Preocupación en alta mar

Por: Mayor General  Ricardo Rubianogroot Román

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

Máster en seguridad y defensa.

Una de las labores que me correspondió desempeñar en el año 1984 siendo un joven Capitán como miembro del Grupo Aéreo del Norte, organización de la Fuerza Aérea Colombiana, en nuestra isla de San Andrés y oficial integrante del Estado Mayor aumentado del Comando Especifico de San Andrés y Providencia (CESYP), era la de efectuar patrullajes aéreos en esa vastísima jurisdicción del Caribe Colombiano, una extensión terrestre de 48 kilómetros cuadrados y marítima de 205.000, donde en vuelos extendidos y de gran radio de acción, efectuados en un avión Cessna 404 “Titán” con mi tripulación y junto con un oficial de la Armada  asignado para cada vuelo como “observador”, vigilábamos lo que denominábamos “nuestra casa”, que no hubiera presencia de embarcaciones de guerra, de explotación o investigación de países que no correspondieran el nuestro, que no se presentara ningún  tipo de pesca ilegal por embarcaciones que no fueran de bandera colombiana, y supervisábamos cualquier otra acción que estuviera en contra de los intereses de la Nación.

Dentro de nuestra misión, también estaba estipulado tomar contacto con los infantes de marina que se encontraban destacados en los callos de Serranilla, Alburquerque y Bolívar, para constatar cualquier tipo de requerimiento de este personal que se encontraba en esas latitudes desde tiempo atrás. Hoy como ayer, los infantes de marina aún permanecen allí  ejerciendo y procurando soberanía.

Sobrevolábamos las unidades de la Armada Colombiana que en forma regular, constante y muchas veces desconocida y subvalorada, patrullaban la zona de la jurisdicción, evitando por parte de nuestra Marina que se cometieran actos en contra de nuestra soberanía.

Son ingentes los esfuerzos humanos y los recursos económicos que durante muchos años ha realizado el Estado Colombiano, en innumerables acciones para garantizar la soberanía sobre la jurisdicción del archipiélago de  San Andrés, que comprende los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que le corresponden y se cumplan los tratados que Colombia tiene perfectamente definidos.

La soberanía del archipiélago no puede ponerse en duda ni en disputa porque el conflicto jurídico y legal en ese sentido, se resolvió desde el año de 1928 con la firma del tratado Bárcenas-Esguerra.

Dentro de los esfuerzos a que he hecho alusión, está la creación del Comando Especifico de San Andrés y Providencia, lo que nos remonta al año de 1982, cuando el Estado colombiano, con el propósito de agrupar a todas las Unidades militares acantonadas en el Departamento Archipiélago, le dió vía jurídica mediante la disposición 005 del 05 de marzo de las FFMM y la resolución del Ministerio de Defensa Nacional No. 647 del 26 de marzo, reemplazando así, lo que hasta ese año se conoció como, la Fuerza de Tarea número 11, la que se había constituido desde el año de 1933.

La FT-11 luego de las experiencias obtenidas desde su creación puso de manifiesto la necesidad de crear un Comando Específico que facilitara el planeamiento, la dirección y el control, a lo cual también se sumó el interés del Estado por mejorar todos sus sistemas de defensa en esta zona, como estrategia para proteger los intereses nacionales luego de que Nicaragua manifestara su desconocimiento del tratado de 1928.

Para ello se han acantonado en la isla unidades que están bajo el mando de su cuartel general, como la Base Naval No.4 y una unidad destacada de la Fuerza Naval del Caribe, un componente de Infantería de Marina y un Grupo aéreo de la   Fuerza Aérea Colombiana, con unidades aéreas destacadas y sistemas de radar para control Aéreo y sus tripulaciones con una disponibilidad para actuar en forma permanente.

Quienes conocemos que mantener un tren administrativo de esa envergadura, la logística y mantener las tropas con su moral en alto y el material en buenas condiciones por tantos años,  requiere ingentes esfuerzos e innumerables recursos provenientes de los impuestos que pagan todos los ciudadanos Colombianos.

Por ello y mucho más, resulta inexplicable, desalentadora e irresponsables las declaraciones de la Canciller colombiana María Ángela Holguín, en el tema de los derechos que Colombia tiene sobre la frontera marítima entre ambos países, cuando entendemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores con la dirección del Presidente de la República, es el organismo encargado de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y administrar el servicio exterior de la República.

La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones, es la encargada de dirigir y controlar la actuación Jurídica internacional del Ministerio, en particular en las áreas de tratados. Por ello resulta, además de decepcionante, inmensamente preocupante que sea la misma canciller Holguín, que tiene a su cargo el deber sagrado de proteger nuestros intereses en la materia, sea quien,   en el momento menos oportuno, por las negociaciones en curso, lance las infortunadas declaraciones que descalificaron a nuestros negociadores y se constituyeron en un agravio contra la Nación,  concediendo derechos anticipados a quien pretende lesionar nuestra soberanía.

Sus desacertadas y apresuradas declaraciones que insinuaron que Colombia puede perder parte de su territorio como consecuencia de soluciones salomónicas de los dignatarios de la Corte Internacional, lesionan los intereses del Estado Colombiano en forma grave, por provenir de quien provienen y por constituir una posición pusilánime, contraria al derecho internacional y similar a aquellas en que se entregaron territorios sin recato ni valoración estratégica a los venezolanos.

¿Conocerá acaso ella, esa jurisdicción Insular y Marítima? Habrá reflexionado o siquiera pensado en los colosales esfuerzos y los altos costos que durante muchos años ha realizado el Estado Colombiano a través de sus Fuerzas Militares?

Esperemos que esas declaraciones no sean una premonición de lo que va a suceder en esa negociación, pero si se puede garantizar que tendrá una injerencia en lo que será la decisión final. Curiosa resulta la actitud  del señor Presidente Juan Manuel Santos, que hasta la fecha no ha salido a desmentir o a corregir  a su ahora locuaz Canciller.