Editorial
Ambientación del Proceso de Paz del presidente Santos
En anteriores escritos nos hicimos varias preguntas, respecto al propósito del actual gobierno de proponer un Proceso de Paz, lo cual nos creo incertidumbre por la desinformación que teníamos en la materia; a estas alturas hemos podido dilucidar un poco más el alcance e intenciones expresadas por el Ejecutivo y sus asesores en este importante tema, para lo cual trataremos de resumir los avances obtenidos hasta el momento.
De todos es conocido, que para afrontar un proceso de esta naturaleza, existen varios caminos que será necesario recorrer, con el fin de superar los grandes escollos y dificultades que existen para llegar a un consenso de esta naturaleza, antes de aventurarse en la difícil tarea de abocar un Proceso de Paz serio y consensado. Pues bien, los caminos que existen en Colombia son: en primer lugar, el Poder Ejecutivo, el cual está liderado obviamente por el Presidente de la República quien es en este caso, el motivador de esta propuesta; la presidencia cuenta para este propósito con el “Alto Consejero para la Paz” Sergio Jaramillo, que ha desarrollado la idea presidencial en términos propositivos en procura de crear un marco adecuado para iniciar el debate.
Como representantes de la Sociedad Civil han surgido un sinnúmero de Organizaciones no Gubernamentales, que están trabajando acuciosamente en este tema, tales como: colombianos y colombianas por la Paz, Fundación País Libre, Fundación de Ideas para la Paz y otros.
En el poder Legislativo existe la “Comisión de Paz”, liderada en el Senado por el senador Roy Barreras y en la Cámara por el Representante Ivan Cepeda, la cual desde hace algunos meses, viene socializando el tema a través de lo que se ha llamado “EL CAMINO A LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO MARCO JURIDICO PARA LA PAZ”, que encuentra fundamento en el estudio y análisis de diversos encuentros con sectores políticos, académicos, ONG’S, embajadas, organismos internacionales y fundaciones dedicadas al estudio del conflicto en Colombia. No es para nada cierto que este proceso se esté haciendo a espaldas al país, la verdad es que la mayoría de los militares permanecemos ausentes o porque núnca somos invitados o simplemente por falta de tiempo o interés.
De estos numerosos encuentros se han recopilado diferentes posiciones y propuestas, que tras la realización del Foro “LEGISLAR PARA LA PAZ”[1] fueron expuestas dentro de cuatro ejes temáticos, de las mesas que posteriormente se instalaron para el desarrollo de la discusión. La cuales se distribuyeron de la siguiente manera: Mesa de desmovilizados, Mesa de Justicia y Paz, Mesa de Estatuto de Roma y Normatividad Internacional y Mesa de delito político. Estas mesas tuvieron la participación de los senadores de la Comisión de Paz y de sectores tales como: la Alta Consejería para la Reintegración; Población desmovilizada, Eduardo Pizarro Leongómez; Paula Gaviria de la Fundación Social; Olga Lucia Gomez, Fundación País Libre; Francisco Galán, Casa de Paz; Jose Hernandez, Comisión Nacional de Reparación y Reintegración; Maria Victoria Llorente, Fundación de Ideas para la Paz; Camilo Ospina, Ex embajador de Colombia ante la OEA y ex ministro de Defensa; Álvaro Villarraga, presidente de la Comisión de Cultura democrática; Daniel García Peña, Fundación Planeta Paz; Procuraduría, entre otras personalidades e instituciones. Estas mesas se reunieron en seis oportunidades, donde pudieron llegar a importantes conclusiones, para avanzar en el camino hacia la construcción del nuevo marco jurídico para la Paz.
Estos grupos concluyeron, que resulta necesario preparar instrumentos legales que permitan una desmovilización de los miembros de los grupos ilegales, aún sin adelantar previamente conversaciones o diálogos que eventualmente realizaría el gobierno nacional con dichos grupos; coincidieron así mismo, de que era necesario la exclusión o suspensión de sanciones como la “muerte política”, lo que resultará atractivo a la hora de una eventual negociación, particularmente para los jefes y cabecillas de dichos grupos. Lo que traduce en el ofrecimiento al señor Cano, Gabino y todos los cabecillas a tener la posibilidad de ser nombrados para cargos públicos y de elección popular.
Tiene la palabra entonces la sociedad colombiana, la que deberá ponerse de acuerdo en lo que está dispuesto a ofrecer en aras de alcanzar la Paz. Surgió también en esta discusión, el planteamiento de beneficios para los militares que hayan cometido delitos, resultando válido dentro de un proceso de Paz, con una participación de los mismos, en el proceso de la propuesta para un marco de Justicia Transicional. Algunos sectores coinciden que, en el nuevo marco jurídico ha de avanzarse en el sentido de concebir penas alternativas disminuidas parcialmente, con privación de libertad efectiva para los insurgentes.
Otro de los problemas surgidos dentro de la discusión fue que el nuevo marco jurídico no puede aislarse de los procesos jurídicos que han avanzado internacionalmente, como lo plasmado en el Estatuto de Roma referente a los delitos de carácter internacional, problema bastante grueso para el debate.
Una vez efectuado el proceso de socialización de este “Camino a la construcción de un nuevo marco jurídico para la Paz”, el Presidente de la Republica le solicitó al Congreso de la Republica, por intermedio de la Comisión de Paz, la elaboración de un Proyecto de Acto Legislativo, con el fin de crear el Marco Jurídico para la justicia Transicional, así como una reforma constitucional que faculta al Presidente para establecer mecanismos de Justicia Transicional y desmovilizaciones masivas de grupos armados ilegales. Dicho proyecto fue presentado al gobierno en pleno y diferentes representantes de la Unidad Nacional, el día 19 de Septiembre en el Palacio de Nariño, después de un amplio debate fue aprobado por el ejecutivo y radicado para estudio en la Cámara de Representantes. El Presidente Santos anunció que era un proyecto para resolver vacíos dejados por la Ley de Justicia y Paz.
Sin embargo, después de todos estos avances se abren nuevamente muchos interrogantes; el primero de ellos es que, para hacer la Paz se necesitan dos, y hasta el momento los terroristas de las FARC y el ELN lo único que han hecho es arreciar sus actos delictivos; en la mayoría del territorio nacional, se incrementaron los ataque a la Fuerza Pública, se intensificaron los ataques a la infraestructura energética, se disparó el secuestro extorsivo, señal de que están acumulando recursos, no propiamente para hacer la Paz. Otra pregunta sin respuesta por ahora, es ¿Qué motivaciones tiene el gobierno para plantear la Paz, sin el más mínimo asomo de una voluntad de Paz por parte de los grupos alzados en armas?
Con todo esto, nos atreveríamos a especular que el Presidente tiene información por debajo de la mesa, que le ha imprimido tanto optimismo, ¿no será que los bandidos estarán dispuestos en los próximos días, como ya lo anunció Piedad Córdova a liberar los secuestrados, como una muestra de voluntad política por parte de estos grupos? Naturalmente el país quedaría feliz y se desbordaría de optimismo. O que haya surgido algún arreglo con la intermediación del nuevo mejor amigo. Lo cierto es que toda esta alharaca, no es gratuita ni está lanzada al vacío, algún piso tiene que tener para que el gobierno haya decidido emplearse a fondo, recordemos que la obsesión de los últimos gobernantes, con excepción de Uribe, ha sido la Paz negociada, lo difícil de vaticinar es ¿A qué costo?
Volvemos a recabar la urgente necesidad de discutir estos temas de semejante dimensión, al seno de la reserva activa, con el fin de preparar un grupo de oficiales y civiles expertos, para que en su momento tengan la capacidad de participar en un eventual proceso, con el fin de evitar ser negociados a nuestras espaldas.
Bogotá, D.C, 3 de Octubre de 2011
CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILITAR
