¿Acatamos la sentencia de La Haya?

Autor: Guillermo Rodríguez
Fuente: KienyKe
Fecha: 22/11/2012

Sin sabor quedamos miles de colombianos luego del conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que por un lado reconoce la soberanía de los Cayos, pero que al mismo tiempo nos priva, algo más, de la mitad del mar territorial, que le fue otorgado a Nicaragua.

El contraste viene enseguida y es latente: mientras en Nicaragua el llamado presidente Comandante, Daniel Ortega, celebra la “justa” decisión, en Colombia la patria, nuestra patria, llora la suerte de sus pescadores y el presidente Santos califica como de error el fallo.

¿Será que la solución es no acatar dicha decisión, como lo ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe y varias voces de la opinión pública?

Nicaragua dice que no va a echar para atrás su decisión y que, todo lo contrario, Colombia debe respetarla, como ellos lo han hecho en ocasiones pasadas. Considero que el presidente Santos debe llamar a consultas a expresidentes y a los principales asesores de relaciones exteriores para enfilar baterías.

No estamos proponiendo que se suelten los vientos de guerra, pero sí que defendamos y sigamos defendiendo a través de las vías legales lo que sea para mantener nuestra dignidad de colombianos y soberanía. No es posible que cada 110 años Colombia, de manera cíclica, pierda porciones importantes de tierra. Recordemos nuestro vasto territorio en la era de la Gran Colombia, la perdida reciente hace un siglo y unos años de Panamá y ahora, por cuenta de la ingenuidad de los “defensores” de los intereses de Colombia, hemos perdido grandes territorios marítimos que son invaluables.

¿Cuánto cuesta un metro cubico de mar territorial?

Su valor pecuniario no lo podríamos establecer, es invaluable la riqueza marina, la biodiversidad, la despensa pesquera y los irrefutables recursos del subsuelo marítimo que se encuentran en la zona, por algo la agencia nacional de hidrocarburos le apostaba a sacar adelante procesos de adjudicación a la exploración y explotaciónoff shore en la zona.

Es menester recordarle al tierno, Dr. Julio Londoño, que si él no sabe realmente qué se perdió, 40 millones de Colombianos, a lo sumo sí consideran que no solo se perdió extensos kilómetros de aguas territoriales, sino con ello la dignidad de patria que durante 200 años ejerció ininterrumpidamente esos principios que enarbolan el derecho internacional público y el derecho internacional marítimo como es el Ius posedeti de Iure.

¿Quién Responde?

Difícil buscar hoy responsables, pero si a alguien podríamos señalar, diría yo que ese blanco podría ser el expresidente Andrés Pastrana, hombre que no solo concedió tiernamente territorios a las Farc, también hoy vemos que por poco dilecto se le regalan aguas territoriales a un país como Nicaragua, pues él fue quien nos metió en el embeleco de La Haya. Nicaragua, país arrogante con los colombianos decentes y noble con las cabezas de la violencia.

¿Dónde queda el Esguerra Barcenas?

Buena pregunta, pues para nuestra desgracia queda guardado ya que la decisión de La Haya, al ver los resultados, no fue en derecho, tal vez fue en algo que ellos, sus jueces, llaman “equidad”. Principio que se funda en equiparar cargas a las partes. La pregunta es si pasándose por la faja un tratado, principios del derecho internacional y las condiciones de soberanía por cerca de 200 años, ¿en dónde se equiparan las cargas para Colombia?

Ojala Uribe y Santos se unan en ese propósito y como un gesto solidario, de construcción de sociedad y de paz, trabajen para que los tratados anteriores sean respetados. Acá no es solamente el asunto legal y, ojo con eso, si Colombia no se asesora bien y actúa acorde en el ajedrez internacional, “el nuevo mejor amigo”, Hugo Chávez, amigo de Ortega, también podría empezar a presionar sus fichas. Y a pedir el día de mañana la pequeña porción que le corresponde a Colombia del golfo de Venezuela, teniendo como referente el archipiélago de los monjes.

¿Por qué no unirnos en pro de respetar nuestra soberanía sobre el mar caribe Colombiano? No acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hacer un llamado a la opinión pública en general, que este es un asunto de Estado, que como tal merece toda la atención y solidaridad. Y ¿por qué no también que el Presidente de la Republica despliegue lo mejor de sus juguetes como fragatas?, que entre otras hace poco fueron modernizadas y convertidas en misileras de alta mar, como la FS-1500 Almirante Padilla y la ARC Antioquia, las cuales mostraron toda su actitud defensiva en el RIMPAC terminado en agosto de este año cerca de Hawái.

Ante las circunstancias, y siendo el tema de gran importancia, debemos estar con las antenas encendidas a lo que se podría desencadenar.

Corolario: sería bueno que el tierno Dr. Julio Londoño y Guillermo Fernández de Soto devolvieran sus honorarios que tristemente valieron en la defensa de los intereses nacionales.

Lucha por el Fuero Militar

PROYECTO ACTO LEGISLATIVO SOBRE REFORMA DEL FUERO Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

 

Intervención del Brigadier General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, en la audiencia pública programada por la Comisión Primera del Senado de la Republica, el día 15 de noviembre de 2.012

 

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió de un momento a otro en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

 

ACORE, como la asociación más representativa del cuerpo de oficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares, ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa parlamentaria.

 

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando por fortuna, una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud qué a todos nos afecta.

 

A comienzos del presente año, el proyecto de acto legislativo  que cursaba en el Senado de la República  después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba con el argumento de que el nuevo proyecto que fue presentado posteriormente en la Cámara de Representantes sobre este mismo tema, era el que había que respaldar por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite, y quizás menos riesgos de objeción constitucional. Este proyecto ha sido aprobado en seis debates por una gran mayoría, y próximamente  continuara su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año.

En estas condiciones, la ley estatutaria que lo reglamentaria, solo iniciaría su trámite, hasta la próxima legislatura, o sea la correspondiente al año venidero.

Este proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, normas especiales de tipo carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, bajo competencia de la Fiscalía, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial en forma definitiva.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE  planteo como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado, del cuestionado acto administrativo Mindefensa-Fiscalía General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

 

En este momento, se espera un fallo sobre este particular, en respuesta a varios recursos interpuestos por la Procuraduria General de la Nación, que ha solicitado un pronunciamiento urgente  en tal sentido.

 

La grata impresión que tenemos hasta ahora,  es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que esta situación representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren con urgencia, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista que nos afecta.

 

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce publica e internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía e instituciones.

 

Lo más preocupante es ver la forma tan evidente como el sistema judicial ordinario, a través de algunos de sus operadores, persiguen sin tregua a nuestros militares, más no así, a quienes conforman los grupos armados ilegales, para los cuales hay muy pocos procesos, y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos. No conocemos resultados efectivos contra estas organizaciones criminales.

 

El concepto generalizado de nuestros combatientes, ante esta ausencia de garantías jurídicas y procesales, es que:  

  

“en el momento actual nos juzga el enemigo, y no las instituciones del Estado que protegemos, y por las cuales nos jugamos la vida en el campo de combate.”

 

Quien lo creyera, mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de algunos jueces  y fiscales, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan y que hoy pretenden negociar un proceso de paz que les otorgue total impunidad, por la comisión de crímenes atroces y violación permanente del derecho internacional humanitario contra la población civil indefensa.

 

Desde el momento en que entro en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARAN, con el cual se proporciono el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente trece mil bajas, no en combate, pero si en sus propios estrados, a las Fuerzas Armadas del país. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los mas condecorados, actualmente incursos en arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de seguridad en sus propias instalaciones.

 

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí se afirma: hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos activos cursando en diferentes despachos judiciales, dentro de estos procesos, cerca de trece mil imputados por causa o razón de inexplicables decisiones judiciales. Hay mas militares en las cárceles, que miembros de las organizaciones terroristas. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo, a través de este diligente sistema judicial, que tanto lo ha favorecido. No hay la más mínima confianza en el sistema procesal que se les aplica.

 

Y por si esta persecución no fuera poca, la anterior Fiscal General de la Nación, habilito antes de irse, las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar irregularmente, por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

 

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es…. ¿El actual Fiscal General de la Nación, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Lamentablemente, la respuesta es NO. Antes por el contrario, recientemente informo a los medios de comunicación que: “ante los pobres resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas contra algunos militares incursos en los llamados falsos positivos, incrementaría considerablemente el numero de funcionarios e investigadores para lograr en el menor tiempo posible, los resultados deseados”.

En esta tarea, lo acompañara el ex juez español Baltasar Garzón, quien ya funge como asesor y funcionario relevante de la Fiscalía General de la Nación.

 

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:……… ¿Cuantas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARAN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

 

¿En que momento la Fiscalía General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la República para la defensa de este País?

 

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

 

 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

Presidente Nacional de ACORE

 

Noviembre 14 de 2.012

 

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA 2012

Chávez y la paz colombiana

Por: Darío Acevedo Carmona

Fuente: El Espectador

La formación del poder político bajo el procedimiento democrático está lejos de ser un tema cerrado y totalmente agotado.

La democracia es tan abierta que en muchos países sus enemigos totalitarios usan y abusan de su generosa apertura para luego aplicarle cerrojos y estrecharla hasta la anulación. Lo que acaba de suceder en Venezuela con la elección de Hugo Chávez Frías es un claro ejemplo de cómo atropellar la democracia desde dentro y presentarse como defensor de la misma. Después de haber intentado acceder al poder por medio del golpe de estado en 1992, Chávez lo alcanzó por vía electoral y por la misma vía se ha sostenido en él. ¿Pero, se puede admitir que esa es condición suficiente para sostener que Chávez es un demócrata y que en Venezuela reina la democracia?

Casos documentados brinda la historia acerca de cómo proyectos y caudillos dictatoriales se hicieron al poder por medios electorales. Desde Luis Bonaparte que luego de triunfar por sufragio universal convocó un plebiscito en 1851 para anularlo y proclamarse emperador de Francia, situación que Marx aprovechó para lanzar su famosa frase de que la historia se repite como tragedia o como comedia en su texto “El 18 brumario de Luis Bonaparte” al comparar a este con su tío Napoleón. El experimento de este personaje llevó a acuñar el término “bonapartismo” para caracterizar a aquellos gobernantes que usan la democracia y las elecciones que luego anulan para convertirse en dictadores.

Lenin, a su manera y con la idea de implantar el comunismo, orientó desde la biblia de los comunistas rusos el “Qué hacer”, la tesis de aprovechar la democracia burguesa, que detestaba, como medio para llegar a las masas y preparar la insurrección para instaurar la dictadura del proletariado.

En octubre de 1917 al frente de un partido pequeño pero disciplinado tomó el poder y luego en una encarnizada guerra civil eliminó a todos los partidos desde los zaristas hasta los republicanos, liberales, socialdemócratas y marxistas reformistas. El fallido experimento soviético se sostuvo por métodos represivos y elecciones en las que “participaba” el 99.99% de la población, hasta 1991. Similar proceder usaron los dictadores de extrema derecha, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Ambos triunfaron en elecciones y convocaron y manipularon sus resultados para legitimar sus proyectos racistas, xenófobos y ultranacionalistas con los que derramaron la sangre de millones de víctimas.

De modo que, elecciones por montones, como las que han tenido lugar en la Venezuela chavista, que despiertan la admiración delirante de poetas y de no pocos liberales, no remiten necesariamente a una democracia. Allí donde el gobernante controla los demás poderes, la libertad de prensa, exorbitantes sumas de petrodólares para repartir entre la población que es tratada, así, como súbdita, donde se halaga a las tropas con prebendas y se las politiza para que dejen a un lado su misión constitucional, entre otras prácticas innombrables, no puede hablarse, seriamente, de una democracia.

Lo que vendrá en los años siguientes para la Región es la consolidación del proyecto bolivariano chavista y la búsqueda de su extensión a los países aún renuentes. Sin embargo, la pregunta obligada para Colombia es ¿de qué forma la victoria de Chávez incidirá en nuestro destino, y, en particular, en las negociaciones de paz? Además de la gratitud con Santos por reconocerle sus méritos en las negociaciones de paz, considero que Chávez tiene dos caminos a seguir. De un lado, le conviene mantener la presión sobre la guerrilla fariana para que llegue a un acuerdo con Santos. Este acuerdo lo proyectaría como líder continental pacifista no interesado en promover o expandir su proyecto a sangre y fuego y desvirtuaría las sospechas de colaboración con las guerrillas.

En otra dirección, y en consonancia con su contundente victoria, puede optar por mantener su apoyo a las negociaciones pero sin presionar a la guerrilla a firmar a cualquier precio un pacto de paz y simultáneamente apoyar con generosos recursos la formación de un amplio movimiento de masas probolivariano en Colombia. A su favor cuenta con avanzadas muy importantes como el grupo Marcha Patriótica que se está posicionando como frente de batalla civil, también hay células prochavistas en el Movimiento Bolivariano Colombiano. Los partidos comunistas, el legal y el clandestino, y hasta el Polo Democrático, apoyan y simpatizan con el proyecto que se propone, en el mediano plazo, transformar a Colombia, de actual piedra en el zapato, en miembro del Alba y del socialismo bolivariano. Intelectuales y políticos “progresistas” así como “personalidades democráticas” están a la expectativa.

Esta última opción es la que mejor encaja en la teoría leninista de la combinación de todas las formas de lucha y es la que satisface a águilas y halcones de la insurgencia y de la izquierda radical que no quieren deponer su voluntad de enrutar el país por el sendero revolucionario. Un paso en esta dirección fue la semana de los indignados que acaba de concluir con la convocatoria, fallida, de un paro nacional. La proclama del Movimiento Continental Bolivariano expedida en el II encuentro realizado en Quito (febrero de 2008) permite apreciar la solidaridad de los socialistas bolivarianos con la causa colombiana. 

En ella reafirmaron “La necesidad de librar todos los combates… de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…” y concluyeron que “En este plano, el proceso colombiano asume una importancia singular, tanto por su ubicación geoestratégica como por la confluencia de altos y nuevos niveles de desarrollo político y militar en las fuerzas de cambio…(y) Se convierte en el eslabón más próximo a una ruptura revolucionaria”. No es difícil concluir, pues, que estamos en la mira del proyecto chavista y que las negociaciones de paz pueden encajar en dicha estrategia.

Darío Acevedo Carmona

* Doctor en Historia y profesor Titular Universidad Nacional de Colombia.

•                     Darío Acevedo Carmona | Elespectador.com

LA INJUSTA JUSTICIA CONTRA LOS MILITARES COLOMBIANOS

Bogotá DC, octubre 3 de 2.012

PRONUNCIAMIENTO DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM. PERTENECIENTES A LA ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO (ACORE) Y AL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES  (CGA).

 Carta abierta a la opinión pública en relación con graves y preocupantes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en contra de miembros de las Fuerzas Militares.

Doctor Eduardo Montealegre Lineth                                                           

Fiscal General de la Nación

De todos es bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

Los delitos cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio, siempre han sido de competencia exclusiva  de la Justicia Penal Militar.

Lamentablemente, un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006, entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin  piso jurídico el Fuero Militar consagrado en la Constitución Nacional.

En el momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.

Mientras tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.

En estas circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años, una persistente y  extralimitada persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y proteger nuestra soberanía e  instituciones democráticas.

Esta injusta persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante agresión  de las diferentes organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan  el orden y la tranquilidad pública.

Los resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y  desalentadores:

Tenemos  cerca de doce mil hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos investigados y  juzgados por el enemigo. No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente politizadas y carentes de sustento probatorio.

Independientemente de lo anterior, muchos de los que vienen  siendo investigados por la justicia ordinaria,  alegan también la comisión de varias irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:

- Práctica de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.

- Habilidosos montajes con familiares de supuestas victimas o falsos testigos para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.

- Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o contrainterrogar a falsos testigos.

- Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus comandantes en los diferentes niveles del mando.

- Amenazas de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por las acusaciones proferidas contra sus superiores.

- Utilización inescrupulosa y frecuente  de la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso, a todos los integrantes de las  unidades militares que sean objeto de investigación.

- Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles, los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.

- Violación  del fuero carcelario y la aplicación  inmediata de medidas de aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.

- Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del sumario.

Para completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante contra  militares,  distintos  pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación,  dejan la preocupante impresión de estarse favoreciendo, quizás  sin querer, a quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.

Veamos algunos de estos pronunciamientos:

- Los pobres resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”, han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran  equipo de investigadores y de  diferentes especialistas, bajo la  orientación del  ex juez español Baltazar Garzón,  para revisar  prioritariamente todas  las denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica.

- Estas investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como “delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer más fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.

- La recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.

- La Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.

- Sobré el caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho publico, en el cual  acusa falsamente al Ejercito del asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas "quiebra patas", incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a los militares de sus Bases, la Fiscalía  anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación, únicamente en caso de encontrar merito para ello. Sin embargo, al referirse a unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una  clara  violación del orden legal.

Como se puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a dudas, unos claros mensajes en los cuales, además  de manera  alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una gran prevención respecto a sus actuaciones.

Su posición frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia Penal Militar, es totalmente adversa.

Sus sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes de la izquierda radical, también se hace muy evidente.

Por principios elementales  de igualdad, y en razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse  respecto a las conductas delictivas de los  grupos armados terroristas y sus organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramírez Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados     como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción?

Señor Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna circunstancia, se está pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra cosa que  justicia, reparación y verdad.

Con toda atención,

General Héctor F. Velasco Ch.             Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

         Presidente CGA                      Presidente Nacional de ACORE

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Unanimismo mediático
Autor: Iván Garzón Vallejo
Fuente: El Mundo
Fecha: 15/09/2012

Paradójicamente la salida de Francisco Santos de RCN La Radio suscitó poco debate en los medios de comunicación. Quizás como no se trató un periodista de izquierda o antiuribista, se oyeron pocas voces expresando solidaridad o cuestionando esta sutil forma de censura y de vulnerar la libertad de expresión que consiste en marginar a un periodista cuando sus opiniones son incómodas. Algo similar había ocurrido con el atentado contra Fernando Londoño: pocas voces de solidaridad entre los periodistas, y brillaron por su ausencia los reclamos por la libertad de expresión, a pesar de que la víctima dirige un programa radial y escribe una columna de opinión desde hace muchos años, por lo cual, bien podría ser contado en el gremio periodístico.

Si la voz que hubieran tratado de silenciar fuera de otro signo político, habríamos escuchado el estribillo que oímos cuando cerraron la revista Cambio, cuando El Espectador dejó de ser diario y se convirtió en semanario, cuando la Corte Suprema anunció que iba a demandar por injuria y calumnia a Cecilia Orozco y a María Jimena Duzán. Pero no fue así. El mensaje parece ser claro: solo quienes tienen ciertas posturas políticas son dignos del reconocimiento de sus colegas, de la solidaridad del gremio periodístico. Quienes están ideológicamente a la derecha no gozan de tal prerrogativa: allá ellos con sus ideas, al fin y al cabo, siempre son sospechosas de ser extremistas y desestabilizadoras.

Los medios de comunicación obedecen, sin excepción, a intereses políticos y económicos. Por eso la imparcialidad y la neutralidad predicada por algunos periodistas es ilusoria, o una fórmula para despistados. Sin embargo, los medios cumplen una función pública, la de informar, y por eso tienen una responsabilidad con la sociedad, que espera que dicha información sea veraz y relevante públicamente.

Si los dueños de RCN decidieron entregarle al Gobierno la cabeza de Francisco Santos porque era un crítico reiterativo, están en todo su derecho. Si los medios capitalinos siguen dispuestos a tratar con suma benevolencia al Gobierno de Santos y hacerle el favor de contribuir a caricaturizar o invisibilizar a los críticos del mismo, también están en su derecho. Que las razones de uno y otro comportamiento sean económicas o políticas no es lo más relevante. Lo relevante es: ¿esta falta de independencia ante el Gobierno o ante un grupo empresarial comprometen la seriedad, la veracidad y la relevancia de la información que publican?

Políticos y empresarios deben ser conscientes que si bien están en su derecho de cooptar a la prensa, con este comportamiento le hacen un gran daño a nuestra democracia. Porque una democracia necesita que el pluralismo y la diversidad de opiniones no solo sean unas bonitas palabras, sino una realidad. Y ciertamente, unos medios excesivamente oficialistas como los estamos viendo le impiden a los ciudadanos tener una visión de las cosas diferente de la que obedece a intereses políticos y económicos. También evitan por omisión indagar sobre temas de importancia pública que requerirían estar en la agenda. Y además de comprometer su credibilidad, su mayor activo, corren el riesgo de no informar, sino de servir como  propagandistas y legitimadores de los intereses de los poderosos.

Por lo anterior es infortunado que la mayoría de los medios de comunicación capitalinos hayan entrado a la Unidad Nacional. El Gobierno ganó unos defensores acuciosos e incondicionales. Y los ciudadanos perdimos posibilidades de mirar la realidad críticamente, y evitar ser tontos útiles. Pero van quedando pocas alternativas.

Oficina de Prensa Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro CGA

www.cga.gov.co

PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA

Disyuntiva de la Paz.

Por: Mayor General Ricardo Rubianogroot Román.

Centro Colombiano de pensamiento político militar. Magister en Seguridad y Defensa Nacional.

Por ser este acontecimiento transcendental y significativo para la historia futura del país, para estos días el comentario habitual entre personas de todo nivel, en las noticias en medios escritos y hablados, los editorialistas, articulistas especializados y con conocimiento, los expertos y aun los que no dominan el tema, pero que desean opinar, están centrados en el proceso de paz.

Quisiera tener el poder de escudriñar en los pensamientos íntimos de las personas que claman por este proceso y conocer si han profundizado sobre su significado y la dificultad de su logro, pero, por encima de todo, sobre sus implicaciones y alcances, que sin duda afectarán a cada uno de los Colombianos, en mayor o en menor medida, pero todos sin distingo, tendremos que asumir las consecuencias de lo que un proceso de esta magnitud presupone.

En mi entorno y entre las personas que como yo tenemos la vocación y hemos consagrado nuestra vida al servicio de nuestro país, al percibir y entender que la voluntad de sentarse en la mesa de las negociaciones ya es una realidad y una decisión de gobierno, se formulan ideas, disimiles acaso, pero siempre enfocadas y encaminadas a buscar lo mejor para nuestra Patria.

Invito a que, ante este escenario y nuevo intento, procuremos acertar con el concurso de todos para que las condiciones que ostentamos actualmente al interior de nuestras Fuerzas Militares no cambien desfavorablemente, que el pie de fuerza de nuestras Instituciones sea apropiado para preservar la seguridad interna y externa de la Nación, que la Justicia aplicada a nuestros hombres, sea precisamente eso y se ejerza con templanza y moderación, sin intenciones de vindicta, con imparcialidad, rectitud y probidad, con sentido de equidad y legalidad y con la severidad que corresponda a la conducta seguida por nuestros hombres y nunca con prerrogativas, dispensas y excesos entregados a nuestra contraparte, que el accionar de nuestros hombres sea juzgado por la jurisdicción apropiada, con un fuero que permita actuar a nuestros militares con tranquilidad y con la convicción de que su desempeño será evaluado por expertos y conocedores del entorno operativo en que actúan los militares, que las condiciones sociales en cuanto a remuneración, salud y vivienda de nuestros hombres no cambien para entregar privilegios a quienes han azotado abusivamente a nuestros ciudadanos, a nuestros pueblos, a la infraestructura y han impedido que el país sea mejor.

Los “dolientes” que van a trabajar en este proceso, enfocados a defender nuestro futuro y el de nuestras familias, deben ser apoyados y asesorados inteligentemente.

Es el momento de destinar nuestras energías, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra fe, a lograr el mejor futuro para activos y retirados e impedir que nuestras condiciones institucionales y prestacionales se vean afectadas y que nuestros valores y principios se vean mancillados. Ya es una decisión de Gobierno, acertada o no, la historia nos dar la respuesta, entretanto trabajemos y procuremos conservar el honor de nuestras Fuerzas Militares y que se den las condiciones sin deteriorar lo que a pulso y con firmeza hemos logrado.

                                                  

¿Perdimos la guerra? MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

El mayor triunfo de la guerrilla es haber convencido a los líderes de opinión en Colombia que la victoria militar no es posible. Con la excepción de Álvaro Uribe, todos los mandatarios colombianos desde la época de Belisario Betancur repiten sin cansarse que la única opción que tenemos es la negociación. También lo sostienen la totalidad de los medios de comunicación, los líderes empresariales, los políticos, las ONG e incluso algunos militares.

Si existe este consenso tan amplio, ¿por qué no es posible la paz? ¿Por qué llevamos décadas sin resolver el problema? ¿Por qué Colombia tiene el conflicto interno más largo de la historia? Contrario a lo que creen los oportunistas de la paz, no hay paz porque no hemos querido ganar la guerra. La historia de la humanidad confirma una y otra vez que la paz es el fruto del triunfo en la guerra. No hubo paz en Europa mientras no se derrotó a Hitler. No hubo paz mientras no se derrotó a Napoleón, no hubo paz en Vietnam hasta que las guerrillas comunistas no derrotaron a los Estados Unidos.

Algunos dirán que Colombia sí ha pagado el precio de la guerra. Invocarán los miles de muertos, los secuestrados, los mutilados, los huérfanos, las viudas y los millones de víctimas. A pesar de esas horribles y dolorosas cifras, la verdad es que esta sociedad, desde su independencia, ha tenido violencia pero no ha enfrentado una guerra. El siglo XIX es la demostración evidente de que los conflictos nunca se resolvían de manera definitiva y por ello resucitaban periódicamente. Las victorias y por lo tanto las derrotas eran simbólicas; las negociaciones de paz no eran sino altos al fuego temporales esperando un cambio de entorno más favorable para alguna de las partes. Tal vez la excepción sea la Guerra de los Mil Días -en la que un ejército venció militarmente al otro- y por ello pudimos gozar de más de cuarenta años de paz ininterrumpida.

El Gobierno tiene una agenda para volver a justificar la apertura del diálogo con la guerrilla. Con gran habilidad ha ido moviendo sus fichas para convencernos de que, en esta ocasión, la guerrilla tiene el deseo de no engañarnos. La reforma constitucional denominada “marco jurídico para la paz” define lo que el Estado le ofrece a la guerrilla: impunidad para las acciones contra los derechos humanos y los crímenes de guerra. Luego de haber aprobado la ley para las víctimas, el Congreso aprobaría para tal fin una ley para los victimarios.

A pesar de las múltiples frustraciones de los procesos de paz, la mente de los colombianos sigue dominada por el escenario del diálogo. Estamos convencidos de que podemos evitar el duro camino de la victoria militar. Muy a la colombiana, queremos comernos el pastel sin engordar. Así no sea políticamente correcto afirmarlo, el camino de la paz ha estado siempre antecedido del horror de la guerra.

La guerra podemos haberla perdido ya en las mentes. Y como la hemos perdido, las condiciones de paz nos las impondrá el triunfador, en otras palabras la guerrilla.

Suena fuerte pero para tener derecho a la paz hay que pagar el precio de la guerra.

 

*Representante a la Cámara