22-04-14

Paradoja

Por: MG Ricardo Rubianogroot Román (Master en Seguridad y Defensa)

Todo conflicto o guerra por su naturaleza hostil, es inconveniente, traen consigo variadas consecuencias infaliblemente negativas para las partes, los efectos y secuelas durante su desarrollo y mientras acontece la beligerancia al igual que en el post-conflicto, son diversos, afectando a las personas,  la colectividad,  la economía, el desarrollo y llegado a su fin hay un perdedor y un vencedor.

Paradójicamente la confrontación interna que vivimos en Colombia, ha perjudicado a nuestras Fuerzas Militares.

Me refiero a lo siguiente con la afirmación anterior; la estructura, forma de funcionamiento y sistema de trabajo que tendrían nuestras Fuerzas Militares, serían bien diferentes a las que hoy día las identifica, si ellas no estuvieran comprometidas tan a fondo y a la vanguardia como lo están, atendiendo la problemática interna.

Si bien es cierto que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana han sido, son y serán eficientes en la guerra asimétrica[1] que adelantan,  cierto es también, que les ha correspondido “ajustarse” para apuntalar la situación irregular que ha afrontado el país por más de diez lustros. Sin duda nuestra Fuerzas Militares son unas de las más activas, mejor entrenadas y con gran experiencia en combate real, son pocas en el mundo las que nos pueden equiparar, pero la misión que hoy en día cumplen, no es la que en esencia deben desempeñar.

Las Fuerzas Militares de una Nación están concebidas con propósitos bien definidos. “Las Fuerzas Militares por mandato constitucional, conducen operaciones Militares orientadas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la derrota de la amenaza externa, para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo garantizado el orden constitucional de la nación”.[2]

Esta misión resaltada en el párrafo anterior, nos indica claramente que las FF.MM han sido concebidas para la guerra regular[3],  el hecho de estar atendiendo una confrontación netamente asimétrica, ha obstaculizado e impedido que nuestras fuerzas militares tengan un mejor equipamiento, una erudición, un adiestramiento y entrenamiento acorde, que permita la defensa de la soberanía como invoca la misión.

Actualmente nuestras Instituciones Militares no poseen la tecnología adecuada y suficiente para enfrentar un enemigo externo, es sorprendente y se cita solo como ejemplo, que la Nación no posea unidades blindadas de tanques de guerra, un sistema Defensa Antiaéreo,[4] aviones estratégicos cazabombarderos[5]  y unidades navales indispensables y apropiadas, que nos permitan una disuasión creíble[6], mientras que el vecindario y nuestros enemigos potenciales regularmente incrementa sus adquisiciones y hacen alianzas militares en áreas consideradas estratégicas y que potencialmente nos podrían afectar.

La confrontación interna en la que somos exitosos, paradójicamente ha obstaculizado el deber ser de nuestras Instituciones Castrenses en cuanto a equipamiento, operaciones, doctrina y entrenamiento; sin advertirlo hemos abandonado lo esencial.

La mentalización, los objetivos Institucionales y prioridades operacionales de nuestros soldados[7], producto de  lo que transcurre internamente en el país, han sido distorsionados,  los mismos han sido orientados especialmente al conflicto doméstico, al “orden público”[8], esa no es la concepción acertada para unas Fuerzas Militares, ello no ha permitido un desarrollo acorde a su verdadera mision, ni la orientación estratégica apropiada.

Es imperativo escalar a nuestras Fuerzas Militares y a nuestros hombres para que manejen y forjen conocimientos de la política Nacional, sin ser beligerantes sí, pero con la capacidad de opinar en forma adecuada, con profundidad, su preparación debe estar alineada con conceptos geopolíticos[9] y geoestratégicos[10]. La educación, el entrenamiento, la inteligencia militar y la logística, deben ser orientados con mayor énfasis a los parámetros de la guerra convencional o simétrica; lo anterior es absolutamente compatible con la razón de ser de las mismas alejándose de lo meramente partidista o político.

A la Cartera de Defensa, al Comando General de las FF.MM y a cada Comando de Fuerza Militar, les corresponde, analizar y alinear los planes y aspiraciones doctrinarias,  proyectándolos estratégicamente. La Institución castrense debe garantizar la estabilidad de Nación en el ambiente de la Estrategia Militar[11]. Cada soldado debe estar capacitado, entrenado y educado suficientemente y con los recursos necesarios, para garantizar la soberanía Colombiana.

Es imperativo también que la ciudadanía acepte la importancia de que esto suceda y las ventajas que esto trae para el país. Cada colombiano debe entender que unas FF.MM más capacitadas mejor dotadas y con orientación global, en apoyo al poder civil, garantizan que el resto de renglones del país como la educación, la salud, la infraestructura, en general el desarrollo en todas las áreas de la Nación, se desenvuelva con mayor celeridad, con seguridad y plena confianza.

Esta paradoja que se ha producido y que aludo en estos renglones,  no nos impide iniciar un cambio cuidadoso y ajustar las Instituciones para cumplir su misión constitucional, en forma metódica.

Si las conversaciones de la Habana se consolidan y una vez maduren los acuerdos, debemos colocar aun mayor énfasis y lograr esa trasformación necesaria, pero en todo caso y al margen de lo que allí suceda, es preciso poner en marcha la mencionada transformación y aspirar a que ello se consolide en un futuro no muy lejano.

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[1] La guerra asimétrica es un conflicto violento donde existe una gran desproporción entre las fuerzas tanto militares como políticas de los bandos implicados, y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar medios fuera de la tradición militar común. Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas, la resistencia, toda clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la desobediencia civil.

[2] Página web de la Fuerzas Militares de Colombia. (Misión)

[3] La guerra regular o convencional es un tipo de guerra que se realiza utilizando teorías, medios, estrategias y tácticas tradicionales, en el contexto de un conflicto armado entre dos o más Estados abiertamente hostiles. Las fuerzas de ambos bandos quedan bien definidas, suelen combatir en campos de batalla definidos y luchan con armamento cuyo objetivo primordial es el ejército enemigo y sus infraestructuras.

[4] La defensa antiaérea es uno de los métodos para derribar aeronaves militares en combate, desde tierra o agua (o simplemente "superficie", para englobar a ambos). Varias armas y cañones se usan para esto desde que las primeras aeronaves militares se usaron en la Primera Guerra Mundial, creciendo en poder y en seguridad con los años. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza la era de los misiles guiados, específicamente los "misiles tierra-aire", y se usan en combinación de muchas formas.

[5] Un cazabombardero es un avión de caza que también es capaz de atacar objetivos en la superficie terrestre, buques incluidos, por lo que está preparado para utilizar, además de armamento aire-aire, armamento aire-tierra y aire-mar. Se diferencia de un avión de ataque a tierra en que el cazabombardero mantiene todas las capacidades de un caza. Un cazabombardero se distingue de un caza polivalente en que el caza polivalente puede realizar las misiones de combate aéreo y ataque a tierra por igual, mientras que el cazabombardero hace un énfasis en el ataque terrestre con menor rol para combate aéreo. (F-16, Tornado, etc)

[6] Capacidad de conseguir mediante razonamientos y ante la capacidad que se tiene, que alguien persona o Estado, cambie su manera de actuar, pensar o sentir.

[7] Un soldado, en su sentido más general, es un individuo que se ha alistado como Oficial, Suboficial o soldado como tal, voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligatorio, en las fuerzas armadas de un país soberano, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y sus intereses.

[8] "Orden público", asimilada a distintas formas de delincuencia, marginalidad, protesta pública, revuelta

[9] La geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales¹ y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos.

[10] La geoestratégica es un subcampo de la geopolítica que trata de estudiar y relacionar problemas estratégicos militares con factores geográficos -recursos de un país con sus objetivos geopolíticos.

[11] La estrategia militar se ocupa del planeamiento y dirección de las campañas bélicas, así como del movimiento y disposición estratégica de las fuerzas armadas. El padre de la estrategia militar moderna, Carl von Clausewitz, la definía como "el empleo de las batallas para conseguir el fin de la guerra".² De esta manera, daba prioridad a los objetivos políticos sobre los objetivos militares, apoyando el control civil sobre los asuntos militares.

¿Colombia siguiendo los pasos de la Venezuela actual?

¿Montealegre es  el Fiscal de quién?

                                                                                                                                                                

Por Eduardo Mackenzie

9 de mayo de 2014

Tres preguntas. ¿Desde cuándo las comunicaciones clandestinas de las Farc son un secreto de Estado?   ¿Desde cuándo las Farc son un Estado?  ¿Desde cuándo las Farc hacen parte del Estado colombiano?  Esos interrogantes emanan de las recientes declaraciones del Fiscal General a una radio colombiana en las que él trata de explicar porqué el domicilio y la oficina  del ingeniero informático Andrés Fernando Sepúlveda Ardila fueron brutalmente allanados por 30 agentes del  CTI, el 5 de mayo de 2014.

En declaraciones a Caracol Radio, 32 horas después de la detención de Sepúlveda y de la incautación de sus computadores y demás material informático, el Fiscal General acusó al ingeniero y especialista en marketing electoral de “interferir el proceso de paz”, por haber  “interceptado correos electrónicos” de varios jefes de las Farc, los unos en La Habana, como alias Iván Márquez,  y los otros, como los de alias Timochenko, jefe supremo de la banda narco terrorista, en no se sabe qué lugar. Por eso, dijo Montealegre, “se le va a imputar [a Sepúlveda]  el delito de espionaje” porque él “estaba obteniendo indebidamente secretos de Estado”.

En esa entrevista, el Fiscal repitió dos veces la frase: “él [Sepúlveda] va a ser imputado por el delito de espionaje”. En otras palabras, a la misma hora (si no fue antes) que un juez de la República realizaba la audiencia para legalizar la captura de Sepúlveda, y antes de que ese u otro  juez  hubiera podido valorar las “pruebas” que el CTI dice haber encontrado en  los dos lugares allanados --convertidos por la magia de las palabras de Eduardo Montealegre en “salas de interceptaciones”--,  el Fiscal Montealegre ya había condenado al detenido.  Ese abuso de procedimiento cometido por el Fiscal General va a tener necesariamente un fuerte impacto dentro del proceso que sigue. En un Estado de derecho ese tipo de arbitrariedad desemboca en la anulación del proceso.

Al hablar a Caracol, Montealegre no empleó siquiera la expresión “presuntas intercepciones” o “presuntos delitos”. El presentó al ingeniero como un delincuente acabado que, además, había cometido otro gran crimen: el de tener un “sesgo ideológico” contra el “proceso de paz”. 

El ingeniero fue satanizado ante los medios sin que pudiera defenderse. Fue recluido en el “bunker” de la Fiscalía y presentado ante la juez 49 de garantías pero “a puerta cerrada”, para que no pudiera hablar a la prensa,  pues se trata, según Montealegre,  de un individuo de la más alta peligrosidad pues es un “espía” que conoce “secretos de Estado” que pueden poner  en peligro “la vida de muchas personas que están metidas (sic) en este proceso de negociación en La Habana”. Sin embargo, hasta la víspera, Andrés Sepúlveda era un hombre respetado y respetable. El experto en desarrollo web y seguridad informática había trabajado con la presidencia de la República de Colombia, bajo Santos, y en las campañas del ex presidente Álvaro Uribe (2006) y en la de Juan Manuel Santos (2010) y hasta en la de un candidato que ganó la presidencia de México,  Enrique Peña Nieto. También ha trabajado en Venezuela y Honduras.  Al momento de set detenido, Sepúlveda trabajaba  con la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato del partido de oposición Centro Democrático.

La ley obliga al Fiscal General a ser el primero en respetar la presunción de inocencia de los ciudadanos. No obstante, Montealegre pateó ese principio de derecho. Abrumó a un acusado, lo declaró “espía”, sin tener ni exhibir prueba alguna de eso, y no lo envió a un centro de reclusión. Había que mostrarlo como un monstruo para que el escándalo cuajara y golpeara, con la ayuda de cierta prensa, a Oscar Iván Zuluaga, y ahogara, de paso, el escándalo destapado horas antes por las revelaciones de que el principal asesor de la actual campaña del presidente-candidato Juan Manuel Santos había estado en andanzas secretas con  traficantes de drogas y paramilitares y hasta recibido de ellos la suma de 12 millones de dólares para que ambientara  unas negociaciones con el actual gobierno (que nunca comenzaron).

Ante lo de JJ Rendón, Montealegre reaccionó con parsimonia. JJ Rendón no fue detenido y todo el asunto depende ahora, según explicó Montealegre, de que un jefe de los Combas, encarcelado en Estados Unidos, “confirme o no” las acusaciones. No se sabe cuando ese preso podrá ser interrogado. ¡Qué contraste con la actuación precipitada y con la satanización de Sepúlveda! 

Montealegre inventó el cuento (hasta el momento no hay ninguna prueba que permita creerle) que Sepúlveda estaba robando “secretos de Estado” de las Farc. La detención del ingeniero obedece a que interceptó correos electroncitos de jefes de las Farc, no del presidente Santos. Pues ante esto último Montealegre confirmó que no sabe nada, que son meras “hipótesis de trabajo” y “posibilidades”. Es decir, no hay ningún hecho que confirme que Sepúlveda interceptó mensajes de JM Santos. 

Conclusión: lo que desató el furioso allanamiento y la destrucción de la oficina  del ingeniero informático fue el hecho de que él trataba de saber qué están planeando las Farc desde sus guaridas y desde La Habana.

Luego surge la pregunta: ¿Por qué Montealegre considera los correos electrónicos de los jefes de las Farc como “secreto de Estado”?  ¿Por qué el Estado colombiano, a través del Fiscal General, trata de proteger las informaciones de una banda narco terrorista que está en guerra contra el Estado y contra la sociedad colombiana? ¿Por estar en diálogos de paz? Pero esos “diálogos”  no han hecho sino aumentar la ferocidad de las Farc.

El fiscal pide “sigilo” con lo que se complota en La Habana contra todos los colombianos. Lo que están tramando allá los terroristas debe ser algo muy grave pues el Fiscal dice que “de llegar a ser públicos pueden llevar al traste las negociaciones”. ¿Llevar al traste las negociaciones? Si lo que están pactando es tan bueno para la democracia, para las libertades y para la prosperidad de Colombia  ¿por qué saberlo tendría tan terribles efectos?

No, quien debe explicar muchas cosas sobre este obscuro episodio es el Fiscal General Montealegre.

El funcionario dejó ver que actúa con criterio político, que es capaz de favorecer a una campaña presidencial, la de Santos, obrando con toda prudencia ante el escándalo de JJ Rendón, y obrando con precipitud y violencia en el caso de Sepúlveda.

Cuando se dió cuenta de que jamás podría probar que la campaña de Oscar Iván Zuluaga había “comprado” informaciones “ilegales” sobre el proceso de paz, Montealegre echó máquina atrás y afirmó, en tono de perdonavidas: “Aún no hay evidencias entre actividades ilegales y la campaña de Zuluaga”. Ese “aún” quiere decir que él tratará de mostrar algo al respecto. Esa es la pretendida “neutralidad” de Montealegre ante el candidato uribista.

El Fiscal General dice que Sepúlveda fue capturado pues fue encontrado en “estado de flagrancia”. Eso también es improbable. Sólo hasta dentro de dos semanas los técnicos de la Fiscalía  podrán saber si el acusado había obtenido información ilícita, pues sus archivos informáticos estaban “encriptados”, según Montealegre.  Luego ni el Fiscal General, ni los agentes del CTI, pudieron ver si lo que estaba haciendo el detenido en su oficina, al momento del allanamiento, era ilegal. El ingeniero estaba trabajando en su computador. Eso no es un delito. Su detención y encarcelamiento fueron actos arbitrarios. Esa detención y lo que ha seguido, muestra un odio profundo, no un interés en averiguar la verdad.

El Fiscal tampoco ha probado que Sepúlveda desarrollaba  “actividades ilícitas”. No ha probado que el tuvo acceso  a “correos electrónicos” sobre lo que se dice en la mesa de La Habana. El Fiscal no ha probado que Sepúlveda controla un “mercado negro de información”. Dijo: “nosotros ya tenemos establecido” (¿quién es ese “nosotros”?) que Sepúlveda ha vendido información “por varios cientos de millones de pesos”. ¿Pero donde están las pruebas de eso? El Fiscal lo supone. Eso es todo. No tiene certeza de nada. Lo supone porque la oficina de Sepúlveda estaba bien ubicada y bien equipada. Una deducción no es un hecho.    

La prensa sin haber visto una sola prueba de nada, se sintonizó con Montealegre de la manera más dócil y abyecta. Montealegre habla y lanza acusaciones sin más y todos tragan entero.  Así es como una democracia puede derrumbarse. Montealegre no ha siquiera intentado probar nada. Le basta con lanzar unas frases a unos periodistas complacientes dispuestos a quedar bien con él y a no exigirle detalles de nada. Esos periodistas llegaron, incluso, a preguntarle por qué no había ido más lejos, por qué no había detenido a otras personas, como la esposa del ingeniero, y por qué no agrava las penas y crea otro tipo penal para reprimir el derecho de expresión y obstruir, como en las dictaduras comunistas, o como en el Irán fundamentalista, la libertad y el acto de poder investigar y reunir información mediante internet. Tales actos son sancionados en esos países con la cárcel o la muerte. Colombia ya empezó a imitarlos en eso.

Un ciudadano ha sido privado de la libertad y transformado en enemigo público número uno por tratar de saber qué están planeando las Farc contra Colombia. Ese ciudadano ha sido abrumado con acusaciones infamantes, sin que se haya podido defender ante los medios. Es la tortura moral. Como van las cosas el abogado que lo defiende será acusado de algo, para que abandone a su defendido. Como en Venezuela. ¿A dónde va Colombia?

Imputarle el delito de “espionaje” a alguien que trata, si es cierto, de saber qué preparan las Farc contra Colombia en La Habana, es obrar como un agente extranjero, como un policía de Cuba, no de Colombia.

Ante el secretismo y los embustes sórdidos y sofisticados que entre las Farc y el gobierno preparan para desorientar a la opinión sobre las capitulaciones de La Habana, es un derecho y un deber de todo ciudadano libre tratar de saber qué está pasando en esa mesa. Si bien es cierto que es un delito interceptar correos electrónicos de las personas, de los funcionarios y hasta del presidente Santos, lo mismo no se puede predicar de los correos de un movimiento terrorista que comete atrocidades todos los días contra los colombianos. Allí no hay “secreto de Estado” que valga. Desde La Habana las Farc han ordenado cometer atentados en Colombia. ¿Por qué la información de esos criminales debe ser protegida? No es Montealegre uno de los que dicen que las acciones del hacker Julian Assange eran legitimas? ¿Si es legítimo hackear  los correos del Ejército y de la diplomacia norteamericana, por qué es ilegitimo hackear los correos de las Farc? Y qué dice Montealegre de la actividad de Edward Snowden, quien reveló documentos secretos del gobierno norteamericano? Si el Fiscal pretende que la información de las Farc es un secreto de Estado es porque ya integró en el Estado al estado mayor de las Farc. Si ello es así que nos explique cuando y cómo se dió esa escalofriante operación.

Montealegre es coherente consigo mismo (pero no con Colombia) pues él ha dicho que los crímenes de guerra cometidos por los jefes y miembros de las Farc deben ser indultados o amnistiados para que se pueda firmar la paz.  Por eso, debemos suponerlo, los correos electrónicos de las Farc deben ser protegidos y quien los interfiera debe ir a la cárcel, como le ocurre a Andrés Sepúlveda. Quien dice eso no es alias Timochenko, sino el propio Fiscal General de la Nación. En esos abismos estamos ahora en Colombia.

El alto funcionario judicial dijo con cinismo glacial que Sepúlveda se auto acusó de controlar un “mercado negro” de la información: que él supo eso “a partir de las conversaciones con Andrés Fernando Sepúlveda”. Tal acusación fue rechazada por el abogado de Sepúlveda. Bernardo Alzate aseguró, además, que su defendido no tiene previsto aceptar los cargos que le imputa la Fiscalía.

El Fiscal se queja de que Sepúlveda también trató de interceptar correos electrónicos de una persona “defensora de derechos humanos, la ex senadora Piedad Córdoba”. Esa persona, hay que recordarlo, fue destituida por la Procuraduría por sus vínculos con las Farc. ¿Cómo puede el Fiscal General llamar a esa persona “defensora de derechos humanos”?  Montealegre agregó que  Sepúlveda “tenía gran parte de la base de datos de los desmovilizados de la guerrilla”. ¿Dónde está la prueba de eso? 

Montealegre estima que se trata de “correos que donde se hubieran sido expuestos en su momento hubieran puesto en riesgo este proceso de paz, que es una misión constitucional”, pues  la paz, según él “es un derecho y un deber que trae (sic) la Constitución colombiana y un deber que le impone a todas las instituciones”.

Yo no conozco a Andrés Sepúlveda, ni he visto sus trabajos ni sus “trinos” (twitters), que tanto le molestan a Santos y a Montealegre. No sé si el ingeniero es un “hacker” o si ha interceptado correos de alguien. Lo que digo es que Eduardo Montealegre debe probar públicamente lo que dice.

Montealegre utilizó en su charla con Caracol las fórmulas que todo buen periodista detesta: “tal parece”, “fuente confiable”. Con ese “tal parece” el fiscal lanzó a la cara de todos los ciudadanos el cuento de que el “hacker” recibió “100 millones de pesos por datos”.  ¿Donde están las pruebas de eso?  Un Fiscal no puede acusar a nadie de esa manera. El Fiscal debe tener pruebas, antes de hablar. No conseguirlas después de haber hablado. Pretender que le creamos lo que dice por el solo hecho de que él lo dice, es mucho pedir.

Lo que hay hasta ahora es la detención de un ciudadano  que utilizaba el ciberespacio y el Twitter para  expresar su repudio  a la política de Santos. ¿Eso es un delito? Sólo en una dictadura puede serlo. Hace unos días, otros aprendices de brujo la emprendieron contra la representante electa uribista María Fernanda Cabal por haber escrito un Twitter. Eso prueba que estamos ante una ofensiva feroz del gobierno y del santismo contra la libertad de expresión.

Detienen a un twitero y le acomodan una serie de cargos. ¿Y cuál es su pecado? Tener un “sesgo ideológico contra el proceso de paz”.  La próxima fase de la ofensiva del Fiscal tendrá que ser la detención masiva de los millones de colombianos que tienen ese mismo “sesgo”.

Lo que acaba de ocurrir muestra una cosa: que en Colombia estamos ante una justicia stalinista, que arrojó al erial el Derechos y las garantías del Derecho “burgués” para poder comenzar una caza de brujas de “enemigos del pueblo”: quien tenga un “sesgo ideológico” contra el mandatario de turno, o contra las Farc o contra el llamado “proceso de paz”, puede ser enviado a la cárcel y verse transformado, de la noche a la mañana, de “insecto dañino”, como llamaba Lenin a sus enemigos en 1918. Eso es posible, como acabamos de verlo, pues hay una prensa cortesana e irresponsable que ni quiere ni puede exigirles a los funcionarios de la dictadura en formación que justifiquen lo que dicen y que respeten las exigencias y la ética del periodismo.

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Les toca a los Generales

LES TOCA A LOS GENERALES

POR: RAFAEL GUARÍN

                               

El candidato Santos ha salido a difamar a las Fuerzas Militares y a la oposición. Según él, se están manipulando sectores de la fuerza pública con mentiras relacionadas con el proceso de La Habana. La verdad es que quien genera incertidumbre en las tropas y afecta su moral es el propio presidente.

El Gobierno ha querido comprar a las FF. MM. con promesas de impunidad, como si nuestros militares la reclamaran, cuando en realidad exigen es justicia y más justicia. 

El honor de los soldados se mancilla cuando se les equipara con los grupos dedicados al narcotráfico, al terrorismo y a crímenes atroces. Se les humilla cuando se les promete el mismo tratamiento jurídico que a los asesinos de las FARC y del ELN.

El 3 de septiembre del 2013 Santos advirtió: “Tengan en cuenta que los beneficios jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte en la negociación para lograr esa paz serán aplicables a los miembros de nuestras fuerzas”.

Detrás de tal “generosidad” hay una tremenda trampa en la que caerá la inmensa mayoría de generales y coroneles que han actuado con rectitud: el marco jurídico para la paz establece que la persecución penal se concentrará en los máximos responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Eso respecto a las Fuerzas Militares se traducirá en graves riesgos que conspiran contra su cohesión y su supervivencia.

Seamos claros. Miembros de la fuerza pública actuaron como criminales, no como militares, y perpetraron homicidios conocidos con el calificativo de “falsos positivos”; también, individualmente y no en desarrollo de una política de Estado, mantuvieron vínculos con grupos de autodefensa ilegales y les facilitaron las masacres. ¡Por las víctimas y el honor militar esas atrocidades no deben quedar en la impunidad!

Con el esquema que se propone, basado en que el peso de la ley recae en los máximos responsables y que los menos responsables de tales delitos no serían objeto de investigación penal, sino de mecanismos extrajudiciales que excluyen la pena de prisión, sobrevendrá una explosión del Ejército.

Esto es más delicado si se tiene en cuenta que ocurrirá en un escenario en el cual es posible que estructuras de las FARC se conserven aún en armas, sea porque se trate de auténticas disidencias, sea en ejecución de la decisión estratégica del grupo de mantener ciertos aparatos armados a título de seguro en caso de un incumplimiento de lo acordado, o simplemente en orden a continuar la combinación de todas las formas de lucha para la consecución del poder. 

Quienes deseen beneficiarse de que no se les persiga penalmente querrán aparecer en la categoría de menos responsables, lo que implica que otros en la línea de mando deberán tener la categoría de máximos responsables y la pena de cárcel.

Los dedos apuntaran masivamente hacia arriba. Sólo es ver la composición de quienes están en las cárceles o están siendo investigados por violaciones a los derechos humanos y el número de involucrados y de supuestas víctimas de homicidio en persona protegida u homicidio agravado.

La mayoría de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango que quieran ser excarcelados o evitar ser condenados penalmente serán tentados con el fin de que señalen cómo “máximo responsable” a cualquiera. Con fundamento o sin él, con razón o sin ella, lo importante es evadir la cárcel. Testigos falsos pulularán.

Lo que calla el Gobierno es que la excarcelación masiva de miembros de las FF. MM. no es gratuita. Algunos tendrán que pagar por los delitos de todos los que los cometieron. Así como se espera que la cúpula fariana pague, muchos esperan que eso ocurra con los comandantes de la fuerza pública. ¿O, en verdad, generales, creen que porque se firme la paz y se le de impunidad a las FARC ustedes no seguirán siendo objetivo principal de la guerra jurídica? ¿O que si no hay penas efectivas la Corte Penal Internacional no actuará contra quienes han conformado la cúpula? ¿O que en el caso de los militares el sistema interamericano no tumbaría la “autoamnistía” que ofrece Santos? Al final, ¡les tocó a los generales!

Y les tocó no porque sean culpables, ¡que eso quede claro! ¡Muy claro! Les tocó porque el modelo de justicia transicional de Santos y del fiscal Montealegre busca condenar a quienes tuvieron la responsabilidad de conducir las tropas y crea los incentivos para que aun sin nada que ver con los errores o con los delitos conscientemente ejecutados por los subalternos,terminen potencialmente asumiéndolos. La injusticia contra altos oficiales asoma las orejas.

Lo único que falta es que los generales y coroneles terminen en las cárceles, así sea con penas reducidas, mientras los “máximos responsables” de las FARC recluidos, en el mejor de los casos, en extensas zonas de reserva campesina, protegidos por estructuras de su organización “institucionalizadas” o cumpliendo penas simbólicas en las noches, mientras de día se dedican a la política y a legislar.

Los militares, repito, piden justicia, no impunidad. Exigen que se respete el fuero militar, que tengan garantías de defensa técnica, recuperar la credibilidad de la justicia penal militar y que cada baja dada en combate legítimo no se convierta en una acusación de fiscales, muchas veces bajo el efecto de un fuerte sesgo ideológico y llenos de prejuicios. No es mucho que pedir cuando se ha ofrecido la vida por Colombia.

Presidente Santos, ¿quién es el que desmoraliza las tropas?

Twitter: @RafaGuarin