EDITORIAL
LA ESTRATEGIA DENTRO
Y FUERA DE LA MESA
Cada vez está
más cerca la posibilidad de un acuerdo gobierno-Farc, el comunicado del Dr. De La
Calle al término de novena ronda de conversaciones lo confirma, “nunca antes habíamos
llegado tan lejos en un acuerdo con las Farc”, sin embargo, la negociación va a
paso de tortuga, gracias a las dilaciones impuestas por las Farc.
La posición del gobierno ha sido
la misma, mantenerse dentro de los puntos de lo establecido en el acuerdo
general; no obstante, la amplitud y ambigüedad de la agenda le ha permitido a
las Farc elevar una cascada de exigencias. Solo en el primer punto de la Participación
Política, en donde se tratarán derechos y garantías para el ejercicio de la
oposición política y el acceso a los medios de comunicación, de las diez
exigencias iniciales han surgido 49 más, incluyendo, como ha sido costumbre en todas
las ocasiones, acusaciones contra las FFMM.
Así como van las cosas, las Farc
continúan con la iniciativa, ganando espacio, particularmente fuera de la mesa,
al utilizar la estrategia de aproximación indirecta, al presionar acciones que no
han sido concedidas en las negociaciones, a través de la búsqueda de la desobediencia
y desorden civil en varias regiones del país (movilización de masas), para lo
cual han utilizado como herramienta su aparato político, tanto el legal como el
ilegal. En el ámbito internacional, continúan ganando espacio mediante el permanente
pronunciamiento mediático y por el interés generalizado en toda la región,
incluso de los EEUU, quienes han manifestado su beneplácito por la búsqueda de
la paz en Colombia. Claro está que el costo será exclusivamente de los
colombianos y por lo tanto irrelevante
para los que la países que la apoyan.
Hablando de costos y
consecuencias, el peor peligro que se ve cada vez más latente, es en particular
para el Ejército Nacional, por haber tenido la misión institucional de
combatirlos durante toda su existencia, por lo que se constituye, por obvias
razones, en su enemigo natural, al cual le endilgan con persistencia la mayoría
de los males del país, particularmente lo hacen fuera de las mesa de negociaciones.
Estas acciones se presentan sigilosamente en varios escenarios, donde se ha
venido menoscabando la integridad y prestigio de la institución y la de sus
miembros.
Para lograr este propósito, se
han valido de variadas formas de lucha, incluso con el beneplácito de algunos gobiernos
en el pasado, como lo indica el reciente informe del Centro Nacional de Memoria
Histórica, adscrito al Departamento para la Prosperidad, titulado ¡Basta Ya!, elaborado
por un grupo de abogados, sociólogos y politólogos. Allí, aparentemente, se
utilizaron muchas falsas víctimas que fueron entrevistadas en zonas
tradicionalmente afectas a los terroristas y también algunas otras
organizaciones de reconocido sesgo antimilitarista, como es el caso del CINEP. Este
extenso documento recoge, en forma selectiva, varios testimonios sobre la
“realidad histórica de la violencia en Colombia”, donde se adjudica buena parte
de la violencia armada a la Fuerza Pública en los últimos sesenta años. Paradójicamente,
los delegados de las Farc, consideran que este informe se quedó corto con las
acusaciones a los militares, por lo que, en reciente comunicado, manifestaron:
“Hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado es
responsable por acción o por omisión, lo que fue reconocido recientemente por
el Presidente de la República, Juan Manuel Santos”. Con este antecedente amañado y parcializado
¿qué pueden esperar los miembros y ex miembros del Ejército al final del
conflicto?
Otra de las múltiples estrategias,
que el gobierno no percibe, o mejor no son de su interés, por encontrarse en
otras ramas del poder, es la manipulación de las víctimas o supuestas
víctimas, por los Colectivos de Abogados afines a la guerrilla, que
aprovechando los convenios y tratados suscritos por Colombia sobre los Derechos
Humanos, han efectuado innumerables demandas ante la Corte Interamericana de
DDHH, con el fin de que esta replique contra el Estado (Fiscalía) viéndose presionado
a investigar y sancionar los supuestos delitos, además con la obligación de
encontrar culpables dentro de los agentes del Estado, lo cual además les genera
millonarias ganancias.
Comparto con muchos miembros de
la institución militar, que resulta oprobioso igualar las acciones de quienes
depredaron el país, mediante el terrorismo y el crimen organizado, con los
servidores de la patria que actuaron en legítima defensa del Estado y con un altísimo
costo para quienes enfrentaron esta violencia y, aunque parezca deshonroso y
contra la moral militar, no se percibe una alternativa diferente para los
miembros de la Fuerza Pública, a la de buscar simetría en el marco de la
aplicación de la Justicia Transicional ofrecida por el gobierno, el Fiscal
General y algunos congresistas, para
quienes se encuentran condenados o procesados por supuestos delitos
relacionados con el conflicto, aun teniendo la certeza de que la mayoría de
ellos son inocentes.
Son muchas las circunstancias
negativas y adversas que rodean el actual proceso de paz para la Fuerza
Pública, como las expuestas anteriormente, por lo cual resultaría poco práctico
persistir en un tratamiento diferencial bajo el actual panorama que rodea el
acuerdo con los irregulares, tal experiencia ya la vivimos en el caso del
Palacio de Justica. También es importante que aprendamos de la experiencia
internacional en este aspecto.
