Editorial
LA LEGALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS
ABUSOS
A
la fiscalía ya deja de preocuparle la vigencia del acuerdo que firmara en 19967
con el ministerio de defensa, porque ya obtuvieron una norma de muchísima mayor
jerarquía con la consagración
constitucional que se pretende hacer de sus pretensiones.
El
abuso que algunos miembros de la fiscalía hacen de sus atribuciones,
materializado en la maximización, agravamiento y manipulación de los cargos,
como expediente para encartar a militares,
constituye una práctica común y muy frecuentemente utilizada. Este perverso
subterfugio utilizado con plena conciencia de que constituye un desborde ilegal
que la práctica ha permitido, ha llevado ya a demasiados inocentes a
investigaciones y privación de la libertad total y absolutamente injustas.
La
consagración constitucional que pretende establecer como excepción del
conocimiento de la Justicia Penal Militar de algunas conductas delictivas, no
es más que la legalización de estos abusos que elementos de la fiscalía han
venido haciendo desde tiempo atrás; los crímenes que se proyecta excluir son los
que, sin corresponder y como estrategia siniestra, ordinariamente se atribuyen
casi todos los militares que son investigados por la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía.
Esta
maniobra ha avanzado, y cada día cobra mayor impulso, gracias a la inadvertida concientización
de la opinión, la que terminó convencida de que las operaciones militares han
sido la máscara para tapar conductas criminales y nadie, por ello, se atreve a
cuestionar estas acciones, que asumen una apariencia de legalidad; a la
consolidación de la artimaña, contribuye también la poca o nula oposición de
quienes conocen la falsedad de estas premisas y por comodidad, temor o
necesidad, callan y permiten que estas prácticas y las teorías que las
soportan, hagan carrera, independientemente de su inaceptable injusticia y del
perjuicio que han generado a las Fuerzas Militares y Policía y al país, que
pareciera paralizado o indolente.
La
persecución de los culpables, que los hay, no puede llevar al abandono de los
inocentes en manos de un cuerpo de investigadores cargado de intenciones de
diferente índole, en donde bajo el mismo parapeto se escudan, entre otros,
fines ideológicos, políticos o de venganza, junto con consideraciones de conveniencia, de aplauso,
promoción o premio.
La
desprotección de los militares investigados de hoy y de ayer, alcanzará su más
alto nivel cuando el Congreso apruebe el proyecto de Fuero Militar que hace
trámite allí. La Constitución, entonces, garantizará a quienes desde la
Fiscalía persiguen fines políticos para paralizar, definitivamente, las
operaciones militares contra los grupos terroristas. Quienes se llamen a engaño
y sigan creyendo en la bondad del proyecto, mañana serán sus víctimas o los
testigos del descalabro, pero su lamento
será tardío y sin posibilidad de dar marcha atrás para revertir el desorden.
Centro
Colombiano de Pensamiento Político-militar
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