Los peligros del actual proceso de paz en Colombia

EDITORIAL

LA ESTRATEGIA DENTRO Y FUERA DE LA MESA

Cada vez está más cerca la posibilidad de un acuerdo gobierno-Farc, el comunicado del Dr. De La Calle al término de novena ronda de conversaciones lo confirma, “nunca antes habíamos llegado tan lejos en un acuerdo con las Farc”, sin embargo, la negociación va a paso de tortuga, gracias a las dilaciones impuestas por las Farc.

La posición del gobierno ha sido la misma, mantenerse dentro de los puntos de lo establecido en el acuerdo general; no obstante, la amplitud y ambigüedad de la agenda le ha permitido a las Farc elevar una cascada de exigencias. Solo en el primer punto de la Participación Política, en donde se tratarán derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y el acceso a los medios de comunicación, de las diez exigencias iniciales han surgido 49 más, incluyendo, como ha sido costumbre en todas las ocasiones, acusaciones contra las FFMM.

Así como van las cosas, las Farc continúan con la iniciativa, ganando espacio, particularmente fuera de la mesa, al utilizar la estrategia de aproximación indirecta, al presionar acciones que no han sido concedidas en las negociaciones, a través de la búsqueda de la desobediencia y desorden civil en varias regiones del país (movilización de masas), para lo cual han utilizado como herramienta su aparato político, tanto el legal como el ilegal. En el ámbito internacional, continúan ganando espacio mediante el permanente pronunciamiento mediático y por el interés generalizado en toda la región, incluso de los EEUU, quienes han manifestado su beneplácito por la búsqueda de la paz en Colombia. Claro está que el costo será exclusivamente de los colombianos y por lo tanto  irrelevante para los que la países que la apoyan.

Hablando de costos y consecuencias, el peor peligro que se ve cada vez más latente, es en particular para el Ejército Nacional, por haber tenido la misión institucional de combatirlos durante toda su existencia, por lo que se constituye, por obvias razones, en su enemigo natural, al cual le endilgan con persistencia la mayoría de los males del país, particularmente lo hacen fuera de las mesa de negociaciones. Estas acciones se presentan sigilosamente en varios escenarios, donde se ha venido menoscabando la integridad y prestigio de la institución y la de sus miembros.

Para lograr este propósito, se han valido de variadas formas de lucha, incluso con el beneplácito de algunos gobiernos en el pasado, como lo indica el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Departamento para la Prosperidad, titulado ¡Basta Ya!, elaborado por un grupo de abogados, sociólogos y politólogos. Allí, aparentemente, se utilizaron muchas falsas víctimas que fueron entrevistadas en zonas tradicionalmente afectas a los terroristas y también algunas otras organizaciones de reconocido sesgo antimilitarista, como es el caso del CINEP. Este extenso documento recoge, en forma selectiva, varios testimonios sobre la “realidad histórica de la violencia en Colombia”, donde se adjudica buena parte de la violencia armada a la Fuerza Pública en los últimos sesenta años. Paradójicamente, los delegados de las Farc, consideran que este informe se quedó corto con las acusaciones a los militares, por lo que, en reciente comunicado, manifestaron: “Hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado es responsable por acción o por omisión, lo que fue reconocido recientemente por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos”. Con este antecedente amañado y parcializado ¿qué pueden esperar los miembros y ex miembros del Ejército al final del conflicto?

Otra de las múltiples estrategias, que el gobierno no percibe, o mejor no son de su interés, por encontrarse en otras ramas del poder, es  la  manipulación de las víctimas o supuestas víctimas, por los Colectivos de Abogados afines a la guerrilla, que aprovechando los convenios y tratados suscritos por Colombia sobre los Derechos Humanos, han efectuado innumerables demandas ante la Corte Interamericana de DDHH, con el fin de que esta replique contra el Estado (Fiscalía) viéndose presionado a investigar y sancionar los supuestos delitos, además con la obligación de encontrar culpables dentro de los agentes del Estado, lo cual además les genera  millonarias ganancias.

Comparto con muchos miembros de la institución militar, que resulta oprobioso igualar las acciones de quienes depredaron el país, mediante el terrorismo y el crimen organizado, con los servidores de la patria que actuaron en legítima defensa del Estado y con un altísimo costo para quienes enfrentaron esta violencia y, aunque parezca deshonroso y contra la moral militar, no se percibe una alternativa diferente para los miembros de la Fuerza Pública, a la de buscar simetría en el marco de la aplicación de la Justicia Transicional ofrecida por el gobierno, el Fiscal General  y algunos congresistas, para quienes se encuentran condenados o procesados por supuestos delitos relacionados con el conflicto, aun teniendo la certeza de que la mayoría de ellos son inocentes.

Son muchas las circunstancias negativas y adversas que rodean el actual proceso de paz para la Fuerza Pública, como las expuestas anteriormente, por lo cual resultaría poco práctico persistir en un tratamiento diferencial bajo el actual panorama que rodea el acuerdo con los irregulares, tal experiencia ya la vivimos en el caso del Palacio de Justica. También es importante que aprendamos de la experiencia internacional en este aspecto.