LA “DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL”

Por Mayor General Víctor Álvarez Vargas

Todos hemos escuchado con frecuente insistencia la posición de los guerrilleros de las Farc en Cuba, cuando pregonan que el Ejército de Colombia debe abandonar la “Doctrina de seguridad Nacional” impuesta por los Estados Unidos. Recordemos algunos hechos históricos que contradicen los argumentos de quienes sostienen la existencia de dicha teoría, particularmente en el caso colombiano.

La expresión “Doctrina de Seguridad Nacional”, es un concepto surgido de algunos analistas e investigadores al finalizar la Segunda Guerra Mundial, para definir las acciones de la política exterior de Estados Unidos, tendientes a que las fuerzas armadas de los países de Latinoamérica dirigieran sus acciones a la contención  de la expansión del comunismo[1].

Esta doctrina es reconocida en muchos ámbitos académicos y gubernamentales, particularmente de la izquierda y los grupos armados marxistas, quienes sostienen que esta política se creó para combatir ideologías, organizaciones o movimientos que dentro de cada país pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría, legitimando la toma del poder por parte de las fuerzas armadas y la violación de los derechos humanos, así como la lucha contra “el enemigo interno”, concepto surgido para enfrentar supuestos agentes locales del comunismo[2]. Refiriéndose este último, como la persecución y exterminio de todas las expresiones de protesta social (movimientos sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles, defensores de DDHH).

El origen del involucramiento de las FFMM colombianas en el conflicto interno, se remonta al año 1948, posterior al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitan. Este grave acontecimiento trajo como consecuencia la generalización de la violencia en todo el territorio nacional, por lo cual la policía se vio desbordada, además de que acusaba para esa época graves problemas de politización. En tales circunstancias el gobierno se vio obligado a asignar la tarea del control del orden público interno a las Fuerzas Militares. Estos acontecimientos sucedieron mucho antes de que apareciera la teoría de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, ni se hubieren presentado golpes militares en Colombia ni en el resto de América Latina.

Los defensores de la existencia de esta teoría, sostienen sus argumentos desde una sola óptica, desestimando las acciones realizadas por la Unión Soviética en la lucha bipolar por la obtención de la hegemonía mundial, lo que les resta credibilidad y solidez en sus argumentos. Los investigadores documentan su posición con verdades a medias y narran  hechos que no obedecieron a la realidad. Con esta posición unilateral, pretenden culpar exclusivamente a la política exterior norteamericana y al militarismo de derecha surgido en esta época.

Los años sesenta marcaron el inicio de la intervención directa del comunismo internacional, (URSS) en la América Latina, motivados por las condiciones sociales en que vivían  los países del tercer mundo. El primer paso fue dado con el triunfo de la Revolución Cubana, que luego se extendió por toda la región, mediante la aparición de numerosos movimientos insurgentes de liberación, que utilizaron toda clase de tácticas irregulares, entre ellos, la guerra de guerrilleras incluido el uso del terrorismo.

Para contener la expansión de los grupos armados comunistas en América,  los Estados Unidos creo la Escuela de Las Américas en Fort Gulik (Panamá), con el fin de preparar en tácticas contrainsurgentes a los oficiales de los ejércitos latinoamericanos. Algunos investigadores y analistas han difundido erróneamente, que esta Escuela fue creada con el fin de “preparar a los alumnos en técnicas de secuestros y desapariciones de opositores políticos, guerra psicológica, técnicas de tortura y violaciones de DDHH[3]”, lo cual carece de toda verdad.

Esta doctrina ha hecho carrera hasta llegar a constituirse en una realidad aceptada en muchos sectores académicos. Si bien es cierto, que los Estados Unidos se impusieron en la tarea de contener la expansión del comunismo en Americalatina, esta acción fue realizada para contrarrestar las diferentes formas de lucha que utilizo en comunismo en Centro y Suramérica (guerra de masas, guerra de organizaciones, guerra sicológica y primordialmente la guerra de guerrillas).

Así mismo, esta corriente de pensadores argumentan que en el marco de la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”, se impulsaron golpes militares en casi toda la América Latina en la década de los setenta y ochenta. Un concepto en buena parte cierto, particularmente por la anuencia y soporte que los Estados Unidos brindaran a estas dictaduras, hecho que marco una etapa oscura de la política exterior norteamericana. Sin embargo, Colombia surge como una excepción a este fenómeno, donde paradójicamente la insurgencia armada ha tenido mayor duración, motivada por factores particularmente diferentes. 

Lo sucedido en Americalatina con respecto a los golpes militares, puede explicarse como el resultado de la lucha frontal ejercida contra los grupos insurgentes comunistas (Guerrillas urbanas y rurales) surgidos en casi todos los países del Cono Sur, lo cual ocasiono un empoderamiento  de los militares, que impulsados por algunos sectores sociales y los excesos cometidos por los terroristas de estos países, los indujo a lanzarse en la aventura de los golpes de Estado, con el argumento de salvar la vigencia de las instituciones democracias. Estas dictaduras también tuvieron origen en la incompetencia y falta de liderazgo del poder civil en su momento.

También es necesario recordar, aunque ningún autor de los descritos lo menciona,  el soporte que brindo el Comité internacional Comunista –COMINTER-(Unión Soviética) al partido comunista en las américas y el apoyo soterrado a los grupos armados llamados de liberación. Es ampliamente conocida la injerencia que los países comunistas tuvieron en el nacimiento y desarrollo de los movimientos armados en Colombia. La Unión Soviética, la China de Mao y Cuba se involucraron directamente con suministros de armamento, apoyo logístico y entrenamiento a estos grupos armados durante casi tres décadas. 

Los defensores de la existencia de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, han querido desconocer y satanizar las  legítimas acciones defensivas que ejercieron los países del Cono Sur, para defenderse del comunismo internacional que utilizo llamada “combinación de todas las formas de lucha”, entre ellas la guerra guerrillas y diferentes expresiones del terrorismo. No obstante, como producto de esta lucha se presentaron graves violaciones de los Derechos humanos, con mayor o menor intensidad de acuerdo a las circunstancias de cada país.

En Colombia, esta famosa teoría nunca ha sido tema de estudio en las escuelas de formación y capacitación de las Fuerzas Armadas, diferentes a los ejercicios académicos sobre el planeamiento  de la  Seguridad y Defensa enseñados en la Escuela Superior de Guerra, como parte de la doctrina militar colombiana. Por lo tanto, no tiene justificación alguna endilgarle a las FFMM de Colombia la aplicación de la denominada “Doctrina de seguridad Nacional”, en los términos que los autores de izquierda y la guerrilla pretenden contextualizar. Las FFMM colombianas han sido, sin duda alguna, las más democráticas y respetuosas de la constitucionalidad de toda la América Latina y han actuado  siempre sujetas al poder civil legítimamente constituido.

Los excesos que se presentaron durante la guerra contrarrevolucionaria en Colombia, se debieron primordialmente a su exagerada prolongación en el tiempo, lo que ocasiono una grave degradación del conflicto, que además careció  de un marco legal adecuado que permitiera combatirla con medios legales eficaces. Ante esta situación, surgieron los mal llamados paramilitares, como respuesta al acoso y depredación de la guerrilla en las regiones más apartadas de la nación, algunos de estos grupos fueron aupados por funcionarios del Estado, políticos y empresarios del campo, quienes a su vez fueron influenciados por narcotraficantes, lo que dio origen a un recrudecimiento de la violencia que alcanzó  niveles dramáticos altamente deplorables.

La doctrina militar contrainsurgente en colombiana no se fundamenta en hacer la guerra en sí misma, sino en contrarrestar la acción armada de los grupos terroristas, que han pretendido tomarse el poder por la vía armada. La doctrina militar colombiana ha sido producto de la propia experiencia en su larga lucha contra los grupos armados ilegales y esta ha sido ajustada de acuerdo a cada etapa del conflicto, por lo tanto estará sujeta a las variaciones del proceder de la amenaza y si esta  desaparece, habrá que reestructurar la doctrina acorde con las circunstancias y nuevos retos que impone el mundo moderno.

MG (R) VICTOR ALVAREZ VARGAS

Miembro de la Mesa de Transición del MDN

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[1] Comblin, Joseph (1977). Le pouvoir militaire en Amerique latine : l'ideologie de la securite nationale. París: J.-P. Delarge.

[2] Child, Jack, Geopolitics and Conflict in South America: Quarrels among Neighbours, New York, Praeger, 1985

^[3] «Contrainsurgencia - Terrorismo Made in U.S.A. en las Américas». Consultado el 2009.

LA JOYA DE LA CORONA.

02-12-15

MG (RA) Ricardo Rubianogroot Román

Máster en Seguridad y Defensa.

Durante un periodo aproximado de seis meses, 12 interlocutores escogidos entre las partes que actualmente interactúan en la Habana, recopilaron en otros tantos informes lo que consideran que son los orígenes y causas del conflicto interno en Colombia.

Estos informes recopilados en forma impecable fueron la consecuencia de una hábil gestión lograda por la guerrilla, al conseguir el nombramiento de esta comisión que no se había acordado inicialmente en el preacuerdo.

Sin duda lo planteado por cada uno de ellos y compendiado por los dos relatores escogidos, será a partir del momento, guía y motivo de argumentos que se esgrimirán convenientemente, para encausar exigencias en este proceso. Es oportuno recordar que la subcomisión del fin del conflicto que tanta expectativa crea, se va a iniciar a negociar y concretará acuerdos al finalizar el presente mes.

Los periodos del inicio de análisis difieren, pero a la vez se enmarcan entre 1930 y 1958. El Informe que se centra en causas políticas y culturales, critica el carácter de los sectores dirigentes en Colombia y la pobre actitud frente a las reformas sociales.

Dentro de las causas que esgrimen los elegidos para rendir los informes, se plantean factores socioeconómicos, políticos, institucionales, psicológicos, culturales e incluso raciales.  Destacan como elementos desencadenantes la ausencia del Estado en la solución al problema agrario, el fracaso del Estado en la prevención y resolución de conflictos  que dieron origen al uso de prácticas privadas de justicia y la conformación de ejércitos irregulares; esgrimen también la no vinculación de las elites con el desarrollo del conflicto.

En cada uno de los informes, de una u otra forma se resalta que el responsable es el Estado; se destaca en esta sentencia lo que he expuesto, “Las responsabilidades por los impactos del conflicto, aunque son múltiples, desiguales y diferenciadas, se le imputan al sistema imperante y particularmente al Estado”[1]  ello, como lo insinué, será la nueva tabla de ruta de las conversaciones y de las demandas de la guerrilla.

La aseveración que hago en el párrafo anterior, no podría esta mejor descrita,  cuando Santrich se pronuncio al final del evento donde se entregó el informe por parte de los relatores, “Sin duda, este es un acontecimiento histórico que impactará en dimensiones insospechadas la percepción que la gente tiene del conflicto colombiano, y tendrá indefectiblemente una incidencia muy grande en la marcha de las conversaciones, sobre todo porque los doce expertos que intervienen presentaran puntos de vista que conciernen a la definición de la verdad respecto a las causas, consecuencias y responsabilidades de la confrontación de más de medio siglo que aún vivimos y padecemos”.

Lo que se avizora sin duda a partir de este momento y en forma constante es que este informe gozara de la más alta difusión en versiones escritas digitales a nivel nacional e internacional, se hará pedagogía con él, sin duda superará lo que ya se ha logrado en centros educativos del bien conocido informe, “Basta Ya”

Es importante clarificar que como consecuencia de este informe, no se podrá acceder a un reconocimiento de responsabilidad general y principal del Estado y simplemente exonerar de su condición de victimarios a los guerrilleros. Ni siquiera el derecho a la rebelión que esgrime el S.J. Javier Giraldo en su informe,  y que por ello  esa insurrección  legitime el uso de las armas y al terrorismo con todas sus atrocidades.

Ninguna circunstancia y ningún argumento, de los relatados en los 12 informes, justifican que se pase de las ideas, exigencias y reclamaciones, empleando la fuerza, las armas ilegitimas, la extorsión, ni la brutalidad en las acciones.

De ninguna manera tampoco, se podrá responsabilizar a las Fuerzas legalmente constituidas por el Estado que precisamente han realizado su trabajo como producto de las instrucciones y directrices de los dirigentes en cada periodo. Es fundamental que se entienda y aplique en forma adecuada, la teoría del Alemán  Claus Roxin.[2]

Mencionan de igual forma que existe una responsabilidad de los partidos y clases dominantes y de las instituciones de poder social, de latifundistas, empresas grupos económicos, poderes corporativos, transnacionales, de los medios de comunicación, de los Estados Unidos y otras potencias extranjeras y finalmente aceptan la responsabilidad guerrillera como fuerza política y militar beligerante.

Acaso realmente hay beligerancia de un grupo guerrillero o es una distorsión, acaso también, cuando supuestamente hay muchos responsables, que no es del todo cierto, hay que terminar exonerando a quienes en forma persistente y sistemática han faltado a los Derechos Humanos?

Ya se han manifestado los guerrilleros, acogiéndose a lo presentado en los referidos informes de la siguiente forma, “carece de sentido que el Estado pretenda obtener en la Mesa de Diálogos una victoria que ha sido incapaz de obtener en los campos de batalla durante años”[3]

Sin duda este informe será la Joya de la Corona para la guerrilla si no hay una posición firme a las pretensiones y a lo que desde ya son sus demandas; Juristas Colombianos de bien, comunidad internacional, organismos de Derechos Humanos, Cortes Internacionales, apliquen toda su sapiencia para que este informe no sea aprovechado para desconocer otras realidades y argumento para más injusticias para la resolución de este conflicto, puesto que si ello es así, no habrá una verdadera reconciliación, por ende la paz difícilmente llegara al país.

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[1] Jairo Estrada Álvarez, en el informe de Orígenes del conflicto y víctimas.

[2] Claus Roxin (n. 15 de mayo de 1931, Hamburgo Alemania) es un abogado y jurista Alemán destacado por su labor en el ámbito del Derecho Penal, Derecho Penal Internacional, Derecho Procesal Penal y Teoría del Derecho. Es uno de los penalistas de mayor influencia en discusión contemporánea del Derecho Penal de la tradición romano-germánica, lo que le ha hecho acreedor de casi una veintena de Doctorados Honoris Causa y reconocimientos académicos como la orden Raimundo Peñafort en España.

[3] Las Farc, al culminar el evento en que se produjo el informe de la Comisión Histórica y manifestar que “recibe con beneplácito los informes presentados hoy por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” con el título de “Palabras de Cierre”.

INCERTIDUMBRES SOBRE LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA

Por: MG Víctor Álvarez Vargas

Son muchas las preocupaciones que agobian a la mayoría de los colombianos sobre la manera de cómo se está llevando a cabo este proceso. 

A finales del año pasado, surgió la controversia de que si el narcotráfico es un delito conexo al delito político, o no lo es; lo cierto es que de no aceptarse como tal, no existe la menor posibilidad de llegar a un acuerdo con las guerrillas, por tanto será otro amargo precio que el país tendrá que pagar para lograr el fin del conflicto.

Por otro lado, la intensificación de las acciones criminales de las Farc durante el fin de año, contrastaron con la propuesta del cese indefinido y unilateral del fuego, condicionada a no ser atacados por la Fuerza Pública, lo que convierte la “noble” propuesta en otra de las estratagemas a que nos tienen acostumbrados. Es claro que buscan forzar un cese bilateral del fuego.  

Superados los primeros tres puntos y parte del cuarto, el gobierno continua a la defensiva, siempre respondiendo a las iniciativas de las Farc, lo que no es de extrañar, pues el dialogo fue propuesto de esa manera desde la misma Agenda, la cual traerá mayores dificultades y sapos por digerir en los puntos por discutir.

La gran pregunta es, ¿hasta donde está el gobierno dispuesto a ceder para lograr un acuerdo definitivo? En el último punto tratado lograron imponer las victimas que viajaron a la Habana, donde salió mal parado el Estado y sus agentes, demostrando con base en los testimonios, que las Farc no han sido los causantes de la mayoría de las víctimas. Tal pareciera que estuviéramos  negociando con un adversario en igualdad de condiciones, o a veces en inferioridad.  

Como van las cosas, todo hace prever que durante el 2015 será muy difícil la firma de un acuerdo. A pesar del afán que a ellos también les acusa, las Farc continuaran dilatando el proceso en la medida que logren sacar el mayor provecho en cada punto tratado. Mientras tanto el gobierno  seguirá adaptándose a las exigencias de las Farc, con tal de que el proceso no se rompa, por la sencilla razón de que se ha constituido en la principal bandera del Presidente Santos, pues la situación economía del país y la seguridad de los colombianos no son para nada halagüeños.

En cuanto a la situación de los militares, tampoco pinta bien. Aunque en varias las ocasiones el Presidente de la República ha dicho que habrá simetría entre guerrilleros y militares, en cualquier beneficio que otorgue la justicia transicional como consecuencia del proceso de paz. Sin poner en duda estas intenciones, la experiencia nos ha demostrado que ha sucedido todo lo contrario en procesos similares en países de la región. No por la voluntad del Ejecutivo en el momento de la firma los acuerdos, pero si por acciones de  gobernantes futuros e intereses de los demás poderes del Estado y de la Corte Internacional.

Aunque la situación y el contexto del Proceso de Paz que se adelanta en Colombia, son completamente diferentes a lo sucedido a mediados del siglo pasado en la mayoría de los países donde se presentaron gobiernos de facto en América Latina; en el mediano y largo plazo los efectos podrían ser los mismos, motivados por múltiples razones ya comprobadas,  tales como, el deseo de venganza de la izquierda radical, la agenda de los DDHH y la Justicia Internacional de la cual Colombia es signataria. Por tanto, no es descartable que hacia el futuro se incrementen aún más las persecuciones de la justicia contra militares colombianos por razones del conflicto.

Unido a lo anterior, está demostrado que la memoria colectiva de los pueblos es muy frágil, la cual normalmente  se acondiciona a los intereses y manipulaciones que se vivan en un momento dado; en unos años se olvidarán, o por lo menos no podrán hablar, de los que alguna vez llamaron héroes, y que salvaron el país de las garras de una tiranía armada.

Tomando como ejemplo los sucedido en Chile, vale la pena recordar que en épocas de Salvador Allende, en manifestaciones de una sociedad agobiada por la escasez (El cacerolazo), le tiraban maíz a los militares, comparándoles con gallinas, porque no hacían nada por liberarlos de la opresión de un gobierno que los estaba conduciendo la ruina económica. Fue entonces cuando los militares cayeron en la trampa, se creyeron los salvadores y cometieron el error de dar un golpe de Estado, que si bien salvaron al país de una catástrofe económica, el precio resulto ser demasiado caro para los que se atrevieron a semejante aventura.

En este proceso se avecina un peligro aun mayor, que es la  llamada “Comisión de la Verdad”, que desde tiempo atrás, está siendo deformada por una carga ideológica de una buena parte de la academia y escritores de izquierda, que normalmente manejan con gran habilidad académica,  distorsiones,  falsedades y verdades a medias, que increíblemente han venido siendo avaladas por el gobierno, pero que al final señalaran al Estado colombiano y su Fuerza Pública, como los principales responsables de la violencia en Colombia.

Teniendo en cuenta este adverso panorama y ante la potencial irreversibilidad del proceso, es indispensable una intensa labor por parte del Ministerio de Defensa Nacional (activos de las FFMM y de Policía), las organizaciones de la Reserva y todas aquellas instituciones interesadas en la consecución de una paz justa y duradera, para que participen en todos los escenarios académicos posibles, para que mediante el sano debate escrito o presencial, se contrarresten las hostiles posiciones de la izquierda y los simpatizantes de los grupos armados que han venido ocupando estos espacios desde hace largo tiempo.

En primer lugar, para intervenir en la reconstrucción de la verdad histórica de lo sucedido en el conflicto y así evitar su manipulación. Y segundo, participar en la construcción de una Justicia Transicional, que conduzca a un tratamiento digno y por lo menos equitativo, donde salgan fortalecidas las Fuerzas Militares y de Policía, por haber sido ellas, a costa de un altísimo precio, los artífices de la victoria sobre los violentos y verdadero soporte de la democracia, sin los cuales no hubiere sido posible que las Farc estuvieren sentadas en la mesa de negociación.

Solo así, se lograra una efectiva y real la reconciliación de todos los colombianos. 

Proceso de Paz para los miembros de las FFAA

MG (R) VICTOR ALVAREZ VARGAS

Miembro de la Mesa de Transición del MDN

Son muchas las discusiones, análisis y reflexiones que los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, activos y de la reserva,  hemos realizado en estos dos últimos años sobre las incidencias, consecuencias y participación en el proceso de paz iniciado por el gobierno desde febrero del 2012.

El análisis ha sido basado en un cuidadoso estudio de procesos similares vividos en otras latitudes y en la experiencia adquirida durante muchos años de trasegar por nuestro territorio, del cual hemos sido testigos de excepción sobre la problemática social y de inseguridad que viven los colombianos, especialmente de las regiones más apartadas, donde la presencia del Estado ha sido precaria producto del desinterés, descuido y corrupción en muchos niveles de la dirigencia política del país.

La mayoría de las veces esa presencia se limitaba, y aún persiste, a un alcalde o inspector, un juez, ocasionalmente un puesto de salud mal equipado, en medio de la más absoluta carencia de oportunidades  de progreso y desarrollo.

En casi todos los casos, la respuesta a los brotes de violencia, fue el envío  de tropas para reducir o apaciguar el desorden público, pero casi nunca llegaron los recursos para mitigar las urgentes necesidades de esas poblaciones, lo que siempre reclamamos los militares como la consolidación, considerada esencial para erradicar definitivamente la violencia, que urgía la presencia de otras entidades del Estado, tales como: educación, salud, justicia, vías de comunicación, servicios públicos, entre muchos otros. 

De esa problemática social, la guerrilla de las FARC ha derivado sus exigencias en la mesa de conversaciones, no sin razón, pero sin autoridad moral, pues ella ha sido la principal  causante de la depredación y miseria del campo colombiano, a través de prácticas criminales como el asesinato, la extorsión, el reclutamiento forzado y la destrucción de la infraestructura económica, lo que ocasiono un gran atraso  económico y un irreparable perjuicio ambiental a la nación.

Sin embargo, ahora pretenden surgir como los grandes redentores, pretextando su lucha cruel y despiadada por la desigualdad social y el abandono del Estado en el campo colombiano. No obstante, de su fracaso en la lucha armada, esta negociación les ha traído grandes réditos políticos, entre ellos, el reconocimiento como actores legítimos del conflicto, además de obtener del gobierno el compromiso, por lo menos en el papel, de resolver las grandes necesidades del campo colombiano, así como otras urgentes reformas  del Estado que han estado pendientes por más de cincuenta años; validando con este compromiso, utópico por cierto, las razones de su ataque aleve contra el pueblo colombiano.

Después de recordar y analizar brevemente todo este devenir histórico de nuestro acontecer nacional, los militares y policías debemos meditar con profundidad, cuál debe ser nuestra actitud ante este proceso en que se ha empeñado el actual gobierno y del cual no nos podemos sustraer.

Es conveniente para nuestro equilibrio emocional, superar resentimientos y prevenciones, con el fin de concentrarnos en los aspectos en los cuales podemos influir, para tratar de salir lo mejor librados de una realidad que al parecer es irreversible.

Es razonable que la mayoría de los miembros la reserva activa, estemos abrumados por la incertidumbre, la desconfianza y el escepticismo, particularmente, por el doble lenguaje que se maneja en los diálogos, la actitud desafiante y mendaz de los terroristas, las concesiones que les puedan otorgar y particularmente por el desamparo jurídico en que nos encontramos.  

Aun con todos estos inconvenientes, debemos hacerle frente a esta realidad con criterio analítico sin pasiones que nos pueden desorientar. ¿Será que oponiéndonos ante una realidad política, en la cual nosotros no tenemos mayor injerencia por carecer de poder político, podremos cambiar la situación? Consideraría que no. Creo más bien, que debemos mantenernos al margen de la contienda política y dedicarnos a lo que nadie va a ser por nosotros, que es nuestra justa y legítima defensa, de la cual muy pocos están interesados.

De nuestros estudios y mesas de trabajo en la reserva, han surgido muchas posiciones, desde las más radicales hasta las más equilibradas, pero siempre con el mejor interés y preocupación por buscar un trato digno para nuestras Fuerzas Militares y de Policía, que tanto sacrificio  han tenido que aportar, para preservar la seguridad y supervivencia de la nación, unos con mayor dedicación que otros, pero siempre con la mayor voluntad por salvaguardar la legitimidad de nuestra Institución.

La verdad es que en el pasado poco pensamos en las consecuencias de una salida negociada del conflicto, y ahora ante esta realidad, la tenemos que afrontar con apremio para adaptarnos a una eventual negociación con los grupos de irregulares que combatimos durante los últimos sesenta años.

Cuando estuvimos en actividad y los que aún lo están, nunca analizamos en detalle cual podría ser el final del conflicto, sencillamente se avanzaba y avanzaba sin pensar cual sería el final, las ocupaciones del día a día, las responsabilidades de la guerra y los afanes por la victoria, no nos permitieron ver que el asunto tendría un final político, el cual podría traer graves consecuencias para nuestro futuro.

Es lógico entender que en nosotros exista prevención y resentimiento, son muchas las cicatrices producto de esta larga y sangrienta guerra, en la cual nos vimos involucrados en cumplimiento de una misión constitucional. Sobre esto último, no se puede olvidar lo que algunos quieren desconocer, que siempre estuvimos sujetos al poder civil legítimamente constituido, sin faltar a nuestro juramento.

Aun en medio de la injusticia con que se nos trata en algunos sectores del mismo Estado al cual defendemos. La injusta persecución, la incomprensión y la ingratitud de algunos colombianos, no nos deben amilanar; por el contrario, debemos hacerle frente y construir una memoria histórica que permita develar a los verdaderos culpables de la violencia.

No podemos llevarnos a equívocos, por la satisfacción y orgullo que nos producen las encuestas de aceptación y favorabilidad, donde las FFMM resultan ampliamente recompensadas por la gratitud del pueblo colombiano, pero desafortunadamente, esas mayorías no tienen capacidad de decisión ni influencia sobre la orientación pública del país, son los poderes del Estado y los medios de comunicación quienes dirigen nuestro destino, por tanto es allí donde debemos influir.

Por todas estas razones, nuestra atención se debe concentrar, no en oponernos al proceso, sino en procurar mantener la legitimidad e integridad de nuestra institución y  conseguir un tratamiento justo y equitativo para nuestros hombres que se encuentran privados de la libertad, por lo menos igual al que se propone a los alzados en armas en términos jurídicos, así haya sido por excesos en el cumplimiento de su deber, que en todo caso fue en legítima defensa de una agresión sistemática contra el Estado.

Nuestra preocupación no debe ser únicamente por lo que suceda en la mesa, allí existe una agenda previamente pactada que se deberá cumplir. Lo más grave está sucediendo aquí en el país y en la agenda internacional; en los últimos dos años se han desatado los peores agravios que menoscaban la integridad y prestigio de la institución armada y de sus miembros. La persecución judicial cada día se acentúa más, la inteligencia militar que es la base de los éxitos operacionales, es cada vez más difamada y puesta en la picota publica; tal pareciera que existiera una consigna para llevar la mayor cantidad de militares a la cárcel, que hoy superan ampliamente los detenidos por  actos terroristas y otros delitos de los grupos terroristas.

Tenemos que desarrollar una estrategia, con la ayuda de expertos y el apoyo de quienes creen en sus FFMM., con el fin de poner fin al desprestigio sistemático que  contribuye a los intereses de nuestros detractores, como es el caso de los llamados “falsos positivos”, un señalamiento en el que la ficción ha venido superando la realidad, y que de no ponerse en contexto, provocará graves lesiones a la institución y sus miembros. Recordemos que uno de los objetivos de quienes nos consideran sus enemigos es destruir nuestra legitimidad.

Así mismo, y en el supuesto caso de que se superen favorablemente los grandes escollos que aún quedan por discutir, debemos asumir una actitud positiva a la decisión que adopte el pueblo colombiano, cualquiera que esta sea en beneficio del futuro de nuestra nación. Me atrevo a pensar, que dicha decisión estará sujeta a una demostración sincera de arrepentimiento por los crímenes cometidos por parte de los  grupos que actuaron fuera de la ley, a la entrega de las armas y a la desmovilización definitiva como una muestra real de paz y reconciliación; claro está, que esto dependerá de cómo se desarrolle en punto cuarto de la Agenda, DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción).

También será necesario estar dispuestos a reconocer nuestros errores como producto de una guerra desigual y sin legislación adecuada, que se prolongó demasiado en el tiempo; a perdonar si la situación lo requiere (aunque es una decisión personal no colectiva), pero buscando siempre un tratamiento justo y por lo menos equitativo, que asegure a los militares y policías de retaliaciones y venganzas futuras, que pongan en peligro su seguridad jurídica y personal.

Es allí donde debemos concentrar nuestro esfuerzo, no para salvar el honor, como alguna vez se hizo, sino para sobrevivir a la indiferencia, la injusticia y la condena a la cual muchos nos quieren llevar.

El drama del vecino

El drama del vecino

La tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.

Por: Mauricio Vargas

Fuente: Periódico El Tiempo

2:31 a.m. | 12 de octubre de 2014

Casi tanto como la tragedia que vive Venezuela, me aterra la indiferencia con que los colombianos la seguimos. El silencio del Gobierno Nacional es justificado, por voceros y defensores de la administración de Juan Manuel Santos, con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro al proceso de negociación con las Farc. A estas alturas, se trata de una excusa tan manida como falsa: si es cierto, como dicen los negociadores del Gobierno en la mesa de La Habana, que los avances alcanzados son enormes, el proceso no debería tener reversa, ni siquiera si Maduro se molesta con Colombia.

Pero que el Gobierno prefiera taparse la boca no quiere decir que todos debamos imitarlo. La dimensión del drama que viven los venezolanos es enorme y espeluznante. La inflación de los doce meses recientes supera el 63 por ciento, por mucho la más alta del continente, impulsada por una escasez de alimentos y otros productos en niveles que alcanzan, en algunos rubros, el 70 por ciento.

La agricultura está postrada: las expropiaciones a los terratenientes y la concesión de tierras a los campesinos no fueron acompañadas de políticas de financiación y asistencia técnica, y el agro dejó de producir lácteos, carne y granos, que hoy urge importar. Pero, como venderle a Venezuela es un riesgo porque el régimen de Maduro no autoriza los dólares a los importadores, esos productos han dejado de llegar.

Cientos de grandes plantas industriales han cerrado y decenas de miles de pequeñas y medianas empresas desaparecieron. El caso de la salud es pavoroso: la escasez de insumos en los hospitales alcanza niveles del 60 por ciento y para muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, faltan las medicinas.

La pobreza pasó de niveles de 21 por ciento, a los que había bajado en los primeros años del chavismo, a más del 27: esto a 2012, pues desde hace meses, el INE (el Dane de allá) dejó de publicar esas cifras. Se trata de un nivel muy similar al de Colombia, con la diferencia fundamental de la tendencia: acá va bajando y allá, subiendo. Y con una consideración que convierte en imperdonables los pecados del chavismo: ese empobrecimiento ocurre justo después de que Venezuela viviera la mayor bonanza petrolera de su historia, que en solo impuestos le dejó al fisco unos 350.000 millones de dólares, sin contar los aportes por 150.000 millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA a supuestos programas sociales.

¿Qué pasó con esa plata? Una porción significativa está en los bolsillos de dirigentes chavistas y amigos del régimen, los boliburgueses, que exhiben sus camionetas Hummer, sus Rolex de oro y diamantes y su ropa de marca. Pero ahora que la crisis golpea y la miseria se dispara, las mafias de la corrupción chavista están al borde de la guerra civil, como lo demuestra el asesinato del joven diputado Robert Serra, por el que están detenidos dos de sus escoltas y hay un cruce de acusaciones en que incluso ha saltado el nombre del ministro del Interior, Miguel Rodríguez.

No fueron entonces, como dijo Maduro y repitió el expresidente Ernesto Samper, en su calidad de secretario de Unasur, los paramilitares colombianos los autores del crimen. Cómo será que hasta la canciller colombiana, María Ángela Holguín, tan cercana a Samper, tuvo que llamarle la atención por esas declaraciones. El crimen evidencia una guerra de bandas corruptas, que se suma a la galopante inseguridad que domina a Venezuela, con 25.000 muertes violentas al año.

Todo esto mientras una justicia al servicio del régimen encarcela a cientos de opositores, y la falta de papel (Maduro sólo autoriza su importación a los medios afines a él) obliga al cierre de decenas de diarios. De ese modo, la tragedia venezolana se queda además sin quien la denuncie. Razón de más para que en Colombia dejemos de guardar este cómplice silencio.

Mauricio Vargas

mvargaslina@hotmail.com

Mayor sensatez.

Septiembre 2014

MG ® Ricardo Rubianogroot Román.

En este texto hago un rápido recuento de lo escrito por diferentes autores y analistas del conflicto interno Colombiano con variadas visiones y concluyo mi propia apreciación.

Colombia es un país con un conflicto armado interno, resultado de causas diversas y complejas. Dentro de ellas se pueden señalar las desigualdades sociales, problemática de tierras, el abandono de áreas rurales y pueblos apartados, falta de infraestructura, educación, justicia, la exclusión política,  modelos de desarrollo errados y la creciente inequidad.

Para nuestra desdicha el listado para describir la totalidad de las raíces que lo han ocasionado, es interminable.

El conflicto tiene variados antecedentes históricos, para algunos analistas su origen se da en la década de los años 30 identificando el suceso de las bananeras, pasando por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en el 48 y mencionan la  "época de la Violencia", como fundamental por ser esta época la que se caracterizó por el  talante político por los problemas bipartidista de la década de 1950 y a su vez remontan los orígenes de esta guerra interna en la llamada  Nueva Granada y la independencia de España y como quienes dirigieron los inicios de la fase de la Republica quisieron enfocar el futuro de esta Nación. Cada etapa de la historia del país ha traído consigo un enfrentamiento diferente.

A finales de los años cincuenta, principios de los años sesenta, a causa de los fenómenos ya antes mencionados, surgieron en Colombia diferentes grupos guerrilleros, en principio de inspiración marxista. Estos grupos son, principalmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  FARC, el Ejército Popular de Liberación  EPL,  el Ejército de Liberación Nacional ELN y otras derivaciones menores, los cuales tenían unos objetivos específicos que eran asesorados y acompañados por el Partido Comunista desde sus inicios; esas metas eran las de conseguir una reforma agraria y la redistribución equitativa de la riqueza. Lo que pretendían finalmente, era lograr una transformación social significativa.

Todos esos objetivos e ideales de antaño han mutado y han cambiado; a diferencia de ocuparse en labores políticas para lograr esas aspiraciones y cambios, pasaron drásticamente a usar estrategias como el empleo del narcotráfico para financiar su causa, pero desbordando y pasando por encima de sus ideales, y prácticamente olvidando su causa y sus orígenes; se da como ejemplo la búsqueda y  demanda de ciertos intereses para el campesinado colombiano, por ser uno de los sectores más marginalizados de la sociedad, exigir al Gobierno,  la construcción de carreteras,  escuelas  y  crédito para aumentar la tenencia de ganado o ampliar sus cultivos, en síntesis la búsqueda de una participación del pueblo en la construcción del futuro del país.

Por el contrario recurren al empleo de las armas y no al uso de las palabras, hoy en día sus acciones se distinguen por el  reclutamiento de menores, prácticas  terroristas  como la implantación de minas antipersona, el asesinato de civiles, miembros del gobierno, policías y militares, el secuestro con fines políticos, extorsivos o económicos, atentados con bombas y armas no convencionales, destrucción de infraestructura, puentes, carreteras, oleoductos, acueductos, actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles.

Sus doctrinas e ideales se han desvanecido.

Tienen que entender que la injusticia y las desigualdades sociales no justifican ni legitiman la violencia[1].

Para puntualizar sobre las falencias del sistema económico y político que nos rige, “no se requiere  irse a dar plomo en el monte”[2]. Es demasiado evidente la miseria e inequidad en Colombia, la concentración del capital y de la tierra, hay que luchar para superar estas situaciones aun en contra de quienes se benefician, pero la lucha armada no es parte de la solución a esos problemas, es parte del problema en sí.

Interpretando a Cano previo al bombardeo que lo dejó fuera de combate, quiso decir a sus “camaradas”, que “los errores de las Farc, las sacaron del camino de su filosofía[3]; que perdieron la guerra cuando el Estado colombiano logró multiplicar su capacidad militar con la suma del poder de combate de la fuerza aérea y las operaciones conjuntas”: masa crítica en contra…; “que perdieron su legitimidad insurgente, porque los colombianos y la comunidad internacional señalaron a las Farc como narcotraficantes y terroristas”.[4]

Ante esas realidades, a las Farc de Cano, no les quedaba más opción que negociar y bajo ese precepto, hoy necesitan oxigenar sus ideales de llegar al poder, ya no por medio de las armas, pero sí por la lucha política y jurídica, usando la combinación de otros medios, recuperar el poder de movilización en las regiones y lograr representatividad de sus cuadros políticos y órganos de dirección popular.

Los colombianos esperan que así como Cano diera el paso hacia la reflexión, las Farc de Timochenko, evolucionen en su lenguaje y que sean más consecuentes con la oportunidad histórica que se les está brindando.[5]

Las exigencias de la guerrilla en la mesa no son consecuentes con lo que ha sido la realidad histórica del manejo que le han dado al conflicto interno.

Quieren que el pueblo a quienes dicen defender pero que por el contrario han afectado, acepten en un referendo proyectado en la mesa de la Habana, que:

No son narcoterroristas?

Que son víctimas y no victimarios?

Que no reparen a sus víctimas?

Que son consecuencia “de un terrorismo de Estado”?

Que por emplear un uniforme son tropas equiparables a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia?

Que hay que exonerarlos de responsabilidades legales, ante sus acciones que se constituyen como delitos a la luz de códigos Nacionales e Internacionales?

Que no deben entregar las armas, sino dejarlas?

Que no deben desmovilizarse, sino reintegrarse a la sociedad civil?

Que pueden llegar al congreso sin una elección popular?

Me pregunto: Por qué esta guerrilla a la que se le ha dado una oportunidad de diálogo y negociación, deben tener concesiones que no se les da ni si quiera a los Colombianos que durante su vida han sido rectos y han procurado cumplir la Constitución y la leyes?

Se aspira entonces que sean sensatos con lo que ha sido su pasado y esperen unas acciones lógicas, y consecuentes con  lo que ha sido su vida en relación con el conflicto interno y como por ello han afectado a la Nación Colombiana.

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[1] (Pécaut, 2008; Pizarro, 2011).

[2] (Pécaut, 2008; Pizarro, 2011).

[3] Plan Renacer.

[4] Alfonso Cano.

[5] Rafael Alfredo Colón