Se detuvo el tren de la seguridad
Por : Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar
La ciudadanía está alarmada por el ambiente de inseguridad que se siente, similar al que se vivía en la época del gobierno de Pastrana, hasta el punto que el Presidente del Congreso salió a exigir renuncias y a sugerir que el Ministro de Defensa de un paso al lado para permitir que lleguen personas capaces de “mantener la seguridad democrática”.
La realidad muestra que el tren de la seguridad democrática, que durante los primeros seis años del gobierno de Uribe se desplazaba a grandes velocidades, llevándose por delante a las bandas delictivas, por fin se detuvo, como ocurre con todos los elementos en movimiento, que por la ley de la inercia continúan hasta cuando finalmente se detienen.
El tren por fin se detuvo, como consecuencia lógica de los obstáculos que se le atravesaron y los frenos que se le aplicaron, por amigos y enemigos, propios y extraños y, paradójicamente, con la contribución de aquellos a quienes más convenía que mantuviera su marcha, que por entonces se exhibía exitosa: presidente, vicepresidente, los propios ministros de defensa y los mandos militares. Que las trabas provengan de los enemigos del Estado o los amigos del terrorismo, no resulta raro, es su función, pero lo que si es insólito es que provengan de aquellos a quienes correspondía ejecutar y mantener esa política que cambió el país.
Cuando avanzaba triunfante y arrollador, amenazando con acabar las bandas terroristas, desde el gobierno se comienza a disparar contra la estabilidad de las instituciones castrenses, soporte principal de aquella política. Solamente por citar algunos hechos que afectaron la moral y redujeron el espíritu de lucha de las Fuerzas Armadas, aunque no fueran los únicos, están la imagen de un coronel entrando encadenado a un juicio injusto; las arremetidas permanentes del vicepresidente de entonces contra la Justicia Penal Militar; las declaraciones del presidente Uribe para descalificarla, asumiendo arbitrariamente las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y de los jueces, su posterior intervención en la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde remató su faena de intervenirla, pregonando al mundo, para satisfacción de los enemigos de Colombia, que la justicia castrense no debía existir y, finalmente, a través de su ministro Ospina, promoviendo un pacto inconstitucional con la fiscalía para debilitarla del todo, con lo que se dejó a los militares en manos de personas sujetas a demasiada influencia o de los mismos enemigos enquistados en el organismo investigador.
El país y menos su ministro de defensa de entonces, presidente hoy, no pueden quejarse de la detención del tren, el primero porque nunca salió a respaldar y tímido o indolente observó como vejaban al aparato de guerra y el segundo, porque fue él mismo quien operó el freno de emergencia cuando, en una parodia que contó con la complicidad de los mandos militares, decidió destituir irregularmente a 27 militares, a quienes presentó como los autores de ejecuciones extrajudiciales, que a partir de entonces, se calificaron como falsos positivos. El falso positivo era el del ministro Santos que buscaba lavar su imagen y del presidente Uribe que pretendía cubrir sus espaldas ante la CPI.
¿Se asustaron con la promocionada intervención de la Corte Penal Internacional que amenazaba con llevarse a algunos? Si ello fue así, prevalecieron los intereses personales para cubrirse y ponerse a salvo, sobre los nacionales. Todo ello unido a un proceso muy antiguo de guerra política y guerra jurídica que alcanzó los más altos estrados de la Rama Judicial, orientado a paralizar la acción de las fuerzas de seguridad, condujo a la desmoralización y reducción del espíritu de lucha de las instituciones armadas y sus resultados son los que hoy se observan. Independientemente de que el hecho se niegue por los mandos o funcionarios, la realidad es palpable y se refleja en los resultados: resurgimiento de la criminalidad y los actos terroristas, la inseguridad callejera, ataques a poblaciones y patrullas, voladuras de oleoductos y otros muchos actos que habían desaparecido del panorama.
Desde el año 2008 se aplicó el freno a un tren de alta velocidad y sus consecuencias se observan hoy y no es con declaraciones que la situación mejora o la percepción cambia. Unas fuerzas terroristas que andaban en camino de desaparecer tras seis años continuos de arrojada y valiente acción de las Fuerzas Militares y la Policía, por cuenta de los actos de aquellos despistados o malintencionados personajes, revivieron y se han fortalecido, a medida que aquel perdía su empuje.
El camino de la victoria del país y de la derrota del terrorismo, pasa por el restablecimiento del fuero y de la Justicia Penal Militar, de tal forma que los miembros de la Institución se sientan a salvo de las persecuciones jurídicas organizadas por los enemigos y protegidos por una legislación que hoy no se aplica. El espíritu de lucha no se recupera con llamadas de atención en discursos, ni con palmaditas en la espalda. Se restablece con acciones ciertas que garanticen que los hombres en armas tendrán un respaldo real y que no serán abandonados a su suerte en procesos amañados y tendenciosos que, no solamente los priva de la libertad, sino que adicionalmente los arruina, después de haber expuesto sus vidas en aras de un país indolente.
Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar
www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com
Bogotá, D.C, 9 de Febrero de 2011
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