Redireccionamiento
Por: MG Ricardo Rubianogroot Román
Miembro del Centro Colombiano de
Pensamiento Político-Militar
Máster en Seguridad y Defensa
Nacional.
Es inquietante y causa
intranquilidad el evidente deterioro del nivel de seguridad que el país había alcanzado;
por ello, aunque faltaba mucho camino por recorrer, sin duda aquella situación
resultaba mejor que la actual.
Ese notorio menoscabo
de las condiciones, que el gobierno ha calificado de percepciones, se ve reflejado
en encuestas, como la recientemente publicada por varios medios de
comunicación, en la cual se plasma la realidad dominante de nuestra
Nación. Resultaría redundante e innecesario repetir en este escrito el
contenido de la misma, ya que lo procedente y aconsejable es hacer propuestas
para corregir el rumbo de lo que está sucediendo y sugerir acciones que
permitan retomar el sendero y encauzar la orientación que hoy se echa de menos.
Ante todo, resulta indispensable aceptar que hay errores y buscar su
solución. Por ello, el Gobierno no puede seguir insistiendo
en desconocer la realidad, en aras de una pretendida popularidad, que está
resultando, además de inconveniente para el país, contraria a sus pretensiones,
como claramente lo mostraron las encuestas. Ese autoengaño, que insulta la inteligencia
de cualquier colombiano medio y que trata de tergiversar realidades y presentar
estadísticas acomodadas que lesionan su propia credibilidad resultan
contraproducentes ante el real crecimiento de la inseguridad, que se vive, se
siente y se percibe, más cuando la tecnología y la globalización del mundo
permite conocer en tiempo real detalles de acontecimientos de los lugares más
recónditos y lejanos, inocultables, aun por la prensa más comprometida con el
régimen, la que, tardíamente ha tenido que publicar la realidad de la situación
en el Departamento del Cauca, la posición de la población indígena y los
atropellos contra el Ejercito Nacional, la peligrosa escalada del terrorismo
contra la infraestructura petrolera, adicionalmente a que los más
independientes, ya venían registrando la evolución constantemente creciente de sus acciones
contra la población y la Fuerza Pública.
Esa estrategia minó la confianza
e hizo que se perdiera la fe en los anuncios del Gobierno y puso en evidencia
la posición meliflua y acomodaticia del primer mandatario, en particular y del
Ejecutivo en general.
El ministro de defensa
ha pretendido, tal vez de buena fe, comandar las Fuerzas Militares y fungir en la práctica como comandante de
cada una de las Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con los resultados
que hoy se observan. No sobra recordar que los Ministros están para plantear
estrategias globales y orientar las grandes
decisiones y asuntos de su cartera, sin pretender intervenir en cada uno
de los asuntos particulares de su desarrollo, ya que ello conduce al descuido
de los grandes objetivos. Su nivel es gerencial, su trabajo está en la toma decisiones y no en la ejecución
En el Ministerio de
Defensa, responsable de la seguridad, principal y actual preocupación de los colombianos,
desde las épocas del Ministro Pardo se ha incurrido en un error garrafal, que
ha tenido repercusiones graves, cuando ministros muy preparados en temas diferentes a la defensa y seguridad, pero
sin la formación ni experticia en temas militares, que solo se
obtiene con los años en contacto real y no teórico con el combate, pretendieron
asumir el papel de comandantes
operativos y muy a menudo tácticos. El Ministro puede ser el estratega del primer
nivel, quien dice “qué hacer” y señalar el objetivo final, pero es el Comandante
Militar el conductor, quien dice cómo hacerlo, es el Comandante Militar
y solo él, quien fija y ejecuta
la táctica operativa, es el militar quien tiene la maestría en el arte
operacional y el combate, y quien, para ese oficio, se ha preparado a lo largo
de muchos y duros años. Pretender incursionar en sus responsabilidades e
imponerle sus opiniones, apoyado solo en la autoridad del cargo, conduce a descalabros
y reveses.
Las intervenciones del
Presidente y su Ministro de Defensa, deben orientarse a la solución de los
problemas graves, que los hay, del campo militar, como son la desaparición del
fuero militar y su correlativo de la pérdida del espíritu de combate, el
desaliento y desmoralización que producen decisiones como la de la Corte
Constitucional que ordena, sin considerar los intereses más grandes del Estado, el desalojo de parte de una
importante base de operaciones en la Orinoquía colombiana, o la presencia en el
país como asesor del mismo gobierno de un calificado enemigo de la Institución
y delincuente de su país, en donde fue despojado de su investidura de juez por
actos criminales que, en Colombia llevaron a la cárcel a numerosos funcionarios
de la administración.
No se trata de discursos y oratoria, se trata de que desarrollen las
acciones necesarias, sin engaños ni concesiones a quienes pretenden paralizar
las operaciones militares, para atender las reclamaciones urgentes del
estamento militar, que pide seguridad jurídica para cumplir con la misión
constitucional sin entorpecimientos de las mismas autoridades del país. Se
trata de adelantar con diligencia las acciones judiciales contra quienes
atentan contra la institución militar y contra la seguridad del país, sin
abstenerse por simple conveniencia política o personal del presidente o sus
ministros.
Estamos convencidos que alguna parte del gobierno está bien intencionada
y coincidente con nuestro deseo de construir una patria digna, grande, próspera
y responsable como herencia para las generaciones venideras, pero esto solo se logra
con responsabilidad, sin intereses mezquinos, con voluntad real, pero sobre
todo con respeto por la majestad de las instituciones como en el caso de las
FFMM, patrimonio valioso legado por nuestros ancestros. Corresponde al gobierno
redireccionar el rumbo, anteponiendo a sus intereses personales los propios del
país, sin condenar a quienes tienen el valor de expresar su preocupación en
forma leal y abierta.
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