BALANCE ESTRATEGICO-MILITAR DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL FUTURO.
Es innegable que la Política de Seguridad Democrática constituyó el eje central de los éxitos del gobierno del presidente Uribe, con la cual surgió un concepto de seguridad diferente a los anteriores; con ella se logró recuperar el monopolio estatal, con un claro objetivo: la derrota definitiva de las guerrillas, las bandas criminales y el narcotráfico con énfasis en la seguridad rural; pero, lo más importante de todo, se diseñó una estrategia que involucraba a los demás sectores del gobierno, dejando de lado el viejo paradigma colombiano, de que la seguridad era un problema exclusivo de los militares.
Sin embargo, no todo fue color de rosa en el gobierno que termina, particularmente para los propios militares, cuando iniciaba un periodo con mucha expectativa y esperanza para el país y, en particular, para las Fuerzas Armadas. En ese entonces los militares celebraban eufóricos la presencia de un gobernante con declarada voluntad política para acabar con el terrorismo, queja constante del sector castrense, por la ausencia de este importante concepto en el ámbito de la Defensa Nacional y que ningún otro presidente en el pasado reciente había entendido, o querido entender, elemento absolutamente necesario para acompañar la acción militar con algo más que un discurso o unos recursos aislados.
Hoy nadie pone en duda los éxitos de su estrategia. Con raras excepciones, hasta los más recalcitrantes críticos de la oposición reconocen la necesidad de continuar con la política de seguridad del presidente Uribe, pero son pocos los que se han detenido a analizar las consecuencias catastróficas que para las Fuerzas Militares de la nación trajeron algunas de las posiciones del presidente Uribe, como resultado de su temperamento autoritario y del fantasma del “paramilitarismo” montado por sus enemigos.
Como consecuencia de su particular estilo dominante y autocrático producto de sus iníciales éxitos, poco a poco fue cambiando el trato con sus más cercanos colaboradores, entre ellos los militares a quienes dirigía casi personalmente, sin tener en cuenta en conducto regular; es así como llamaba casi a diario a los comandantes de las unidades Operativas, ante cualquier llamado de un político o dirigente regional, para pedir cuentas o hacer recriminaciones; esto ocasionó fuertes reprimendas para muchos Comandantes regionales y no pocas bajas de brillantes oficiales que fueron víctimas de las rabietas del primer mandatario.
Pero, aun más grave, fueron las consecuencias que trajeron las criticas y persecución de sus más severos opositores y los medios de comunicación, quienes lo han tildado injustamente, como colaborador de las autodefensas o los mal llamados “paramilitares’’. Esta persecución motivó al presidente a tomar una postura indebida hacia los militares, quienes han sido sus más entusiastas, fieles seguidores y artífices de una buena parte de sus éxitos. En su afán de mantener una actitud de trasparencia y con el ánimo de borrar cualquier sombra de duda sobre su proceder, ha permitido y patrocinado sutilmente a sus opositores y a las más recalcitrantes Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos, dirigir una acción difamatoria de graves consecuencias para la seguridad de los miembros de las Fuerzas Militares; inadvertida por la mayoría de los colombianos, pero apoyada y aplaudida por la izquierda radical que ve una maravillosa oportunidad para pasar cuentas de cobro a los militares y de paso obtener jugosas indemnizaciones.
Como es bien sabido, todo esto hace parte de la combinación de las variadas formas de lucha, que nos permite afirmar, que aún ganándose la guerra militar se podría perder la guerra jurídica, la cual viene siendo soportada por los recientes fallos de las cortes y una jurisprudencia que ha menoscabado los más mínimos derechos de los militares, dejándolos en la más absoluta indefensión, todo ello debido a la injusta y oportunista posición del gobierno del presidente Uribe.
Por otra parte, su labor internacional, en este aspecto, no ha sido menos nefasta para los militares. Vimos al presidente Uribe en Costa Rica, denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de un grupo de policías por parte del Ejercito Colombiano, en el sonado caso de Jamundí, pero tristemente, no hubo ningún pronunciamiento de rechazo, al menos que se hubiese conocido, fuera de las manifestaciones de estupor de algunas organizaciones de oficiales en retiro.
Otro grave perjuicio, ha sido la obstinación del Presidente, de no reconocer el conflicto colombiano, afirmando que en Colombia solamente hay una amenaza terrorista, pero contradictoriamente tiene una política de DDHH y DIH que reconoce que se debe aplicar el derecho Internacional de los conflictos armados, lo que coloca a los militares en desventaja ante los organismos internacionales. Así mismo, ha apoyando intereses foráneos cuando, aduciendo conveniencia política, ha ofrecido en bandeja de plata a los militares en las Cortes Internacionales, las cuales, para nadie es un secreto, tienen una imagen deformada de las Fuerzas militares latinoamericanas, además de que la mayoría de sus integrantes proceden de las filas de la izquierda.
En acuerdo con una corriente internacional opositora al fuero militar, el presidente ha manifestado en repetidas ocasiones la conveniencia de acabar con la Justicia Penal Militar, en aras de mostrar trasparencia en las investigaciones de sus miembros. Ha manejado con habilidad un doble discurso, uno ante las tropas en servicio activo y en retiro y otro ante la oposición y el ámbito internacional, en el primer caso elogioso y lisonjero, siempre de acuerdo con las preocupaciones de los militares y con promesas de solución, en el segundo un lenguaje de reprobación y censura especialmente ante los organismos internacionales.
El presidente Uribe, el amigo de los militares, a los grandes protagonistas de la Seguridad Democrática, les arrancó de un tajo el Fuero Militar, un derecho vigente en todos los ejércitos del mundo, que no es una concesión sino un mandato constitucional, particularmente necesario en un país radicalizado por el odio y la venganza. En su afán de mostrar transparencia, le dio al enemigo el mayor éxito en la historia del conflicto, cuando opacó “La Operación Jaque”, la más exitosa acción militar de todos los tiempos, denunciando en un show televisado en forma prematura e insensata los llamados “falsos positivos’’; con la anuencia de su Ministro de Defensa y a espaldas del Comandante del Ejército, todo esto por conveniencia política, para mostrarse como el gran adalid y defensor de los derechos humanos, sacrificando el buen nombre y prestigio de la Institución Militar. Antes de ofrecerlos al protagonismo de los medios, se ha debido ordenar una investigación rápida y contundente que hubiere establecido la realidad de los hechos, como efectivamente se ha venido comprobando en algunos casos, de gente inescrupulosa que se ha apartado de la ley, pero nunca en la magnitud que se ha vendido a la opinión pública nacional e internacional.
Con esta actuación dejó al Ejército en la mayor postración, trayendo como consecuencia una escalada de falsas acusaciones, que generaron un desprestigio institucional sin precedentes en la historia de Colombia. Ya se habla de “falsos positivos” desde los años ochenta. Toda esta irresponsabilidad, para ganar prestigio ante la comunidad nacional e internacional, sin medir los resultados catastróficos que ya se están empezando a ver.
Desde el mes de Marzo del 2009, cursa en el congreso el proyecto de ley 011 del 2009, que reforma el código penal en materia de violación de los Derechos Humanos por parte de los miembros de la Fuerza Publica, con el propósito agravar punitivamente las circunstancias penales y eliminar los beneficios de la Ley Penal a los miembros de la Fuerza Pública que ejecuten homicidios y actos de terrorismo, como resultado de una falsa confrontación entre esta y los grupos al margen de la Ley, o de un falso acto de terrorismo. Visto desprevenidamente por cualquier observador parecería una medida sana, tendiente castigar los desafueros de los militares; no obstante, una ley como esta se constituye en la mejor herramienta para quienes ejercen la justicia en forma parcializada y persecutoria.
Sin embargo, son pocos los que perciben la gravedad de la situación, ni los mismos militares, que ahora aducen que las violaciones de los Derechos Humanos son cosa del pasado.
Pero definitivamente, el mayor daño causado, fue la paralización del Ejército, ¿quién quiere combatir hoy en día? Son tantas y tan variadas las nuevas reglas del combate, impuestas por organizaciones de Derechos Humanos, que se hace imposible conducir una guerra ante tantos condicionamientos, esa es la principal victoria de los terroristas, que han sabido con extrema habilidad ajustarse a cada circunstancia, y la era Uribe no fue una excepción; ante la fuerte presión armada y la imposibilidad de enfrentarla, supieron llevar la guerra a otros estrados, penetrar el poder judicial, infiltrar estamentos del Estado y elevar falsas denuncias en el exterior, para castigar desde allí lo más importante de un Ejército, su moral.
Esperamos que el gobierno entrante sepa reconocer estos graves errores y trate de corregirlos, aunque la corrección será muy difícil, por la complejidad que encierran los fallos de las Cortes y la jurisprudencia ya reconocida por la justicia colombiana. Ojalá que su sucesor tenga la suficiente capacidad para entender la estrategia de la amenaza y sus colaboradores; no se justifica perder en el campo jurídico lo ganado en el campo de batalla, en detrimento de la seguridad de los militares, quienes han puesto el mayor precio en esta guerra de desgaste.
Se requiere de un gobierno que actúe sin temor ante las Cortes y organismos internacionales, defendiendo con objetividad lo defendible, como son las falsas acusaciones apoyadas por falsos testigos, sin permitir que estas avancen al ritmo que impongan los demandantes; no caer en el juego de aceptar culpabilidad, como lo ha sugerido el Vicepresidente, de pedir perdón para espiar supuestas culpas del pasado, sin haber sido vencido en un juicio justo.
A pesar de que en el actual panorama político colombiano se ve difícil emprender esta tarea, por el espacio cedido en los últimos años, es un clamor sentido por la comunidad militar colombiana, que necesita con urgencia un mandatario que sepa reorientar y fortalecer la Política de Seguridad Democrática, en beneficio del país, pero sin menoscabo de sus sacrificadas y leales Fuerzas Militares.
Sin embargo, es preciso reconocer que la mayor parte de la solución de todos los problemas descritos, está en manos de los propios militares, que deberán actuar con carácter y compromiso patriótico en defensa de las actuaciones del presente y del pasado; un reciente y claro ejemplo de esta responsabilidad, fue la actitud de rechazo tomada por la cúpula militar brasilera, ante solicitud de la izquierda de revivir procesos del pasado contra sus Fuerzas Armadas, obteniendo un apoyo irrestricto, nada menos que del gobierno del presiente Lula Da Silva; este es el resultado de actuar con carácter y firmeza para defender el legado histórico de un Ejército y evitar entregar a los enemigos los más caros valores de una institución reconocida y querida por la mayoría de los ciudadanos.
Este será el gran reto del Alto Mando en el próximo futuro. Si la tarea es difícil en el sector político lo será aun más en el campo militar, debido a las concesiones del pasado reciente. Será necesario crear un verdadero Cuerpo de Generales y Almirantes, con profundo conocimiento en la conducción de las guerras modernas, cohesionados por un interés común y con una clara visión Político-Estratégica de la actuación de la amenaza en todos los campos, valorando los resultados en todas las dimensiones, para asesorar e influir con serios argumentos en quienes toman las decisiones políticas. Pero lo más urgente y necesario, será defender con carácter y firmeza los principios, valores y tradiciones que rigen la institución, sin confundir la debida obediencia con la sumisión incondicional.
V.A.V.
