Editorial

ES SOLAMENTE UN REFLEJO

                                    

Por: Centro colombiano de pensamiento político-militar

14 de octubre de 2013

Los medios de comunicación han dado un inusual despliegue publicitario a los bochornosos hechos en que un irresponsable edil de Chía, embriagado e imprudente, pone en ridículo a la Policía Nacional, al Ejército y finalmente al aparato de justicia, cuando después de cometer gran cantidad de infracciones de tránsito, abusivamente y sin oposición ingresa a la Escuela Militar de Cadetes, seguido de una caravana de taxistas y miembros de la policía, en donde finalmente es capturado.

El vergonzoso espectáculo pone de manifiesto varias realidades de este país; la primera la clase de políticos que hoy ocupan posiciones, de los cuales el sinvergüenza edil no constituye sino una muestra de la falta de principios, del desapego y falta de respeto por la ley, de la soberbia extrema que los hace creer que están por encima de toda otra autoridad. No es sino mirar los casos repetidos de congresistas, miembros de otros cuerpos colegiados y otros representantes de la clase política, para entender que el comportamiento irregular y casi delincuencial, no es sino la norma de conducta imperante.

Tan grave como el anterior resulta preocupante el altísimo nivel de desprestigio y falta de autoridad de la Policía Nacional, que sale muy mal parada con esta nueva intervención, en donde se refleja que la ciudadanía la irrespeta y la ultraja sin mayores consideraciones; el tratamiento inicuo que recibiera en el pasado paro agrario, los constantes ataques a sus agentes por personas de todos los niveles y en las más disímiles situaciones, que la televisión ha ilustrado profusamente, son una muestra de que esa Institución ha perdido el respeto frente a los colombianos. Sin lugar a dudas, ello es atribuible a los escándalos generados en las más altas esferas, en los que la corrupción aparece como la protagonista.

La intrusión de este maleante en una instalación militar con su séquito de seguidores, en que los miembros de la guardia ni impidieron su ingreso ni reaccionaron en ninguna forma, además de constituir un grave antecedente que muestra debilidades extremas en la seguridad, es solamente un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional en todo el Ejército Nacional, en donde sus integrantes están atemorizados por las graves consecuencias penales y disciplinarias que se asumen por simplemente cumplir sus deberes. Es exactamente la misma situación que se vive en todo el país desde el año 2009, cuando la persecución judicial inclemente e injusta a los militares llevó a entorpecer, reducir y finalmente hasta prácticamente paralizar las operaciones militares en contra del terrorismo y el narcotráfico.

Por ello, no resulta extraño el comportamiento asumido por quienes han sido víctimas de un acoso judicial que, no solamente los enjuicia, sino que les niega e irrespeta sus mínimos derechos y garantías judiciales, edificando procesos injustos y arbitrarios, soportado en un aparato infiltrado por aquellos a quienes se combate. Si hubieran reaccionado como ameritaba la situación, el sinvergüenza y las timoratas autoridades que lo seguían, serían hoy las víctimas indefensas de un militarismo desmedido y sanguinario y los militares estarían privados de la libertad y buscando como atender económicamente su defensa en los procesos penal, disciplinario y administrativo, sin respaldo del Estado.   

Lo ocurrido no es sino el reflejo de la situación nacional.

Comentarios: Luis Carlos Jaramillo	09:07 (hace 4 horas)

Completamente de acuerdo. La incursión de prófugo, policías taxis etc. por una guardia militar, sin reacción alguna, es la fotografía nítida del temor de los militares a recurrir al uso legítimo de las armas y por tanto la fragilidad de nuestros sistemas de seguridad. Pudo haber sido una incursión guerrillera, ¿en qué hubiéramos quedado?. El desconocimiento al procedimiento policial por parte del infractor, muestra que nuestra policía hoy en día no es respetada por la ciudadanía. Ya nos acostumbramos a que apedrearlos, insultarlos y humillarlos en todo tipo de manifestaciones sin reacción alguna de mandos y autoridades, es lo normal Hoy día la policía no es acatada ni mucho menos respetada. El prófugo con su inexplicable e irresponsable conducta,  es muestra de cómo  y a quienes elegimos en nuestro sistema democrático. Faltó analizar la libertad inmediata que recibió el infractor. En qué otro país, la justicia hubiera dejado en libertad inmediata a una persona que protagoniza este tipo de hechos?

Luis Carlos Jaramillo Peña

Los peligros del actual proceso de paz en Colombia

EDITORIAL

LA ESTRATEGIA DENTRO Y FUERA DE LA MESA

Cada vez está más cerca la posibilidad de un acuerdo gobierno-Farc, el comunicado del Dr. De La Calle al término de novena ronda de conversaciones lo confirma, “nunca antes habíamos llegado tan lejos en un acuerdo con las Farc”, sin embargo, la negociación va a paso de tortuga, gracias a las dilaciones impuestas por las Farc.

La posición del gobierno ha sido la misma, mantenerse dentro de los puntos de lo establecido en el acuerdo general; no obstante, la amplitud y ambigüedad de la agenda le ha permitido a las Farc elevar una cascada de exigencias. Solo en el primer punto de la Participación Política, en donde se tratarán derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política y el acceso a los medios de comunicación, de las diez exigencias iniciales han surgido 49 más, incluyendo, como ha sido costumbre en todas las ocasiones, acusaciones contra las FFMM.

Así como van las cosas, las Farc continúan con la iniciativa, ganando espacio, particularmente fuera de la mesa, al utilizar la estrategia de aproximación indirecta, al presionar acciones que no han sido concedidas en las negociaciones, a través de la búsqueda de la desobediencia y desorden civil en varias regiones del país (movilización de masas), para lo cual han utilizado como herramienta su aparato político, tanto el legal como el ilegal. En el ámbito internacional, continúan ganando espacio mediante el permanente pronunciamiento mediático y por el interés generalizado en toda la región, incluso de los EEUU, quienes han manifestado su beneplácito por la búsqueda de la paz en Colombia. Claro está que el costo será exclusivamente de los colombianos y por lo tanto  irrelevante para los que la países que la apoyan.

Hablando de costos y consecuencias, el peor peligro que se ve cada vez más latente, es en particular para el Ejército Nacional, por haber tenido la misión institucional de combatirlos durante toda su existencia, por lo que se constituye, por obvias razones, en su enemigo natural, al cual le endilgan con persistencia la mayoría de los males del país, particularmente lo hacen fuera de las mesa de negociaciones. Estas acciones se presentan sigilosamente en varios escenarios, donde se ha venido menoscabando la integridad y prestigio de la institución y la de sus miembros.

Para lograr este propósito, se han valido de variadas formas de lucha, incluso con el beneplácito de algunos gobiernos en el pasado, como lo indica el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, adscrito al Departamento para la Prosperidad, titulado ¡Basta Ya!, elaborado por un grupo de abogados, sociólogos y politólogos. Allí, aparentemente, se utilizaron muchas falsas víctimas que fueron entrevistadas en zonas tradicionalmente afectas a los terroristas y también algunas otras organizaciones de reconocido sesgo antimilitarista, como es el caso del CINEP. Este extenso documento recoge, en forma selectiva, varios testimonios sobre la “realidad histórica de la violencia en Colombia”, donde se adjudica buena parte de la violencia armada a la Fuerza Pública en los últimos sesenta años. Paradójicamente, los delegados de las Farc, consideran que este informe se quedó corto con las acusaciones a los militares, por lo que, en reciente comunicado, manifestaron: “Hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado es responsable por acción o por omisión, lo que fue reconocido recientemente por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos”. Con este antecedente amañado y parcializado ¿qué pueden esperar los miembros y ex miembros del Ejército al final del conflicto?

Otra de las múltiples estrategias, que el gobierno no percibe, o mejor no son de su interés, por encontrarse en otras ramas del poder, es  la  manipulación de las víctimas o supuestas víctimas, por los Colectivos de Abogados afines a la guerrilla, que aprovechando los convenios y tratados suscritos por Colombia sobre los Derechos Humanos, han efectuado innumerables demandas ante la Corte Interamericana de DDHH, con el fin de que esta replique contra el Estado (Fiscalía) viéndose presionado a investigar y sancionar los supuestos delitos, además con la obligación de encontrar culpables dentro de los agentes del Estado, lo cual además les genera  millonarias ganancias.

Comparto con muchos miembros de la institución militar, que resulta oprobioso igualar las acciones de quienes depredaron el país, mediante el terrorismo y el crimen organizado, con los servidores de la patria que actuaron en legítima defensa del Estado y con un altísimo costo para quienes enfrentaron esta violencia y, aunque parezca deshonroso y contra la moral militar, no se percibe una alternativa diferente para los miembros de la Fuerza Pública, a la de buscar simetría en el marco de la aplicación de la Justicia Transicional ofrecida por el gobierno, el Fiscal General  y algunos congresistas, para quienes se encuentran condenados o procesados por supuestos delitos relacionados con el conflicto, aun teniendo la certeza de que la mayoría de ellos son inocentes.

Son muchas las circunstancias negativas y adversas que rodean el actual proceso de paz para la Fuerza Pública, como las expuestas anteriormente, por lo cual resultaría poco práctico persistir en un tratamiento diferencial bajo el actual panorama que rodea el acuerdo con los irregulares, tal experiencia ya la vivimos en el caso del Palacio de Justica. También es importante que aprendamos de la experiencia internacional en este aspecto.

Editorial   

EL FUSILAMIENTO PREVENTIVO EN COLOMBIA

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

En la obra “Diccionario comentado del español actual en Colombia” de Ramiro Montoya o en la obra “Medellín en la memoria” de Ricardo Olano es fácil encontrar una frase, al parecer muy utilizada en nuestras guerras civiles: “Vayan fusilando mientras llega la orden” Pareciera que su vigencia sigue actual pero empleada en sentido figurado, ya no es quitando la vida sino arrebatando la libertad y derechos y solo aplicada a  los militares por operadores de justicia o disciplinarios, generalmente ignorantes del tema militar o simplemente sesgados política o ideológicamente.

Un claro ejemplo de ello es el texto aprobado en sesión plenaria del Senado del proyecto de ley 92 de 2012 en el que so pretexto de la aprobación o no  de ascensos militares y policiales en la jerarquía de oficiales Generales o de Insignia, se incluyó un tradicional y popular “mico”, aprobado a pupitrazo y sin conocimiento del grave e injusto contenido por los honorables senadores y que textualmente reza:

“Articulo 12(nuevo) DEGRADACIÓN MILITAR Y POLICIAL. Crease la figura de la degradación militar y policial, la cual consistirá en una sanción impuesta por el Juez Penal Militar o Policial, el Juez ordinario o el operador Disciplinario cuando el investigado haya sido encontrado culpable por un delito o una falta disciplinaria.

La degradación producirá la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales, además de las sanciones o penas principales impuestas. La degradación puede afectar a miembros activos o retirados.”

A todas luces esta injusta, oprobiosa e infame medida, constituye un fusilamiento preventivo  no solo del militar o policía, sino que también se ensaña con el entorno familiar;  es odiosa, peligrosa, abusiva, inequitativa y con peligrosos visos de venganza hacia lo militar o policial; es inconstitucional dado que en las funciones del senado consignadas en el articulo 173 numeral 2 solo se le faculta para “aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno nacional” y no para degradar.

Cabría preguntar para efectos de equidad, si por ejemplo los congresistas condenados por parapolítica, los funcionarios condenados por corrupción o por cualquier sanción disciplinaria, también perderían sus pensiones, prerrogativas y condecoraciones que, al igual que a los miembros de la Fuerza Pública, de ser aprobada la ley de marras se aplicaría.

¿Por qué pasa esta ley de “agache”?, ¿Por qué el gobierno nacional a través del ministerio de Defensa no se ha pronunciado ni ha protestado?, ¿Será que esto tiene que ver con los diálogos de La Habana?

Es increíble que avanzado el siglo XXI todavía siga vigente la tenebrosa frase “Vayan fusilando mientras llega la orden”; que ironía, que el premio por defender la patria sea recibir el “fusilamiento preventivo”…

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com  

El futuro de Colombia y los militares en el proceso de paz con las FARC

LOS COSTOS DE LOS DIALOGOS DE LA HABANA

A la luz de los actuales acontecimientos resulta conveniente hacer algunas reflexiones sobre lo dicho en un análisis publicado del 22 de Noviembre del 2012 por el CCPPM[1], en donde se decía:

 “Las FARC se dieron cuenta que están en el mejor momento para aceptar un proceso de paz honroso, que los deja libres de pecado, y así poder participar libremente en política legal, no sin antes decirle al país, una y otra vez, las causas que consideran que los llevaron a tomar las armas y sus propósitos “nobles” para solucionar todos los problemas del país; pero esto no lo harán hasta que no perciban que su aparato político les garantice que el poder está a su alcance”.

Para lograr una ventaja estratégica las FARC plantean posiciones duras que manejan en un doble discurso: conciliatorio y ajustado al preacuerdo ante los negociadores en la mesa y radical y malintencionado ante los medios de comunicación, con el propósito de ganar la confianza de los colombianos desprevenidos. Así quedó demostrado al final del primer acuerdo (acceso y uso de la tierra), en el cual renunciaron a sus radicales posiciones ante los medios, a cambio de un logro político importantísimo, al obtener, así sea en el papel, la reforma rural integral, la que el Estado no ha podido hacer en los últimos cincuenta años.

¿De qué lado creen que quedó el partido en el primer tiempo?  Como parte de su estrategia y con el argumento de no aceptar una “paz exprés”, como la han denominado, seguirán dilatando el proceso, a fin de dar tiempo a su aparato político y propagandístico de fortalecerse, para lo cual resulta apropiada la tradicional y perversa combinación de todas las formas de lucha, mediante la que, a través del terrorismo y uso de las armas, mantienen vigente su presencia, mientras generan en la ciudadanía la necesidad de llegar a un acuerdo de paz. 

Las FARC siempre han demostrado una extraordinaria habilidad para aprovechar y sacar ventaja de las oportunidades que les brinda el sistema, aprovechando el sincero anhelo de paz de todos los colombianos y las ambiciones políticas de la clase dirigente. En el supuesto de que un acuerdo con el grupo terrorista va a poner fin a la violencia, la idea que quieren vender resulta fascinante y seductora para colombianos y extranjeros, ansiosos de ella pero desprevenidos de las verdaderas intenciones y sus consecuencias, ya que el terrorismo, como estrategia, se trasladaría a otros protagonistas. Las FARC han manifestado en repetidas oportunidades que los acuerdos de paz son un paso estratégico hacia la toma del poder, pero los colombianos no quieren creerlo.

Las FARC no pretenden renunciar a sus pretensiones de más de medio siglo y han convencido a los colombianos que ahora van tras sus postulados a través de la participación política. ¡Qué equivocados están los que así lo creen! El sistema electoral existente no es trasparente, los votos se compran y cuando no, se sujetan a la presión armada en muchas regiones del país. ¿Por quién votarían los habitantes de las zonas donde tuvo predomino las FARC tantos años y qué países financiarán  la campaña política del nuevo partido?

Debido a la corrupción, la falta de liderazgo, la pérdida de los principios y de identidad en sus postulados, la clase política ha sufrido un gran desgaste y muestra un grave deterioro en su credibilidad en los últimos años. La falta de cohesión, producto del sistema electoral, falta de lealtad y componendas burocráticas, han llevado a que minorías de izquierda se impongan en los procesos electorales, como lo ocurrido con la alcaldía de Bogotá. Frente a eso, nos preguntamos, ¿Estarán preparados los dirigentes de los partidos tradicionales para enfrentar una izquierda unida, con el apoyo de los supuestos desmovilizados de las FARC y otros grupos que sigan este camino?

Dentro de este proceder de la clase política, que se ha vuelto habitual desde hace ya por lo menos un cuarto de siglo, en que la prudencia cede el puesto a las ambiciones personales, no sería de extrañar que surjan alianzas con los terroristas supuestamente arrepentidos, con el fin de ganar curules y mantenerse en el poder.

Hablando de costos, ¿qué le espera a las Fuerzas Armadas? Si bien el Presidente Santos ha dicho que no se tocará la estructura y doctrina de la Fuerza Pública, sus promesas no tienen ya ninguna credibilidad ante el país. En este proceso de paz, durante más de un año en que afirmó no estar negociando con las FARC, secretamente adelantaba con su hermano y dos de los actuales delegatarios, diálogos en la Habana con los terroristas.

En el punto tres, numeral cinco de la secreta negociación se estableció que “El gobierno nacional revisará y hará las reformas institucionales necesarias para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. En el lenguaje convencional de los políticos y frente a la permanente deslealtad, hoy norma de conducta y, como ya lo han reclamado los terroristas, una drástica reforma y reducción de las Fuerzas Militares viene en camino. Y, aunque no lo fuera, ¿Cuál sería la suerte de éstas en caso de que las FARC llegaran al poder? y cabe preguntarse si saldrá el Estado colombiano a defender a los militares ante las acusaciones de los "nuevos congresistas" y de las cortes internacionales en el futuro. Para despejar estas dudas basta conocer lo que está sucediendo en otros países del cono sur y Centro América.

Sin ir demasiado lejos, ya el Fiscal General fijó su posición de olvidar, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC, mientras que para los militares argumentó ser problema del Congreso; sin embargo, en diciembre de 2012 expidió la Directiva 001, por la cual se crea la Unidad de Análisis y Contexto, cuya finalidad no es otra que perseguir a los mandos militares y policías, como los más altos responsables de los delitos más representativos en los últimos años, lo que se refleja en el llamamiento a indagatoria y detención diaria de militares de alta graduación.

Y qué decir de la intromisión y falta de respeto de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones internacionales, a las que les hemos dado patente de corso a través de los acuerdos firmados por Colombia respecto de los DDHH.

Con todos estos mensajes no pinta muy halagüeño el futuro de los militares que enfrentaron a los narcoterroristas de las FARC en los últimos cuarenta años, como tampoco lo pinta el de Colombia de seguir en el camino que dicta la estrategia artera de las FARC y el acomodo de la clase dirigente del país.

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[1]  Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar, adscrito al Cuerpo de Generales y Almirantes de las FFMM. (http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/).

Editorial

JUGANDO A SER GENERAL

“Obras son amores y no buenas razones”

Además del tema de la seguridad, son muchos y frecuentes los casos que ocurren en el espacio del Ministerio de Defensa, unos de los cuales datan de tiempo atrás, sin que en esa cartera se aprecie una gestión encaminada a ponerles solución.

Algunos de ellos son esencialmente graves, por las connotaciones que tienen sobre los hombres, sus familias y la moral de la Institución Militar y la Policía. La salud y el sistema salarial y prestacional estarían entre los más abandonados, sin dejar de lado otros que adelante citaremos.

El ineficiente e incapaz sistema de salud, que muestra un atraso de varias generaciones por haber sido diseñado para atender a una institución de 70.000 hombres y que no se ha adecuado para el inmenso crecimiento que llega a cerca de 400.000 hombres más sus familias, con una infraestructura hospitalaria y dotacional insuficiente para brindar una mínima atención de por sí  pésimamente distribuida, que da origen a largas, larguísimas listas de espera de varios meses, sujetas a kafkianos procedimientos, con engañosos y fraudulentos sistemas de distribución de medicamentos, sin posibilidades de exámenes especializados dentro de un corrupto sistema de contratación, que no encuentra solución ni reparos en el Ministerio de Defensa, a quien corresponde la responsabilidad de su funcionamiento.

El sistema salarial y prestacional, ciertamente fue corregido por única vez, durante el Gobierno del Presidente Gaviria, más para mostrar la bondad de tener el primer Ministro de Defensa, ya que nunca antes la clase dirigente había tomado la decisión de nivelar un sistema desigual y manifiestamente injusto con quienes, por cerca de dos siglos, se habían jugado la vida por el Estado que desconocía sus mínimos derechos. De nada han servido los reclamos y ninguna ha sido la acción para solucionar un aberrante y absurdo sistema que permite que un Coronel con 25 años de servicio gane menos de la mitad de un funcionario del Gabinete del mismo Ministerio de Defensa, recién graduado o sin experiencia o que un Sargento Mayor con el mismo tiempo gane menos que una secretaria de juzgado.

La idoneidad del aparato de justicia penal militar, desde hace cerca de una década dirigido por civiles desconocedores del tema, que generó un sistema integrado por voraces funcionarios que solo buscan prebendas, grados y honores por encima de su responsabilidad y que se ha convertido en una bolsa de empleos de descalificados profesionales. 

Resultaría larga la lista, y por ello solo se citan los serios problemas de vivienda fiscal, insuficiente y de mala calidad, la falta de acceso real a sistemas recreacionales, cuando los pocos que existen son inequitativos y deficientes y comparativamente desigual a los suministrados por las cajas de compensación.

La condición de inequidad que existía hasta la década de los años ochenta, ha sufrido un paulatino deterioro desde el momento en que se nombraron civiles como ministros de defensa, que lo tomaron como botín burocrático. Mucho de lo que hoy lánguidamente agoniza como el Club Militar, el Hospital  Militar, las casas fiscales, los centros recreacionales, fueron el legado que nuestros jefes dejaron a la posteridad, luchando contra los Ministros de Hacienda. No podemos hoy afirmar lo mismo acerca del legado de los civiles en el Ministerio.

No es excusa que justifique la indolencia, el pobre argumento de que el problema viene de mucho tiempo atrás. De ser así, el progreso nunca hubiera llegado y el atraso sería la constante; cuanto más antiguo sea, mayor es la negligencia y más graves las consecuencias que deben asumirse. Ello no es responsabilidad de los militares, formados para la guerra, sino del Ministro, quien ha descuidado los temas sensibles del sector, siendo él en quien recae la total responsabilidad administrativa de la cartera.

Mucho tememos que esa distracción sea el producto de su dedicación por los asuntos de la guerra, como si ésta no fuera la responsabilidad de los Generales o éstos hubieran abandonado su papel y requieran la presencia del joven ministro para dirigirlos. En su preocupación por mostrarse como el hombre de la guerra, pareciera haber olvidado que las operaciones militares son responsabilidad de los Mandos y que en ellos reposa la experiencia que les conceden muchos años de combate y quienes fueron técnica y tácticamente preparados para ello durante su larga carrera militar. No ocurre lo mismo con los ministros de Defensa, quienes generalmente ni siquiera prestaron el Servicio Militar Obligatorio.

Resulta un contrasentido, un absurdo y un desatino que el Ministro se involucre en la dirección de los asuntos del combate, desplazando a quienes sí saben de ello; sería tanto como que el Ministro de Salud presidiera las operaciones médicas, cuando su trabajo es hacer que todos el sistema  funcione, lo que sí requiere de su dedicación extrema.

Mientras tanto en un gabinete integrado solamente por civiles con altísimos sueldos u honorarios y ningún militar, se nombran funcionarios, muchos de ellos premiados con becas y comisiones en el exterior, en tanto se escatiman los cupos que corresponden a la organización militar.

Ministro, deje hacer el trabajo especializado que corresponde a los militares y dedíquese a solucionar los graves problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y la misión del sector Defensa.

Preferimos pasar por conflictivos y ser calificados de intolerantes antes que dejar de lado la intrínseca responsabilidad que comporta el ser General de la República, de velar por los intereses de la Institución, así no guste a los amigos del gobierno y por ello le decimos, a modo de epílogo, que no queremos un Ministro que juegue a ser General, pero si, en aras de su estrategia política, decide hacerlo y se lo permiten, que no abandone el cumplimiento de sus otras responsabilidades, esas sí de su resorte y responsabilidad misional.

ATROPELLOS AL FUERO CARCELARIO

EDITORIAL

¿INJERENCIA INDEBIDA O MANDADO?

En el diario “El Tiempo” del 4 de Mayo, apareció un artículo-entrevista al MG de la Policía Gustavo A. Ricaurte, director del INPEC, quien en sus respuestas no oculta su sentir y su  animadversión por todo lo que sea militar, excepto su grado, por supuesto.

No tiene respeto por el mismo ministerio de Defensa cuando afirma que habrá un nuevo centro carcelario en las instalaciones de la Escuela de Artillería al que se invertirán 75.000 millones de pesos, como si estuviera investido de tal poder que le diera el derecho de decidir por encima del mando militar sobre el particular, lo que demuestra su falta de consideración, irrespeto e injerencia indebida.

Afirmar impúdicamente que es partidario de que los centros de reclusión sean administrados por civiles, no solo atenta contra la majestad de las instituciones militar y policial, sino muestra su crasa ignorancia sobre la capacidad y razón de ser y existir de la Policía Militar o sus equivalentes en las fuerzas, cuerpo entrenado y preparado en  el manejo y administración de estos centros.

Valerse de las irregularidades que, a pesar de ser denunciadas por los medios de comunicación, ya habían sido detectadas y estaban en camino de corrección  por los mandos naturales, no solo es temerario y atrevido sino sospechoso; no se justifica que estos eventos ocurran, pero preocupa que sean usados para desprestigiar la institución militar solapadamente. Siguiendo los mismos razonamientos utilizados por este encubierto contradictor, podría sugerirse que se acabe el INPEC pues, con mucha mayor frecuencia  ocurren  fugas, tráfico de influencias y de elementos, malos manejos y descuidos y que al frente, entonces, de esa dependencia se ponga un civil.

No; por ahí no es; no se busca el origen de la calentura en las sábanas; tales fallas, como el mismo General Ricaurte lo reconoce, corresponden a conductas de menos del dos por ciento de los internos, entonces, en sana lógica, resulta innecesario hacer una tormenta en un vaso de agua. Eso sí, debe haber correctivos que le garanticen a la sociedad y a los mismos internos el castigo y la resocialización, sin aprovechar la coyuntura para demostrar su animadversión por el Ejercito, oculta tras argumentos acomodados y sofísticos.

Si, tenemos muchas quejas del sesgo y la inquina por todo lo militar del señor General Ricaurte, quien en no pocas veces ha perjudicado al personal que pasa detenido, soslayando, burlando o torpedeando el fuero carcelario que otorga la ley, ora demorando, ora obstaculizando en sus decisiones administrativas la asignación del lugar de reclusión y causando zozobra y dolor en los afectados y sus familias; y, no por ello hemos descalificado la Policía Nacional a la que pertenece, ni tampoco al INPEC, ya que sabemos que su posición es personal y   obedece a sus odios personales.

Nos preocupa, eso sí, que sus desafectos estén incentivando la división y la armonía que deben existir entre los miembros de la Fuerza Pública y generando un clima de enfrentamiento entre dos instituciones, que deben trabajar mancomunada y estrechamente. Sus ojerizas, Señor General, llevadas a la práctica, están contra lo dispuesto en la Constitución Nacional y, principalmente, contra el sentido común. Lo que aquí perjudica al Ejército, perjudica también a la Policía.

Hacemos un llamado a la reflexión y a la cordura al señor General Ricaurte y sus asesores. Las cárceles para los militares y policías no son un capricho, que existan o no, no es un sentir de algún funcionario, obedece a un fuero vigente en nuestra constitución, es un derecho del hombre y una obligación del Estado que debería convertirse en prioridad para quienes tienen la responsabilidad de su administración, es una obligación moral y una condición de solidaridad para quien porte un uniforme y ostente un grado militar. Nos queda una duda: ¿Es su sentir, o se trata un mandado, señor General?

EDITORIAL

¿QUE NOS PASA?

A propósito de los hechos nacionales y regionales en el acontecer político en el mes de abril, es menester repasar al menos dentro de ello la afectación para los militares y el desdén con que se nos trata, veamos:

El día nueve de abril justo frente a un evento organizado, patrocinado y ejecutado por las FARC, se obliga a la Fuerza Pública a retroceder un siglo cuando esta era manipulada políticamente,  y a ser usada en un acto aparentemente válido y noble en que en el fondo se buscaban réditos  políticos e intereses electoreros y caprichosos.

¿Cómo, a sabiendas del ingreso de un elevado número de buses venidos desde el Caguán, el Chocó y algunos otros parajes llenos de personas que incluyeron mujeres y niños obligados a marchar por las calles capitalinas por esa banda narcoterrorista se haga lo propio por el jefe supremo de las FFMM con cualquier ridícula disculpa, ¿Era apoyo?, ) ¿ Era adecuado?. ¿Cómo un funcionario obligado al recato, a la sensatez, a la imparcialidad como lo es el Fiscal General de la Nación hace lo propio?.  ¿Cómo durante toda la semana mientras morían numerosos soldados o eran encarcelados otros, en diferentes partes de nuestra geografía se pregonaba la aplicación de la justicia transicional para los miembros de las FARC y descaradamente se afirmaba que sus cabecillas no cometieron crímenes de lesa humanidad?

¿Cómo  funcionarios como el Fiscal o el Procurador se enfrascan en discusiones que rayan en la grosería y el desprecio, bien sea entre ellos o con ex presidentes pendencieros? mientras   comentaristas y columnistas con evidente sesgo e interés político o económico, calificaban o descalificaban según su parecer las discusiones. Entre tanto,  el secuestro, la extorsión, el robo, la inseguridad y  la violencia así como  el sufrimiento de la gente estaban presentes.

¿Cómo el fiscal sin sonrojarse, sostiene que la justicia transicional para los militares no es su asunto y que sí lo es, del Congreso de la República? Entonces, ¿en dónde queda la seguridad jurídica, que no la impunidad, de nuestros soldados y policías?

¿Cómo aceptamos que se adelante un proceso donde nos negocian sin siquiera enterarnos?¿Cómo permitimos que cualquier “don nadie” extranjero incluso sin ascendencia en su lugar de origen pontifique sobre lo que debe ser la paz en Colombia y aquí les creemos a pie juntillas? y ¿Como los jefes Militares y Policiales se prestan para tan evidente pantomima?, ¿Es que no vemos el peligro que se cierne en la patria? y ¿Cómo se usa la Fuerza Pública en provecho de un interés personal?

Es claro que la nación Colombiana seguirá condenada como maldición a seguir viviendo en la Patria Boba; demasiada sangre inocente, viudas, huérfanos y mutilados tenemos como resultado del conflicto que por más de medio siglo hemos vivido como para seguir iguales sin reaccionar, ¿O es que no tenemos derecho? ¿ QUE NOS PASA?