad para quien porte un uniforme y ostente un grado militar. Nos queda una duda: ¿Es su sentir, o se trata un mandado, señor General?