Detrás de
la barrida de Barrero
Por Rafael Guarín
OPINIÓN. Revista Semana.
Santos tiene problemas para cohesionar el Ejército, no porque
esté en contra del proceso de paz, ni mucho menos, ni porque exista ruido de
sables o amenaza de ruptura constitucional. ¡No! Los militares colombianos son
respetuosos del poder civil y se someten al estado social de derecho, pero les
preocupa cuál será el tratamiento político y jurídico que recibirán una vez se
llegue a un “acuerdo de terminación del conflicto” con las FARC y cuál será el
futuro de su institución.
Es obvio. La experiencia demuestra que los militares van a la
cárcel y los exguerrilleros al poder. Mientras los que enfrentaron a los
criminales son perseguidos y privados de la libertad, muchas veces injustamente,
quienes se dedicaron a extorsionar, asesinar, masacrar, violar, traficar
drogas, enriquecerse ilícitamente y reclutar niños van directo al Congreso,
ministerios o a la Presidencia de la República. A las fuerzas armadas las
estigmatizan, las califican de instrumentos de terror estatal, y a los
terroristas los exaltan como estadistas hasta graduarlos de héroes. Mientras a
los soldados se les excluye, señala y repudia, a los criminales se les
convierte en referente moral.
Por eso la posición del saliente Comandante de las Fuerzas
Militares, General Leonardo Barrero, era clara: no se puede negociar a las
FF.MM. en La Habana. Su planteamiento, compartido por un amplio sector de las
fuerzas, es que no se deben pactar reformas al estamento castrense con Timochenko.
¿Razonable? ¡Por supuesto! Aceptarlo implicaría que son las FF.MM. las
causantes de la violencia y por eso se deben intervenir de común acuerdo con
los terroristas.
Además, significa admitir que por ese camino la suerte
jurídica de los militares no se resuelva en el Congreso, ni en las cortes y
dependa de Márquez y Catatumbo. ¡Triste historia! Los militares y policías que
ofrendaron su vida en defensa de los derechos de los ciudadanos dependen ahora
de las FARC. ¡Victoria fariana!
En los pasillos del Ministerio de Defensa y entre altos
oficiales se menciona que la barrida a Barrero tiene que ver con que, en el
evento de rendición de cuentas efectuado hace tres semanas por el sector
defensa, el comandante se atrevió a decir públicamente al Presidente Santos que
las FF.MM. no podían ser objeto de negociación en La Habana. Todo el resto que
rodea su salida es escenografía montada con el cuidado que permitiera distraer
la verdadera razón.
Esas mismas fuentes reconocen que Barrero se salió del guión,
no sólo por su criterio frente al uso de la fuerza en el marco del DIH contra
las bandas criminales, cosa que Sergio Jaramillo veta aún por encima del
ministro Juan Carlos Pinzón, sino porque en una reciente reunión con presencia
de varios generales en Villavicencio, que congregaba comandantes del Comando
Conjunto del Sur Oriente, Barrero intervino públicamente después de Jaramillo
con observaciones que aumentaron la inconformidad de ese sector del gobierno.
La preocupación de los militares tiene fundamento. En el
marco jurídico para la paz, nombre pomposo con el cual se bautizó la reforma
constitucional que permite la impunidad para las FARC, metieron un mico que al
parecer el MinDefensa aún no ve o ayudó a redactar: “Una ley estatutaria podrá
autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un trato diferenciado
para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en
el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación
con su participación en el mismo”. Sí, en “en el marco de un acuerdo de paz”,
es decir, en el contexto de un Acuerdo en La Habana con las FARC se definirá el
tratamiento jurídico para policías y militares, una interpretación que se debe
objetar.
Tan honda es la preocupación en las filas que el General en
su carta de despedida, luego de advertir que las FF.MM. están inmersas en una
“coyuntura especial” reconoce que “tiene la esperanza que, con la unión de
esfuerzos y el compromiso que nos caracteriza, nuestra Institución no será objeto
de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna
circunstancia”.
Y más adelante, en la misma comunicación, Barrero pide el
apoyo para la gestión del General de la Reserva Activa Jorge Enrique Mora, a
quien reconoce la calidad de “representante en la mesa de conversaciones de La
Habana”. Luego, es evidente que la posición de Mora es la misma de Barrero. Al
sacar a éste se pretende romper esa llave y quitar el bastión sobre el que Mora
se espera sostenga una fuerte posición de defensa de los intereses militares en
la mesa con las FARC.
Es forzoso entonces interrogarse sobre si lo que se buscaba
al sacar a Barrero es debilitar a Mora. Este General, serio, respetado y
escuchado por activos y retirados es garantía; no obstante, juega solo, es
decir, tiene que enfrentar la laxitud característica de Sergio Jaramillo en
estos temas, el afán de Santos de firmar lo que sea y la codicia del
Secretariado que ve en el proceso la oportunidad de pasar una cuenta de cobro y
destruir a las fuerzas militares. No hay que olvidar que para los comunistas la
“solución política negociada” no es más que una forma lucha revolucionaria.
El mensaje de Barrero no debió fastidiar al presidente a
menos que el temor de los militares corresponda a la realidad, caso en el cual
la falta de transparencia del gobierno no sería otra cosa que una emboscada.
Con habilidad se trataría de adormecer a los militares para llevarlos a un
escenario adverso en el que se imponga la transformación de las fuerzas
armadas, diseñada a dos manos con las FARC, así se presente de otra forma por
el gobierno.
Los militares y policías no son beligerantes. ¡No deben
serlo! Les corresponde abstenerse de participar del debate partidista y están
destinados a cumplir su labor en el marco del objetivo político fijado por el
presidente. Eso no se discute. Pero tampoco caer en el extremo de pretender su
silencio absoluto cuando se trata de sus garantías judiciales y del futuro de
la propia institución.
En twitter @RafaGuarin
