LA INJUSTA JUSTICIA EN COLOMBIA

Lo que le parecía incompleto y escaso para sancionar, cuando toca a la izquierda ya se le hace absurdo y medieval; lo que aplicó sin que le despertara ninguna preocupación NI GENERARA NINGUNA PROTESTA, hoy es cuestionable por ser derecho inquisitivo y premoderno, que él mismo redactó. Tomado de Semana.com

                                             

                 

El Fiscal que perdió los papeles

Por José Manuel Acevedo M.Ver más artículos de este autor 

JOSÉ MANUEL ACEVEDO M. Nunca se fíen de aquellos que presumen de progresistas en Colombia. En este país, desmemoriado y calenturiento, abundan los ‘liberales godos’ y los incoherentes en general.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es uno de esos casos de dinamismo extremo y oportunismo sin par. En los últimos días ha dicho que el sistema que le dio vida a la Procuraduría es “premoderno, medieval e inquisitivo”. Sin embargo, el exmagistrado y exabogado de Saludcoop –nada mal remunerado, por cierto– omite con destreza capítulos de su vida como viceprocurador general en el pasado reciente. 

El hoy fiscal Montealegre se rasga las vestiduras porque una autoridad administrativa destituye e inhabilita a un político escogido por voto popular. Se aterra de la falta de garantías del Ministerio Público y sostiene la tesis de que el presidente de la República, cuando se trata de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, debe ser algo más que un simple ‘firmón’.

Lo que no nos ha contado el ‘niño terrible’ de la justicia en Colombia es que mientras ocupaba su cargo como viceprocurador vio pasar por su despacho más de 34 destituciones de autoridades elegidas por el pueblo –incluida la de la exgobernadora Leonor Serrano– y nunca se quejó del procedimiento poco garantista de la institución para la que trabajaba.

Resulta todavía más increíble que Montealegre nos oculte que ese sistema “premoderno y medieval” que opera hoy en la Procuraduría fue inspirado por él y su jefe, Jaime Bernal Cuéllar, y continuado por otros dos ‘liberales’, Edgardo Maya y Carlos Gómez Pavajeau.

Según consta en algunas actas de la comisión primera del Senado de entonces, la participación de Montealegre fue definitiva para la aprobación del Código Único Disciplinario que le permitió a Alejandro Ordóñez destituir a Gustavo Petro. 

Es más: Bernal Cuéllar y Montealegre, como su segundo a bordo, querían que el procurador tuviera la facultad de inhabilitar a sus disciplinados hasta por 30 años y fue el Congreso –en el que tenían asiento Gustavo Petro y Antonio Navarro– el que decidió bajar la sanción máxima a 20 años, por considerar la propuesta inicial exagerada.

En una nota periodística del 23 de junio de 1999, “la Procuraduría de Jaime Bernal dice que la enumeración de las conductas que pueden ser constitutivas de falta gravísima, es decir, que dan lugar a la destitución, es escasa y poco aplicable”. 

Fue así como el catálogo de faltas se amplió, al incluir conductas que no necesariamente son delitos sino errores administrativos, como aquellos en que incurrió Petro y por los cuales recibió una sanción para muchos absurda, pero legalmente válida.

Buena parte de eso se le debe a Eduardo Montealegre, que unos años más tarde, en su condición de magistrado de la Corte Constitucional, conoció varias demandas en contra del ‘engendro’ del Código Disciplinario y no dijo nada porque cada artículo le pareció razonable.

Tenían que haber tumbado a Petro y tenía que haberlo hecho Alejandro Ordóñez para que de repente le pareciera que todo andaba muy mal en el país. 

El desatado fiscal resolvió además inaugurar una nueva forma de oír a sus investigados: no a través de un interrogatorio formal o una versión libre, sino al calor de un rico café en su oficina, en medio de una conversación amable que duró más de dos horas. 

Después de esa animada reunión con Petro, Montealegre le dijo al país que en mes y medio tendría resultados de su investigación penal en contra del alcalde. 

El fiscal perdió los papeles y, de paso, toda su respetabilidad. Podría ahorrarse las semanas que le quedan para ‘revelarnos’ lo que todos ya sabemos: que le precluirá la investigación a Petro para que pueda acudir con ese trofeo al sistema interamericano de derechos humanos. ¡Vaya fiscal!

Estado de Derecho, tiene un derecho.

Por MG Ricardo Rubianogroot Román

Como pasa casi a diario en Colombia, una noticia de la vida nacional nos lleva y fija la atención por unos días, pero la euforia por la misma pasa muy pronto.

En esta oportunidad se trata de la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá.

Toda clase de manifestaciones, conceptos, opiniones y criterios han surgido en favor y en contra de la determinación tomada por el Procurador General de la Nación, se han unido a esas expresiones políticos, periodistas, editorialistas, gente del común y hasta extranjeros con cantidad de planteamientos y posiciones de todo tipo.

La situación en relación con este hecho es clara y las expresiones lanzadas no tienen ninguna consecuencia, aparte del derecho a  la libre expresión que tiene cada ciudadano,  desde el punto de vista legal no tienen efecto ni validez alguna. Sin embargo, políticamente causa zozobra y mucha inquietud en la opinión.

En nuestro país hay una constitución que en su preámbulo promulga,[1] “EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente……” ese documento, la Constitución, que es nuestra máxima expresión de Democracia, no puede, ni debe, ser desacatado, de lo contrario no se cumple lo anunciado en el preámbulo y las consecuencias no pueden ser más funestas, anarquía, desgobierno y desorganización.

Por Constitución el Procurador tiene unas facultades como representante de la sociedad Colombiana; dentro de sus potestades está la de vigilar e inhabilitar a aquellos funcionarios públicos que no cumplan a cabalidad con las funciones de su cargo, aún los de elección popular, como lo determina el numeral 6 del artículo 277: “6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la Ley”. Los abogados e investigadores de la Procuraduría en una juiciosa investigación de más de 10 meses encontraron irregularidades en la gestión del Alcalde Mayor de Bogotá que catalogaron como faltas graves, lo que desembocó, como corresponde y es responsabilidad del Procurador, en la sanción e inhabilitación del burgomaestre capitalino.

Es compromiso de aquellos que ocupan el puesto que tiene como encargo primario [2]“Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; …” cumplir con el encargo sin ceder ante presiones de cualquier índole, valientemente como actuó el Procurador, quien, si no lo hubiera hecho así, sería tan o más responsable por incumplir con sus funciones.

Es allí donde no se entienden todas esas expresiones a las que nos referimos al inicio de este escrito. Ni el actual alcalde de la cuidad de Bogotá ni ningún otro funcionario público, tienen un tratamiento que los diferencie, a nadie se lo exime, ni por el color de su piel, ni por su religión ni por sus convicciones políticas de cumplir con las funciones que le corresponden; no hay excepción alguna por ningún motivo.

No es conveniente que se  opine que el Procurador erró en su decisión y es una arbitraria intromisión en los asuntos internos por parte de aquellos extranjeros que han anticipado conceptos y condenas en cualquier sentido. ¿Acaso se quiere que esa entidad de vigilancia del Estado Colombiano, inserta en nuestra historia desde el mismo Congreso de Angostura y perfectamente instituida en la Constitución colombiana, deje de desempeñar su trabajo? Ello sería tan criticable como aceptar que las Fuerzas Militares permitieran la violación de nuestro territorio por un Estado externo sin proceder, o admitir que la Policía no actúe ante un robo, una agresión o una indisciplina civil, o aceptar que un médico no opere a un paciente en estado crítico, o que un sacerdote no aplique los santos oleos a una persona desahuciada y próxima a morir. Las actividades en un Estado de Derecho, tienen un derecho (redundancia ex profeso).

Ahora bien, si se considera que se debe actuar en lo sucesivo en forma diferente, surtidas las instancias y procedimientos establecidos para estos casos, debemos primero cambiar Constitución y limitemos las funciones de los funcionarios según el caso, pero hagámoslo en forma inteligente, sin caer en la anarquía que, por laxitud, nos lleve a un desplome y se debilite aún más nuestro Estado de Derecho.

Las Instancias supranacionales y los entes a los que se pretende acudir, por ser firmantes, tienen sus inconvenientes, no podemos para unos casos aceptarlos y para otros no, según la conveniencia; recordemos las expresiones provenientes desde las más altas instancias del Gobierno con el caso del diferendo colombo-nicaragüense.

Como están las cosas y de acuerdo a nuestra Carta Magna, lo ejecutado por el Procurador está correcto y se ajusta a los procedimientos existentes, lo que amerita nuestro pleno respaldo a este funcionario y a todos aquellos que cumplan con la constitución, las leyes y normas.

No es época de demagogia, es época, como lo será siempre, de cumplir con nuestras leyes y normas; no hacerlo es desorden y desgobierno. Que esta temporada navideña nos deje especio para la reflexione y el sosiego de nuestros espíritus, Colombia y su futuro lo necesitan

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[1] Preámbulo de la Constitución Colombiana de 1991.

[2] Misión de la Procuraduría General de la Nación.

EDITORIAL

                               ZAPATERO A TUS ZAPATOS

En el siglo I de nuestra era el historiador latino Plinio el Viejo nos presentó el adagio en mención a propósito de una exhibición griega de pinturas en la que un zapatero se mofaba porque a su juicio una sandalia en una pintura era desproporcionada, por lo que el pintor hubo de corregirla expresando que cada persona debería ir a lo suyo y que aceptaba la crítica.

Pues bien, el señor General Comandante de nuestro Ejército según el periódico “Publimetro-Bogotá”, edición del ocho de Noviembre manifestó que “...si las FARC están dentro de la sociedad civil en el marco legal, tenemos que garantizar sus derechos y libertades…” más adelante el periódico afirma que el General manifestó que “De lograrse un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla, las FFMM cumplirán con su misión constitucional de garantizarles protección a los desmovilizados”.

De verdad, cuesta dar crédito a estas declaraciones provenientes de un comandante de una institución como el Ejercito, patrimonio nacional que no fortín o comodín de gobernante o partido político. Si lo que pretendía era un halago al jefe supremo, creo que lo logró a título personal, porque institucionalmente causó un peligroso y desmotivante efecto en las tropas a su mando: 1. ¿Habló como ministro, comandante general o como quien? , ahí habría una usurpación de funciones. 2. ¿Cuál es el mensaje como soldado a sus hombres a quienes exige sacrificio y entrega en el combate?, ¿Cuál es el mensaje y respeto a la memoria de los muertos y mutilados causados en la guerra inclusive en operaciones y órdenes directas suyas? 3. ¿Pensó en los efectos de sus palabras en busca de réditos personales o institucionales?

La misión del Ejercito es clara, es universal e incluyente a partir de nuestra carta magna y no da lugar a malas interpretaciones, afirmar en su condición de comandante que respetará los desmovilizados es insinuar que eso no se cumple hoy, lo cual ni es cierto ni a partir de su comando se ha practicado; muy infortunadas y ligeras sus afirmaciones; nuestro Ejército, insistimos es patrimonio nacional y su posición de comandante no puede usarse como Corifeo y zalamería a sus jefes, una cosa es dar respaldo y otra es humillarse y con ello lastimar la institución.

Esas declaraciones son adecuadas para un ministro, para los negociadores o para el propio Presidente, no  lo son para un jefe militar que debe estar dedicado a lo profesional, a lo operacional y no a la política, como nos lo dijo Plinio el viejo “zapatero a tus zapatos”.

Editorial 8 de Noviembre 2013

Editorial

ES SOLAMENTE UN REFLEJO

                                    

Por: Centro colombiano de pensamiento político-militar

14 de octubre de 2013

Los medios de comunicación han dado un inusual despliegue publicitario a los bochornosos hechos en que un irresponsable edil de Chía, embriagado e imprudente, pone en ridículo a la Policía Nacional, al Ejército y finalmente al aparato de justicia, cuando después de cometer gran cantidad de infracciones de tránsito, abusivamente y sin oposición ingresa a la Escuela Militar de Cadetes, seguido de una caravana de taxistas y miembros de la policía, en donde finalmente es capturado.

El vergonzoso espectáculo pone de manifiesto varias realidades de este país; la primera la clase de políticos que hoy ocupan posiciones, de los cuales el sinvergüenza edil no constituye sino una muestra de la falta de principios, del desapego y falta de respeto por la ley, de la soberbia extrema que los hace creer que están por encima de toda otra autoridad. No es sino mirar los casos repetidos de congresistas, miembros de otros cuerpos colegiados y otros representantes de la clase política, para entender que el comportamiento irregular y casi delincuencial, no es sino la norma de conducta imperante.

Tan grave como el anterior resulta preocupante el altísimo nivel de desprestigio y falta de autoridad de la Policía Nacional, que sale muy mal parada con esta nueva intervención, en donde se refleja que la ciudadanía la irrespeta y la ultraja sin mayores consideraciones; el tratamiento inicuo que recibiera en el pasado paro agrario, los constantes ataques a sus agentes por personas de todos los niveles y en las más disímiles situaciones, que la televisión ha ilustrado profusamente, son una muestra de que esa Institución ha perdido el respeto frente a los colombianos. Sin lugar a dudas, ello es atribuible a los escándalos generados en las más altas esferas, en los que la corrupción aparece como la protagonista.

La intrusión de este maleante en una instalación militar con su séquito de seguidores, en que los miembros de la guardia ni impidieron su ingreso ni reaccionaron en ninguna forma, además de constituir un grave antecedente que muestra debilidades extremas en la seguridad, es solamente un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional en todo el Ejército Nacional, en donde sus integrantes están atemorizados por las graves consecuencias penales y disciplinarias que se asumen por simplemente cumplir sus deberes. Es exactamente la misma situación que se vive en todo el país desde el año 2009, cuando la persecución judicial inclemente e injusta a los militares llevó a entorpecer, reducir y finalmente hasta prácticamente paralizar las operaciones militares en contra del terrorismo y el narcotráfico.

Por ello, no resulta extraño el comportamiento asumido por quienes han sido víctimas de un acoso judicial que, no solamente los enjuicia, sino que les niega e irrespeta sus mínimos derechos y garantías judiciales, edificando procesos injustos y arbitrarios, soportado en un aparato infiltrado por aquellos a quienes se combate. Si hubieran reaccionado como ameritaba la situación, el sinvergüenza y las timoratas autoridades que lo seguían, serían hoy las víctimas indefensas de un militarismo desmedido y sanguinario y los militares estarían privados de la libertad y buscando como atender económicamente su defensa en los procesos penal, disciplinario y administrativo, sin respaldo del Estado.   

Lo ocurrido no es sino el reflejo de la situación nacional.

Comentarios: Luis Carlos Jaramillo	09:07 (hace 4 horas)

Completamente de acuerdo. La incursión de prófugo, policías taxis etc. por una guardia militar, sin reacción alguna, es la fotografía nítida del temor de los militares a recurrir al uso legítimo de las armas y por tanto la fragilidad de nuestros sistemas de seguridad. Pudo haber sido una incursión guerrillera, ¿en qué hubiéramos quedado?. El desconocimiento al procedimiento policial por parte del infractor, muestra que nuestra policía hoy en día no es respetada por la ciudadanía. Ya nos acostumbramos a que apedrearlos, insultarlos y humillarlos en todo tipo de manifestaciones sin reacción alguna de mandos y autoridades, es lo normal Hoy día la policía no es acatada ni mucho menos respetada. El prófugo con su inexplicable e irresponsable conducta,  es muestra de cómo  y a quienes elegimos en nuestro sistema democrático. Faltó analizar la libertad inmediata que recibió el infractor. En qué otro país, la justicia hubiera dejado en libertad inmediata a una persona que protagoniza este tipo de hechos?

Luis Carlos Jaramillo Peña

Los peligros del actual proceso de paz en Colombia

EDITORIAL

LA ESTRATEGIA DENTRO Y FUERA DE LA MESA

Cada vez está más cerca la posibilidad de un acuerdo gobierno-Farc, el comunicado del Dr. De La Calle al término de novena ronda de conversaciones lo confirma, “nunca antes habíamos llegado tan lejos en un acuerdo con las Farc”, sin embargo, la negociación va a paso de tortuga, gracias a las dilaciones impuestas por las Farc.

La posición del gobierno ha sido la misma, mantenerse dentro de los puntos de lo establecido en el acuerdo general; no obstante, la amplitud y ambigüedad de la agenda le ha permitido a las Farc elevar una cascada de exigencias. Solo en el primer punto de la Participación Política, en donde se tratarán derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y el acceso a los medios de comunicación, de las diez exigencias iniciales han surgido 49 más, incluyendo, como ha sido costumbre en todas las ocasiones, acusaciones contra las FFMM.

Así como van las cosas, las Farc continúan con la iniciativa, ganando espacio, particularmente fuera de la mesa, al utilizar la estrategia de aproximación indirecta, al presionar acciones que no han sido concedidas en las negociaciones, a través de la búsqueda de la desobediencia y desorden civil en varias regiones del país (movilización de masas), para lo cual han utilizado como herramienta su aparato político, tanto el legal como el ilegal. En el ámbito internacional, continúan ganando espacio mediante el permanente pronunciamiento mediático y por el interés generalizado en toda la región, incluso de los EEUU, quienes han manifestado su beneplácito por la búsqueda de la paz en Colombia. Claro está que el costo será exclusivamente de los colombianos y por lo tanto  irrelevante para los que la países que la apoyan.

Hablando de costos y consecuencias, el peor peligro que se ve cada vez más latente, es en particular para el Ejército Nacional, por haber tenido la misión institucional de combatirlos durante toda su existencia, por lo que se constituye, por obvias razones, en su enemigo natural, al cual le endilgan con persistencia la mayoría de los males del país, particularmente lo hacen fuera de las mesa de negociaciones. Estas acciones se presentan sigilosamente en varios escenarios, donde se ha venido menoscabando la integridad y prestigio de la institución y la de sus miembros.

Para lograr este propósito, se han valido de variadas formas de lucha, incluso con el beneplácito de algunos gobiernos en el pasado, como lo indica el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Departamento para la Prosperidad, titulado ¡Basta Ya!, elaborado por un grupo de abogados, sociólogos y politólogos. Allí, aparentemente, se utilizaron muchas falsas víctimas que fueron entrevistadas en zonas tradicionalmente afectas a los terroristas y también algunas otras organizaciones de reconocido sesgo antimilitarista, como es el caso del CINEP. Este extenso documento recoge, en forma selectiva, varios testimonios sobre la “realidad histórica de la violencia en Colombia”, donde se adjudica buena parte de la violencia armada a la Fuerza Pública en los últimos sesenta años. Paradójicamente, los delegados de las Farc, consideran que este informe se quedó corto con las acusaciones a los militares, por lo que, en reciente comunicado, manifestaron: “Hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado es responsable por acción o por omisión, lo que fue reconocido recientemente por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos”. Con este antecedente amañado y parcializado ¿qué pueden esperar los miembros y ex miembros del Ejército al final del conflicto?

Otra de las múltiples estrategias, que el gobierno no percibe, o mejor no son de su interés, por encontrarse en otras ramas del poder, es  la  manipulación de las víctimas o supuestas víctimas, por los Colectivos de Abogados afines a la guerrilla, que aprovechando los convenios y tratados suscritos por Colombia sobre los Derechos Humanos, han efectuado innumerables demandas ante la Corte Interamericana de DDHH, con el fin de que esta replique contra el Estado (Fiscalía) viéndose presionado a investigar y sancionar los supuestos delitos, además con la obligación de encontrar culpables dentro de los agentes del Estado, lo cual además les genera  millonarias ganancias.

Comparto con muchos miembros de la institución militar, que resulta oprobioso igualar las acciones de quienes depredaron el país, mediante el terrorismo y el crimen organizado, con los servidores de la patria que actuaron en legítima defensa del Estado y con un altísimo costo para quienes enfrentaron esta violencia y, aunque parezca deshonroso y contra la moral militar, no se percibe una alternativa diferente para los miembros de la Fuerza Pública, a la de buscar simetría en el marco de la aplicación de la Justicia Transicional ofrecida por el gobierno, el Fiscal General  y algunos congresistas, para quienes se encuentran condenados o procesados por supuestos delitos relacionados con el conflicto, aun teniendo la certeza de que la mayoría de ellos son inocentes.

Son muchas las circunstancias negativas y adversas que rodean el actual proceso de paz para la Fuerza Pública, como las expuestas anteriormente, por lo cual resultaría poco práctico persistir en un tratamiento diferencial bajo el actual panorama que rodea el acuerdo con los irregulares, tal experiencia ya la vivimos en el caso del Palacio de Justica. También es importante que aprendamos de la experiencia internacional en este aspecto.

Editorial   

EL FUSILAMIENTO PREVENTIVO EN COLOMBIA

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

En la obra “Diccionario comentado del español actual en Colombia” de Ramiro Montoya o en la obra “Medellín en la memoria” de Ricardo Olano es fácil encontrar una frase, al parecer muy utilizada en nuestras guerras civiles: “Vayan fusilando mientras llega la orden” Pareciera que su vigencia sigue actual pero empleada en sentido figurado, ya no es quitando la vida sino arrebatando la libertad y derechos y solo aplicada a  los militares por operadores de justicia o disciplinarios, generalmente ignorantes del tema militar o simplemente sesgados política o ideológicamente.

Un claro ejemplo de ello es el texto aprobado en sesión plenaria del Senado del proyecto de ley 92 de 2012 en el que so pretexto de la aprobación o no  de ascensos militares y policiales en la jerarquía de oficiales Generales o de Insignia, se incluyó un tradicional y popular “mico”, aprobado a pupitrazo y sin conocimiento del grave e injusto contenido por los honorables senadores y que textualmente reza:

“Articulo 12(nuevo) DEGRADACIÓN MILITAR Y POLICIAL. Crease la figura de la degradación militar y policial, la cual consistirá en una sanción impuesta por el Juez Penal Militar o Policial, el Juez ordinario o el operador Disciplinario cuando el investigado haya sido encontrado culpable por un delito o una falta disciplinaria.

La degradación producirá la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales, además de las sanciones o penas principales impuestas. La degradación puede afectar a miembros activos o retirados.”

A todas luces esta injusta, oprobiosa e infame medida, constituye un fusilamiento preventivo  no solo del militar o policía, sino que también se ensaña con el entorno familiar;  es odiosa, peligrosa, abusiva, inequitativa y con peligrosos visos de venganza hacia lo militar o policial; es inconstitucional dado que en las funciones del senado consignadas en el articulo 173 numeral 2 solo se le faculta para “aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno nacional” y no para degradar.

Cabría preguntar para efectos de equidad, si por ejemplo los congresistas condenados por parapolítica, los funcionarios condenados por corrupción o por cualquier sanción disciplinaria, también perderían sus pensiones, prerrogativas y condecoraciones que, al igual que a los miembros de la Fuerza Pública, de ser aprobada la ley de marras se aplicaría.

¿Por qué pasa esta ley de “agache”?, ¿Por qué el gobierno nacional a través del ministerio de Defensa no se ha pronunciado ni ha protestado?, ¿Será que esto tiene que ver con los diálogos de La Habana?

Es increíble que avanzado el siglo XXI todavía siga vigente la tenebrosa frase “Vayan fusilando mientras llega la orden”; que ironía, que el premio por defender la patria sea recibir el “fusilamiento preventivo”…

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com  

El futuro de Colombia y los militares en el proceso de paz con las FARC

LOS COSTOS DE LOS DIALOGOS DE LA HABANA

A la luz de los actuales acontecimientos resulta conveniente hacer algunas reflexiones sobre lo dicho en un análisis publicado del 22 de Noviembre del 2012 por el CCPPM[1], en donde se decía:

 “Las FARC se dieron cuenta que están en el mejor momento para aceptar un proceso de paz honroso, que los deja libres de pecado, y así poder participar libremente en política legal, no sin antes decirle al país, una y otra vez, las causas que consideran que los llevaron a tomar las armas y sus propósitos “nobles” para solucionar todos los problemas del país; pero esto no lo harán hasta que no perciban que su aparato político les garantice que el poder está a su alcance”.

Para lograr una ventaja estratégica las FARC plantean posiciones duras que manejan en un doble discurso: conciliatorio y ajustado al preacuerdo ante los negociadores en la mesa y radical y malintencionado ante los medios de comunicación, con el propósito de ganar la confianza de los colombianos desprevenidos. Así quedó demostrado al final del primer acuerdo (acceso y uso de la tierra), en el cual renunciaron a sus radicales posiciones ante los medios, a cambio de un logro político importantísimo, al obtener, así sea en el papel, la reforma rural integral, la que el Estado no ha podido hacer en los últimos cincuenta años.

¿De qué lado creen que quedó el partido en el primer tiempo?  Como parte de su estrategia y con el argumento de no aceptar una “paz exprés”, como la han denominado, seguirán dilatando el proceso, a fin de dar tiempo a su aparato político y propagandístico de fortalecerse, para lo cual resulta apropiada la tradicional y perversa combinación de todas las formas de lucha, mediante la que, a través del terrorismo y uso de las armas, mantienen vigente su presencia, mientras generan en la ciudadanía la necesidad de llegar a un acuerdo de paz. 

Las FARC siempre han demostrado una extraordinaria habilidad para aprovechar y sacar ventaja de las oportunidades que les brinda el sistema, aprovechando el sincero anhelo de paz de todos los colombianos y las ambiciones políticas de la clase dirigente. En el supuesto de que un acuerdo con el grupo terrorista va a poner fin a la violencia, la idea que quieren vender resulta fascinante y seductora para colombianos y extranjeros, ansiosos de ella pero desprevenidos de las verdaderas intenciones y sus consecuencias, ya que el terrorismo, como estrategia, se trasladaría a otros protagonistas. Las FARC han manifestado en repetidas oportunidades que los acuerdos de paz son un paso estratégico hacia la toma del poder, pero los colombianos no quieren creerlo.

Las FARC no pretenden renunciar a sus pretensiones de más de medio siglo y han convencido a los colombianos que ahora van tras sus postulados a través de la participación política. ¡Qué equivocados están los que así lo creen! El sistema electoral existente no es trasparente, los votos se compran y cuando no, se sujetan a la presión armada en muchas regiones del país. ¿Por quién votarían los habitantes de las zonas donde tuvo predomino las FARC tantos años y qué países financiarán  la campaña política del nuevo partido?

Debido a la corrupción, la falta de liderazgo, la pérdida de los principios y de identidad en sus postulados, la clase política ha sufrido un gran desgaste y muestra un grave deterioro en su credibilidad en los últimos años. La falta de cohesión, producto del sistema electoral, falta de lealtad y componendas burocráticas, han llevado a que minorías de izquierda se impongan en los procesos electorales, como lo ocurrido con la alcaldía de Bogotá. Frente a eso, nos preguntamos, ¿Estarán preparados los dirigentes de los partidos tradicionales para enfrentar una izquierda unida, con el apoyo de los supuestos desmovilizados de las FARC y otros grupos que sigan este camino?

Dentro de este proceder de la clase política, que se ha vuelto habitual desde hace ya por lo menos un cuarto de siglo, en que la prudencia cede el puesto a las ambiciones personales, no sería de extrañar que surjan alianzas con los terroristas supuestamente arrepentidos, con el fin de ganar curules y mantenerse en el poder.

Hablando de costos, ¿qué le espera a las Fuerzas Armadas? Si bien el Presidente Santos ha dicho que no se tocará la estructura y doctrina de la Fuerza Pública, sus promesas no tienen ya ninguna credibilidad ante el país. En este proceso de paz, durante más de un año en que afirmó no estar negociando con las FARC, secretamente adelantaba con su hermano y dos de los actuales delegatarios, diálogos en la Habana con los terroristas.

En el punto tres, numeral cinco de la secreta negociación se estableció que “El gobierno nacional revisará y hará las reformas institucionales necesarias para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. En el lenguaje convencional de los políticos y frente a la permanente deslealtad, hoy norma de conducta y, como ya lo han reclamado los terroristas, una drástica reforma y reducción de las Fuerzas Militares viene en camino. Y, aunque no lo fuera, ¿Cuál sería la suerte de éstas en caso de que las FARC llegaran al poder? y cabe preguntarse si saldrá el Estado colombiano a defender a los militares ante las acusaciones de los "nuevos congresistas" y de las cortes internacionales en el futuro. Para despejar estas dudas basta conocer lo que está sucediendo en otros países del cono sur y Centro América.

Sin ir demasiado lejos, ya el Fiscal General fijó su posición de olvidar, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC, mientras que para los militares argumentó ser problema del Congreso; sin embargo, en diciembre de 2012 expidió la Directiva 001, por la cual se crea la Unidad de Análisis y Contexto, cuya finalidad no es otra que perseguir a los mandos militares y policías, como los más altos responsables de los delitos más representativos en los últimos años, lo que se refleja en el llamamiento a indagatoria y detención diaria de militares de alta graduación.

Y qué decir de la intromisión y falta de respeto de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones internacionales, a las que les hemos dado patente de corso a través de los acuerdos firmados por Colombia respecto de los DDHH.

Con todos estos mensajes no pinta muy halagüeño el futuro de los militares que enfrentaron a los narcoterroristas de las FARC en los últimos cuarenta años, como tampoco lo pinta el de Colombia de seguir en el camino que dicta la estrategia artera de las FARC y el acomodo de la clase dirigente del país.

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[1]  Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar, adscrito al Cuerpo de Generales y Almirantes de las FFMM. (http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/).