El proceso de paz con las farc

Los autogoles de Humberto de la Calle

Por EDUARDO MACKENZIE

2 de diciembre de 2013

Hace casi un mes que las “partes” negociadoras entregaron a la prensa un documento firmado en La Habana bajo el título de “acuerdo sobre participación en política”. El debate sobre ese texto que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc dicen haber suscrito, no parece decaer. Todo lo contrario. La discusión continúa... Y eso está muy bien.  Ese fenómeno muestra, en mi opinión, dos cosas: 1. La viva preocupación que genera en la opinión pública ese  “segundo acuerdo” entre Santos y el narco-terrorismo, y 2. La gran confusión que ese documento está llamado a crear.

 Al comienzo, unos observadores afirmaron que ese papel contenía reformas que podrían ser benéficas para el país. Otros estimaron que sólo era palabrería vacía, que allí “no había nada nuevo”. Terceros repusieron, con más razón, que era un acuerdo inaceptable. En estos días, la tendencia es hacia una posición intermedia: que los alcances de ese texto son “inciertos” y “confusos”.

No estoy muy de acuerdo con esta última opinión. 

Si bien la redacción de ese texto es deliberadamente obscura, la línea que lo guía es clara. Habría que hacer la distinción entre la forma y el contenido. La forma, en este caso, es esquiva y taimada. Es un escrito cifrado y mamerto, pero el fondo es límpido.

Algunos analistas se han llenado de ilusiones. Luis Fernando Álvarez (El Colombiano, 29 de noviembre de 2013) estima que lo que allí está esbozado “reitera una serie de propósitos” de la Constitución de 1991. Error. Ese “acuerdo”, por el contrario, rompe con la actual Constitución y confirma que lo que se viene es un ataque frontal contra la democracia representativa.

Veamos los puntos más alucinantes de ese “acuerdo”.

1. Ese texto busca minar el poder legislativo colombiano. La Cámara de Representantes ya no será la expresión del voto de los ciudadanos. Con la creación eventual de unas “circunscripciones transitorias especiales de paz” habrá una serie de curules  (el número sigue oculto hasta hoy) que serán otorgadas no por los electores sino por el Gobierno, o por las mismas Farc. Ello es contrario a las normas constitucionales de Colombia y de toda democracia. Designados a dedo, esos escaños desnaturalizarán el Congreso. El pretexto invocado para hacer eso es que ciertas poblaciones (precisamente de las zonas más atormentadas por las Farc) “tengan una representación especial de sus intereses”. Embuste. Si ellas no lo están es por las presiones violentas de las Farc, no porque el sistema lo impida. A las Farc jamás les interesó la democracia representativa, ni la gente ni su representación parlamentaria. Esta vez  hablan de eso para abusar de la buena fe del país y llegar al Parlamento de manera espuria.

Ese intento de minar el Congreso colombiano encaja con las turbias maniobras del castro-chavismo en América Latina destinadas a convertir en todas partes el poder legislativo en un apéndice servil del poder ejecutivo. Es lo que Chávez llamaba “el nuevo constitucionalismo”.

2.  La libertad de empresa y la economía de mercado serán entrabadas mediante unos aparatos que quieren crear. La empresa privada y hasta los planes de desarrollo del país quedarán bajo la tutela de unos organismos inventados. En el documento los llaman “consejos territoriales de planeación”. Santos había dicho que las negociaciones con las Farc no tocarían la economía.. Era otra mentira.

3.  Las Farc quieren que Colombia haga una “revisión integral” de su sistema electoral y que adopte el voto electrónico, que fue el que, precisamente, le sirvió a Hugo Chávez para hacer 14 veces fraude electoral e imponerse como el dueño de las mayorías venezolanas. El “acuerdo” exige eso y hasta anuncia que una comisión de “expertos” vendrá a Colombia  a realizar esa revisión. Sabemos que esos “expertos” son los mismos que ayudaron a Chávez a montar el dispositivo que arrasó con la legalidad electoral en Venezuela.

4.  Según ese texto, las Farc podrán censurar y brutalizar judicialmente a sus críticos.. El documento impulsa la creación de un nuevo tipo penal: el delito de “estigmatización”. Quien critique a las Farc y a las dictaduras que las apoyan, podrá ser acusado de  “atentar contra la convivencia” y  contra la “cultura de reconciliación”. El documento  pretende que los colombianos tengamos, de ahora en adelante, un “lenguaje” y un “comportamiento” aceptable para los jefes farianos. Quien se salga de allí será objeto, promete el documento, de “medidas”. Se puede suponer que éstas serán multas, ilegalizaciones y cárcel.

5.  El documento prevé la creación de una serie de organismos de justicia paralela (algo totalmente anti constitucional) bajo el disfraz de unos “consejos para la reconciliación y la convivencia” que tendrán jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Y no hablemos de otros organismos misteriosos del mismo alcance, con funciones bien particulares, que quieren crear, como los “consejos”, los “espacios”, las “veedurías ciudadanas” y los “observatorios de transparencia”. Todos son organismos de control totalitario de una minoría sobre las mayorías colombianas.  No hay que dejarse abusar por términos melosos como “ciudadanos” o “transparencia”.

6. El documento desconfía de los  funcionarios públicos. Ese texto los llama “ciudadanos de la administración y [de] la gestión pública”. Exige que se ejerza sobre ellos “un mayor control”, dizque para luchar por la “transparencia” y contra la “corrupción”. La banda criminal que durante 50 años, además de utilizar todo tipo de violencias contra el pueblo, ha robado, extorsionado y corrompido todo lo que encuentra, quiere blanquearse con esto de la lucha contra la “corrupción”.. ¿Hacia dónde apunta eso? ¿Es el anuncio de una purga estaliniana contra los funcionarios que no apoyan a las Farc?

7. El “acuerdo” firmado por los negociadores de Santos, prevé hasta la conformación de grupos armados para encargarse de la “seguridad” y de la “protección” de los jefes terroristas que quedarán en libertad. Es lo que el documento describe como un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”.

8. El texto subraya que las Farc quieren cambiar la actual ley de partidos políticos. Dice que “una comisión” redactará un “estatuto de garantías para los partidos” que las Farc crearán. En Colombia el único poder que está habilitado para discutir y votar sobre los derechos y deberes de los partidos es el Congreso, no una comisión privada. 

9. El acuerdo “implica la dejación de las armas”. Es decir que las Farc no las entregarán sino que las ocultarán, así como a sus combatientes, durante un tiempo, hasta que decidan volver a su oficio de matar colombianos, si “el proceso” no les gusta.

10. Lo mejor del cuento es que todas estas lindezas serán aplicadas no en la fase de “la paz”, del llamado post-conflicto, sino en la actual fase de guerra fariana contra el Estado y contra la sociedad. El “segundo acuerdo” de La Habana lo dice muy claro: todos estos cambios se harán “en el marco del fin del conflicto”, o  “en el escenario del fin del conflicto”. Esa fórmula aparece cinco veces en el documento. Eso quiere decir que las Farc, con la anuencia de Santos, podrán desfigurar de manera profunda las instituciones y la economía del país, y podrán entrar a controlar, por la vía de “comisiones”, “consejos”, y otros organismos  “sociales”, la vida político-económica de Colombia antes del fin de la guerra subversiva.

¿Cómo Humberto de la Calle y sus brillantes asesores se dejaron meter semejantes goles?  La única explicación es esta: se los dejaron meter no porque sean tontos sino porque están de acuerdo con eso. Y están de acuerdo pues los convencieron de que en Colombia no hay democracia, ni participación política, porque las Farc están al margen de ese mundo. Lo que hace que las instituciones colombianas sean “ilegítimas” y deban ser “legitimadas” con la llegada a éstas de unas Farc no desarmadas ni arrepentidas del dolor y del daño causado a Colombia. Ese era el análisis de la gente de Moscú, desde el comienzo de la Guerra Fría. Con ese esquema desataron el terror y la devastación en nuestro país. Los “negociadores” de Santos no vieron eso ni por las curvas. ¿Con ellos la democracia actual va hacia dónde?

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Las farc van ganando en la mesa de la Habana

04 enero 2014

Rectificación patriótica

Por Rafael Guarín Ver más artículos de este autor 

Fuente: Revista Semana

OPINIÓN

La Unión Patriótica a través de Twitter exigió la rectificación de mi columna anterior.

Foto: Archivo SEMANA.

Cometí el pecado de recordar que era el “antiguo brazo de las FARC”. ¡Además, que se investigue mi conducta! ¡Qué miedo! Para ese partido la columna contiene “palabras que son balas asesinas… son peligrosas arriesgan la vida de nuestros líderes, pedimos rectificación”. Guarín “instiga a la violencia y al genocidio político”. ¡Pura propaganda! ¡Carreta! ¡Paja! ¡Ahí va la rectificación!

¿A quién se le ocurre decir que las FARC y la Unión Patriótica tuvieron vínculos o que el grupo armado adelantó su estrategia utilizando una organización política legal, con personería jurídica otorgada por la Corte Electoral, en el marco de la combinación de todas las formas de lucha? 

Respuesta: a las propias FARC y a líderes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Veamos algunos ejemplos:

 Primero. ¡Que la UP es resultado de los Acuerdos de La Uribe de 1984! Observación superficial. En 1983, en el “Informe al pleno amplio del Estado Mayor Central de las FARC”, Jacobo Arenas indicó que los planes apuntaban a convertir las campañas electorales en “una forma de lucha de masas de gran importancia”. En 1994 Manuel Marulanda, en un discurso con ocasión de los 30 años del grupo, subrayó que las conclusiones de la séptima conferencia (1982) comprendieron “la salida política al conflicto” con el fin de que “el movimiento pudiera hacer sus planteamientos políticos, económicos y sociales”. La UP nació en ese contexto con el fin de ser un elemento vital para impulsar el proceso revolucionario. 

Segundo. ¡Qué la UP no fue nunca el brazo político de las FARC! ¡Pero si fue fundada por las FARC! Boris Cabrera, quien comparte ese mismo título, el de fundador, relató en entrevista a la Silla Vacía: “La UP fue una creación directamente de las Farc. A la UP confluyó el Partido Comunista, otra serie de organizaciones, pero nunca se escondió que el primer candidato presidencial fue Jacobo Arenas. Braulio Herrera era el secretario ejecutivo. E Iván Márquez fue uno de los parlamentarios”. ¿Entonces? ¿Por qué se indignan, señores de la UP?

Tercero. ¡Que la Unión Patriótica era el partido de la paz! Falso. Nunca lo fue. Por el contrario, se creó para impulsar la estrategia de escalamiento de la guerra irregular, el terrorismo y el crimen aprobada por las FARC en 1982. Alberto Rojas Puyo, ex senador de la UP y clave en el proceso de paz con el gobierno Betancur, en entrevista con Steven Dudley, señaló: “Desde el comienzo, las FARC y el Partido Comunista consideraban a la UP como un instrumento político para su proyecto de insurrección”. Y Álvaro Salazar, jefe de propaganda de la UP, aceptó en otra conversación con el escritor que “Jacobo nunca quiso que el partido fuera más que la apertura de un espacio político para el movimiento militar. Esto hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de sacrificio de tal manera que pudieran justificar su guerra”. Antropófagos. Peor aún. Cuadros de la Unión Patriótica en Urabá fueron acusados de estar detrás de las matanzas contra integrantes del partido Esperanza, Paz y Libertad. ¿O se les olvida la masacre de la Chinita hace 20 años?

Y finalmente, un profesor, ex integrante del Partido Comunista, Medófilo Medina, en carta a Alfonso Cano reconoció que la UP “tuvo que cargar con el fardo de sostener la política de combinación de todas las formas de lucha”. Y que el exterminio – que, en mi opinión, jamás debió ocurrir, ni jamás debe repetirse -, se debió en parte al “intento de sentarse en dos sillas a un mismo tiempo”, la de la guerra y la de la política partidista. Queda claro, camaradas, que sus propias voces reconocen que en su nacimiento la UP tiene el ADN de las FARC. ¿Qué reclaman? Lo repito: sí fueron el brazo político de las FARC. Que eso fue en los años ochenta y noventa. ¡Tema superado! Pero, ahora, ¿cómo explicar que en los discursos de instalación del reciente Congreso de la UP Piedad Córdoba salude a “los compañeros de La Habana, a los compañeros las FARC” y que ese Congreso apruebe iniciar una campaña a favor de Simón Trinidad? ¡Rectifiquen! ¡No repitan las dos sillas! Es inaceptable en una democracia que en el seno de un partido político se trate de compañeros a criminales de lesa humanidad y se les defienda. 

Sobre Marcha Patriótica es suficiente con la denuncia que hizo el Ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en agosto de 2012: “Esas organizaciones terroristas han optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc”. Y la alocución del Presidente Santos del 30 de agosto de 2013 en la que acusa a Marcha Patriótica de intervenir en el paro agrario y rechaza “la protesta obligada a punta de fusil o amenazas” ¿Por qué la Fiscalía no presenta resultados en esas investigaciones? ¿O es que ni investigaciones existen, señor Montealegre? ¡Pero comprendo la indignación!

Cargar con una herencia de asesinatos, masacres y atrocidades no es fácil. Menos, que se la recuerden. Pero la verdad escrita en una columna no incita al “genocidio”, ni se puede reducir al odio. La verdad, como la justicia, purifica a los victimarios y a sus aliados camuflados en partidos políticos. Dicen que quieren la paz, pero les molesta que se hable de su verdad. Quieren la de los asesinos paramilitares pero, por ningún motivo, la propia. La paz debe basarse en la verdad, no en evadir la responsabilidad histórica con señalamientos destinados a satanizar a quienes la revelan o la reclaman. O peor, a ponerlos en la mira asesina de las FARC.

Ese, señores de la UP, es el método de los violentos, no la práctica de los demócratas y menos puede ser la de quienes deben demostrar al mundo que ya no son lo que fueron, amanuenses de un grupo terrorista, sino ciudadanos que apuestan en el marco de la Constitución.

EnTwitter: @RafaGuarin

COLUMNA ANTERIOR DE RAFAEL GUARÍN

8 diciembre 2013

Las FARC van ganando

Por Rafael GuarínVer más artículos de este autor

Fuente: Revista Semana

OPINIÓN 

A diferencia de quienes dicen que el proceso de La Habana no les ha reportado beneficios, la realidad enseña lo contrario.

Foto: Archivo SEMANA.

El 2013 fue el año de la recuperación política de las FARC y de la sostenibilidad de su aparato violento. A diferencia de quienes dicen que el proceso de La Habana no les ha reportado beneficios, la realidad enseña lo contrario.

Primero. Rompieron el aislamiento político y legitimaron la violencia en la democracia. Consecuencia del reconocimiento que les otorgó el presidente Juan Manuel Santos se apuntalaron dentro y en el exterior como un actor político. Dejaron de ser un grupo narcoterrorista, así sigan traficando cocaína y perpetrando actos terroristas, por gracia de la nueva narrativa del Gobierno. Ahora utilizan las armas para “bien de todos”. A pesar de que la mayoría de los colombianos no cree eso, lo cierto es que su organización, Marcha Patriótica, actúa sin dificultades legales, y su anterior brazo, la Unión Patriótica, se reestrenó saludando a los “compañeros de las FARC” y con una campaña en defensa de Simón Trinidad. La cosa llegó al paroxismo con la declaración del nuevo embajador estadounidense que pide que se les dé amplia participación política.

Segundo. Reventaron la cohesión ciudadana contra el terrorismo. Uno de los elementos claves del declive sostenido que sufrió las FARC entre el 2002 y el 2010 fue la unidad de la sociedad en su contra. En virtud del lenguaje y la propaganda gubernamental, que hace eco al discurso autojustificatorio del grupo, se consiguió vender la idea de que el país está dividido entre amigos y enemigos de la paz. Una treta que beneficia a los terroristas y sataniza a los críticos, no de la paz, sino de la impunidad.

Tercero. Consiguieron que importantes sectores políticos, sociales, “académicos” y de los medios de comunicación patrocinen que los integrantes de las FARC tengan el derecho a gobernar a Colombia, sin importar sus delitos o si perpetraron crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Se “impone” la necesidad de la paz “sin importar el precio”. Todo es válido y se debe aceptar en aras de la reconciliación. 

Cuarto. Mantienen su capacidad de acción violenta a pesar de la manipulación de las cifras de seguridad. La realidad es que el Plan Espada de Honor se propuso reducir las estructuras del grupo al 50 % a diciembre del 2013, pero los datos del conteo del enemigo que realiza el Ministerio de Defensa acreditan que tan sólo se redujeron en 700 integrantes entre el 2010 y el 2013. Las FARC tienen prácticamente el mismo número de miembros que al final del gobierno anterior. Un absoluto fracaso. A octubre, comparado el 2010 con el 2013, los atentados terroristas saltaron de 405 a 705, un crecimiento del 74 %. La voladura de oleoductos aumentó de 31 a 196. A pesar de que el número de integrantes del grupo no ha variado substancialmente, la desmovilización cayó de 2.108 a 1.116 integrantes. Respecto a ese mes del 2012, se produjeron 557 capturas menos, el 20 %, igual porcentaje que registra la disminución de los dados de baja en combate. En ese período asesinaron aproximadamente 320 miembros de la fuerza pública e hirieron 2.228, en total; a octubre, 2.548 quedaron fuera de acción. Las cifras hablan solas.

Quinto. En La Habana insisten en que se elimine la política contra los cultivos ilícitos y que no se criminalice a quienes se dedican a esa actividad. Las estadísticas de Mindefensa demuestran que el Gobierno está desmontando, gradual pero aceleradamente, el esfuerzo contra los cultivos. La aspersión cayó en 53 % en todo el 2013 y la erradicación manual a octubre en el 44 %. La incautación de toneladas de coca se contrajo a esa fecha en 10 %. Además el Congreso expidió una ley que permite la salida de la cárcel de delincuentes dedicados a la coca, una vez cumplan la mitad de la pena. 

Sexto. Nunca antes llevaron a un presidente tan lejos. Santos compareció ante la Corte Constitucional con el fin de defender  el “marco jurídico para la paz”, que permite la renuncia a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos y de los menos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Un monumento a la impunidad defendido por el jefe de Estado que, en cambio, no dijo nada ante la caída del fuero penal militar en la Corte, figura jurídica rechazada vehementemente por la cúpula terrorista.

Séptimo. Hicieron del fiscal Montealegre un títere de los violentos. Cada vez que surge una voz que reclama justicia o advierte sobre los estándares internacionales que se deben respetar en el proceso de La Habana, sale ese funcionario, abogado de oficio, a teorizar, promover, defender y propugnar por impunidad para las FARC y por darles el derecho a gobernar. ¡Repugnante espectáculo de un funcionario cuya misión constitucional es perseguir a los criminales, no protegerlos!

Octavo. Se favorecieron con la reforma al Código Penitenciario y al de procedimiento penal. La nueva ley permite conceder la prisión domiciliaria a miembros de las FARC condenados por rebelión. Salen de la cárcel a la casa o al cambuche. Se les premia omitiendo su pertenencia a una organización que realiza los crímenes más atroces en el hemisferio.

Noveno. Pararon el país. Como se lo propusieron, fue el año de la “movilización popular”. Paros por doquier. El Partido Comunista Clandestino a toda máquina promovió marchas, tomas y todo tipo de manifestaciones orquestadas y articuladas en una sola estrategia de agudización de los conflictos sociales y de legitimación de la “solución política negociada”. No se puede generalizar, pero sería ingenuo pretender que la ola de paros es simplemente el renacer espontáneo de los movimientos sociales. Las FARC llevan mucho tiempo trabajando la construcción de dicho escenario. La prueba es que le ganaron el pulso al Gobierno en  Catatumbo y en el paro minero, sin hablar de la demostración de fuerza con verdaderos “combates urbanos” en Bogotá, que obligaron a declarar el toque de queda en varias localidades. 

Décimo. Con los acuerdos parciales alcanzados con el Gobierno, las FARC avanzan en institucionalizar el control que ejercen en alejadas zonas del territorio nacional debido a la violencia o a la colonización armada. Las Zonas de Reserva Campesina recibieron el impulso de Santos y son el camuflaje con el cual consolidarán el poder territorial y desde donde buscarán construir una plataforma para la toma del poder nacional. El grupo tiene claro que la “solución política negociada”, es decir, el proceso de La Habana, es un elemento táctico y estratégico supeditado a la consecución de sus objetivos, no su abandono. Habrá “Acuerdo” si se ajusta a las necesidades de su Plan Estratégico. 

Y, finalmente, sus mayores ganancias vendrán en el 2014. Han tejido un escenario en el cual la reelección del presidente candidato depende del “proceso de paz” o, lo que es lo mismo: depende de Timochenko, Márquez y Catatumbo. La viabilidad de Santos está condicionada a cómo empleen las FARC sus recursos de violencia y movilización en los primeros meses del nuevo año. Lo tienen en la mano y lo saben. 

De todo esto queda una lección: Las FARC van ganando y saben lo que hacen mientras a la sociedad la duermen a punta de titulares, discursos y mentiras. El 2014 debe ser el año de la reivindicación de las víctimas y del reclamo de justicia, no de los victimarios, ni de la impunidad.

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LA INJUSTA JUSTICIA EN COLOMBIA

Lo que le parecía incompleto y escaso para sancionar, cuando toca a la izquierda ya se le hace absurdo y medieval; lo que aplicó sin que le despertara ninguna preocupación NI GENERARA NINGUNA PROTESTA, hoy es cuestionable por ser derecho inquisitivo y premoderno, que él mismo redactó. Tomado de Semana.com

                                             

                 

El Fiscal que perdió los papeles

Por José Manuel Acevedo M.Ver más artículos de este autor 

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M. Nunca se fíen de aquellos que presumen de progresistas en Colombia. En este país, desmemoriado y calenturiento, abundan los ‘liberales godos’ y los incoherentes en general.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es uno de esos casos de dinamismo extremo y oportunismo sin par. En los últimos días ha dicho que el sistema que le dio vida a la Procuraduría es “premoderno, medieval e inquisitivo”. Sin embargo, el exmagistrado y exabogado de Saludcoop –nada mal remunerado, por cierto– omite con destreza capítulos de su vida como viceprocurador general en el pasado reciente. 

El hoy fiscal Montealegre se rasga las vestiduras porque una autoridad administrativa destituye e inhabilita a un político escogido por voto popular. Se aterra de la falta de garantías del Ministerio Público y sostiene la tesis de que el presidente de la República, cuando se trata de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, debe ser algo más que un simple ‘firmón’.

Lo que no nos ha contado el ‘niño terrible’ de la justicia en Colombia es que mientras ocupaba su cargo como viceprocurador vio pasar por su despacho más de 34 destituciones de autoridades elegidas por el pueblo –incluida la de la exgobernadora Leonor Serrano– y nunca se quejó del procedimiento poco garantista de la institución para la que trabajaba.

Resulta todavía más increíble que Montealegre nos oculte que ese sistema “premoderno y medieval” que opera hoy en la Procuraduría fue inspirado por él y su jefe, Jaime Bernal Cuéllar, y continuado por otros dos ‘liberales’, Edgardo Maya y Carlos Gómez Pavajeau.

Según consta en algunas actas de la comisión primera del Senado de entonces, la participación de Montealegre fue definitiva para la aprobación del Código Único Disciplinario que le permitió a Alejandro Ordóñez destituir a Gustavo Petro. 

Es más: Bernal Cuéllar y Montealegre, como su segundo a bordo, querían que el procurador tuviera la facultad de inhabilitar a sus disciplinados hasta por 30 años y fue el Congreso –en el que tenían asiento Gustavo Petro y Antonio Navarro– el que decidió bajar la sanción máxima a 20 años, por considerar la propuesta inicial exagerada.

En una nota periodística del 23 de junio de 1999, “la Procuraduría de Jaime Bernal dice que la enumeración de las conductas que pueden ser constitutivas de falta gravísima, es decir, que dan lugar a la destitución, es escasa y poco aplicable”. 

Fue así como el catálogo de faltas se amplió, al incluir conductas que no necesariamente son delitos sino errores administrativos, como aquellos en que incurrió Petro y por los cuales recibió una sanción para muchos absurda, pero legalmente válida.

Buena parte de eso se le debe a Eduardo Montealegre, que unos años más tarde, en su condición de magistrado de la Corte Constitucional, conoció varias demandas en contra del ‘engendro’ del Código Disciplinario y no dijo nada porque cada artículo le pareció razonable.

Tenían que haber tumbado a Petro y tenía que haberlo hecho Alejandro Ordóñez para que de repente le pareciera que todo andaba muy mal en el país. 

El desatado fiscal resolvió además inaugurar una nueva forma de oír a sus investigados: no a través de un interrogatorio formal o una versión libre, sino al calor de un rico café en su oficina, en medio de una conversación amable que duró más de dos horas. 

Después de esa animada reunión con Petro, Montealegre le dijo al país que en mes y medio tendría resultados de su investigación penal en contra del alcalde. 

El fiscal perdió los papeles y, de paso, toda su respetabilidad. Podría ahorrarse las semanas que le quedan para ‘revelarnos’ lo que todos ya sabemos: que le precluirá la investigación a Petro para que pueda acudir con ese trofeo al sistema interamericano de derechos humanos. ¡Vaya fiscal!

Estado de Derecho, tiene un derecho.

Por MG Ricardo Rubianogroot Román

Como pasa casi a diario en Colombia, una noticia de la vida nacional nos lleva y fija la atención por unos días, pero la euforia por la misma pasa muy pronto.

En esta oportunidad se trata de la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá.

Toda clase de manifestaciones, conceptos, opiniones y criterios han surgido en favor y en contra de la determinación tomada por el Procurador General de la Nación, se han unido a esas expresiones políticos, periodistas, editorialistas, gente del común y hasta extranjeros con cantidad de planteamientos y posiciones de todo tipo.

La situación en relación con este hecho es clara y las expresiones lanzadas no tienen ninguna consecuencia, aparte del derecho a  la libre expresión que tiene cada ciudadano,  desde el punto de vista legal no tienen efecto ni validez alguna. Sin embargo, políticamente causa zozobra y mucha inquietud en la opinión.

En nuestro país hay una constitución que en su preámbulo promulga,[1] “EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente……” ese documento, la Constitución, que es nuestra máxima expresión de Democracia, no puede, ni debe, ser desacatado, de lo contrario no se cumple lo anunciado en el preámbulo y las consecuencias no pueden ser más funestas, anarquía, desgobierno y desorganización.

Por Constitución el Procurador tiene unas facultades como representante de la sociedad Colombiana; dentro de sus potestades está la de vigilar e inhabilitar a aquellos funcionarios públicos que no cumplan a cabalidad con las funciones de su cargo, aún los de elección popular, como lo determina el numeral 6 del artículo 277: “6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley”. Los abogados e investigadores de la Procuraduría en una juiciosa investigación de más de 10 meses encontraron irregularidades en la gestión del Alcalde Mayor de Bogotá que catalogaron como faltas graves, lo que desembocó, como corresponde y es responsabilidad del Procurador, en la sanción e inhabilitación del burgomaestre capitalino.

Es compromiso de aquellos que ocupan el puesto que tiene como encargo primario [2]“Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; …” cumplir con el encargo sin ceder ante presiones de cualquier índole, valientemente como actuó el Procurador, quien, si no lo hubiera hecho así, sería tan o más responsable por incumplir con sus funciones.

Es allí donde no se entienden todas esas expresiones a las que nos referimos al inicio de este escrito. Ni el actual alcalde de la cuidad de Bogotá ni ningún otro funcionario público, tienen un tratamiento que los diferencie, a nadie se lo exime, ni por el color de su piel, ni por su religión ni por sus convicciones políticas de cumplir con las funciones que le corresponden; no hay excepción alguna por ningún motivo.

No es conveniente que se  opine que el Procurador erró en su decisión y es una arbitraria intromisión en los asuntos internos por parte de aquellos extranjeros que han anticipado conceptos y condenas en cualquier sentido. ¿Acaso se quiere que esa entidad de vigilancia del Estado Colombiano, inserta en nuestra historia desde el mismo Congreso de Angostura y perfectamente instituida en la Constitución colombiana, deje de desempeñar su trabajo? Ello sería tan criticable como aceptar que las Fuerzas Militares permitieran la violación de nuestro territorio por un Estado externo sin proceder, o admitir que la Policía no actúe ante un robo, una agresión o una indisciplina civil, o aceptar que un médico no opere a un paciente en estado crítico, o que un sacerdote no aplique los santos oleos a una persona desahuciada y próxima a morir. Las actividades en un Estado de Derecho, tienen un derecho (redundancia ex profeso).

Ahora bien, si se considera que se debe actuar en lo sucesivo en forma diferente, surtidas las instancias y procedimientos establecidos para estos casos, debemos primero cambiar Constitución y limitemos las funciones de los funcionarios según el caso, pero hagámoslo en forma inteligente, sin caer en la anarquía que, por laxitud, nos lleve a un desplome y se debilite aún más nuestro Estado de Derecho.

Las Instancias supranacionales y los entes a los que se pretende acudir, por ser firmantes, tienen sus inconvenientes, no podemos para unos casos aceptarlos y para otros no, según la conveniencia; recordemos las expresiones provenientes desde las más altas instancias del Gobierno con el caso del diferendo colombo-nicaragüense.

Como están las cosas y de acuerdo a nuestra Carta Magna, lo ejecutado por el Procurador está correcto y se ajusta a los procedimientos existentes, lo que amerita nuestro pleno respaldo a este funcionario y a todos aquellos que cumplan con la constitución, las leyes y normas.

No es época de demagogia, es época, como lo será siempre, de cumplir con nuestras leyes y normas; no hacerlo es desorden y desgobierno. Que esta temporada navideña nos deje especio para la reflexione y el sosiego de nuestros espíritus, Colombia y su futuro lo necesitan

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[1] Preámbulo de la Constitución Colombiana de 1991.

[2] Misión de la Procuraduría General de la Nación.

EDITORIAL

                               ZAPATERO A TUS ZAPATOS

En el siglo I de nuestra era el historiador latino Plinio el Viejo nos presentó el adagio en mención a propósito de una exhibición griega de pinturas en la que un zapatero se mofaba porque a su juicio una sandalia en una pintura era desproporcionada, por lo que el pintor hubo de corregirla expresando que cada persona debería ir a lo suyo y que aceptaba la crítica.

Pues bien, el señor General Comandante de nuestro Ejército según el periódico “Publimetro-Bogotá”, edición del ocho de Noviembre manifestó que “...si las FARC están dentro de la sociedad civil en el marco legal, tenemos que garantizar sus derechos y libertades…” más adelante el periódico afirma que el General manifestó que “De lograrse un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla, las FFMM cumplirán con su misión constitucional de garantizarles protección a los desmovilizados”.

De verdad, cuesta dar crédito a estas declaraciones provenientes de un comandante de una institución como el Ejercito, patrimonio nacional que no fortín o comodín de gobernante o partido político. Si lo que pretendía era un halago al jefe supremo, creo que lo logró a título personal, porque institucionalmente causó un peligroso y desmotivante efecto en las tropas a su mando: 1. ¿Habló como ministro, comandante general o como quien? , ahí habría una usurpación de funciones. 2. ¿Cuál es el mensaje como soldado a sus hombres a quienes exige sacrificio y entrega en el combate?, ¿Cuál es el mensaje y respeto a la memoria de los muertos y mutilados causados en la guerra inclusive en operaciones y órdenes directas suyas? 3. ¿Pensó en los efectos de sus palabras en busca de réditos personales o institucionales?

La misión del Ejercito es clara, es universal e incluyente a partir de nuestra carta magna y no da lugar a malas interpretaciones, afirmar en su condición de comandante que respetará los desmovilizados es insinuar que eso no se cumple hoy, lo cual ni es cierto ni a partir de su comando se ha practicado; muy infortunadas y ligeras sus afirmaciones; nuestro Ejército, insistimos es patrimonio nacional y su posición de comandante no puede usarse como Corifeo y zalamería a sus jefes, una cosa es dar respaldo y otra es humillarse y con ello lastimar la institución.

Esas declaraciones son adecuadas para un ministro, para los negociadores o para el propio Presidente, no  lo son para un jefe militar que debe estar dedicado a lo profesional, a lo operacional y no a la política, como nos lo dijo Plinio el viejo “zapatero a tus zapatos”.

Editorial 8 de Noviembre 2013

Editorial

ES SOLAMENTE UN REFLEJO

                                    

Por: Centro colombiano de pensamiento político-militar

14 de octubre de 2013

Los medios de comunicación han dado un inusual despliegue publicitario a los bochornosos hechos en que un irresponsable edil de Chía, embriagado e imprudente, pone en ridículo a la Policía Nacional, al Ejército y finalmente al aparato de justicia, cuando después de cometer gran cantidad de infracciones de tránsito, abusivamente y sin oposición ingresa a la Escuela Militar de Cadetes, seguido de una caravana de taxistas y miembros de la policía, en donde finalmente es capturado.

El vergonzoso espectáculo pone de manifiesto varias realidades de este país; la primera la clase de políticos que hoy ocupan posiciones, de los cuales el sinvergüenza edil no constituye sino una muestra de la falta de principios, del desapego y falta de respeto por la ley, de la soberbia extrema que los hace creer que están por encima de toda otra autoridad. No es sino mirar los casos repetidos de congresistas, miembros de otros cuerpos colegiados y otros representantes de la clase política, para entender que el comportamiento irregular y casi delincuencial, no es sino la norma de conducta imperante.

Tan grave como el anterior resulta preocupante el altísimo nivel de desprestigio y falta de autoridad de la Policía Nacional, que sale muy mal parada con esta nueva intervención, en donde se refleja que la ciudadanía la irrespeta y la ultraja sin mayores consideraciones; el tratamiento inicuo que recibiera en el pasado paro agrario, los constantes ataques a sus agentes por personas de todos los niveles y en las más disímiles situaciones, que la televisión ha ilustrado profusamente, son una muestra de que esa Institución ha perdido el respeto frente a los colombianos. Sin lugar a dudas, ello es atribuible a los escándalos generados en las más altas esferas, en los que la corrupción aparece como la protagonista.

La intrusión de este maleante en una instalación militar con su séquito de seguidores, en que los miembros de la guardia ni impidieron su ingreso ni reaccionaron en ninguna forma, además de constituir un grave antecedente que muestra debilidades extremas en la seguridad, es solamente un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional en todo el Ejército Nacional, en donde sus integrantes están atemorizados por las graves consecuencias penales y disciplinarias que se asumen por simplemente cumplir sus deberes. Es exactamente la misma situación que se vive en todo el país desde el año 2009, cuando la persecución judicial inclemente e injusta a los militares llevó a entorpecer, reducir y finalmente hasta prácticamente paralizar las operaciones militares en contra del terrorismo y el narcotráfico.

Por ello, no resulta extraño el comportamiento asumido por quienes han sido víctimas de un acoso judicial que, no solamente los enjuicia, sino que les niega e irrespeta sus mínimos derechos y garantías judiciales, edificando procesos injustos y arbitrarios, soportado en un aparato infiltrado por aquellos a quienes se combate. Si hubieran reaccionado como ameritaba la situación, el sinvergüenza y las timoratas autoridades que lo seguían, serían hoy las víctimas indefensas de un militarismo desmedido y sanguinario y los militares estarían privados de la libertad y buscando como atender económicamente su defensa en los procesos penal, disciplinario y administrativo, sin respaldo del Estado.   

Lo ocurrido no es sino el reflejo de la situación nacional.

Comentarios: Luis Carlos Jaramillo	09:07 (hace 4 horas)

Completamente de acuerdo. La incursión de prófugo, policías taxis etc. por una guardia militar, sin reacción alguna, es la fotografía nítida del temor de los militares a recurrir al uso legítimo de las armas y por tanto la fragilidad de nuestros sistemas de seguridad. Pudo haber sido una incursión guerrillera, ¿en qué hubiéramos quedado?. El desconocimiento al procedimiento policial por parte del infractor, muestra que nuestra policía hoy en día no es respetada por la ciudadanía. Ya nos acostumbramos a que apedrearlos, insultarlos y humillarlos en todo tipo de manifestaciones sin reacción alguna de mandos y autoridades, es lo normal Hoy día la policía no es acatada ni mucho menos respetada. El prófugo con su inexplicable e irresponsable conducta,  es muestra de cómo  y a quienes elegimos en nuestro sistema democrático. Faltó analizar la libertad inmediata que recibió el infractor. En qué otro país, la justicia hubiera dejado en libertad inmediata a una persona que protagoniza este tipo de hechos?

Luis Carlos Jaramillo Peña