Las hipótesis sobre los diálogos de Cuba

Por: MG. Víctor Álvarez Vargas

Centro Colombiano de Pensamiento Político-militar

Para muchos analistas, el diálogo que ha iniciado el gobierno con las FARC será un absoluto fracaso, y no les falta razones y argumentos para creer en ello, experiencias como: Casa Verde, Caracas, Tlaxcala y el Caguán, confirman su escepticismo. Como si esta experiencia fuera poca, las conversaciones recientemente iniciadas, tuvieron un preámbulo desalentador en la etapa exploratoria; visiones diametralmente opuestas sobre la agenda acordada; las exageradas pretensiones de la guerrilla, puestas de manifiesto en el discurso de Ivan Márquez en Oslo y en los comunicados y entrevistas concedidas por sus negociadores.

Su discurso sigue siendo el mismo, pareciera que pertenecen a un ejercito vencedor y por tal, se abrogan el derecho de imponer sus condiciones, incluso de no entregar las armas y mucho menos desmovilizarse, si el gobierno no hace las reformas que ellos aducen como causas de su alzamiento en armas. Bajo estas circunstancias es muy poco probable que estos diálogos lleguen a feliz término.

La intención de utilizar el dialogo como estrategia no es asunto nuevo, lo ratificaron en la reunión efectuada con el ELN el 2003, por lo menos así pensaban en esa época: “No será a través de los diálogos que conquistemos el poder. Son una trinchera de combate y no un lugar para entregar los principios revolucionarios. Son un espacio para hacer política”.

“… Adelantamos los diálogos con el Gobierno como parte del Plan Estratégico. Debemos analizar hasta dónde podremos avanzar en el logro del objetivo de acuerdo a las circunstancias políticas y de confrontación existentes, buscando que ante la opinión siempre quede clara nuestra voluntad por encontrar salidas políticas, dejando en el estado terrorista la responsabilidad del agotamiento de esa opción”. Pleno  estado mayor central del 2000.

Sin embargo, la otra hipótesis, con un numero considerable de seguidores dentro de los cuales me incluyo, creemos no con menos argumentos, que toda la diatriba expuesta en la fase exploratoria, no es mas que una estrategia para lavar su imagen y mostrar una vez mas sus “nobles causas” que los llevaron a la violencia y de la cual se consideran sus principales víctimas. Mientras tanto, fortalecerán su aparato político legal y clandestino, mediante el manejo planeado de las masas, a través de la “Marcha Patriótica” y el PC3. La posición será iniciar pidiendo mucho, para ir cediendo a lo largo de los diálogos, con muestras de “buena voluntad”, como la que acaban de hacer, y así irán ganando espacio político en el ámbito nacional e internacional.

No podemos olvidar, que esta organización criminal se ha caracterizado históricamente, por su capacidad adaptativa ante las nuevas realidades que les impone la iniciativa del Estado. En el caso de las FARC, la reingeniería tiene un nombre y  un momento, Alfonso Cano, quien asume el mando de las FARC después de la desaparición de Manuel Marulanda Vélez a. Tiro Fijo, que  como conocedor profundo de la política, decide lanzar el “Plan Renacer en el año 2006”.

Esta hipótesis la sustentan las siguientes razones:

Las FARC han sufrido en los últimos diez años reveses militares nunca antes vistos, debido a la voluntad política del gobierno y la eficacia de las Fuerzas Armadas, lo que los ha llevado a pensar, que su larga lucha a través de la guerra armada, ha resultado estéril y que tales circunstancias les indica que deben cambiar de esfuerzo hacia su principal método de lucha: la acción política de masas. Así lo demuestra apartes del Plan Renacer de Cano, donde afirmaba que era necesario hacer un mayor énfasis en el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” y el PC3.

El PC3 es un partido comunista ortodoxo de carácter clandestino y compartimentado  (tomado del sistema Chino-Vietnamita), pilar en el desarrollo del plan estratégico de las FARC y de la urbanización del conflicto. Se caracteriza por estar conformado mayoritariamente por profesionales o cuadros políticos cualificados, al que el Estado no le ha puesto mayor atención, esta es la hora, que no se conoce mayores detalles de quienes son sus integrantes. Sus principales actividades son: la inteligencia estratégica, la penetración e infiltración dentro del Estado, dirigir el Movimiento Bolivariano, diseñar las propuestas y las políticas de las FARC y propiciar la conformación del consejo patriótico.

“El Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia”, representa para las FARC un escenario de construcción de legitimidad, donde se pueden vincular todas las personas que cumplan con unos mínimos requisitos, sus principales tareas son la organización, la movilización y la propaganda.

Esta hipótesis esta reforzada por el acercamiento y afinidad de este grupo terrorista con el presidente Chávez y los hermanos Castro, quienes los han venido asesorando desde hace largo tiempo. Recordemos que los mandatarios de Cuba y Venezuela han renovado su discurso, manifestando que la toma del poder por las armas ha perdido vigencia.

Para mantener vivo el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias, mientras tanto hay que sacar el mayor provecho posible de las negociaciones, obligando al gobierno ha hacer reformas que les resulten provechosas para sus fines políticos. Para las FARC su gran objetivo sigue y seguirá siendo, la toma del poder, dando mayor énfasis en la forma de lucha, que se adapte mejor a las circunstancias que se vivan en el momento, esta es la versatilidad y capacidad de adaptación de las FARC a través de su historia.

Si a lo anterior, le agregamos que el gobierno les facilito y proporciono un “marco adecuado” con las concesiones ya conocidas en la fase preparatoria, no fue difícil convencerlos de las ventajas que podrán obtener si se acogen a un proceso de paz amplio y generoso, además de prometerles un castigo ejemplar para los militares causantes de los “graves delitos contra los derechos humanos”, como ya esta sucediendo.

Las FARC se dieron cuenta que están en el mejor momento para aceptar un proceso de paz honroso, que los deja libres de pecado, y así poder participar libremente en política legal, no sin antes decirle al país, una y otra vez, las “causas que consideran”  que los llevaron a tomar las armas y sus propósitos “nobles” para solucionar todos los problemas del país. Pero esto no lo harán hasta que no perciban que su aparato político les garantice que el poder esta a su alcance.

Dejo este corto análisis  a la consideración de los lectores, para que concluyan con su experiencia y sentido común, cual de estas dos hipótesis será la adoptada por las FARC, ante este incierto y confuso  dialogo con el gobierno colombiano.

MG. Victor Alvarez Vargas.

¿Acatamos la sentencia de La Haya?

Autor: Guillermo Rodríguez
Fuente: KienyKe
Fecha: 22/11/2012

Sin sabor quedamos miles de colombianos luego del conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que por un lado reconoce la soberanía de los Cayos, pero que al mismo tiempo nos priva, algo más, de la mitad del mar territorial, que le fue otorgado a Nicaragua.

El contraste viene enseguida y es latente: mientras en Nicaragua el llamado presidente Comandante, Daniel Ortega, celebra la “justa” decisión, en Colombia la patria, nuestra patria, llora la suerte de sus pescadores y el presidente Santos califica como de error el fallo.

¿Será que la solución es no acatar dicha decisión, como lo ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe y varias voces de la opinión pública?

Nicaragua dice que no va a echar para atrás su decisión y que, todo lo contrario, Colombia debe respetarla, como ellos lo han hecho en ocasiones pasadas. Considero que el presidente Santos debe llamar a consultas a expresidentes y a los principales asesores de relaciones exteriores para enfilar baterías.

No estamos proponiendo que se suelten los vientos de guerra, pero sí que defendamos y sigamos defendiendo a través de las vías legales lo que sea para mantener nuestra dignidad de colombianos y soberanía. No es posible que cada 110 años Colombia, de manera cíclica, pierda porciones importantes de tierra. Recordemos nuestro vasto territorio en la era de la Gran Colombia, la perdida reciente hace un siglo y unos años de Panamá y ahora, por cuenta de la ingenuidad de los “defensores” de los intereses de Colombia, hemos perdido grandes territorios marítimos que son invaluables.

¿Cuánto cuesta un metro cubico de mar territorial?

Su valor pecuniario no lo podríamos establecer, es invaluable la riqueza marina, la biodiversidad, la despensa pesquera y los irrefutables recursos del subsuelo marítimo que se encuentran en la zona, por algo la agencia nacional de hidrocarburos le apostaba a sacar adelante procesos de adjudicación a la exploración y explotaciónoff shore en la zona.

Es menester recordarle al tierno, Dr. Julio Londoño, que si él no sabe realmente qué se perdió, 40 millones de Colombianos, a lo sumo sí consideran que no solo se perdió extensos kilómetros de aguas territoriales, sino con ello la dignidad de patria que durante 200 años ejerció ininterrumpidamente esos principios que enarbolan el derecho internacional público y el derecho internacional marítimo como es el Ius posedeti de Iure.

¿Quién Responde?

Difícil buscar hoy responsables, pero si a alguien podríamos señalar, diría yo que ese blanco podría ser el expresidente Andrés Pastrana, hombre que no solo concedió tiernamente territorios a las Farc, también hoy vemos que por poco dilecto se le regalan aguas territoriales a un país como Nicaragua, pues él fue quien nos metió en el embeleco de La Haya. Nicaragua, país arrogante con los colombianos decentes y noble con las cabezas de la violencia.

¿Dónde queda el Esguerra Barcenas?

Buena pregunta, pues para nuestra desgracia queda guardado ya que la decisión de La Haya, al ver los resultados, no fue en derecho, tal vez fue en algo que ellos, sus jueces, llaman “equidad”. Principio que se funda en equiparar cargas a las partes. La pregunta es si pasándose por la faja un tratado, principios del derecho internacional y las condiciones de soberanía por cerca de 200 años, ¿en dónde se equiparan las cargas para Colombia?

Ojala Uribe y Santos se unan en ese propósito y como un gesto solidario, de construcción de sociedad y de paz, trabajen para que los tratados anteriores sean respetados. Acá no es solamente el asunto legal y, ojo con eso, si Colombia no se asesora bien y actúa acorde en el ajedrez internacional, “el nuevo mejor amigo”, Hugo Chávez, amigo de Ortega, también podría empezar a presionar sus fichas. Y a pedir el día de mañana la pequeña porción que le corresponde a Colombia del golfo de Venezuela, teniendo como referente el archipiélago de los monjes.

¿Por qué no unirnos en pro de respetar nuestra soberanía sobre el mar caribe Colombiano? No acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hacer un llamado a la opinión pública en general, que este es un asunto de Estado, que como tal merece toda la atención y solidaridad. Y ¿por qué no también que el Presidente de la Republica despliegue lo mejor de sus juguetes como fragatas?, que entre otras hace poco fueron modernizadas y convertidas en misileras de alta mar, como la FS-1500 Almirante Padilla y la ARC Antioquia, las cuales mostraron toda su actitud defensiva en el RIMPAC terminado en agosto de este año cerca de Hawái.

Ante las circunstancias, y siendo el tema de gran importancia, debemos estar con las antenas encendidas a lo que se podría desencadenar.

Corolario: sería bueno que el tierno Dr. Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto devolvieran sus honorarios que tristemente valieron en la defensa de los intereses nacionales.

Lucha por el Fuero Militar

PROYECTO ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DEL FUERO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

 

Intervención del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, en la audiencia pública programada por la Comisión Primera del Senado de la Republica, el día 15 de noviembre de 2.012

 

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió de un momento a otro en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

 

ACORE, como la asociación más representativa del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares, ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa parlamentaria.

 

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando por fortuna, una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud qué a todos nos afecta.

 

A comienzos del presente año, el proyecto de acto legislativo  que cursaba en el Senado de la República  después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba con el argumento de que el nuevo proyecto que fue presentado posteriormente en la Cámara de Representantes sobre este mismo tema, era el que había que respaldar por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite, y quizás menos riesgos de objeción constitucional. Este proyecto ha sido aprobado en seis debates por una gran mayoría, y próximamente  continuara su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año.

En estas condiciones, la ley estatutaria que lo reglamentaria, solo iniciaría su trámite, hasta la próxima legislatura, o sea la correspondiente al año venidero.

Este proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, normas especiales de tipo carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, bajo competencia de la Fiscalía, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial en forma definitiva.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE  planteo como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado, del cuestionado acto administrativo Mindefensa-Fiscalía General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

 

En este momento, se espera un fallo sobre este particular, en respuesta a varios recursos interpuestos por la Procuraduria General de la Nación, que ha solicitado un pronunciamiento urgente  en tal sentido.

 

La grata impresión que tenemos hasta ahora,  es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que esta situación representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren con urgencia, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista que nos afecta.

 

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce publica e internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía e instituciones.

 

Lo más preocupante es ver la forma tan evidente como el sistema judicial ordinario, a través de algunos de sus operadores, persiguen sin tregua a nuestros militares, más no así, a quienes conforman los grupos armados ilegales, para los cuales hay muy pocos procesos, y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos. No conocemos resultados efectivos contra estas organizaciones criminales.

 

El concepto generalizado de nuestros combatientes, ante esta ausencia de garantías jurídicas y procesales, es que:  

  

“en el momento actual nos juzga el enemigo, y no las instituciones del Estado que protegemos, y por las cuales nos jugamos la vida en el campo de combate.”

 

Quien lo creyera, mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de algunos jueces  y fiscales, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan y que hoy pretenden negociar un proceso de paz que les otorgue total impunidad, por la comisión de crímenes atroces y violación permanente del derecho internacional humanitario contra la población civil indefensa.

 

Desde el momento en que entro en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARAN, con el cual se proporciono el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente trece mil bajas, no en combate, pero si en sus propios estrados, a las Fuerzas Armadas del país. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los mas condecorados, actualmente incursos en arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de seguridad en sus propias instalaciones.

 

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí se afirma: hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos activos cursando en diferentes despachos judiciales, dentro de estos procesos, cerca de trece mil imputados por causa o razón de inexplicables decisiones judiciales. Hay mas militares en las cárceles, que miembros de las organizaciones terroristas. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo, a través de este diligente sistema judicial, que tanto lo ha favorecido. No hay la más mínima confianza en el sistema procesal que se les aplica.

 

Y por si esta persecución no fuera poca, la anterior Fiscal General de la Nación, habilito antes de irse, las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar irregularmente, por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

 

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es…. ¿El actual Fiscal General de la Nación, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Lamentablemente, la respuesta es NO. Antes por el contrario, recientemente informo a los medios de comunicación que: “ante los pobres resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas contra algunos militares incursos en los llamados falsos positivos, incrementaría considerablemente el numero de funcionarios e investigadores para lograr en el menor tiempo posible, los resultados deseados”.

En esta tarea, lo acompañara el ex juez español Baltasar Garzón, quien ya funge como asesor y funcionario relevante de la Fiscalía General de la Nación.

 

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:……… ¿Cuantas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARAN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

 

¿En que momento la Fiscalía General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la República para la defensa de este País?

 

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

 

 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Presidente Nacional de ACORE

 

Noviembre 14 de 2.012