Editorial

JUGANDO A SER GENERAL

“Obras son amores y no buenas razones”

Además del tema de la seguridad, son muchos y frecuentes los casos que ocurren en el espacio del Ministerio de Defensa, unos de los cuales datan de tiempo atrás, sin que en esa cartera se aprecie una gestión encaminada a ponerles solución.

Algunos de ellos son esencialmente graves, por las connotaciones que tienen sobre los hombres, sus familias y la moral de la Institución Militar y la Policía. La salud y el sistema salarial y prestacional estarían entre los más abandonados, sin dejar de lado otros que adelante citaremos.

El ineficiente e incapaz sistema de salud, que muestra un atraso de varias generaciones por haber sido diseñado para atender a una institución de 70.000 hombres y que no se ha adecuado para el inmenso crecimiento que llega a cerca de 400.000 hombres más sus familias, con una infraestructura hospitalaria y dotacional insuficiente para brindar una mínima atención de por sí  pésimamente distribuida, que da origen a largas, larguísimas listas de espera de varios meses, sujetas a kafkianos procedimientos, con engañosos y fraudulentos sistemas de distribución de medicamentos, sin posibilidades de exámenes especializados dentro de un corrupto sistema de contratación, que no encuentra solución ni reparos en el Ministerio de Defensa, a quien corresponde la responsabilidad de su funcionamiento.

El sistema salarial y prestacional, ciertamente fue corregido por única vez, durante el Gobierno del Presidente Gaviria, más para mostrar la bondad de tener el primer Ministro de Defensa, ya que nunca antes la clase dirigente había tomado la decisión de nivelar un sistema desigual y manifiestamente injusto con quienes, por cerca de dos siglos, se habían jugado la vida por el Estado que desconocía sus mínimos derechos. De nada han servido los reclamos y ninguna ha sido la acción para solucionar un aberrante y absurdo sistema que permite que un Coronel con 25 años de servicio gane menos de la mitad de un funcionario del Gabinete del mismo Ministerio de Defensa, recién graduado o sin experiencia o que un Sargento Mayor con el mismo tiempo gane menos que una secretaria de juzgado.

La idoneidad del aparato de justicia penal militar, desde hace cerca de una década dirigido por civiles desconocedores del tema, que generó un sistema integrado por voraces funcionarios que solo buscan prebendas, grados y honores por encima de su responsabilidad y que se ha convertido en una bolsa de empleos de descalificados profesionales. 

Resultaría larga la lista, y por ello solo se citan los serios problemas de vivienda fiscal, insuficiente y de mala calidad, la falta de acceso real a sistemas recreacionales, cuando los pocos que existen son inequitativos y deficientes y comparativamente desigual a los suministrados por las cajas de compensación.

La condición de inequidad que existía hasta la década de los años ochenta, ha sufrido un paulatino deterioro desde el momento en que se nombraron civiles como ministros de defensa, que lo tomaron como botín burocrático. Mucho de lo que hoy lánguidamente agoniza como el Club Militar, el Hospital  Militar, las casas fiscales, los centros recreacionales, fueron el legado que nuestros jefes dejaron a la posteridad, luchando contra los Ministros de Hacienda. No podemos hoy afirmar lo mismo acerca del legado de los civiles en el Ministerio.

No es excusa que justifique la indolencia, el pobre argumento de que el problema viene de mucho tiempo atrás. De ser así, el progreso nunca hubiera llegado y el atraso sería la constante; cuanto más antiguo sea, mayor es la negligencia y más graves las consecuencias que deben asumirse. Ello no es responsabilidad de los militares, formados para la guerra, sino del Ministro, quien ha descuidado los temas sensibles del sector, siendo él en quien recae la total responsabilidad administrativa de la cartera.

Mucho tememos que esa distracción sea el producto de su dedicación por los asuntos de la guerra, como si ésta no fuera la responsabilidad de los Generales o éstos hubieran abandonado su papel y requieran la presencia del joven ministro para dirigirlos. En su preocupación por mostrarse como el hombre de la guerra, pareciera haber olvidado que las operaciones militares son responsabilidad de los Mandos y que en ellos reposa la experiencia que les conceden muchos años de combate y quienes fueron técnica y tácticamente preparados para ello durante su larga carrera militar. No ocurre lo mismo con los ministros de Defensa, quienes generalmente ni siquiera prestaron el Servicio Militar Obligatorio.

Resulta un contrasentido, un absurdo y un desatino que el Ministro se involucre en la dirección de los asuntos del combate, desplazando a quienes sí saben de ello; sería tanto como que el Ministro de Salud presidiera las operaciones médicas, cuando su trabajo es hacer que todos el sistema  funcione, lo que sí requiere de su dedicación extrema.

Mientras tanto en un gabinete integrado solamente por civiles con altísimos sueldos u honorarios y ningún militar, se nombran funcionarios, muchos de ellos premiados con becas y comisiones en el exterior, en tanto se escatiman los cupos que corresponden a la organización militar.

Ministro, deje hacer el trabajo especializado que corresponde a los militares y dedíquese a solucionar los graves problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y la misión del sector Defensa.

Preferimos pasar por conflictivos y ser calificados de intolerantes antes que dejar de lado la intrínseca responsabilidad que comporta el ser General de la República, de velar por los intereses de la Institución, así no guste a los amigos del gobierno y por ello le decimos, a modo de epílogo, que no queremos un Ministro que juegue a ser General, pero si, en aras de su estrategia política, decide hacerlo y se lo permiten, que no abandone el cumplimiento de sus otras responsabilidades, esas sí de su resorte y responsabilidad misional.

ATROPELLOS AL FUERO CARCELARIO

EDITORIAL

¿INJERENCIA INDEBIDA O MANDADO?

En el diario “El Tiempo” del 4 de Mayo, apareció un artículo-entrevista al MG de la Policía Gustavo A. Ricaurte, director del INPEC, quien en sus respuestas no oculta su sentir y su  animadversión por todo lo que sea militar, excepto su grado, por supuesto.

No tiene respeto por el mismo ministerio de Defensa cuando afirma que habrá un nuevo centro carcelario en las instalaciones de la Escuela de Artillería al que se invertirán 75.000 millones de pesos, como si estuviera investido de tal poder que le diera el derecho de decidir por encima del mando militar sobre el particular, lo que demuestra su falta de consideración, irrespeto e injerencia indebida.

Afirmar impúdicamente que es partidario de que los centros de reclusión sean administrados por civiles, no solo atenta contra la majestad de las instituciones militar y policial, sino muestra su crasa ignorancia sobre la capacidad y razón de ser y existir de la Policía Militar o sus equivalentes en las fuerzas, cuerpo entrenado y preparado en  el manejo y administración de estos centros.

Valerse de las irregularidades que, a pesar de ser denunciadas por los medios de comunicación, ya habían sido detectadas y estaban en camino de corrección  por los mandos naturales, no solo es temerario y atrevido sino sospechoso; no se justifica que estos eventos ocurran, pero preocupa que sean usados para desprestigiar la institución militar solapadamente. Siguiendo los mismos razonamientos utilizados por este encubierto contradictor, podría sugerirse que se acabe el INPEC pues, con mucha mayor frecuencia  ocurren  fugas, tráfico de influencias y de elementos, malos manejos y descuidos y que al frente, entonces, de esa dependencia se ponga un civil.

No; por ahí no es; no se busca el origen de la calentura en las sábanas; tales fallas, como el mismo General Ricaurte lo reconoce, corresponden a conductas de menos del dos por ciento de los internos, entonces, en sana lógica, resulta innecesario hacer una tormenta en un vaso de agua. Eso sí, debe haber correctivos que le garanticen a la sociedad y a los mismos internos el castigo y la resocialización, sin aprovechar la coyuntura para demostrar su animadversión por el Ejercito, oculta tras argumentos acomodados y sofísticos.

Si, tenemos muchas quejas del sesgo y la inquina por todo lo militar del señor General Ricaurte, quien en no pocas veces ha perjudicado al personal que pasa detenido, soslayando, burlando o torpedeando el fuero carcelario que otorga la ley, ora demorando, ora obstaculizando en sus decisiones administrativas la asignación del lugar de reclusión y causando zozobra y dolor en los afectados y sus familias; y, no por ello hemos descalificado la Policía Nacional a la que pertenece, ni tampoco al INPEC, ya que sabemos que su posición es personal y   obedece a sus odios personales.

Nos preocupa, eso sí, que sus desafectos estén incentivando la división y la armonía que deben existir entre los miembros de la Fuerza Pública y generando un clima de enfrentamiento entre dos instituciones, que deben trabajar mancomunada y estrechamente. Sus ojerizas, Señor General, llevadas a la práctica, están contra lo dispuesto en la Constitución Nacional y, principalmente, contra el sentido común. Lo que aquí perjudica al Ejército, perjudica también a la Policía.

Hacemos un llamado a la reflexión y a la cordura al señor General Ricaurte y sus asesores. Las cárceles para los militares y policías no son un capricho, que existan o no, no es un sentir de algún funcionario, obedece a un fuero vigente en nuestra constitución, es un derecho del hombre y una obligación del Estado que debería convertirse en prioridad para quienes tienen la responsabilidad de su administración, es una obligación moral y una condición de solidaridad para quien porte un uniforme y ostente un grado militar. Nos queda una duda: ¿Es su sentir, o se trata un mandado, señor General?

EDITORIAL

¿QUE NOS PASA?

A propósito de los hechos nacionales y regionales en el acontecer político en el mes de abril, es menester repasar al menos dentro de ello la afectación para los militares y el desdén con que se nos trata, veamos:

El día nueve de abril justo frente a un evento organizado, patrocinado y ejecutado por las FARC, se obliga a la Fuerza Pública a retroceder un siglo cuando esta era manipulada políticamente,  y a ser usada en un acto aparentemente válido y noble en que en el fondo se buscaban réditos  políticos e intereses electoreros y caprichosos.

¿Cómo, a sabiendas del ingreso de un elevado número de buses venidos desde el Caguán, el Chocó y algunos otros parajes llenos de personas que incluyeron mujeres y niños obligados a marchar por las calles capitalinas por esa banda narcoterrorista se haga lo propio por el jefe supremo de las FFMM con cualquier ridícula disculpa, ¿Era apoyo?, ) ¿ Era adecuado?. ¿Cómo un funcionario obligado al recato, a la sensatez, a la imparcialidad como lo es el Fiscal General de la Nación hace lo propio?.  ¿Cómo durante toda la semana mientras morían numerosos soldados o eran encarcelados otros, en diferentes partes de nuestra geografía se pregonaba la aplicación de la justicia transicional para los miembros de las FARC y descaradamente se afirmaba que sus cabecillas no cometieron crímenes de lesa humanidad?

¿Cómo  funcionarios como el Fiscal o el Procurador se enfrascan en discusiones que rayan en la grosería y el desprecio, bien sea entre ellos o con ex presidentes pendencieros? mientras   comentaristas y columnistas con evidente sesgo e interés político o económico, calificaban o descalificaban según su parecer las discusiones. Entre tanto,  el secuestro, la extorsión, el robo, la inseguridad y  la violencia así como  el sufrimiento de la gente estaban presentes.

¿Cómo el fiscal sin sonrojarse, sostiene que la justicia transicional para los militares no es su asunto y que sí lo es, del Congreso de la República? Entonces, ¿en dónde queda la seguridad jurídica, que no la impunidad, de nuestros soldados y policías?

¿Cómo aceptamos que se adelante un proceso donde nos negocian sin siquiera enterarnos?¿Cómo permitimos que cualquier “don nadie” extranjero incluso sin ascendencia en su lugar de origen pontifique sobre lo que debe ser la paz en Colombia y aquí les creemos a pie juntillas? y ¿Como los jefes Militares y Policiales se prestan para tan evidente pantomima?, ¿Es que no vemos el peligro que se cierne en la patria? y ¿Cómo se usa la Fuerza Pública en provecho de un interés personal?

Es claro que la nación Colombiana seguirá condenada como maldición a seguir viviendo en la Patria Boba; demasiada sangre inocente, viudas, huérfanos y mutilados tenemos como resultado del conflicto que por más de medio siglo hemos vivido como para seguir iguales sin reaccionar, ¿O es que no tenemos derecho? ¿ QUE NOS PASA?

Editorial

Editorial del CCPPM

PLACIDO ADORMECIMIENTO.

“Hemos ganado la guerra interna pero en los sumarios de la historia se escribirá que la hemos perdido” 

Los mandos militares de ayer y de hoy hemos descuidado asuntos de gran prioridad y que serán definitivos en nuestro futuro institucional, familiar y personal, al igual que nuestro papel ante la sociedad.

Las prioridades laborales, las operaciones periódicas y los innumerables quehaceres diarios, propios de la actividad castrense, hacen que el mando militar no esté atento, alerta y preparándose sobre proyectos en los que debería estar avanzando u orientando para que ello se haga. Cuando despertemos de ese letargo involuntario podría ser demasiado tarde.

Actualmente existe un Centro de Memoria Histórica, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que tiene como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de víctimas y restitución de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia. Este, es manejado por personas con capacidad indiscutible, pero con una ideología diferente a la que profesamos quienes pertenecemos a la Institución Militar en servicio activo  o como parte de  la reserva activa, quienes no nos hemos involucrado en ese centro, para que cada actividad, cada avance que allí se dé, sea avalado o aceptado como una verdad indiscutible de hechos que acaecieron en un momento dado en esta guerra interna que hoy vivimos.

Una vez superados los acuerdos que actualmente se discuten en la mesa en La Habana y cuando se surta la tercera fase de este proceso de paz, que corresponde a la verificación e implementación de los mismos, se dialogue del quinto punto VICTIMAS  y se discuta sobre los puntos que se deriven de él, como son los Derechos humanos de las víctimas y la comisión de la verdad, la memoria histórica que se tendrá en cuenta es la que ese Centro haya establecido como tal, lo mismo que la que surgirá del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) organización de reconocida y sesgada tendencia, en la que, no debe olvidarse, se gestó el grupo terrorista Autodefensa Obrera (ADO), quienes asesinaran al ex ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas el 12 de septiembre de 1978.

La verdad que de allí surgirá, será la misma que siempre han presentado del país y sus Fuerzas Militares las organizaciones de izquierda extrema, cargada de motivaciones ideológicas, impregnada de odios y pasiones, con propósitos de vindicta y absolutamente parcializada. De allí nuestra preocupación y la importancia y urgencia de que el actual Mando Militar se concientice sobre la necesidad de involucrarse en las actividades de estos centros, para que cuando se recurra a esa Memoria Histórica, la verdad sea confiable, indiscutible y cierta.

Si se logra la firma de unos acuerdos que más adelante sean el camino para la construcción de una paz estable y duradera en el país, sin duda alguna la referencia que se tenga sobre la verdad de lo sucedido en la guerra interna, será parte fundamental para el futuro de las Fuerzas Militares y de todos sus integrantes, los que hoy están en servicio y los que, otrora, con orgullo pertenecimos a ellas.

Muy cercanos están los ejemplos de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Salvador y Guatemala, en donde la verdad que se presentó la elaboraron quienes eran sus enemigos, derrotados en la guerra y que fue la base de las condenas, muchas a perpetuidad, que les aplicaron los vencidos.

Cualquiera que fuera la razón de aquel descuido: falta de carácter, apatía, indolencia, negligencia o simples razones de conveniencia coyuntural, no encuentra justificación ni razonable explicación, frente a las consecuencias de perder en los escritorios de los negociadores lo que se había ganado en el campo de combate. Allí, además del honor y el orgullo de ser militar, se entregó a los terroristas y victimarios, lo que nunca conquistaron gallardamente. En algunos de aquellos países en que faltó, por lo menos, previsión para que no les impusieran una verdad distorsionada y vengativa, se perdieron hasta las garantías procesales, universalmente vigentes, amén de su prestigio, prestaciones laborales y tranquilidad. 

Cabría aquí la arenga del Tribuno del Pueblo, José Acevedo y Gómez el 20 de julio de 1810, cuando invitaba a exigir el cabildo abierto: ¡Pueblo indolente: Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes: ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan!

Invito a despertar de ese plácido adormecimiento y actuar de inmediato, ¡aún estamos a  tiempo!

Sagacidad de los negociadores de las FARC en la Habana.

Por: Mayor General  Ricardo Rubianogroot Román.

Integrante del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar.

El Presidente Santos acaba de pronunciarse sobre la “reserva“ que  debe observarse  en  todo lo que se hable en la mesa de diálogo en La Habana, la contraparte del Gobierno sentado en la mesa, hace caso omiso de ello como parte de su perspicacia en este asunto.

Como es de público conocimiento, y se ha divulgado ampliamente, una de las maniobras aprovechadas por las FARC al aceptar este proceso, es la de manipular los resultados que se logren en la mesa, buscando alcanzar políticamente lo que no consiguieron con el uso de la fuerza.

La sagacidad de quienes están sentados en la mesa,  se vislumbra claramente con estas acciones:

Obtener réditos ante la evidente y notoria intención de lograr acuerdos por parte de la Presidencia.

Difundir con comunicados sucintos, como los que pusieron en alerta a la Presidencia, asuntos tratados,  tendencias o intenciones futuras de lo que pretenden con estas conversaciones, con el fin único de que se conozca a todo nivel, tanto en el país como por los organismos externos que siguen este proceso,  de tal manera que se labre el camino y rumbo en forma lenta pero continua (estrategia comunista) del fin último que persigue su plan estratégico; “calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”, recordemos que con el tiempo algo que se ha difundido repetidamente y que tiene repercusión en varias instancias y niveles, termina por ser aceptado o simplemente dado por cierto.

Hacer que la llamada Sociedad Civil participe; para ello lograron concertar con el gobierno la creación de una página web, en la que, supuestamente, cualquier ciudadano puede opinar y dar su punto de vista sobre lo que se debería estudiar y tener en cuenta en este proceso. El resultado de la creación de esta página ha sido la recepción de incontables opiniones, infortunadamente, para quienes tenemos una vocación democrática, prevalecen allí las ideas afines y siempre manejadas  por los negociadores de las FARC, que al final  solo buscan en este proceso lograr sus propósitos; precisamente esa página activada para ese fin,  es uno de los mecanismos para que disimiles ideas fluyan, pero, insisto, solo se entregan las de izquierda.

La insurgencia narcoterrorista conoce esa debilidad y con viveza saca provecho de la indiferencia e indolencia de  los colombianos, que esperan que todo llegue sin mayor esfuerzo, con la consabida justificación de que la responsabilidad es de otros, del Gobierno por ejemplo, sin entender que somos todos quienes sufriremos las consecuencias de lo que en La Habana se pacte. 

Maniobras Políticas de las FARC

Dentro de la famosa combinación de formas de lucha, han surgido nuevas maniobras de las FARC en las conversaciones de la Habana, como la de exigir, insistentemente, la creación de espacios para estructurar la participación de diferentes sectores de la población;  la denominada “sociedad civil” conformada por ONGs, universidades, gremios, campesinos, estudiantes; todos ellos con una clara ideología de izquierda radical. En dichos espacios se socializarán y concertarán todos los temas de la agenda y sus conexos, para que de allí surjan las propuestas para la mesa de negociación.

Como es conocido, esta iniciativa fue aceptada por el gobierno y ya se han reunido más de treinta mesas regionales y nacionales, solo para el tema agrario, las cuales llegaron a unas conclusiones, enviadas en varios volúmenes a la mesa de negociación. A manera de ejemplo, podemos citar el Foro “Ruta social Común por la Paz” realizado por la Marcha Patriótica en la Universidad Nacional, los días 4,5 y 6 de diciembre del 2012 y el Foro Agrario los días 17,18 y 19 de diciembre pasado, evento que rechazó FEDEGAN, por las razones explicadas ampliamente en la edición del El Tiempo del jueves 20 de diciembre del 2012.

Dentro de este panorama, vemos que el “Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia” y demás organizaciones clandestinas, están empeñados a trabajar a fondo en su labor política legal y soterrada. Es evidente que las FARC están manejando sus pretensiones con gran habilidad, manipulando, hasta donde sea posible, cuanto foro o conferencia se realice, para imponer sus criterios en las discusiones sobre las reformas. No ahorrarán esfuerzo para desprestigiar permanentemente al gobierno y sus instituciones, afirmando, como siempre lo han hecho, que la paz solo se logrará después de realizar cambios sociales estructurales, dando así la razón a la violencia y el terror al que han sometido a Colombia.

Otra maniobra de las FARC para dilatar el proceso a su favor, ha sido la de utilizar al CICR para obligar a que las partes no se levanten de la mesa sin haber llegado a un acuerdo de paz, con el fin de hacerlo rehén del proceso, mientras que sostienen que no habrá reforma posible sin un cambio de modelo económico, asunto que no quedó plasmado en los acuerdos iniciales y que el gobierno no está dispuesto a negociar.

Por otra parte, su acción política se concentrará en involucrar, a través de las minorías activas, a la mayor cantidad de inconformes, aspirando que con el tiempo vayan creciendo, hasta que logren un grupo de presión significativo, para que actúen sobre las decisiones de los negociadores y así ganar, lenta pero constantemente, mayor espacio político en el ámbito nacional e internacional.

Como van las cosas, la situación para el gobierno será cada vez más complicada y estrecha. Como gestor de los diálogos, se verá cada vez más prisionero del proceso, por el ritmo e iniciativa impuestos por las FARC, hasta el punto que, en un momento dado, se podrá ver acorralado por las presiones de aquella “sociedad civil” afín a las pretensiones de las FARC. El gobierno conoce, desde hace décadas, de lo que adolece y lo que es imperativo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, pero la indiferencia, la corrupción y el desgreño administrativo lo tienen contra la pared, hasta el punto de verse abocado a concertar reformas, con quienes han sido los grandes depredadores del campo colombiano en los últimos cincuenta años.

Para contrarrestar lo anteriormente expresado, el gobierno deberá convocar a la unidad nacional, fijando sus propias posiciones y defendiendo sin cuartel los principios que rigen la estructura básica del Estado y sus instituciones y darle estricto cumplimiento a la agenda propuesta en los preacuerdos pactados y plazos fijados, sin caer en las veleidades que le impongan las FARC. Deberá reservarse el derecho de levantarse de la mesa en el momento que considere que la negociación no avanza o que va por el camino equivocado. Realizar como Estado, una ofensiva frontal contra la corrupción, para darle vía a las importantes reformas sociales que están en curso, antes de que sean usurpadas por las FARC.

Todos los colombianos reconocemos que serán bienvenidas las reformas que sean necesarias, con el fin lograr una sociedad más igualitaria, pero no como consecuencia de las presiones de la FARC y su aparato político y mucho menos menoscabando los principios fundamentales de un estado social de derecho y de nación democrática. Lo contrario resultaría a todas luces deshonesto e injusto  contra la moral nacional.

CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO MILTAR

SÍMIL  ENTRE  LA  HABANA  Y  MANAGUA.

Por: Ricardo Rubianogroot Román
Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

En los Estados Unidos llaman  “Black Friday”  (viernes negro) a la más espectacular oportunidad de ventas de diferentes almacenes y locales comerciales, como marco de la celebración del día de Acción de Gracias, pues se dice que las ventas son tan exitosas que hacen que cualquier índice negativo en ventas del año termina y, aparte de ello, es el preámbulo de más ventas positivas por las festividades navideñas y de fin de año.

Para el país, en cambio, estos días son muy tristes. El fallo de la Corte Penal Internacional respecto del diferendo con Nicaragua, es un hecho que ha despertado todo tipo de reacciones y en las conversaciones de Paz el optimismo es  moderado en lo que se puede lograr, diría mejor hay pesimismo, al país lo ronda el “fantasma de la desconfianza”. Desde el 19 de noviembre, hemos vivido no un “viernes negro” sino una “semana negra”.

Guardan cierta similitud los hechos y circunstancias de los casos que se desarrollan y tienen relación con la Habana y Managua, podrían existir para los contradictores del Estado Colombiano, un preámbulo de cosas positivas en el futuro como lo es el “Black Friday”  para los comerciantes estadounidenses.[1]

Puedo mencionar inicialmente los intentos negativos y fracasos de varios Gobiernos en los intentos por lograr la Paz y la aprobación de diferentes pretensiones de reclamantes y pretendientes de nuestras aguas en el Caribe, errores que involucran Presidentes, Cancilleres, supuestos expertos y negociadores, que permitieron la intervención, el manejo e injerencia indebida de terceros en los asuntos internos y la participación de ONG’s, Cortes y estrados internacionales en cuestiones que podrían solucionarse sin permitir la indebida intervención externa.

Irracionalmente y con argumentos baladíes, firmamos y nos inscribimos para formar parte de cuanta organización internacional existe, sin medir los efectos y las graves secuelas que dejan para el país los irresponsables actos y sin atender el ejemplo de otros países, catalogados como desarrollados, que sí han medido las consecuencias futuras para sus respectivos Estados y se han abstenido de vincularse, sin dejarse llevar por supuestas conveniencias coyunturales.

Irresponsablemente aceptamos la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para el tema de Nicaragua y ahora, en las conversaciones de paz en La Habana y encubiertos como participación ciudadana, del denominado Foro Agrario, organizado por la misma dependencia que nos está arrebatando lo que nos pertenece y la Universidad Nacional, de conocida tendencia. Desde ya, se vislumbran resultados contradictorios, como consecuencia de la intromisión aceptada, ya que resulta evidente que aquel se trata de una estrategia diseñada y dispuesta por Alfonso Cano, cabecilla abatido de las FARC, como uno de los puntos del Plan Renacer, situación tanto más grave, cuanto que es reconocida la tendencia y habilidad de los organizadores del encuentro, por lo que resulta axiomático que, una vez más, seremos víctimas de la tonta ingenuidad, característica de los gobiernos populistas, que termina  recorriendo el camino que le traza la organización terrorista.

Legitimar a los enemigos del Estado, sentándolos en igualdad de partes en la mesa de negociaciones y aceptar negociar en la Corte Internacional de Justicia temas que no tienen porque negociarse; así como permitir la propaganda y perder el control como Gobierno de la difusión de la realidad nacional, admitiendo apreciaciones incorrectas de otros países y otros pueblos, ha sido otro error y rasgo distintivo en estos dos procesos.

Caer en la ingenuidad por parte de  nuestros Gobiernos y de  nuestros negociadores asumiendo que la contraparte obrará con lealtad, sensatez y ecuanimidad; que habrá equilibrio y ponderación en las decisiones de los jueces del litigio y/o de los garantes del proceso de paz, o no defender de manera eficaz y apropiada al país en el litigio de nuestras aguas territoriales en el Caribe, evitando así decisiones injustas y no preparase adecuadamente para los retos de la paz, improvisar, no prepararnos a fondo y analizar y considerar las consecuencias que se pueden derivar de los acuerdos a los que se llegue para satisfacer a las partes, irresponsabilidad, ignorancia y arrogancia, falta de consulta, es una constante en estos dos procesos.

En el tema de la conversaciones de paz se ve también la perversa estrategia de las FARC, de encasillar al gobierno para impedirle levantarse de la mesa, al pretender vincular mañosamente al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un ente que la mayoría de las veces se ha comprometido con las organizaciones de izquierda, a quien se propone como un nuevo actor para que le colabore en esa tarea, con interpretaciones acomodadas y malintencionadas de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para edificar falsas conclusiones que buscan maniatar al Gobierno a su pretensión de alargar el proceso de paz por varios años, en la misma forma como Nicaragua nos llevó a la CIJ, a la cual acudimos a sabiendas de que sus fallos eran inapelables y que se darían dentro de los parámetros de justicia, rectitud e imparcialidad tradicionales y no manipulados y orientados por intereses espurios.

El indolente pueblo colombiano,  siempre acostumbrado a que lo engañen y manipulen, manifestará su desacuerdo y sentará su protesta enérgica y se convocaran marchas, manifestaciones airadas, nacionalismo desafortunado, nos “calentaremos” de momento y el gobierno tomará medidas drásticas, hasta cuando un nuevo hecho capture la atención de los medios de prensa y nos haga olvidar lo ocurrido; esta administración nos tiene acostumbrados a ello cada vez que se cae en las encuestas.

Todos esto planteamientos y otros mas son similitudes en lo que ya sucedió en el caso del litigio con Nicaragua y que se está presentando en alguna medida en Cuba con el proceso de paz. Debemos, como dolientes de lo que sucede en el país, en la medida que nos corresponde, alertar sobre “lo que no debería ser y fue y en lo que no ha sido pero podrá ser”.

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