martes, 16 de octubre de 2012
EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012
Chávez y la
paz colombiana
Por: Darío Acevedo Carmona
Fuente: El Espectador
La formación del poder político
bajo el procedimiento democrático está lejos de ser un tema cerrado y
totalmente agotado.
La democracia es tan abierta que en
muchos países sus enemigos totalitarios usan y abusan de su generosa apertura
para luego aplicarle cerrojos y estrecharla hasta la anulación. Lo que acaba de
suceder en Venezuela con la elección de Hugo Chávez Frías es un claro ejemplo
de cómo atropellar la democracia desde dentro y presentarse como defensor de la
misma. Después de haber intentado acceder al poder por medio del golpe de
estado en 1992, Chávez lo alcanzó por vía electoral y por la misma vía se ha
sostenido en él. ¿Pero, se puede admitir que esa es condición suficiente para
sostener que Chávez es un demócrata y que en Venezuela reina la democracia?
Casos documentados brinda la
historia acerca de cómo proyectos y caudillos dictatoriales se hicieron al
poder por medios electorales. Desde Luis Bonaparte que luego de triunfar por
sufragio universal convocó un plebiscito en 1851 para anularlo y proclamarse
emperador de Francia, situación que Marx aprovechó para lanzar su famosa frase
de que la historia se repite como tragedia o como comedia en su texto “El 18
brumario de Luis Bonaparte” al comparar a este con su tío Napoleón. El
experimento de este personaje llevó a acuñar el término “bonapartismo” para
caracterizar a aquellos gobernantes que usan la democracia y las elecciones que
luego anulan para convertirse en dictadores.
Lenin, a su manera y con la idea de
implantar el comunismo, orientó desde la biblia de los comunistas rusos el “Qué
hacer”, la tesis de aprovechar la democracia burguesa, que detestaba, como medio
para llegar a las masas y preparar la insurrección para instaurar la dictadura
del proletariado.
En octubre de 1917 al frente de un
partido pequeño pero disciplinado tomó el poder y luego en una encarnizada
guerra civil eliminó a todos los partidos desde los zaristas hasta los
republicanos, liberales, socialdemócratas y marxistas reformistas. El fallido
experimento soviético se sostuvo por métodos represivos y elecciones en las que
“participaba” el 99.99% de la población, hasta 1991. Similar proceder usaron
los dictadores de extrema derecha, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania.
Ambos triunfaron en elecciones y convocaron y manipularon sus resultados para
legitimar sus proyectos racistas, xenófobos y ultranacionalistas con los que
derramaron la sangre de millones de víctimas.
De modo que, elecciones por
montones, como las que han tenido lugar en la Venezuela chavista, que
despiertan la admiración delirante de poetas y de no pocos liberales, no
remiten necesariamente a una democracia. Allí donde el gobernante controla los
demás poderes, la libertad de prensa, exorbitantes sumas de petrodólares para
repartir entre la población que es tratada, así, como súbdita, donde se halaga
a las tropas con prebendas y se las politiza para que dejen a un lado su misión
constitucional, entre otras prácticas innombrables, no puede hablarse,
seriamente, de una democracia.
Lo que vendrá en los años
siguientes para la Región es la consolidación del proyecto bolivariano chavista
y la búsqueda de su extensión a los países aún renuentes. Sin embargo, la
pregunta obligada para Colombia es ¿de qué forma la victoria de Chávez incidirá
en nuestro destino, y, en particular, en las negociaciones de paz? Además de la
gratitud con Santos por reconocerle sus méritos en las negociaciones de paz,
considero que Chávez tiene dos caminos a seguir. De un lado, le conviene
mantener la presión sobre la guerrilla fariana para que llegue a un acuerdo con
Santos. Este acuerdo lo proyectaría como líder continental pacifista no
interesado en promover o expandir su proyecto a sangre y fuego y desvirtuaría
las sospechas de colaboración con las guerrillas.
En otra dirección, y en consonancia
con su contundente victoria, puede optar por mantener su apoyo a las
negociaciones pero sin presionar a la guerrilla a firmar a cualquier precio un
pacto de paz y simultáneamente apoyar con generosos recursos la formación de un
amplio movimiento de masas probolivariano en Colombia. A su favor cuenta con
avanzadas muy importantes como el grupo Marcha Patriótica que se está
posicionando como frente de batalla civil, también hay células prochavistas en
el Movimiento Bolivariano Colombiano. Los partidos comunistas, el legal y el
clandestino, y hasta el Polo Democrático, apoyan y simpatizan con el proyecto
que se propone, en el mediano plazo, transformar a Colombia, de actual piedra
en el zapato, en miembro del Alba y del socialismo bolivariano. Intelectuales y
políticos “progresistas” así como “personalidades democráticas” están a la
expectativa.
Esta última opción es la que mejor
encaja en la teoría leninista de la combinación de todas las formas de lucha y
es la que satisface a águilas y halcones de la insurgencia y de la izquierda
radical que no quieren deponer su voluntad de enrutar el país por el sendero
revolucionario. Un paso en esta dirección fue la semana de los indignados que
acaba de concluir con la convocatoria, fallida, de un paro nacional. La
proclama del Movimiento Continental Bolivariano expedida en el II encuentro
realizado en Quito (febrero de 2008) permite apreciar la solidaridad de los
socialistas bolivarianos con la causa colombiana.
En ella reafirmaron “La
necesidad de librar todos los combates… de emplear todas las formas de lucha
para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones
cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…” y concluyeron
que “En este plano, el proceso colombiano asume una importancia singular, tanto
por su ubicación geoestratégica como por la confluencia de altos y nuevos
niveles de desarrollo político y militar en las fuerzas de cambio…(y) Se
convierte en el eslabón más próximo a una ruptura revolucionaria”. No es
difícil concluir, pues, que estamos en la mira del proyecto chavista y que las
negociaciones de paz pueden encajar en dicha estrategia.
Darío Acevedo Carmona
* Doctor en Historia y profesor
Titular Universidad Nacional de Colombia.
• Darío Acevedo Carmona |
Elespectador.com
viernes, 5 de octubre de 2012
LA INJUSTA JUSTICIA CONTRA LOS MILITARES COLOMBIANOS
Bogotá DC, octubre 3 de 2.012
PRONUNCIAMIENTO
DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM. PERTENECIENTES A LA
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO (ACORE) Y AL CUERPO DE GENERALES Y
ALMIRANTES (CGA).
Carta abierta a la opinión pública en relación
con graves y preocupantes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en
contra de miembros de las Fuerzas Militares.
Doctor
Eduardo Montealegre Lineth
Fiscal
General de la Nación
De todos es
bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los
delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los
juzgados y tribunales competentes.
Los delitos
cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio,
siempre han sido de competencia exclusiva
de la Justicia Penal Militar.
Lamentablemente,
un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006,
entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin piso jurídico el Fuero Militar consagrado en
la Constitución Nacional.
En el
momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante
el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.
Mientras
tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de
conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.
En estas
circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y
calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años,
una persistente y extralimitada
persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y
proteger nuestra soberanía e
instituciones democráticas.
Esta injusta
persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de
su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante
agresión de las diferentes
organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan el orden y la tranquilidad pública.
Los
resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y desalentadores:
Tenemos cerca de doce mil hombres fuera de combate
por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas
militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones
terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La
ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos
investigados y juzgados por el enemigo.
No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de
inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la
fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del
combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente
politizadas y carentes de sustento probatorio.
Independientemente
de lo anterior, muchos de los que vienen
siendo investigados por la justicia ordinaria, alegan también la comisión de varias
irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:
- Práctica
de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.
-
Habilidosos montajes con familiares de supuestas victimas o falsos testigos
para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.
-
Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o
contrainterrogar a falsos testigos.
-
Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el
compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus
comandantes en los diferentes niveles del mando.
- Amenazas
de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por
las acusaciones proferidas contra sus superiores.
-
Utilización inescrupulosa y frecuente de
la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso,
a todos los integrantes de las unidades
militares que sean objeto de investigación.
-
Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles,
los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios
distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.
-
Violación del fuero carcelario y la
aplicación inmediata de medidas de
aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.
-
Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas
apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del
sumario.
Para
completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante
contra militares, distintos
pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación, dejan la preocupante impresión de estarse
favoreciendo, quizás sin querer, a
quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.
Veamos
algunos de estos pronunciamientos:
- Los pobres
resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”,
han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran equipo de investigadores y de diferentes especialistas, bajo la orientación del ex juez español Baltazar Garzón, para revisar
prioritariamente todas las
denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con
el exterminio de la Unión Patriótica.
- Estas
investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como
“delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer más
fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.
- La
recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares
por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la
Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de
muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única
salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y
la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.
- La
Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las
unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.
- Sobré el
caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento
del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho publico, en el
cual acusa falsamente al Ejercito del
asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas "quiebra
patas", incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la
necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a
los militares de sus Bases, la Fiscalía
anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación,
únicamente en caso de encontrar merito para ello. Sin embargo, al referirse a
unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de
internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad
de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas
y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una clara
violación del orden legal.
Como se
puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a
dudas, unos claros mensajes en los cuales, además de manera
alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una
gran prevención respecto a sus actuaciones.
Su posición
frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia
Penal Militar, es totalmente adversa.
Sus
sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes
de la izquierda radical, también se hace muy evidente.
Por
principios elementales de igualdad, y en
razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse respecto a las conductas delictivas de
los grupos armados terroristas y sus
organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para
investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los
militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto
del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramírez
Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados como crímenes de lesa humanidad para
evitar su prescripción?
Señor
Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna
circunstancia, se está pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra
cosa que justicia, reparación y verdad.
Con toda
atención,
General
Héctor F. Velasco Ch.
Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Presidente CGA Presidente Nacional de
ACORE
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