¿Perdimos la guerra? MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

El mayor triunfo de la guerrilla es haber convencido a los líderes de opinión en Colombia que la victoria militar no es posible. Con la excepción de Álvaro Uribe, todos los mandatarios colombianos desde la época de Belisario Betancur repiten sin cansarse que la única opción que tenemos es la negociación. También lo sostienen la totalidad de los medios de comunicación, los líderes empresariales, los políticos, las ONG e incluso algunos militares.

Si existe este consenso tan amplio, ¿por qué no es posible la paz? ¿Por qué llevamos décadas sin resolver el problema? ¿Por qué Colombia tiene el conflicto interno más largo de la historia? Contrario a lo que creen los oportunistas de la paz, no hay paz porque no hemos querido ganar la guerra. La historia de la humanidad confirma una y otra vez que la paz es el fruto del triunfo en la guerra. No hubo paz en Europa mientras no se derrotó a Hitler. No hubo paz mientras no se derrotó a Napoleón, no hubo paz en Vietnam hasta que las guerrillas comunistas no derrotaron a los Estados Unidos.

Algunos dirán que Colombia sí ha pagado el precio de la guerra. Invocarán los miles de muertos, los secuestrados, los mutilados, los huérfanos, las viudas y los millones de víctimas. A pesar de esas horribles y dolorosas cifras, la verdad es que esta sociedad, desde su independencia, ha tenido violencia pero no ha enfrentado una guerra. El siglo XIX es la demostración evidente de que los conflictos nunca se resolvían de manera definitiva y por ello resucitaban periódicamente. Las victorias y por lo tanto las derrotas eran simbólicas; las negociaciones de paz no eran sino altos al fuego temporales esperando un cambio de entorno más favorable para alguna de las partes. Tal vez la excepción sea la Guerra de los Mil Días -en la que un ejército venció militarmente al otro- y por ello pudimos gozar de más de cuarenta años de paz ininterrumpida.

El Gobierno tiene una agenda para volver a justificar la apertura del diálogo con la guerrilla. Con gran habilidad ha ido moviendo sus fichas para convencernos de que, en esta ocasión, la guerrilla tiene el deseo de no engañarnos. La reforma constitucional denominada “marco jurídico para la paz” define lo que el Estado le ofrece a la guerrilla: impunidad para las acciones contra los derechos humanos y los crímenes de guerra. Luego de haber aprobado la ley para las víctimas, el Congreso aprobaría para tal fin una ley para los victimarios.

A pesar de las múltiples frustraciones de los procesos de paz, la mente de los colombianos sigue dominada por el escenario del diálogo. Estamos convencidos de que podemos evitar el duro camino de la victoria militar. Muy a la colombiana, queremos comernos el pastel sin engordar. Así no sea políticamente correcto afirmarlo, el camino de la paz ha estado siempre antecedido del horror de la guerra.

La guerra podemos haberla perdido ya en las mentes. Y como la hemos perdido, las condiciones de paz nos las impondrá el triunfador, en otras palabras la guerrilla.

Suena fuerte pero para tener derecho a la paz hay que pagar el precio de la guerra.

 

*Representante a la Cámara

Guerra jurídica contra los militares

                       ¿POR QUÉ SE HACEN LOS LOCOS?

Por: Coronel Gentil Almario Vieda

Toda Colombia, su Presidente, el pueblo, los medios de comunicación, los poderes del Estado saben que las Fuerzas Militares enfrentan una guerra sin protección jurídica y que la Justicia que los destroza está en manos del enemigo y sus secuaces, con muy contadas  excepciones.

El tema se ha tratado a regañadientes y con sordina en la televisión, la radio y la prensa escrita, intentando farisaicamente jugar a todas las bandas al  publicar lo que dicen y escriben   quienes no comulgan con el estado de cosas que están haciendo que el país recaiga en poder de los terroristas de las FARC y el ELN.

Debe tomarse conciencia de la apología que por la mayoría de los medios se hace a los bandidos, el despliegue que se da a los agentes de los terroristas, secuestradores y narcotraficantes. El apoyo que esos medios dan a miembros de las FARC  y el ELN cuando abierta y descaradamente arengan a los delincuentes alentándolos en contra del Ejército y del gobierno con el argumento de que todo el mundo es libre de decir lo que quiera.

No pretendo enumerar la cantidad de afrentas, injusticias y desafueros de que son víctimas los militares y que conoce la opinión pública, como son las condenas con testigos falsos o comprados y en general fabricadas por fiscales y jueces siguiendo consignas manchadas con ideologías políticas contrarias a los principios que defienden las Fuerzas del Orden en cumplimiento de la Constitución Nacional.  

Es sabido también que el sistema operacional del Ejército ha sido intervenido en forma tendenciosa y absurda de manera tal que se favorece al terrorista y se vulnera la protección legal del combatiente que lucha por la integridad del Estado. Es conocido que el Comando General de las Fuerzas Militares con la presión y auspicios de  un genio que fue Viceministro de Defensa estableció un compendio de normas que se llamó pomposamente “REGLAMENTO JURÍDICO OPERACIONAL” que deben  cumplir como  guía  las Fuerzas en combate y que atentan contra el soldado en su integridad y favorecen escandalosamente al bandolero.

Solo me referiré a una de esas monstruosidades que consiste en que en acciones de combate el soldado no puede disparar su arma contra su enemigo sino hasta cuando el bandido lo haya hecho contra él. Esto solo tiene una manera de entenderlo: debe dejarse matar.

Este demoníaco mamotreto no tiene antecedentes en Colombia ni en ningún ejército del mundo. Fue producto  de  presiones de organismos internacionales como La Cruz Roja Internacional y otros engendros en su condición de ONGs, favorecedoras de los derechos humanos de los terroristas. Es oportuno recordar que el militar colombiano no tiene derechos humanos.

¿Quien en estas circunstancias, adobadas con otras de igual estupidez, que están en plena vigencia, querrá entrar en combate a sabiendas de que el Estado no le brinda la más mínima seguridad jurídica?

¿O es que alguien se imagina que el militar no piensa y no ve lo que jurídicamente se está haciendo con él poniéndolo ante la alternativa de su sacrificio o su ingreso a La Picota?

Se dice en diversas formas y con palabras diferentes que la Fuerza Pública está desmoralizada y que es una de las causas por las cuales la Seguridad Democrática está en retroceso.

El presidente de la República ha dicho que hablar de desmoralización del Estamento Militar es una afrenta. Cambiémosle el nombre y digamos entonces que no están desmoralizadas sino desmotivadas que a la postre es lo mismo.

A pesar de lo dicho tenemos la convicción de que las Fuerzas Militares están combatiendo a pesar de todo y están mostrando resultados. Si hubiera la honestidad política y jurídica indispensables para dar la mencionada protección jurídica al combatiente la guerra ya hubiera terminado y otra sería la historia.

La guerra no se gana sin el respaldo de toda Colombia y Colombia es el Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Desafortunadamente da la impresión de que cada uno de ellos  anda por su lado. No existe como Objetivo Nacional ganar la guerra. Todos los argumentos que se esgrimen al respecto son para favorecer y apoyar  a los terroristas enemigos del Estado en el logro del objetivo fundamental  que no han logrado,  de quebrar la voluntad de lucha de sus Fuerzas Militares.

Todo esto es sabido ampliamente. También se sabe cuál es el remedio. Entonces ¿por qué se hacen los locos quienes tienen la obligación moral y legal de poner coto a tamaña injusticia en lugar de todos los días quejarse como las vírgenes necias a sabiendas del mal que están haciendo al país en el orden social, económico y moral?

                              

                           Cor. GENTIL  ALMARIO  VIEDA.

La guerra jurídica contra los militares

Redireccionamiento

Por: MG Ricardo Rubianogroot Román

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

Máster en Seguridad y Defensa Nacional.

Es inquietante y causa intranquilidad el evidente deterioro del nivel de seguridad que el país había alcanzado; por ello, aunque faltaba mucho camino por recorrer, sin duda aquella situación resultaba mejor que la actual.

Ese notorio menoscabo de las condiciones, que el gobierno ha calificado de percepciones, se ve reflejado en encuestas, como la recientemente publicada por varios medios de comunicación, en la cual se plasma la realidad dominante de nuestra Nación. Resultaría redundante e  innecesario repetir en este escrito el contenido de la misma, ya que lo procedente y aconsejable es hacer propuestas para corregir el rumbo de lo que está sucediendo y sugerir acciones que permitan retomar el sendero y encauzar la orientación que hoy se echa de menos.

Ante todo, resulta indispensable aceptar que hay errores y buscar su solución. Por ello, el Gobierno no puede seguir insistiendo en desconocer la realidad, en aras de una pretendida popularidad, que está resultando, además de inconveniente para el país, contraria a sus pretensiones, como claramente lo mostraron las encuestas. Ese autoengaño, que insulta la inteligencia de cualquier colombiano medio y que trata de tergiversar realidades y presentar estadísticas acomodadas que lesionan su propia credibilidad resultan contraproducentes ante el real crecimiento de la inseguridad, que se vive, se siente y se percibe, más cuando la tecnología y la globalización del mundo permite conocer en tiempo real detalles de acontecimientos de los lugares más recónditos y lejanos, inocultables, aun por la prensa más comprometida con el régimen, la que, tardíamente ha tenido que publicar la realidad de la situación en el Departamento del Cauca, la posición de la población indígena y los atropellos contra el Ejercito Nacional, la peligrosa escalada del terrorismo contra la infraestructura petrolera, adicionalmente a que los más independientes, ya venían registrando la evolución  constantemente creciente de sus acciones contra la población y la Fuerza Pública.

Esa estrategia minó la confianza e hizo que se perdiera la fe en los anuncios del Gobierno y puso en evidencia la posición meliflua y acomodaticia del primer mandatario, en particular y del Ejecutivo en general.

El ministro de defensa ha pretendido, tal vez de buena fe, comandar las Fuerzas Militares  y fungir en la práctica como comandante de cada una de las Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), con los resultados que hoy se observan. No sobra recordar que los Ministros están para plantear estrategias globales y orientar las grandes  decisiones y asuntos de su cartera, sin pretender intervenir en cada uno de los asuntos particulares de su desarrollo, ya que ello conduce al descuido de los grandes objetivos. Su nivel es gerencial, su trabajo está en la toma decisiones y no en la ejecución

En el Ministerio de Defensa, responsable de la seguridad, principal y actual preocupación de los colombianos, desde las épocas del Ministro Pardo se ha incurrido en un error garrafal, que ha tenido repercusiones graves, cuando ministros muy preparados en temas diferentes a la defensa y seguridad, pero sin la formación ni experticia en temas militares,  que solo se obtiene con los años en contacto real y no teórico con el combate, pretendieron asumir el papel de comandantes operativos y muy a menudo tácticos. El Ministro puede ser el estratega del primer nivel, quien dice “qué hacer” y señalar el objetivo final, pero es el Comandante Militar el conductor, quien dice cómo hacerlo, es el Comandante Militar y solo él, quien fija y ejecuta la táctica operativa, es el militar quien tiene la maestría en el arte operacional y el combate, y quien, para ese oficio, se ha preparado a lo largo de muchos y duros años. Pretender incursionar en sus responsabilidades e imponerle sus opiniones, apoyado solo en  la autoridad del cargo, conduce a descalabros y reveses.

Las intervenciones del Presidente y su Ministro de Defensa, deben orientarse a la solución de los problemas graves, que los hay, del campo militar, como son la desaparición del fuero militar y su correlativo de la pérdida del espíritu de combate, el desaliento y desmoralización que producen decisiones como la de la Corte Constitucional que ordena, sin considerar los intereses más grandes del Estado, el desalojo de parte de una importante base de operaciones en la Orinoquía colombiana, o la presencia en el país como asesor del mismo gobierno de un calificado enemigo de la Institución y delincuente de su país, en donde fue despojado de su investidura de juez por actos criminales que, en Colombia llevaron a la cárcel a numerosos funcionarios de la administración.

No se trata de discursos y oratoria, se trata de que desarrollen las acciones necesarias, sin engaños ni concesiones a quienes pretenden paralizar las operaciones militares, para atender las reclamaciones urgentes del estamento militar, que pide seguridad jurídica para cumplir con la misión constitucional sin entorpecimientos de las mismas autoridades del país. Se trata de adelantar con diligencia las acciones judiciales contra quienes atentan contra la institución militar y contra la seguridad del país, sin abstenerse por simple conveniencia política o personal del presidente o sus ministros.

Estamos convencidos que alguna parte del gobierno está bien intencionada y coincidente con nuestro deseo de construir una patria digna, grande, próspera y responsable como herencia para las generaciones venideras, pero esto solo se logra con responsabilidad, sin intereses mezquinos, con voluntad real, pero sobre todo con respeto por la majestad de las instituciones como en el caso de las FFMM, patrimonio valioso legado por nuestros ancestros. Corresponde al gobierno redireccionar el rumbo, anteponiendo a sus intereses personales los propios del país, sin condenar a quienes tienen el valor de expresar su preocupación en forma leal y abierta. 

La guerra jurídica contra los militares

Editorial

LA LEGALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ABUSOS

A la fiscalía ya deja de preocuparle la vigencia del acuerdo que firmara en 19967 con el ministerio de defensa, porque ya obtuvieron una norma de muchísima mayor jerarquía  con la consagración constitucional que se pretende hacer de sus pretensiones.

El abuso que algunos miembros de la fiscalía hacen de sus atribuciones, materializado en la maximización, agravamiento y manipulación de los cargos, como expediente para encartar a militares, constituye una práctica común y muy frecuentemente utilizada. Este perverso subterfugio utilizado con plena conciencia de que constituye un desborde ilegal que la práctica ha permitido, ha llevado ya a demasiados inocentes a investigaciones y privación de la libertad total y absolutamente injustas.

La consagración constitucional que pretende establecer como excepción del conocimiento de la Justicia Penal Militar de algunas conductas delictivas, no es más que la legalización de estos abusos que elementos de la fiscalía han venido haciendo desde tiempo atrás; los crímenes que se proyecta excluir son los que, sin corresponder y como estrategia siniestra, ordinariamente se atribuyen casi todos los militares que son investigados por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Esta maniobra ha avanzado, y cada día cobra mayor impulso, gracias a la inadvertida concientización de la opinión, la que terminó convencida de que las operaciones militares han sido la máscara para tapar conductas criminales y nadie, por ello, se atreve a cuestionar estas acciones, que asumen una apariencia de legalidad; a la consolidación de la artimaña, contribuye también la poca o nula oposición de quienes conocen la falsedad de estas premisas y por comodidad, temor o necesidad, callan y permiten que estas prácticas y las teorías que las soportan, hagan carrera, independientemente de su inaceptable injusticia y del perjuicio que han generado a las Fuerzas Militares y Policía y al país, que pareciera paralizado o indolente.

La persecución de los culpables, que los hay, no puede llevar al abandono de los inocentes en manos de un cuerpo de investigadores cargado de intenciones de diferente índole, en donde bajo el mismo parapeto se escudan, entre otros, fines ideológicos, políticos o de venganza, junto con  consideraciones de conveniencia, de aplauso, promoción o premio.

La desprotección de los militares investigados de hoy y de ayer, alcanzará su más alto nivel cuando el Congreso apruebe el proyecto de Fuero Militar que hace trámite allí. La Constitución, entonces, garantizará a quienes desde la Fiscalía persiguen fines políticos para paralizar, definitivamente, las operaciones militares contra los grupos terroristas. Quienes se llamen a engaño y sigan creyendo en la bondad del proyecto, mañana serán sus víctimas o los testigos  del descalabro, pero su lamento será tardío y sin posibilidad de dar marcha atrás para revertir el desorden.

Centro Colombiano de Pensamiento Político-militar

CAUCA: HUMILLACIÓN, IMPOTENCIA O IRRESPONSABILIDAD…

Por: MG ® Hernando A. Ortiz Rodríguez

Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político-militar

Para quienes lucimos el uniforme de soldados de Colombia, fue particularmente doloroso ver las imágenes que los medios de comunicación, una y otra vez mostraban del acontecer en el Departamento del Cauca y en el que claramente se veía a una turba enardecida de indígenas vejando y humillando a nuestros hombres; conmueve, ver las lagrimas del Sargento García, no como acto cobarde, mas bien como símbolo de impotencia, desazón y reflejo de lo que es nuestro país hoy, pero con la convicción de que las armas no se dirigen al pueblo sino al enemigo, fue un acto que si bien nos dejó mal sabor, confirmó porque la institución militar es la de mayor aceptación y estima del pueblo, fue un monumento al respeto por la vida que tanto nos critican.

Pero cabe preguntarse porqué hemos llegado a este estado; porqué se critica al Ejército y a sus comandantes como responsables de lo que allí sucede, por ello, comparto estas reflexiones y respuestas:

El Cauca, desde la colonia ha sido protagonista de la lucha por la tierra y por el poder, pero no fue allí donde se hubieran dado las grandes batallas de libertad, sin embargo, muchos de sus preclaros hijos tuvieron la responsabilidad de manejar el estado Colombiano en los últimos doscientos años.

Dónde quedó su legado y aporte a la región, dónde el aporte de sus líderes políticos, sus dirigentes cívicos, dónde quedó la acción de su actual gobernador que prefiere encargar un secretario y viajar en lugar de enfrentar el problema. Dónde quedó la acción de los últimos gobiernos centrales mas allá de la sospechosa tolerancia con las comunidades indígenas, manipuladas por intereses oscuros ;  dónde quedó la acción de los últimos ministros del Interior responsables del manejo y presupuesto para esas comunidades; porqué va el señor Presidente al Cauca, recibe una significativa silbatina, se va y se obliga al Ejercito a resolver el tema; Dónde está el parlamento, dónde está el poder judicial del Estado investigando y judicializando los autores de la agresión y provocación descarada a la tropa, dónde está la defensoría del pueblo, las ONG’s, la iglesia Católica, los gremios económicos, dónde esta su voz de protesta, dónde está el ciudadano de bien que no vela por preservar el patrimonio nacional como lo es el Ejercito.

Señor Presidente: No abandone a su suerte el Ejercito, es hora de que los políticos y dirigentes, la política, la sensatez (magnifico ejemplo del Sargento García) y la acción de gobierno y del estado actúen o será tarde y nos tocará con respeto y no sin razón repetirle lo que AIXA madre de BOABDIL en el siglo XV le dijera a propósito de la pérdida de la Alhambra: “Llora como mujer, lo que no pudiste defender como hombre”.

¿MIEDO A LA PAZ?

                                                                                            

Al repasar sus palabras del día de ayer en nuestro claustro sagrado de la Escuela Militar, lo hacemos con  respeto y mucho interés, especialmente lo que el señor Presidente nos afirma  que es “su actitud de ofrecer la  Paz”; acto seguido nos dice “no le tengan miedo, señores oficiales retirados, a la paz, porque señores oficiales, suboficiales y soldados: la paz es la victoria, la paz es la victoria; no se les olvide nunca”; luego prosigue “La paz repito, es la victoria. Pero eso sólo se logra con contundencia y perseverancia en el lado militar”.

Nos propusimos entonces  repasar que hicimos la mayoría de los retirados en actividad por 20, 30,35 o 40 años y  en ese recordar nos encontramos con viudas, huérfanos, mutilados, enfermos mentales, hogares destruidos, muchos militares inocentes en las cárceles, perdida la Justicia Penal Militar y una  interminable lista que pudiera catalogarse como precio por la paz .

Voluntariamente y desde muy jóvenes abrazamos esta causa, también fuimos cadetes como el señor Presidente y con mucho orgullo escogimos la opción de la carrera de las armas con el único propósito de  servir y amar la patria; fuimos pues a la guerra a obtener la victoria arriesgando la vida y persiguiendo la paz anhelada que por doscientos años la sociedad Colombiana  fue incapaz de alcanzar;  en ese empeño de años unas veces con éxito, otras con fracaso pero siempre con sacrificio y voluntad de vencer, perseverando,  los militares trabajamos con las herramientas que los gobernantes nos proporcionaron y obviamente atendiendo  su sabia dirección.

El haber vestido el uniforme y haber desempeñado el noble oficio de defender la Patria por tantos años, nos habilita como ciudadanos para opinar, criticar o sugerir, aun sin que se nos pida, porque la paz no se ordena, se construye entre todos; además, la experiencia de hacer la guerra y conocer sus incertidumbres y complejidades nos permite aportar valioso capital para la toma de decisiones que no puede soslayarse pues solo persigue que no se cometan los errores que en el pasado se cometieron y que hoy se traduce en más sangre.

Construir la paz no es negociar por debajo de la mesa, señor Presidente con toda consideración usted nos ha dicho que no había contactos en este momento,  los rumores que son tantos, nos llevan a dudar sobre la certeza de tal afirmación, quisiéramos estar seguros de la lealtad hacia nuestros Soldados, que con la absoluta entrega pierden su vida en el campo de combate.

Los ensayos de paz de los diferentes gobiernos, han tenido un alto precio, Señor Presidente. Y gran parte de ello lo pagamos quienes hoy en el retiro y ayer en el servicio activo, fuimos invitados a no tenerle miedo a su paz. No lo tuvimos en la guerra cuando nos correspondió afrontarla en la primera línea de combate, mucho menos hoy cuando otros valientes y buenos soldados nos relevan en el sacrificio. Su invitación a no tenerle miedo a la paz, no es cosa diferente que una  demanda de sumisión a su caprichosa forma de entenderla, es una pretensión de silenciar nuestra opinión.

Ese es el tipo de preocupación que nos agobia, no es el miedo a la paz esquiva, es preocupación por el sobrecosto que los militares en particular habremos de seguir pagando para alcanzar “su paz” señor Presidente.

¿Por qué, señor Presidente, por qué..?

Fernando Londoño Hoyos

Por Fernando Londoño Hoyos

Junio 05 de 2012

Mucho disfrutó el presidente Santos los computadores de “Jojoy”. Cada vez que se sintió corto de tema en un discurso, lo que le ocurre con alguna frecuencia, o cada vez que quería engalanar el que pronunciaba con alguna revelación imprevista, sin vacilar nos daba cuenta de algún contenido especial de esas páginas electrónicas. ¿Por qué siendo tan adicto a esas lecturas, nunca nos hizo saber que el autor de ellas había ordenado nuestra muerte?

Es cierto que sabíamos desde hacía años que nuestro nombre y nuestra sentencia recorrían los computadores de tan detestables sujetos. Cuando logró escapar con vida de un ataque militar un tal “Lozada”, nos corrieron traslado del documento en el que presentaba nuestra biografía, daba cuenta del estudio de nuestros movimientos, y del lugar y el sitio en que debíamos morir acribillados. De igual manera fuimos advertidos de otros computadores, o por lo menos uno de ellos, con parejo contenido. Pero del computador de “Jojoy” nunca se nos hizo mención, y saberlo no solo habría actualizado nuestras preocupaciones, sino que las habría hecho más rigurosas. ¿Por qué, señor Presidente, no nos dijo nada sobre un documento en el que nuestra vida quedaba condenada?

No vamos a incurrir en la bajeza de asegurar que si nuestro esquema de seguridad hubiera sido advertido, su comportamiento fuera otro, que los dos escoltas sacrificados estarían con vida y que no estaríamos soportando los padecimientos que soportamos. Todo eso se pierde en un “tal vez” con el que no es legítimo escribir la historia ni levantar acusaciones. La nuestra se contrae a decirle que no nos jugó limpio, señor Presidente, y que ha debido ser leal con quienes corríamos peligro y transparente en su actuación como Mandatario.

Santos, Naranjo y la canciller Holguín. Al fondo, Sergio Jaramillo. Todos le ocultaron a Fernando Londoño el gravísimo peligro que se cernía sobre él

Hemos venido a saber, por la misma imprevista vía de noticieros que gozan del favor suyo, que los hijos del presidente Uribe, los del Vicepresidente Francisco Santos, y los míos, se habían convertido en objetivo de estos canallas. Le podemos asegurar, Presidente, que si nos llegara noticia parecida sobre sus hijos, no nos la guardaríamos, como usted lo hizo. ¿Por qué obró de manera tan vil ante la vida de jóvenes que no tienen por qué figurar en la lista de sus odios? ¿Por qué?

Cuando se produjo el fatídico atentado, para nadie era un secreto que debía atribuirse a las Farc. Solamente para usted y para su Director de la Policía, el General Naranjo, correspondía absolver a quienes nos amenazaban desde hacía diez años, y comprometer a un grupo desconocido y misterioso, una tal extrema derecha, que se guardó bien en decir dónde está, quiénes la forman y por qué querrían matarnos. Llegó su osadía hasta el punto de hacernos regañar por el general Naranjo, en público, cuando hubiera sido tan eficaz haciéndolo en privado, por supuesto que agregando pruebas a su reprimenda.

Ese grupo misterioso sería el mismo que puso una bomba al monumento de Laureano Gómez, sin que sepamos, hasta ahora, una palabra más del atentado. ¿Por qué? ¿Por qué desviar una investigación obvia y perder en ella tiempo precioso, a la usanza de lo que se cumplió con los crímenes de Luis Carlos Galán y de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Nos quería entretener 10 ó 15 años con una investigación fallida, para reemprender la ruta cuando del atentado que padecimos no quedara ni lejana memoria? ¿Por qué?

No podemos aceptar que la Seguridad del Estado no tuviera la más remota noticia de que las Farc hubieran traído desde la Eta e Irán las bombas lapa, como tampoco que usted no se haga una pregunta sobre la proveniencia de esa técnica, y esos técnicos y esos explosivos, y si pudieran haber desembarcado en un avión procedente de Teherán. No olvide que usted tiene un nuevo amigo, el mejor de los suyos, que tiene nutrida correspondencia con esa gente. Algo podría preguntarle, nos parece. Pero ni una palabra sale de sus labios. ¿Por qué?

A algunos se puede engañar, por algún tiempo. Pero no a todos indefinidamente, señor Presidente.