EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

Chávez y la paz colombiana

Por: Darío Acevedo Carmona

Fuente: El Espectador

La formación del poder político bajo el procedimiento democrático está lejos de ser un tema cerrado y totalmente agotado.

La democracia es tan abierta que en muchos países sus enemigos totalitarios usan y abusan de su generosa apertura para luego aplicarle cerrojos y estrecharla hasta la anulación. Lo que acaba de suceder en Venezuela con la elección de Hugo Chávez Frías es un claro ejemplo de cómo atropellar la democracia desde dentro y presentarse como defensor de la misma. Después de haber intentado acceder al poder por medio del golpe de estado en 1992, Chávez lo alcanzó por vía electoral y por la misma vía se ha sostenido en él. ¿Pero, se puede admitir que esa es condición suficiente para sostener que Chávez es un demócrata y que en Venezuela reina la democracia?

Casos documentados brinda la historia acerca de cómo proyectos y caudillos dictatoriales se hicieron al poder por medios electorales. Desde Luis Bonaparte que luego de triunfar por sufragio universal convocó un plebiscito en 1851 para anularlo y proclamarse emperador de Francia, situación que Marx aprovechó para lanzar su famosa frase de que la historia se repite como tragedia o como comedia en su texto “El 18 brumario de Luis Bonaparte” al comparar a este con su tío Napoleón. El experimento de este personaje llevó a acuñar el término “bonapartismo” para caracterizar a aquellos gobernantes que usan la democracia y las elecciones que luego anulan para convertirse en dictadores.

Lenin, a su manera y con la idea de implantar el comunismo, orientó desde la biblia de los comunistas rusos el “Qué hacer”, la tesis de aprovechar la democracia burguesa, que detestaba, como medio para llegar a las masas y preparar la insurrección para instaurar la dictadura del proletariado.

En octubre de 1917 al frente de un partido pequeño pero disciplinado tomó el poder y luego en una encarnizada guerra civil eliminó a todos los partidos desde los zaristas hasta los republicanos, liberales, socialdemócratas y marxistas reformistas. El fallido experimento soviético se sostuvo por métodos represivos y elecciones en las que “participaba” el 99.99% de la población, hasta 1991. Similar proceder usaron los dictadores de extrema derecha, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Ambos triunfaron en elecciones y convocaron y manipularon sus resultados para legitimar sus proyectos racistas, xenófobos y ultranacionalistas con los que derramaron la sangre de millones de víctimas.

De modo que, elecciones por montones, como las que han tenido lugar en la Venezuela chavista, que despiertan la admiración delirante de poetas y de no pocos liberales, no remiten necesariamente a una democracia. Allí donde el gobernante controla los demás poderes, la libertad de prensa, exorbitantes sumas de petrodólares para repartir entre la población que es tratada, así, como súbdita, donde se halaga a las tropas con prebendas y se las politiza para que dejen a un lado su misión constitucional, entre otras prácticas innombrables, no puede hablarse, seriamente, de una democracia.

Lo que vendrá en los años siguientes para la Región es la consolidación del proyecto bolivariano chavista y la búsqueda de su extensión a los países aún renuentes. Sin embargo, la pregunta obligada para Colombia es ¿de qué forma la victoria de Chávez incidirá en nuestro destino, y, en particular, en las negociaciones de paz? Además de la gratitud con Santos por reconocerle sus méritos en las negociaciones de paz, considero que Chávez tiene dos caminos a seguir. De un lado, le conviene mantener la presión sobre la guerrilla fariana para que llegue a un acuerdo con Santos. Este acuerdo lo proyectaría como líder continental pacifista no interesado en promover o expandir su proyecto a sangre y fuego y desvirtuaría las sospechas de colaboración con las guerrillas.

En otra dirección, y en consonancia con su contundente victoria, puede optar por mantener su apoyo a las negociaciones pero sin presionar a la guerrilla a firmar a cualquier precio un pacto de paz y simultáneamente apoyar con generosos recursos la formación de un amplio movimiento de masas probolivariano en Colombia. A su favor cuenta con avanzadas muy importantes como el grupo Marcha Patriótica que se está posicionando como frente de batalla civil, también hay células prochavistas en el Movimiento Bolivariano Colombiano. Los partidos comunistas, el legal y el clandestino, y hasta el Polo Democrático, apoyan y simpatizan con el proyecto que se propone, en el mediano plazo, transformar a Colombia, de actual piedra en el zapato, en miembro del Alba y del socialismo bolivariano. Intelectuales y políticos “progresistas” así como “personalidades democráticas” están a la expectativa.

Esta última opción es la que mejor encaja en la teoría leninista de la combinación de todas las formas de lucha y es la que satisface a águilas y halcones de la insurgencia y de la izquierda radical que no quieren deponer su voluntad de enrutar el país por el sendero revolucionario. Un paso en esta dirección fue la semana de los indignados que acaba de concluir con la convocatoria, fallida, de un paro nacional. La proclama del Movimiento Continental Bolivariano expedida en el II encuentro realizado en Quito (febrero de 2008) permite apreciar la solidaridad de los socialistas bolivarianos con la causa colombiana. 

En ella reafirmaron “La necesidad de librar todos los combates… de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…” y concluyeron que “En este plano, el proceso colombiano asume una importancia singular, tanto por su ubicación geoestratégica como por la confluencia de altos y nuevos niveles de desarrollo político y militar en las fuerzas de cambio…(y) Se convierte en el eslabón más próximo a una ruptura revolucionaria”. No es difícil concluir, pues, que estamos en la mira del proyecto chavista y que las negociaciones de paz pueden encajar en dicha estrategia.

Darío Acevedo Carmona

* Doctor en Historia y profesor Titular Universidad Nacional de Colombia.

•                     Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

LA INJUSTA JUSTICIA CONTRA LOS MILITARES COLOMBIANOS

Bogotá DC, octubre 3 de 2.012

PRONUNCIAMIENTO DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM. PERTENECIENTES A LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO (ACORE) Y AL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES  (CGA).

 Carta abierta a la opinión pública en relación con graves y preocupantes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en contra de miembros de las Fuerzas Militares.

Doctor Eduardo Montealegre Lineth                                                           

Fiscal General de la Nación

De todos es bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

Los delitos cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio, siempre han sido de competencia exclusiva  de la Justicia Penal Militar.

Lamentablemente, un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006, entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin  piso jurídico el Fuero Militar consagrado en la Constitución Nacional.

En el momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.

Mientras tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.

En estas circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años, una persistente y  extralimitada persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y proteger nuestra soberanía e  instituciones democráticas.

Esta injusta persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante agresión  de las diferentes organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan  el orden y la tranquilidad pública.

Los resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y  desalentadores:

Tenemos  cerca de doce mil hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos investigados y  juzgados por el enemigo. No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente politizadas y carentes de sustento probatorio.

Independientemente de lo anterior, muchos de los que vienen  siendo investigados por la justicia ordinaria,  alegan también la comisión de varias irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:

- Práctica de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.

- Habilidosos montajes con familiares de supuestas victimas o falsos testigos para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.

- Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o contrainterrogar a falsos testigos.

- Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus comandantes en los diferentes niveles del mando.

- Amenazas de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por las acusaciones proferidas contra sus superiores.

- Utilización inescrupulosa y frecuente  de la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso, a todos los integrantes de las  unidades militares que sean objeto de investigación.

- Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles, los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.

- Violación  del fuero carcelario y la aplicación  inmediata de medidas de aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.

- Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del sumario.

Para completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante contra  militares,  distintos  pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación,  dejan la preocupante impresión de estarse favoreciendo, quizás  sin querer, a quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.

Veamos algunos de estos pronunciamientos:

- Los pobres resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”, han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran  equipo de investigadores y de  diferentes especialistas, bajo la  orientación del  ex juez español Baltazar Garzón,  para revisar  prioritariamente todas  las denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica.

- Estas investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como “delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer más fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.

- La recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.

- La Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.

- Sobré el caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho publico, en el cual  acusa falsamente al Ejercito del asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas "quiebra patas", incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a los militares de sus Bases, la Fiscalía  anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación, únicamente en caso de encontrar merito para ello. Sin embargo, al referirse a unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una  clara  violación del orden legal.

Como se puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a dudas, unos claros mensajes en los cuales, además  de manera  alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una gran prevención respecto a sus actuaciones.

Su posición frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia Penal Militar, es totalmente adversa.

Sus sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes de la izquierda radical, también se hace muy evidente.

Por principios elementales  de igualdad, y en razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse  respecto a las conductas delictivas de los  grupos armados terroristas y sus organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramírez Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados     como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción?

Señor Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna circunstancia, se está pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra cosa que  justicia, reparación y verdad.

Con toda atención,

General Héctor F. Velasco Ch.             Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

         Presidente CGA                      Presidente Nacional de ACORE

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Unanimismo mediático
Autor: Iván Garzón Vallejo
Fuente: El Mundo
Fecha: 15/09/2012

Paradójicamente la salida de Francisco Santos de RCN La Radio suscitó poco debate en los medios de comunicación. Quizás como no se trató un periodista de izquierda o antiuribista, se oyeron pocas voces expresando solidaridad o cuestionando esta sutil forma de censura y de vulnerar la libertad de expresión que consiste en marginar a un periodista cuando sus opiniones son incómodas. Algo similar había ocurrido con el atentado contra Fernando Londoño: pocas voces de solidaridad entre los periodistas, y brillaron por su ausencia los reclamos por la libertad de expresión, a pesar de que la víctima dirige un programa radial y escribe una columna de opinión desde hace muchos años, por lo cual, bien podría ser contado en el gremio periodístico.

Si la voz que hubieran tratado de silenciar fuera de otro signo político, habríamos escuchado el estribillo que oímos cuando cerraron la revista Cambio, cuando El Espectador dejó de ser diario y se convirtió en semanario, cuando la Corte Suprema anunció que iba a demandar por injuria y calumnia a Cecilia Orozco y a María Jimena Duzán. Pero no fue así. El mensaje parece ser claro: solo quienes tienen ciertas posturas políticas son dignos del reconocimiento de sus colegas, de la solidaridad del gremio periodístico. Quienes están ideológicamente a la derecha no gozan de tal prerrogativa: allá ellos con sus ideas, al fin y al cabo, siempre son sospechosas de ser extremistas y desestabilizadoras.

Los medios de comunicación obedecen, sin excepción, a intereses políticos y económicos. Por eso la imparcialidad y la neutralidad predicada por algunos periodistas es ilusoria, o una fórmula para despistados. Sin embargo, los medios cumplen una función pública, la de informar, y por eso tienen una responsabilidad con la sociedad, que espera que dicha información sea veraz y relevante públicamente.

Si los dueños de RCN decidieron entregarle al Gobierno la cabeza de Francisco Santos porque era un crítico reiterativo, están en todo su derecho. Si los medios capitalinos siguen dispuestos a tratar con suma benevolencia al Gobierno de Santos y hacerle el favor de contribuir a caricaturizar o invisibilizar a los críticos del mismo, también están en su derecho. Que las razones de uno y otro comportamiento sean económicas o políticas no es lo más relevante. Lo relevante es: ¿esta falta de independencia ante el Gobierno o ante un grupo empresarial comprometen la seriedad, la veracidad y la relevancia de la información que publican?

Políticos y empresarios deben ser conscientes que si bien están en su derecho de cooptar a la prensa, con este comportamiento le hacen un gran daño a nuestra democracia. Porque una democracia necesita que el pluralismo y la diversidad de opiniones no solo sean unas bonitas palabras, sino una realidad. Y ciertamente, unos medios excesivamente oficialistas como los estamos viendo le impiden a los ciudadanos tener una visión de las cosas diferente de la que obedece a intereses políticos y económicos. También evitan por omisión indagar sobre temas de importancia pública que requerirían estar en la agenda. Y además de comprometer su credibilidad, su mayor activo, corren el riesgo de no informar, sino de servir como  propagandistas y legitimadores de los intereses de los poderosos.

Por lo anterior es infortunado que la mayoría de los medios de comunicación capitalinos hayan entrado a la Unidad Nacional. El Gobierno ganó unos defensores acuciosos e incondicionales. Y los ciudadanos perdimos posibilidades de mirar la realidad críticamente, y evitar ser tontos útiles. Pero van quedando pocas alternativas.

Oficina de Prensa Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro CGA

www.cga.gov.co

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Disyuntiva de la Paz.

Por: Mayor General Ricardo Rubianogroot Román.

Centro Colombiano de pensamiento político militar. Magister en Seguridad y Defensa Nacional.

Por ser este acontecimiento transcendental y significativo para la historia futura del país, para estos días el comentario habitual entre personas de todo nivel, en las noticias en medios escritos y hablados, los editorialistas, articulistas especializados y con conocimiento, los expertos y aun los que no dominan el tema, pero que desean opinar, están centrados en el proceso de paz.

Quisiera tener el poder de escudriñar en los pensamientos íntimos de las personas que claman por este proceso y conocer si han profundizado sobre su significado y la dificultad de su logro, pero, por encima de todo, sobre sus implicaciones y alcances, que sin duda afectarán a cada uno de los Colombianos, en mayor o en menor medida, pero todos sin distingo, tendremos que asumir las consecuencias de lo que un proceso de esta magnitud presupone.

En mi entorno y entre las personas que como yo tenemos la vocación y hemos consagrado nuestra vida al servicio de nuestro país, al percibir y entender que la voluntad de sentarse en la mesa de las negociaciones ya es una realidad y una decisión de gobierno, se formulan ideas, disimiles acaso, pero siempre enfocadas y encaminadas a buscar lo mejor para nuestra Patria.

Invito a que, ante este escenario y nuevo intento, procuremos acertar con el concurso de todos para que las condiciones que ostentamos actualmente al interior de nuestras Fuerzas Militares no cambien desfavorablemente, que el pie de fuerza de nuestras Instituciones sea apropiado para preservar la seguridad interna y externa de la Nación, que la Justicia aplicada a nuestros hombres, sea precisamente eso y se ejerza con templanza y moderación, sin intenciones de vindicta, con imparcialidad, rectitud y probidad, con sentido de equidad y legalidad y con la severidad que corresponda a la conducta seguida por nuestros hombres y nunca con prerrogativas, dispensas y excesos entregados a nuestra contraparte, que el accionar de nuestros hombres sea juzgado por la jurisdicción apropiada, con un fuero que permita actuar a nuestros militares con tranquilidad y con la convicción de que su desempeño será evaluado por expertos y conocedores del entorno operativo en que actúan los militares, que las condiciones sociales en cuanto a remuneración, salud y vivienda de nuestros hombres no cambien para entregar privilegios a quienes han azotado abusivamente a nuestros ciudadanos, a nuestros pueblos, a la infraestructura y han impedido que el país sea mejor.

Los “dolientes” que van a trabajar en este proceso, enfocados a defender nuestro futuro y el de nuestras familias, deben ser apoyados y asesorados inteligentemente.

Es el momento de destinar nuestras energías, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra fe, a lograr el mejor futuro para activos y retirados e impedir que nuestras condiciones institucionales y prestacionales se vean afectadas y que nuestros valores y principios se vean mancillados. Ya es una decisión de Gobierno, acertada o no, la historia nos dar la respuesta, entretanto trabajemos y procuremos conservar el honor de nuestras Fuerzas Militares y que se den las condiciones sin deteriorar lo que a pulso y con firmeza hemos logrado.

                                                  

¿Perdimos la guerra? MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

El mayor triunfo de la guerrilla es haber convencido a los líderes de opinión en Colombia que la victoria militar no es posible. Con la excepción de Álvaro Uribe, todos los mandatarios colombianos desde la época de Belisario Betancur repiten sin cansarse que la única opción que tenemos es la negociación. También lo sostienen la totalidad de los medios de comunicación, los líderes empresariales, los políticos, las ONG e incluso algunos militares.

Si existe este consenso tan amplio, ¿por qué no es posible la paz? ¿Por qué llevamos décadas sin resolver el problema? ¿Por qué Colombia tiene el conflicto interno más largo de la historia? Contrario a lo que creen los oportunistas de la paz, no hay paz porque no hemos querido ganar la guerra. La historia de la humanidad confirma una y otra vez que la paz es el fruto del triunfo en la guerra. No hubo paz en Europa mientras no se derrotó a Hitler. No hubo paz mientras no se derrotó a Napoleón, no hubo paz en Vietnam hasta que las guerrillas comunistas no derrotaron a los Estados Unidos.

Algunos dirán que Colombia sí ha pagado el precio de la guerra. Invocarán los miles de muertos, los secuestrados, los mutilados, los huérfanos, las viudas y los millones de víctimas. A pesar de esas horribles y dolorosas cifras, la verdad es que esta sociedad, desde su independencia, ha tenido violencia pero no ha enfrentado una guerra. El siglo XIX es la demostración evidente de que los conflictos nunca se resolvían de manera definitiva y por ello resucitaban periódicamente. Las victorias y por lo tanto las derrotas eran simbólicas; las negociaciones de paz no eran sino altos al fuego temporales esperando un cambio de entorno más favorable para alguna de las partes. Tal vez la excepción sea la Guerra de los Mil Días -en la que un ejército venció militarmente al otro- y por ello pudimos gozar de más de cuarenta años de paz ininterrumpida.

El Gobierno tiene una agenda para volver a justificar la apertura del diálogo con la guerrilla. Con gran habilidad ha ido moviendo sus fichas para convencernos de que, en esta ocasión, la guerrilla tiene el deseo de no engañarnos. La reforma constitucional denominada “marco jurídico para la paz” define lo que el Estado le ofrece a la guerrilla: impunidad para las acciones contra los derechos humanos y los crímenes de guerra. Luego de haber aprobado la ley para las víctimas, el Congreso aprobaría para tal fin una ley para los victimarios.

A pesar de las múltiples frustraciones de los procesos de paz, la mente de los colombianos sigue dominada por el escenario del diálogo. Estamos convencidos de que podemos evitar el duro camino de la victoria militar. Muy a la colombiana, queremos comernos el pastel sin engordar. Así no sea políticamente correcto afirmarlo, el camino de la paz ha estado siempre antecedido del horror de la guerra.

La guerra podemos haberla perdido ya en las mentes. Y como la hemos perdido, las condiciones de paz nos las impondrá el triunfador, en otras palabras la guerrilla.

Suena fuerte pero para tener derecho a la paz hay que pagar el precio de la guerra.

 

*Representante a la Cámara

Guerra jurídica contra los militares

                       ¿POR QUÉ SE HACEN LOS LOCOS?

Por: Coronel Gentil Almario Vieda

Toda Colombia, su Presidente, el pueblo, los medios de comunicación, los poderes del Estado saben que las Fuerzas Militares enfrentan una guerra sin protección jurídica y que la Justicia que los destroza está en manos del enemigo y sus secuaces, con muy contadas  excepciones.

El tema se ha tratado a regañadientes y con sordina en la televisión, la radio y la prensa escrita, intentando farisaicamente jugar a todas las bandas al  publicar lo que dicen y escriben   quienes no comulgan con el estado de cosas que están haciendo que el país recaiga en poder de los terroristas de las FARC y el ELN.

Debe tomarse conciencia de la apología que por la mayoría de los medios se hace a los bandidos, el despliegue que se da a los agentes de los terroristas, secuestradores y narcotraficantes. El apoyo que esos medios dan a miembros de las FARC  y el ELN cuando abierta y descaradamente arengan a los delincuentes alentándolos en contra del Ejército y del gobierno con el argumento de que todo el mundo es libre de decir lo que quiera.

No pretendo enumerar la cantidad de afrentas, injusticias y desafueros de que son víctimas los militares y que conoce la opinión pública, como son las condenas con testigos falsos o comprados y en general fabricadas por fiscales y jueces siguiendo consignas manchadas con ideologías políticas contrarias a los principios que defienden las Fuerzas del Orden en cumplimiento de la Constitución Nacional.  

Es sabido también que el sistema operacional del Ejército ha sido intervenido en forma tendenciosa y absurda de manera tal que se favorece al terrorista y se vulnera la protección legal del combatiente que lucha por la integridad del Estado. Es conocido que el Comando General de las Fuerzas Militares con la presión y auspicios de  un genio que fue Viceministro de Defensa estableció un compendio de normas que se llamó pomposamente “REGLAMENTO JURÍDICO OPERACIONAL” que deben  cumplir como  guía  las Fuerzas en combate y que atentan contra el soldado en su integridad y favorecen escandalosamente al bandolero.

Solo me referiré a una de esas monstruosidades que consiste en que en acciones de combate el soldado no puede disparar su arma contra su enemigo sino hasta cuando el bandido lo haya hecho contra él. Esto solo tiene una manera de entenderlo: debe dejarse matar.

Este demoníaco mamotreto no tiene antecedentes en Colombia ni en ningún ejército del mundo. Fue producto  de  presiones de organismos internacionales como La Cruz Roja Internacional y otros engendros en su condición de ONGs, favorecedoras de los derechos humanos de los terroristas. Es oportuno recordar que el militar colombiano no tiene derechos humanos.

¿Quien en estas circunstancias, adobadas con otras de igual estupidez, que están en plena vigencia, querrá entrar en combate a sabiendas de que el Estado no le brinda la más mínima seguridad jurídica?

¿O es que alguien se imagina que el militar no piensa y no ve lo que jurídicamente se está haciendo con él poniéndolo ante la alternativa de su sacrificio o su ingreso a La Picota?

Se dice en diversas formas y con palabras diferentes que la Fuerza Pública está desmoralizada y que es una de las causas por las cuales la Seguridad Democrática está en retroceso.

El presidente de la República ha dicho que hablar de desmoralización del Estamento Militar es una afrenta. Cambiémosle el nombre y digamos entonces que no están desmoralizadas sino desmotivadas que a la postre es lo mismo.

A pesar de lo dicho tenemos la convicción de que las Fuerzas Militares están combatiendo a pesar de todo y están mostrando resultados. Si hubiera la honestidad política y jurídica indispensables para dar la mencionada protección jurídica al combatiente la guerra ya hubiera terminado y otra sería la historia.

La guerra no se gana sin el respaldo de toda Colombia y Colombia es el Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Desafortunadamente da la impresión de que cada uno de ellos  anda por su lado. No existe como Objetivo Nacional ganar la guerra. Todos los argumentos que se esgrimen al respecto son para favorecer y apoyar  a los terroristas enemigos del Estado en el logro del objetivo fundamental  que no han logrado,  de quebrar la voluntad de lucha de sus Fuerzas Militares.

Todo esto es sabido ampliamente. También se sabe cuál es el remedio. Entonces ¿por qué se hacen los locos quienes tienen la obligación moral y legal de poner coto a tamaña injusticia en lugar de todos los días quejarse como las vírgenes necias a sabiendas del mal que están haciendo al país en el orden social, económico y moral?

                              

                           Cor. GENTIL  ALMARIO  VIEDA.

La guerra jurídica contra los militares

Redireccionamiento

Por: MG Ricardo Rubianogroot Román

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

Máster en Seguridad y Defensa Nacional.

Es inquietante y causa intranquilidad el evidente deterioro del nivel de seguridad que el país había alcanzado; por ello, aunque faltaba mucho camino por recorrer, sin duda aquella situación resultaba mejor que la actual.

Ese notorio menoscabo de las condiciones, que el gobierno ha calificado de percepciones, se ve reflejado en encuestas, como la recientemente publicada por varios medios de comunicación, en la cual se plasma la realidad dominante de nuestra Nación. Resultaría redundante e  innecesario repetir en este escrito el contenido de la misma, ya que lo procedente y aconsejable es hacer propuestas para corregir el rumbo de lo que está sucediendo y sugerir acciones que permitan retomar el sendero y encauzar la orientación que hoy se echa de menos.

Ante todo, resulta indispensable aceptar que hay errores y buscar su solución. Por ello, el Gobierno no puede seguir insistiendo en desconocer la realidad, en aras de una pretendida popularidad, que está resultando, además de inconveniente para el país, contraria a sus pretensiones, como claramente lo mostraron las encuestas. Ese autoengaño, que insulta la inteligencia de cualquier colombiano medio y que trata de tergiversar realidades y presentar estadísticas acomodadas que lesionan su propia credibilidad resultan contraproducentes ante el real crecimiento de la inseguridad, que se vive, se siente y se percibe, más cuando la tecnología y la globalización del mundo permite conocer en tiempo real detalles de acontecimientos de los lugares más recónditos y lejanos, inocultables, aun por la prensa más comprometida con el régimen, la que, tardíamente ha tenido que publicar la realidad de la situación en el Departamento del Cauca, la posición de la población indígena y los atropellos contra el Ejercito Nacional, la peligrosa escalada del terrorismo contra la infraestructura petrolera, adicionalmente a que los más independientes, ya venían registrando la evolución  constantemente creciente de sus acciones contra la población y la Fuerza Pública.

Esa estrategia minó la confianza e hizo que se perdiera la fe en los anuncios del Gobierno y puso en evidencia la posición meliflua y acomodaticia del primer mandatario, en particular y del Ejecutivo en general.

El ministro de defensa ha pretendido, tal vez de buena fe, comandar las Fuerzas Militares  y fungir en la práctica como comandante de cada una de las Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con los resultados que hoy se observan. No sobra recordar que los Ministros están para plantear estrategias globales y orientar las grandes  decisiones y asuntos de su cartera, sin pretender intervenir en cada uno de los asuntos particulares de su desarrollo, ya que ello conduce al descuido de los grandes objetivos. Su nivel es gerencial, su trabajo está en la toma decisiones y no en la ejecución

En el Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad, principal y actual preocupación de los colombianos, desde las épocas del Ministro Pardo se ha incurrido en un error garrafal, que ha tenido repercusiones graves, cuando ministros muy preparados en temas diferentes a la defensa y seguridad, pero sin la formación ni experticia en temas militares,  que solo se obtiene con los años en contacto real y no teórico con el combate, pretendieron asumir el papel de comandantes operativos y muy a menudo tácticos. El Ministro puede ser el estratega del primer nivel, quien dice “qué hacer” y señalar el objetivo final, pero es el Comandante Militar el conductor, quien dice cómo hacerlo, es el Comandante Militar y solo él, quien fija y ejecuta la táctica operativa, es el militar quien tiene la maestría en el arte operacional y el combate, y quien, para ese oficio, se ha preparado a lo largo de muchos y duros años. Pretender incursionar en sus responsabilidades e imponerle sus opiniones, apoyado solo en  la autoridad del cargo, conduce a descalabros y reveses.

Las intervenciones del Presidente y su Ministro de Defensa, deben orientarse a la solución de los problemas graves, que los hay, del campo militar, como son la desaparición del fuero militar y su correlativo de la pérdida del espíritu de combate, el desaliento y desmoralización que producen decisiones como la de la Corte Constitucional que ordena, sin considerar los intereses más grandes del Estado, el desalojo de parte de una importante base de operaciones en la Orinoquía colombiana, o la presencia en el país como asesor del mismo gobierno de un calificado enemigo de la Institución y delincuente de su país, en donde fue despojado de su investidura de juez por actos criminales que, en Colombia llevaron a la cárcel a numerosos funcionarios de la administración.

No se trata de discursos y oratoria, se trata de que desarrollen las acciones necesarias, sin engaños ni concesiones a quienes pretenden paralizar las operaciones militares, para atender las reclamaciones urgentes del estamento militar, que pide seguridad jurídica para cumplir con la misión constitucional sin entorpecimientos de las mismas autoridades del país. Se trata de adelantar con diligencia las acciones judiciales contra quienes atentan contra la institución militar y contra la seguridad del país, sin abstenerse por simple conveniencia política o personal del presidente o sus ministros.

Estamos convencidos que alguna parte del gobierno está bien intencionada y coincidente con nuestro deseo de construir una patria digna, grande, próspera y responsable como herencia para las generaciones venideras, pero esto solo se logra con responsabilidad, sin intereses mezquinos, con voluntad real, pero sobre todo con respeto por la majestad de las instituciones como en el caso de las FFMM, patrimonio valioso legado por nuestros ancestros. Corresponde al gobierno redireccionar el rumbo, anteponiendo a sus intereses personales los propios del país, sin condenar a quienes tienen el valor de expresar su preocupación en forma leal y abierta.