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martes, 31 de julio de 2012

La guerra jurídica contra los militares


Editorial

LA LEGALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ABUSOS

A la fiscalía ya deja de preocuparle la vigencia del acuerdo que firmara en 19967 con el ministerio de defensa, porque ya obtuvieron una norma de muchísima mayor jerarquía  con la consagración constitucional que se pretende hacer de sus pretensiones.

El abuso que algunos miembros de la fiscalía hacen de sus atribuciones, materializado en la maximización, agravamiento y manipulación de los cargos, como expediente para encartar a militares, constituye una práctica común y muy frecuentemente utilizada. Este perverso subterfugio utilizado con plena conciencia de que constituye un desborde ilegal que la práctica ha permitido, ha llevado ya a demasiados inocentes a investigaciones y privación de la libertad total y absolutamente injustas.

La consagración constitucional que pretende establecer como excepción del conocimiento de la Justicia Penal Militar de algunas conductas delictivas, no es más que la legalización de estos abusos que elementos de la fiscalía han venido haciendo desde tiempo atrás; los crímenes que se proyecta excluir son los que, sin corresponder y como estrategia siniestra, ordinariamente se atribuyen casi todos los militares que son investigados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Esta maniobra ha avanzado, y cada día cobra mayor impulso, gracias a la inadvertida concientización de la opinión, la que terminó convencida de que las operaciones militares han sido la máscara para tapar conductas criminales y nadie, por ello, se atreve a cuestionar estas acciones, que asumen una apariencia de legalidad; a la consolidación de la artimaña, contribuye también la poca o nula oposición de quienes conocen la falsedad de estas premisas y por comodidad, temor o necesidad, callan y permiten que estas prácticas y las teorías que las soportan, hagan carrera, independientemente de su inaceptable injusticia y del perjuicio que han generado a las Fuerzas Militares y Policía y al país, que pareciera paralizado o indolente.

La persecución de los culpables, que los hay, no puede llevar al abandono de los inocentes en manos de un cuerpo de investigadores cargado de intenciones de diferente índole, en donde bajo el mismo parapeto se escudan, entre otros, fines ideológicos, políticos o de venganza, junto con  consideraciones de conveniencia, de aplauso, promoción o premio.

La desprotección de los militares investigados de hoy y de ayer, alcanzará su más alto nivel cuando el Congreso apruebe el proyecto de Fuero Militar que hace trámite allí. La Constitución, entonces, garantizará a quienes desde la Fiscalía persiguen fines políticos para paralizar, definitivamente, las operaciones militares contra los grupos terroristas. Quienes se llamen a engaño y sigan creyendo en la bondad del proyecto, mañana serán sus víctimas o los testigos  del descalabro, pero su lamento será tardío y sin posibilidad de dar marcha atrás para revertir el desorden.

Centro Colombiano de Pensamiento Político-militar

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