Guerra jurídica contra los militares

                       ¿POR QUÉ SE HACEN LOS LOCOS?

Por: Coronel Gentil Almario Vieda

Toda Colombia, su Presidente, el pueblo, los medios de comunicación, los poderes del Estado saben que las Fuerzas Militares enfrentan una guerra sin protección jurídica y que la Justicia que los destroza está en manos del enemigo y sus secuaces, con muy contadas  excepciones.

El tema se ha tratado a regañadientes y con sordina en la televisión, la radio y la prensa escrita, intentando farisaicamente jugar a todas las bandas al  publicar lo que dicen y escriben   quienes no comulgan con el estado de cosas que están haciendo que el país recaiga en poder de los terroristas de las FARC y el ELN.

Debe tomarse conciencia de la apología que por la mayoría de los medios se hace a los bandidos, el despliegue que se da a los agentes de los terroristas, secuestradores y narcotraficantes. El apoyo que esos medios dan a miembros de las FARC  y el ELN cuando abierta y descaradamente arengan a los delincuentes alentándolos en contra del Ejército y del gobierno con el argumento de que todo el mundo es libre de decir lo que quiera.

No pretendo enumerar la cantidad de afrentas, injusticias y desafueros de que son víctimas los militares y que conoce la opinión pública, como son las condenas con testigos falsos o comprados y en general fabricadas por fiscales y jueces siguiendo consignas manchadas con ideologías políticas contrarias a los principios que defienden las Fuerzas del Orden en cumplimiento de la Constitución Nacional.  

Es sabido también que el sistema operacional del Ejército ha sido intervenido en forma tendenciosa y absurda de manera tal que se favorece al terrorista y se vulnera la protección legal del combatiente que lucha por la integridad del Estado. Es conocido que el Comando General de las Fuerzas Militares con la presión y auspicios de  un genio que fue Viceministro de Defensa estableció un compendio de normas que se llamó pomposamente “REGLAMENTO JURÍDICO OPERACIONAL” que deben  cumplir como  guía  las Fuerzas en combate y que atentan contra el soldado en su integridad y favorecen escandalosamente al bandolero.

Solo me referiré a una de esas monstruosidades que consiste en que en acciones de combate el soldado no puede disparar su arma contra su enemigo sino hasta cuando el bandido lo haya hecho contra él. Esto solo tiene una manera de entenderlo: debe dejarse matar.

Este demoníaco mamotreto no tiene antecedentes en Colombia ni en ningún ejército del mundo. Fue producto  de  presiones de organismos internacionales como La Cruz Roja Internacional y otros engendros en su condición de ONGs, favorecedoras de los derechos humanos de los terroristas. Es oportuno recordar que el militar colombiano no tiene derechos humanos.

¿Quien en estas circunstancias, adobadas con otras de igual estupidez, que están en plena vigencia, querrá entrar en combate a sabiendas de que el Estado no le brinda la más mínima seguridad jurídica?

¿O es que alguien se imagina que el militar no piensa y no ve lo que jurídicamente se está haciendo con él poniéndolo ante la alternativa de su sacrificio o su ingreso a La Picota?

Se dice en diversas formas y con palabras diferentes que la Fuerza Pública está desmoralizada y que es una de las causas por las cuales la Seguridad Democrática está en retroceso.

El presidente de la República ha dicho que hablar de desmoralización del Estamento Militar es una afrenta. Cambiémosle el nombre y digamos entonces que no están desmoralizadas sino desmotivadas que a la postre es lo mismo.

A pesar de lo dicho tenemos la convicción de que las Fuerzas Militares están combatiendo a pesar de todo y están mostrando resultados. Si hubiera la honestidad política y jurídica indispensables para dar la mencionada protección jurídica al combatiente la guerra ya hubiera terminado y otra sería la historia.

La guerra no se gana sin el respaldo de toda Colombia y Colombia es el Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Desafortunadamente da la impresión de que cada uno de ellos  anda por su lado. No existe como Objetivo Nacional ganar la guerra. Todos los argumentos que se esgrimen al respecto son para favorecer y apoyar  a los terroristas enemigos del Estado en el logro del objetivo fundamental  que no han logrado,  de quebrar la voluntad de lucha de sus Fuerzas Militares.

Todo esto es sabido ampliamente. También se sabe cuál es el remedio. Entonces ¿por qué se hacen los locos quienes tienen la obligación moral y legal de poner coto a tamaña injusticia en lugar de todos los días quejarse como las vírgenes necias a sabiendas del mal que están haciendo al país en el orden social, económico y moral?

                              

                           Cor. GENTIL  ALMARIO  VIEDA.

La guerra jurídica contra los militares

Redireccionamiento

Por: MG Ricardo Rubianogroot Román

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

Máster en Seguridad y Defensa Nacional.

Es inquietante y causa intranquilidad el evidente deterioro del nivel de seguridad que el país había alcanzado; por ello, aunque faltaba mucho camino por recorrer, sin duda aquella situación resultaba mejor que la actual.

Ese notorio menoscabo de las condiciones, que el gobierno ha calificado de percepciones, se ve reflejado en encuestas, como la recientemente publicada por varios medios de comunicación, en la cual se plasma la realidad dominante de nuestra Nación. Resultaría redundante e  innecesario repetir en este escrito el contenido de la misma, ya que lo procedente y aconsejable es hacer propuestas para corregir el rumbo de lo que está sucediendo y sugerir acciones que permitan retomar el sendero y encauzar la orientación que hoy se echa de menos.

Ante todo, resulta indispensable aceptar que hay errores y buscar su solución. Por ello, el Gobierno no puede seguir insistiendo en desconocer la realidad, en aras de una pretendida popularidad, que está resultando, además de inconveniente para el país, contraria a sus pretensiones, como claramente lo mostraron las encuestas. Ese autoengaño, que insulta la inteligencia de cualquier colombiano medio y que trata de tergiversar realidades y presentar estadísticas acomodadas que lesionan su propia credibilidad resultan contraproducentes ante el real crecimiento de la inseguridad, que se vive, se siente y se percibe, más cuando la tecnología y la globalización del mundo permite conocer en tiempo real detalles de acontecimientos de los lugares más recónditos y lejanos, inocultables, aun por la prensa más comprometida con el régimen, la que, tardíamente ha tenido que publicar la realidad de la situación en el Departamento del Cauca, la posición de la población indígena y los atropellos contra el Ejercito Nacional, la peligrosa escalada del terrorismo contra la infraestructura petrolera, adicionalmente a que los más independientes, ya venían registrando la evolución  constantemente creciente de sus acciones contra la población y la Fuerza Pública.

Esa estrategia minó la confianza e hizo que se perdiera la fe en los anuncios del Gobierno y puso en evidencia la posición meliflua y acomodaticia del primer mandatario, en particular y del Ejecutivo en general.

El ministro de defensa ha pretendido, tal vez de buena fe, comandar las Fuerzas Militares  y fungir en la práctica como comandante de cada una de las Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con los resultados que hoy se observan. No sobra recordar que los Ministros están para plantear estrategias globales y orientar las grandes  decisiones y asuntos de su cartera, sin pretender intervenir en cada uno de los asuntos particulares de su desarrollo, ya que ello conduce al descuido de los grandes objetivos. Su nivel es gerencial, su trabajo está en la toma decisiones y no en la ejecución

En el Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad, principal y actual preocupación de los colombianos, desde las épocas del Ministro Pardo se ha incurrido en un error garrafal, que ha tenido repercusiones graves, cuando ministros muy preparados en temas diferentes a la defensa y seguridad, pero sin la formación ni experticia en temas militares,  que solo se obtiene con los años en contacto real y no teórico con el combate, pretendieron asumir el papel de comandantes operativos y muy a menudo tácticos. El Ministro puede ser el estratega del primer nivel, quien dice “qué hacer” y señalar el objetivo final, pero es el Comandante Militar el conductor, quien dice cómo hacerlo, es el Comandante Militar y solo él, quien fija y ejecuta la táctica operativa, es el militar quien tiene la maestría en el arte operacional y el combate, y quien, para ese oficio, se ha preparado a lo largo de muchos y duros años. Pretender incursionar en sus responsabilidades e imponerle sus opiniones, apoyado solo en  la autoridad del cargo, conduce a descalabros y reveses.

Las intervenciones del Presidente y su Ministro de Defensa, deben orientarse a la solución de los problemas graves, que los hay, del campo militar, como son la desaparición del fuero militar y su correlativo de la pérdida del espíritu de combate, el desaliento y desmoralización que producen decisiones como la de la Corte Constitucional que ordena, sin considerar los intereses más grandes del Estado, el desalojo de parte de una importante base de operaciones en la Orinoquía colombiana, o la presencia en el país como asesor del mismo gobierno de un calificado enemigo de la Institución y delincuente de su país, en donde fue despojado de su investidura de juez por actos criminales que, en Colombia llevaron a la cárcel a numerosos funcionarios de la administración.

No se trata de discursos y oratoria, se trata de que desarrollen las acciones necesarias, sin engaños ni concesiones a quienes pretenden paralizar las operaciones militares, para atender las reclamaciones urgentes del estamento militar, que pide seguridad jurídica para cumplir con la misión constitucional sin entorpecimientos de las mismas autoridades del país. Se trata de adelantar con diligencia las acciones judiciales contra quienes atentan contra la institución militar y contra la seguridad del país, sin abstenerse por simple conveniencia política o personal del presidente o sus ministros.

Estamos convencidos que alguna parte del gobierno está bien intencionada y coincidente con nuestro deseo de construir una patria digna, grande, próspera y responsable como herencia para las generaciones venideras, pero esto solo se logra con responsabilidad, sin intereses mezquinos, con voluntad real, pero sobre todo con respeto por la majestad de las instituciones como en el caso de las FFMM, patrimonio valioso legado por nuestros ancestros. Corresponde al gobierno redireccionar el rumbo, anteponiendo a sus intereses personales los propios del país, sin condenar a quienes tienen el valor de expresar su preocupación en forma leal y abierta.