EN DEFENSA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR

TENDENCIAS Y RETOS DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR COLOMBIANA

                                                 

                                          Brigadier General® JOSE ARTURO CAMELO PIÑEROS*

Asumir el encargo de aportar ideas que contribuyan a mejorar la situación de crisis que afronta la Justicia Penal Militar Colombiana, constituye un reto y una oportunidad valiosa, por cuanto el espacio de tiempo permitido a la exposición de mi ponencia es insuficiente para todo cuanto quisiera expresar frente a este auditorio, en su mayoría conformado por mis antiguos funcionarios, a quienes recuerdo con especial afecto. Vengo a ustedes sin prevenciones ni aspiraciones; con respeto, pero con la obligación moral de decirles lo que considero que se está haciendo mal, porque  los tiempos que vive nuestra justicia no se prestan para elogios.   Debo decirles que lo hago con base en la experiencia de haber pertenecido por 34 años y ahora en la reserva activa a la organización, con mayor grado de credibilidad en nuestra Nación desde que se crearon los sistemas evaluativos, para medir la confianza de los colombianos en sus instituciones.

Analizar tendencias y explorar retos de la Justicia Penal Militar en nuestro  Estado Constitucional de Derecho es el objetivo general del foro que hoy nos ocupa.

Por su parte, analizar las tendencias no parece complicado, por cuanto parece evidente la posible presencia de 3 escenarios posibles a los que se podría llegar: 1) La desaparición de nuestra Justicia Penal Militar como resultado de otro intento que se haga para que sus funciones sean asumidas por la Justicia Ordinaria , 2) El renacer de una Justicia fortalecida mediante la adopción de un sistema que responda a las necesidades de eficiencia y credibilidad requeridas y 3) una posición ecléctica consistente en continuar su marcha indefinida persistiendo en sus errores.

Para que nuestra participación en este encuentro no resulte inocua, deseamos manifestarles a los presentes que pretendemos buscar el fortalecimiento de la justicia Penal Militar, porque conocemos de la importancia del fuero militar y su influencia en el espíritu de combate de las tropas como factor indispensable para definir a nuestro favor el conflicto que ha azotado nuestra Nación por tanto tiempo.  Es por esto que creemos necesario, reflexionar acerca de cuáles medidas serían imprescindibles  para lograr lo que tanto deseamos, por cuanto sin ellas todo esfuerzo se convertiría en mera intención carente de resultados reales.  Creemos que nuestras ideas pueden resultar  innovadoras puesto que tratándose de proponer soluciones sin requerir de presupuesto ni exigir cuotas burocráticas para fortalecer un sistema judicial en nuestro País, no parece real. De lo que se trata es de sugerir recomendaciones para fortalecer  nuestro sistema Penal Militar con el potencial con que se cuenta.

Consideramos medidas imprescindibles para lograr el fortalecimiento de nuestra Justicia Penal militar: 1) Crear conciencia de la necesidad, fines y fundamentos del sistema de Justicia Penal Militar para garantizar la supervivencia del Estado Social de Derecho, 2) Compromiso de las instituciones para construir dogmática especializada y 3) corregir las fallas que presenta el actual sistema como consecuencia de la carencia de las 2 anteriores.

En primer lugar, la necesidad de una Justicia Penal Militar, debemos entender,  no reside en el argumento de que todos los países desarrollados del mundo cuentan con una Justicia Militar, porque países como Francia, Alemania o Suecia no la consideran necesaria, debiendo aclarar que ello es así para tiempos de paz; pero no existe en el mundo País alguno que en estado de conflicto no cuente con ese recurso  especializado para juzgar las conductas delictivas cometidos en el ámbito castrense. La Razón principal que soporta la existencia de un sistema Penal Militar, reside en la suprema necesidad de velar por el mantenimiento de tres factores sin los cuales el empleo de la fuerza no garantizaría la defensa del Estado y la eficacia de la Ley:  La preservación de la disciplina militar, La eficacia de las Fuerzas Armadas de la Nación y el mantenimiento del sistema jerárquico de los Ejércitos, todo ello para lograr el fin supremo que se les confía  a las Fuerzas de tierra, mar y aire en todas las naciones: la defensa de la soberanía, la integridad territorial, la independencia nacional y el orden constitucional.

De la mano de la comprensión acerca de la necesidad de un sistema de Justicia penal Militar, se deben realizar esfuerzos para abandonar la definición según la cual el fuero militar es una prerrogativa o privilegio, del cual gozan los militares para ser juzgados por procedimientos especiales puesto que, este concepto ha sido utilizado para dar a entender que lo que se busca es cubrir con el manto de la impunidad los delitos cometidos en el ámbito militar, tal como lo han expresado en diferentes oportunidades los organismos internacionales y a cambio de ello definir de manera correcta el fuero militar como una garantía constitucional. No olvidemos que el fuero militar protege en últimas, las funciones que los miembros de la Fuerza Pública cumplen de acuerdo con el mandato Constitucional y las instituciones que representa, antes que la persona en si misma considerada y por lo cual le asiste al fuero, también la característica de la irrenunciabilidad. 

Como segunda medida imprescindible para fortalecer el sistema de Justicia Penal Militar, citamos el necesario compromiso de las instituciones involucradas en el ámbito militar y Jurídico- Militar para la creación de dogmatica Penal. Para ello es necesario abandonar definitivamente la creencia según la cual de las falencias que presenta  la Justicia Penal Militar, son culpables los políticos, la Corte Constitucional, los legisladores, los Organismos internacionales y las ONGs. Aquí tenemos que comprender que cada institución cumple sus deberes según sus conocimientos, políticas, creencias, conveniencias o necesidades y es al estamento militar y jurídico castrense a quien corresponde crear las condiciones necesarias para incrementar el conocimiento profundo de la ciencia penal especializada. . Además debemos abandonar la idea que el problema se arregla en corto tiempo o cambiando de Director.

 La dogmatica penal, entendida según Roxín, como la disciplina que se preocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y las opiniones científicas en el ámbito del Derecho Penal, debe ser adoptada en el seno de nuestra justicia, no solo para la sagrada labor de administrar justicia sino para encontrar los elementos que sustenten la existencia de la ciencia penal militar.

Se debe hacer uso de contra-argumentos  más sólidos y efectivos, para enfrentar posiciones que contrarresten la creencia de que es conveniente acabar con la Justicia Penal Militar, tal como lo manifestara nuestro jefe de Gobierno ante Organismos Internacionales. La dogmatica penal debe ser asumida como método de estudio e investigación jurídica con base en la norma militar y penal militar y debe ser adoptada en la conciencia de los operadores de justicia dirigidos por sus más ilustres dignatarios para establecer principios, categorías y particularidades del estamento militar, sistematizar todo el saber con referencia al Derecho Militar para proporcionar seguridad jurídica. Se deben impulsar las investigaciones propias del Derecho Militar comparado, la criminología y la política criminal para enfrentar con argumentos sólidos el embate de quienes propenden por la eliminación del fuero militar. Con que recursos combatimos los argumentos de quienes quieren eliminarnos si en nuestro País no existe un solo libro de criminología, dogmatica o doctrina Penal Militar?. Se trata de saber y comprender por qué y para que estamos administrando justicia y eso, no esperemos que lo respondan la ONGs.   

Por último, queremos referirnos solo a algunas fallas que presenta la justicia Penal militar, tal como está concebida en la actualidad o tal como pretende establecerse cuando adopte plenamente lo que ha denominado sistema penal oral acusatorio, no sin antes advertir que los problemas que afronta nuestra Justicia no son hechos aislados en el contexto internacional, sino que muchas veces aparecen como similares  a los que enfrentan muchos países del mundo motivados principalmente por observaciones de organismos internacionales de los  Sistemas Interamericano  Americano y Europeo de Derechos Humanos. Más aun,  debemos a manera de consolación admitir que tampoco constituye un hecho aislado dentro del estamento militar puesto que otras instituciones como el régimen disciplinario, La ley de Defensa Nacional, La inteligencia Militar y la ley de movilización también sufren de inseguridad jurídica, la mayoría de ellas además padecen de  parálisis legislativa esperando quizá el día de la resurrección. Es preciso anotar, como se indico al comienzo, que las fallas que aquí se advierten obedecen al desconocimiento de lo tratado en los dos puntos anteriores, es decir al desconocimiento de los fines, fundamentos, principios y falta de compromiso para crear una dogmatica aplicada.

Así entonces la tercera medida imprescindible para fortalecer la justicia Penal militar consistirá en corregir los errores que se advierten y que hemos denominado: Retos para corregir los errores que presenta la Justicia Penal Militar, así:

1. Adoptar un procedimiento Penal Militar,  que responda a las características propias del estamento castrense y que favorezca  el cumplimiento de los fines para los cuales son creados los sistemas de Justicia Militar. Tomar como modelo el sistema penal cuasi-acusatorio ordinario no parece haber sido lo más acertado porque de contera se desconoció el principio de especialidad de la Justicia Penal Militar, lo que equivale a autodestrucción  y porque ambas jurisdicciones se oponen en sus orígenes político-criminales y sus fines son totalmente distintos. Mientras la Justicia Penal Militar busca mantener la disciplina, la eficacia de las Fuerzas Armadas de la República y el sistema jerárquico de los ejércitos, aquella esta instituida para evitar la violencia a través de la aplicación de la norma y combatir el crimen, a mas de que sus transformaciones obedecen también a necesidades distintas.

Existe aquí tema suficiente para razonar de la mano de la doctrina jurídico-militar que les sugerimos incrementar, si aquellas figuras tales como la sentencia anticipada, las rebajas de penas por delación, la negociación de la pena con el imputado, los preacuerdos y otras figuras que se originaron en la justicia ordinaria para buscar la colaboración del delincuente desde aquellos negros tiempos de la política de sometimiento a la justicia y ahora más recientemente para facilitar la desarticulación de bandas de narcotraficantes y paramilitares; figuras que ahora adopta nuestra justicia no irán en contravía de lo que se pretende preservar?

2. Adelantar las gestiones legales que sean necesarias para crear las verdaderas "Cortes Marciales", puesto que ello es un mandato constitucional. Basta reparar en la interpretación sistemática y exegética del contenido del artículo 221 de la Constitución Política, para advertir que ellas están allí dispuestas y no mantenernos en el engaño de creer que la corte marcial es lo mismo que la audiencia oral; más aún después de haber escuchado en este foro, de boca de los ilustres visitantes extranjeros lo que es realmente una Corte Marcial. Amplios son los beneficios de administrar justicia en cabeza de los tribunales o cortes marciales con participación del jurado y ya nuestra Corte Constitucional nos indicó la manera de hacerlo, mediante sentencia C-145 de 1.998. Cumplir el mandato integraría el cuerpo jurídico militar con la institución a quien le debe su naturaleza y razón de ser.

3. La propuesta de afrontar un tercer reto consiste en recuperar la figura del Defensor Militar, a pesar de que se encuentre vigente la sentencia de la honorable Corte Constitucional que declaró inexequible esta figura cuando este correspondiera a un militar activo a pesar de ser abogado, porque la Corte también se equivoca y merece la oportunidad de corregir sus errores. Para este caso los honorables magistrados fallaron en contra de la Constitución  porque lo hicieron con base en la presunción de mala fe y lesionaron gravemente el honor de la Institución militar.

La defensa técnica a que tiene derecho el inculpado militar requiere que quien la ejecute cuente con los conocimientos, no solo jurídicos sino los propios de las ciencias militares. Ahora las altas cortes están demostrando que sus jurisprudencias pueden cambiar porque precisamente fueron formuladas por humanos como nosotros. Recordemos aquí a manera de ejemplo, como nuestra Corte Suprema de Justicia varió su jurisprudencia en relación con el fuero senatorial, al aceptar primero la posibilidad según la cual, un honorable senador podía renunciar a su fuero por preferir ser investigado por la Fiscalía General y luego ya pensando más fríamente cayó en el acierto de recordar que los fueros no protegen personas sino las funciones que cumplen y la institución que representan, logrando al mismo tiempo garantizar eso si,  derechos a las personas. Recordemos que según lo reza la declaración universal de Derechos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Busquemos entonces la oportunidad para que nuestra honorable Corte Constitucional corrija el error de haber declarado inexequible la figura del defensor militar por ser militar, porque si se persiste en el,  continuaríamos siendo el único país del mundo donde gracias a un equivocado entendimiento de la Constitución, se impide a los militares en servicio, actuar como defensores dentro de los procesos que se adelantan dentro de su jurisdicción penal militar. (Consultar salvamentos de voto sentencia C-592 de 1.993). Como se puede pensar en garantizar la defensa técnica del militar, dentro de una causa penal militar si quien debe hacerlo no tiene conocimiento de lo militar?     

4. Se debe evaluar la viabilidad y conveniencia de la creación del C.T.I. " exclusivo" para la Fuerza Pública, porque supone la inversión de recursos impensables y va en contravía de decisiones que por causas políticas se están tomando para eliminar o controlar al máximo la dispersión de los organismos técnicos de investigación. Nunca se podría igualar la capacidad de recursos del C.T.I. de la Fiscalía para pretender reemplazarlo y la intención puede causar un efecto negativo.

5. Por último, nuestras recomendaciones se resumen a convertir las amenazas en oportunidades creando un verdadero sistema penal acusatorio que permita además cumplir los fines para los cuales se estructuran los sistemas de justicia penal militar.

La Fuerza Pública de nuestra Nación está enfrentando un conflicto narcoterrorista de inmensas proporciones y cuenta con los recursos humanos y materiales  suficientes para ganar esta guerra. La reserva activa se encuentra dispuesta a salir en defensa de la Justicia Penal Militar como  lo ha hecho en varias oportunidades,  pero hoy se requiere del concurso de todos, para que el hombre que combate lo haga sin temor. No solo venciendo el temor frente al enemigo y  para lo cual lo hemos entrenado hasta lograr que esté  dispuesto a dar su vida por nosotros, sino que también lo haga sin temor a verse enfrentado a jueces que no conocen de sus condiciones o a  juicios injustos cuando su conciencia le dice que ha actuado de acuerdo con su deber.

Les agradezco inmensamente el haberme escuchado y les deseo acierto en su sagrada labor.        

*Ex-Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar y Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar.

                                                                                  

 Joscame1@yahoo.com

                                                                          311-2362214

10-MAR-2011

Por favor enviar un comentario

LAS OPERACIONES Y EL MANUAL DE DERECHO OPERACIONAL

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

Hay una pregunta que por estos días la gente se hace y es la de ¿que estará pasando en el Ejercito y por qué razón no volvieron los golpes contundentes como las operaciones Siete de Agosto, TH, Libertad I, las de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y otras adelantadas por las unidades y que causaron un efecto estratégico letal en las FARC y las obligaron a pasar a la defensiva estratégica y  a la pérdida de la iniciativa colocándolas en grave deterioro así como a ir en franca decadencia?; ¿será exceso de triunfalismo o que nos contentamos con ir por inercia detrás del ”fin del fin” que tanto pregonaba un  comandante no bien recordado al interior de la institución militar y que causó un efecto de adormecimiento?

Creemos que es la sumatoria de errores, malos manejos y manoseo, falta de liderazgo y comprometimiento desde las más altas instancias gubernamentales que siguiendo la cadena de mando lesionó la moral y generó inseguridad en nuestros comandantes medios y bajos trayendo como consecuencia la situación actual que aunque tiene remedio, sí debe ser reconocida  y considerada para darle los correctivos adecuados y retomar la iniciativa y el vigor operacional enmarcados en las reglas claras de enfrentamiento y en las normas morales y éticas que legitiman el accionar de nuestras Fuerzas Armadas.

Errores y malos manejos, porque así no se reconozca ni haya evidencia escrita, se confundió exigencia de resultados con presión desmedida sin importar el costo y la forma, que condujo a conductas reprobables que sumadas a montajes y corrupción, dieron origen a situaciones como el retiro doloroso e innecesario de algunos comandantes en cuyas unidades se sospechaba de la existencia de dichas conductas punibles que dieron origen a los peyorativamente llamados “falsos positivos” ; por eso en el afán de poner a salvo el buen nombre, las aspiraciones y el apego a la ley de jefes y responsables de la institución militar, sin una razonable investigación se tomaron medidas injustas que golpearon principalmente la moral del ejercito.

En este afán, surge un remedio que a nuestro juicio resultó  peor que la enfermedad y es el “Manual de Derecho Operacional” FFMM 3-41 dado a conocer por Disposición 056 de Diciembre 07 de 2009 del Comando General de las Fuerzas Militares que hasta la fecha permanece vigente.

En su presentación, el Comandante General afirma que “el manual intenta articular el marco jurídico con la dinámica operacional” (pg. 9 del documento) y que “las FFMM están dedicadas a asegurar la consolidación del territorio, es decir, a crear las condiciones de seguridad que permitan el fortalecimiento gradual de la ley y de la presencia de las entidades del Estado a lo largo del territorio nacional” (pg. 9) lo cual puede interpretarse como reglas hechas para el posconflicto o simplemente no reconocer que hay un estado de guerra que amerita legislación y marco diferentes, sin entrar a contemplar, por ejemplo, una agresión externa de la que ni siquiera cita.

El manual desvirtúa las TOE (Tablas de organización y equipo), pilar del orden y organización militar para cumplir la misión constitucional porque dice que "el objetivo militar consiste en proporcionar al comandante los parámetros dentro de los cuales debe actuar, incluyendo el tipo de armamento y al soldado las circunstancias en las que puede hacer uso de la fuerza”, esto lo vuelve ambiguo,   dado que no aclara para qué nivel de comando está hecho ni cómo se interpreta o aplica el concepto de uso de la fuerza en un soldado bajo condiciones de combate (vale resaltar que fue elaborado por la cruz roja y expertos en DDHH sin experiencia o conocimiento cierto de la guerra).

El manual, entre las medidas que implementa dispone el uso de tarjetas azul y roja como columna vertebral en las reglas de enfrentamiento para el combate terrestre, en las que la roja se autoriza  cuando previo  análisis  a la ejecución de cualquier operación se pueda identificar plenamente un “objetivo militar” en cumplimiento de los principios  de limitación, distinción y proporcionalidad; su neutralización sea necesaria y represente una ventaja militar directa, concreta y prevista; y la intención del Comandante sea planear un tipo de operación en el que el uso de la fuerza pueda ser el primer recurso; la azul  para operaciones de mantenimiento de la seguridad  y textualmente se autoriza cuando el fin es mantener la seguridad, en contextos operacionales en los que no se busca atacar un objetivo militar determinado. Se trata de garantizar la consolidación del territorio y el respeto por el Estado de derecho.

A nuestro sentir el manual deja sin piso lo más elemental que un comandante de cualquier nivel aprende del combate como son los principios de la guerra que si no se observan, poca posibilidad de éxito tendrá y en consecuencia será entonces culpado de omisión; con el uso de las tarjetas como se puede obtener la sencillez, sorpresa, economía de fuerza, etc.; para explicarlo en la práctica, propongo el siguiente ejemplo para lo cual inicio con dos situaciones que ya se presentaron, una el asalto y robo bancario en Caloto y el otro el secuestro masivo de los trabajadores del petróleo en el Vichada:

Si en los dos casos por cierto reales y posibles la responsabilidad hubiera sido del Ejercito (al parecer en Vichada lo era) es claro que a la luz del manual la tropa debió haber tenido una orden de operaciones con la tarjeta azul dada la misión de seguridad que implicaba especial cuidado en el uso y proporcionalidad de la fuerza; en el caso de Caloto seguramente hubieran reaccionado para proteger las personas y el dinero, lo cual permite el manual, pero no hubieran podido iniciar la persecución pues ello no era lo consignado en la orden, siendo necesario esperar que el comandante de batallón, previo planeamiento, como está ordenado en el manual, autorizara otra operación con tarjeta roja, y de hecho se hubiera perdido el contacto y la oportunidad del éxito; todo lo anterior en el supuesto que el hecho hubiera sido cometido por las FARC o el ELN, ya que de no ser así, el procedimiento para  la intervención de la Policía es diferente lo cual hubiera conducido a la pérdida de tiempo y a la consecuente huida de los delincuentes.

En el caso de Vichada, la tropa debió tener una misión de seguridad que implicaba el uso de la tarjeta azul y de la misma manera se debió hacer uso de otros medios no de las armas porque hasta donde se sabe no hubo disparos, además para la persecución debió consultarse con la unidad superior( si la comunicación era expedita), planearse y ejecutarse otra operación que permitiera el uso de la fuerza; todo lo anterior es la interpretación simple del manual;  lo que pasa es que en la usanza y la lógica militar el análisis de situación es mental, actual e inmediata o si no se condena la tropa al fracaso y al descalabro; la rápida respuesta del Ejercito en la recuperación de casi todos los secuestrados obedeció al empleo de tropas diferentes a las allí desplegadas, posiblemente incrementando el costo de la operación.

Finalmente, vale la pena la reflexión sobre lo que esos anteriores y sencillos ejemplos describen  y explican,  la casi pasividad forzada del Ejercito frente a otra realidad nacional, sumada a la sensación de inseguridad jurídica, falta de solidaridad y apoyo de las más altas instancias políticas hacia la tropa que siente como se soslayan sus derechos y garantías constitucionales generan el grave problema;   no es que ello  justifique el uso irracional de la fuerza o se apruebe hacerlo con dolo; para eso la Escuela Militar en los últimos 104 años ha formado oficiales con principios y valores y por supuesto líderes militares idóneos técnica, táctica y físicamente a fin de garantizarle a la sociedad colombiana la observancia sagrada del deber constitucional, la garantía del cumplimiento de dicho mandato y la legitimidad y nobleza de los actos del militar colombiano para permitirle al ciudadano ejercer sus derechos; es la hora de buscar la solución comenzando por revisar y adaptar a nuestra realidad las reglas de juego de esta ya larga guerra.

Bogotá, D.C., 9 de Marzo de 2011

MG Hernando A. Ortiz Rodríguez

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

pensamiento.politico.militar@gmail.com

La Opinión de la Semana

Por favor envíenos un comentario

El turno del fuero penitenciario

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

www.pensamientopolitico-militar.bolgspot.com

En rueda de prensa se anunció que 63 militares y policías condenados por los delitos de narcotráfico, acceso carnal violento, tráfico de armas y municiones, y secuestro, serían trasladados a cárceles ordinarias. No porque aparezcan altos miembros del gobierno anunciando la decisión, deja esta de ser arbitraria e ilegal. La presencia del Ministro del Interior y el de Defensa, junto con los comandantes de las FFMM  y el Ejército y el director del INPEC lo único que hace es más grave la violación a lo dispuesto en la ley.

Independientemente de que las conductas seleccionadas sean de alto impacto, la ley no permite tal discriminación y así lo ha ratificado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones. En Sentencia C-394 de 1995[1] que definía la reclusión de ciertos funcionarios con fuero, para la Corporación es claro que la medida adoptada en esa disposición no constituye un privilegio, “sino una prudente medida de seguridad”. Pero, más concretamente, al proteger los derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Pública, la Corte ha definido, desde mucho tiempo atrás y en forma reiterada, que no tiene relevancia si los hechos tienen o no relación con el servicio, ni el tipo de delito, ni la gravedad de la condena. En sentencia de tutela T-680 de 1996, dijo la Corporación:

La restricción de ciertos derechos del detenido o condenado, no implica que el Estado omita el deber constitucional de proteger su vida y su integridad física. Esta obligación de amparo que se impone a las autoridades, debe brindarse especialmente a aquellos detenidos o condenados que, en cumplimiento de su labor de combatir la delincuencia, han generado graves motivos de enemistad entre quienes serían sus compañeros de celda, corredor o patio, de no existir tal protección…

La Corte no comparte la interpretación que hace el Coronel Moreno Ramírez del mencionado artículo 402, pues ese funcionario le atribuye a la norma un alcance restringido que no tiene.  Una cosa es la justicia penal militar a la que compete el conocimiento y el juzgamiento de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y otra muy distinta es la destinación a centros de reclusión especiales de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía a la que hace alusión el artículo 402.  Con esta norma, lo único que persigue el legislador  es evitar el inminente peligro que corre la vida de quien, por cumplir una función pública expuesta a riesgos, se ha granjeado enemistades. Así, para la aplicación de la precitada norma es irrelevante si los delitos se cometieron o no en razón del servicio; lo que debe verificarse es si la persona ostenta una de las calidades taxativamente señaladas por el legislador (arts. 402 del CPP y 29 de la Ley 65 de 1993). (Lo resaltado fuera del texto)

En Sentencia T-588 de 1996[2], en un caso similar y en orden a proteger la vida de un detenido, manifestó la Corte:

El director del INPEC manifiesta que el agente Lázaro no tiene derecho a un sitio de reclusión especial, puesto que está sindicado de delitos comunes, de conocimiento de la justicia ordinaria. Al respecto manifiesta que así como únicamente son de competencia de la justicia penal militar los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública que estén en relación con el servicio mismo, lo lógico es concluir que el fuero carcelario solamente es aplicable a los miembros de la misma fuerza pública que sean detenidos por delitos relacionados con el servicio.

La Corte considera que la comparación que realiza el director del INPEC no es de recibo, pues se trata de dos situaciones diferentes. La justicia penal militar constituye una jurisdicción especial y las restricciones que señala el mencionado director tienen por objeto delimitar el tipo de asuntos que le corresponde conocer. La adecuación de las cárceles especiales para los miembros de la fuerza pública,  persigue un propósito distinto. Se busca que los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, en el momento en que sea ordenada su detención preventiva, cumplan con esa medida, como correspondería a todas las personas, pero en condiciones tales que no se coloque en inminente peligro su vida o su integridad física, circunstancia ésta que se presentaría si fueran internados junto a aquellas personas que ellos mismos o sus compañeros de actividad contribuyeron a detener o a condenar.

(…) Por el contrario, el establecimiento de cárceles especiales para los miembros de la fuerza pública acusados de delinquir tiene por función amparar su vida e integridad física, y para la protección de estos bienes jurídicos no tiene ninguna relevancia la constatación de si los delitos bajo investigación fueron cometidos en relación con el servicio o no…

8. En las normas citadas no pueden fundarse las distinciones que hace el director del INPEC. De acuerdo con su texto, todos los miembros de esa institución deben ser remitidos a centros especiales cuando se les decrete la medida de aseguramiento de la detención  preventiva. Puesto que la ley no hace excepciones, la conclusión lógica es que las mencionadas disposiciones deben ser aplicadas por igual a todos los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía que se encuentren detenidos preventivamente, independientemente del delito que se les impute. (Lo resaltado fuera del texto)

No sobra recordarle al Gobierno nacional que tiene la obligación perentoria de cumplir la ley sin excepciones, ya que, como lo recoge la edición de El Tiempo del 22 de febrero, el propio Gobierno reconoce que su determinación cumple la ley a medias, pues se atribuye al Comandante del Ejército la expresión: "el Gobierno está garantizando el fuero penitenciario de acuerdo con la ley, con excepción de los cuatro delitos que hemos mencionado".

Como ocurre en este caso, que aplicado al tema de la Justicia Penal Militar, ejemplifica la pérdida del Fuero Militar y la potestad disciplinaria, así se fueron acabando los derechos adquiridos en la Institución Militar, cuando cada uno de los Comandantes  de turno, bajo presión del mismo gobierno o la comunidad, la amenaza de retiro o disminución de apoyos financieros o influencia de organizaciones de diferente índole, cedía una pequeña porción, aparentemente insignificante; al final, sumadas las entregas se había dispuesto y entregado la totalidad del derecho.

Sin entrar en presunciones sobre los motivos que cada uno tuvo, lo cierto es que los jefes militares, en su momento debieron  considerar que su pequeña concesión no significaba mucho y, en efecto accedieron, abriendo una pequeña brecha, que sus sucesores fueron ampliando con el mismo criterio de insignificancia. No se tuvieron en cuenta los efectos de aquellas ni sus consecuencias hacia el futuro sobre la integridad de la Institución; el más claro ejemplo de ello, no el único, es el estado de postración actual del fuero militar.

Es posible que el envío de 63 militares y policías a cárceles comunes no constituya gran cosa dentro de los miles que hoy se encuentran privados de la libertad. Lo funesto es el precedente que se crea, es la pequeña concesión que hoy se hace y que mañana, complementada con otras, represente la desaparición total del fuero carcelario. Al fin y al cabo la responsabilidad se diluye y, en concreto, a nadie se puede culpar de la concesión hecha.  Cada cual puso su grano de arena. Cuando el terrorismo y la subversión se impongan y nos regresen a escenarios ya vividos, ninguno de ellos se hará responsable. La verdad es que todos lo son.

Bogotá, D.C, 23 de Febrero de 2011

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

---

[1] M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

[2] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

Editorial de la Semana

EL  PRESIDENTE  URIBE  Y  LOS  MILITARES

Por: Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

                                                                                                                  

                                                                                                                 

Cuando el Presidente Uribe asumió el poder el 07 de agosto de 2002, lo hizo en medio de la euforia y optimismo, era el resultado del discurso y  programa político anhelado en su momento   por el sentimiento nacional,  opuesto   al fracaso del Presidente Pastrana que terminaba su periodo, perpetuado en la memoria de los Colombianos  por la vida fácil,  la ingenuidad, la apariencia y la absurda obsesión por la paz que terminó con la entrega moral y física ,  en medio del  descrédito  y  el rechazo nacional .  

Al asumir el gobierno, el Presidente URIBE, donde más euforia y respaldo generó fue entre los  militares, por su identidad,  voluntad y compromiso político para enfrentar el conflicto, por su respaldo institucional y porque se  presentaba como el líder que durante mucho tiempo las Fuerzas Militares esperaron al frente del Estado . Muy temprano las cosas cambiaron. El poder, su actitud mesiánica y un liderazgo carismático bien explotado lo llevó a  actuar como Comandante de  unidades militares hasta  del más bajo nivel, impartiendo  ordenes directamente, pidiendo explicaciones a Comandantes subalternos, violando las más  elementales reglas del conducto regular  norma y tradición fundamental de la milicia, desconociendo  y deslegitimando Comandantes, generando desconcierto  e inconformidad al interior  del mando militar, circunstancia que por el respeto que tradicionalmente los militares colombianos han profesado por su Presidente fue imperceptible para el ciudadano del común, todo esto, empleando   un discurso meloso y zalamero lleno de “flores” para con la tropa, pero con la habilidad del político que en  momentos de dificultad y de asumir responsabilidades la abandona en medio de la contienda .  

Durante los ocho años de gobierno del Presidente Uribe es imposible desconocer los logros de la política en el desarrollo de la guerra, fueron muchos y muy importantes  los éxitos en el campo de combate mediante  la ejecución de operaciones militares de gran habilidad, riesgo e inteligencia. Se produjo la desmovilización de las autodefensas, el repliegue de las Farc, la pérdida de terroristas por las bajas en combate, su captura, entrega o desmovilización voluntaria; indiscutible es, que durante el gobierno del Presidente Uribe la situación del conflicto colombiano cambió completamente  a favor del Estado y este balance de carácter militar es lo que más satisfacción y reconocimiento produjo en el pueblo  Colombiano. 

Pero la gran paradoja entre los logros del gobierno en el campo militar y lo sucedido con la institución y sus miembros, estuvo en la manipulación política del conflicto, la imposición de intereses exógenos a los institucionales, el desamparo o abandono por parte del gobernante para con nuestros combatientes  y la habilidad  para eludir la responsabilidad política de las acusaciones contra los militares.     

Estas graves circunstancias producto de las actitudes, acciones y decisiones del Presidente Uribe  pasarán  a la historia institucional como la gran desilusión  con un Presidente que manifestaba   el mayor afecto hacia las Fuerzas Militares pero que terminó siendo objeto del desencanto más profundo en el alma de nuestros comandantes y soldados, por su habilidad para  mostrarse transparente, puro, respetuoso y simultáneamente consentir  la desconfianza y la culpa hacia la institución y sus hombres.   

La Justicia Penal Militar tal vez fue el objetivo que el Presidente encontró como el más rentable para sus intereses políticos. El Ministro de la Defensa Camilo Ospina en documento firmado con el Fiscal General y contrariando la norma Constitucional  pero con el aval Presidencial determinó  acabar con la Justicia Penal Militar. Más tarde cuando el Consejo de Estado se pronunció suspendiendo lo acordado en el funesto documento, otro de sus Ministros de Defensa interpuso recurso, una vez más con el aval del Presidente como el propio  Ministro lo manifestó en la Escuela Superior de Guerra. El Presidente Uribe en su visita y discurso ante la Corte en Costa Rica, Tribunal Internacional que no se preocupa por  ocultar su identidad política de izquierda, donde todas las acusaciones contra la institución militar que llegan a sus manos, de hecho  son condenas sin oír ni vencer al acusado, les entregó  el inesperado trofeo al expresar en referencia a la Justicia Penal Militar  “…Inclusive creo que en un momento hay que llegar a eliminarla…”, sorprendiendo a los propios Magistrados que no esperaban tamaño regalo en palabras del mismo Presidente.

Pero lo que nunca esperaban  los militares de su Comandante en Jefe, es su  indiferencia, tratamiento despectivo y  negado  compromiso político por la  defensa  institucional y de sus integrantes ante hechos o acusaciones de organismos nacionales e internacionales en desarrollo de la muy bien orquestada guerra jurídica. Su condena anticipada al Ejercito y  nuestros hombres en el lamentable y hábil montaje del caso de JAMUNDI, la destitución de 27 miembros del Ejército en uno de los casos de mayor injusticia,   episodio que se prestó para la traición y deslealtad con el Comandante del Ejército por parte de su indecoroso superior y compañero de profesión, el aberrante caso del palacio de justicia, los montajes de testigos falsos , manipulación de pruebas y desconocimientos de las más elementales normas jurídicas por parte del aflautado y siniestro fiscal impuesto por el Presidente Uribe, la descalificación a un alto mando del Ejército que desde el exterior en reunión  de Jefes de Estado  hizo el Presidente Uribe. Si el Presidente tenía alguna información o duda, destituya al General y ordene la respectiva investigación, pero prefirió poner a su ejército en el desprestigio internacional para mostrarse como el jefe político  exigente, víctima de militares  corruptos. Finalizando su gobierno y en  calculada decisión  de la más pura politiquería le permitió al Comandante Militar de más alta jerarquía colocarse insignias de un nuevo y superior grado sin respaldo   legal; autorización  que ofendió la moral,  la ética y los valores institucionales. 

La experiencia de los militares con los políticos es una historia de nunca terminar. Desafortunadamente todas con saldo negativo para el Soldado. Ingenuamente creímos que las circunstancias serian diferentes con el Presidente Uribe, pero que gran desilusión, el Presidente hizo honor a su condición de político de la más rancia estirpe, y la historia se repitió.

Rebuscando en los papeles de la vida institucional me encontré con uno relativamente reciente, que quiero traerlo en estos momentos de  desencanto y desilusión con el  Presidente Uribe, quien durante dos periodos disfrutó de los éxitos y logros del Soldado, pero que hoy en día cuando profundizamos en la memoria y el corazón de los combatientes, no lo encontramos en el pedestal que supuestamente  debería estar.

El General JOSE JOAQUIN MATALLANA BERMÚDEZ (q.e.p.d) ilustre, valiente y renombrado militar de nuestro Ejército dirigió en su oportunidad una carta al doctor  CARLOS LLERAS RESTREPO Presidente de la Republica, documento que refuerza la reflexión de estas cuartillas: “…pero su mayor empeño está en destacar  el contraste que El presenta entre su sapiencia y mi ignorancia  en temas que van de la historia constitucional hasta la cívica elemental. Con ello, El refleja exactamente el concepto que casi todos nuestros jefes políticos siempre han tenido de los militares a quienes exaltan en público mientras portan el uniforme y comandan las tropas, para luego ignorarlos si se suman en el anonimato o zaherirles cuando se atreven a ejercer públicamente su derecho a opinar...”

Bogotá D.C., Febrero  2011

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

 

La Opinión de la Semana

Se detuvo el tren de la seguridad

Por : Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar 

La ciudadanía está alarmada por el ambiente de inseguridad que se siente, similar al que se vivía en la época del gobierno de Pastrana, hasta el punto que el Presidente del Congreso salió a exigir renuncias y a sugerir que el Ministro de Defensa de un paso al lado para permitir que lleguen personas capaces de “mantener la seguridad democrática”.

La realidad muestra que el tren de la seguridad democrática, que durante los primeros seis años del gobierno de Uribe se desplazaba a grandes velocidades, llevándose por delante a las bandas delictivas, por fin se detuvo, como ocurre con todos los elementos en movimiento, que por la ley de la inercia continúan hasta cuando finalmente se detienen.

El tren por fin se detuvo, como consecuencia lógica de los obstáculos que se le atravesaron y los frenos que se le aplicaron, por amigos y enemigos, propios y extraños y, paradójicamente, con la contribución de aquellos a quienes más convenía que mantuviera su marcha, que por entonces se exhibía exitosa: presidente, vicepresidente, los propios ministros de defensa y los mandos militares. Que las trabas provengan de los enemigos del Estado o los amigos del terrorismo, no resulta raro, es su función, pero lo que si es insólito es que provengan de aquellos a quienes correspondía ejecutar y mantener esa política que cambió el país.

Cuando avanzaba triunfante y arrollador, amenazando con acabar las bandas terroristas, desde el gobierno se comienza a disparar contra la estabilidad de las instituciones castrenses, soporte principal de aquella política. Solamente por citar algunos hechos que afectaron la moral y redujeron el espíritu de lucha de las Fuerzas Armadas, aunque no fueran los únicos, están la imagen de un coronel entrando encadenado a un juicio injusto; las arremetidas permanentes del vicepresidente de entonces contra la Justicia Penal Militar; las declaraciones del presidente Uribe para descalificarla, asumiendo arbitrariamente las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y de los jueces, su posterior intervención en la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde remató su faena de intervenirla, pregonando al mundo, para satisfacción de los enemigos de Colombia, que la justicia castrense no debía existir y, finalmente, a través de su ministro Ospina, promoviendo un pacto inconstitucional  con la fiscalía para debilitarla del todo, con lo que se dejó a los militares en manos de personas sujetas a demasiada influencia o de los mismos enemigos enquistados en el organismo investigador.

El país y menos su ministro de  defensa de entonces, presidente hoy, no pueden quejarse  de la detención del tren, el primero porque nunca salió a respaldar y tímido o indolente observó como vejaban al aparato de guerra y el segundo, porque fue él mismo quien operó el freno de emergencia cuando, en una parodia que contó con la complicidad de los mandos militares, decidió destituir irregularmente a 27 militares, a quienes presentó como los autores de ejecuciones extrajudiciales, que a partir de entonces, se calificaron como falsos positivos. El falso positivo era el del ministro Santos que buscaba lavar su imagen y del presidente Uribe que pretendía cubrir sus espaldas ante la CPI.

¿Se asustaron con la promocionada intervención de la Corte Penal Internacional que amenazaba con llevarse a algunos? Si ello fue así, prevalecieron los intereses personales para cubrirse y ponerse a salvo, sobre los nacionales. Todo ello unido a un proceso muy antiguo de guerra política y guerra jurídica que alcanzó los más altos estrados de la Rama Judicial, orientado a paralizar la acción de las fuerzas de seguridad, condujo a la desmoralización y reducción del espíritu de lucha de las instituciones armadas y sus resultados son los que hoy se observan. Independientemente de que el hecho se niegue por los mandos o funcionarios, la realidad es palpable y se refleja en los resultados: resurgimiento de la criminalidad y los actos terroristas, la inseguridad callejera, ataques a poblaciones y patrullas, voladuras de oleoductos y otros muchos actos que habían desaparecido del panorama.

Desde el año 2008 se aplicó el freno a un tren de alta velocidad y sus consecuencias se observan hoy y no es con declaraciones que la situación mejora o la percepción cambia. Unas fuerzas terroristas que andaban en camino de desaparecer tras seis años continuos de arrojada y valiente acción de las Fuerzas Militares y la Policía, por cuenta de los actos de aquellos despistados o malintencionados personajes, revivieron y se han fortalecido, a medida que aquel perdía su empuje.

El camino de la victoria del país y de la derrota del terrorismo, pasa por el restablecimiento del fuero y de la Justicia Penal Militar, de tal forma que los miembros de la Institución se sientan a salvo de las persecuciones jurídicas organizadas por los enemigos y protegidos por una legislación que hoy no se aplica. El espíritu de lucha no se recupera con llamadas de atención en discursos, ni con palmaditas en la espalda. Se restablece con acciones ciertas que garanticen que los hombres en armas tendrán un respaldo real y que no serán abandonados a su suerte en procesos amañados y tendenciosos que, no solamente los priva de la libertad, sino que adicionalmente los arruina, después de haber expuesto sus vidas en aras de un país indolente.

Centro Colombiano de Pensamiento Político-Militar

www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com

Bogotá, D.C, 9 de Febrero de 2011

Editorial de la Semana

LA VICTORIA MILITAR: UN DIFÍCIL RECORRIDO

El General Mora Rangel, hace en este documento, un breve y excelente recuento de lo que fueron sus experiencias como Comandante General de las Fuerzas Militares y como Comandante del Ejército Nacional, durante una buena parte del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Destaca la importancia de haber logrado la reestructuración que requería en ese momento el Ejercito, frente a esa amenaza creciente de las organizaciones terroristas, y ante  lo cual, los gobiernos anteriores prefirieron darle solo un manejo político circunstancial, sin correr mayores riesgos, que al final, tal como se aprecio en su momento, fue un total fracaso.

A diferencia de sus antecesores, el éxito del Presidente Uribe, fue el de haber entendido  la dimensión y la gravedad de esta amenaza, creer, apoyar y fortalecer a sus Fuerzas Militares, y especialmente, el haber asumido, junto con su equipo de gobierno y con la totalidad de sus funcionarios, la voluntad política requerida, para enfrentarla y derrotarla. Esta actitud y este liderazgo demostrado con hechos, permitió los resultados obtenidos. En el curso de los acontecimientos, todo esto  influyo de manera significativa en la moral de las tropas, acrecentando su voluntad de lucha, factor que es decisivo en la guerra para la obtención de la victoria.

Esto nos enseñaban nuestros jefes militares:................"La acción ofensiva, es la única que conduce a la victoria"

Brigadier General Jaime Ruiz Barrera

Dice el General Mora Rangel:

Trataré, en estas cortas líneas, de recorrer el camino que hombres y mujeres de nuestro Ejército han transitado para llegar a los momentos de victoria que los colombianos disfrutan hoy, sin el peligro del triunfalismo ni la alucinante euforia.

Por lo tanto, la actuación, evolución, tácticas o estrategias de los grupos terroristas lo dejaremos para los analistas, expertos y opinadores que, con el transcurso de la guerra, han crecido en número e importancia y seguramente continuarán haciéndolo extensamente. Nos iremos, entonces, por el sendero institucional, hasta llegar a nuestra exitosa operación Sodoma.

1.- Ofensiva terrorista

Durante los años 1996, 1997 y 1998 la guerrilla lanzó una serie de ataques contra poblaciones, unidades militares y la infraestructura energética vial, causando un sinnúmero de bajas, heridos y secuestrados en las filas del Ejército y graves daños a la economía del país, generando en el sentimiento nacional el miedo, el desamparo, la sensación de impotencia de las Fuerzas Militares y la posibilidad por primera vez del triunfo militar de la guerrilla. En el contexto internacional Colombia era un país inviable.

Los golpes que, en el campo de combate sufrió nuestro Ejército, fueron contundentes, certeros y con propósitos de mostrar fuerza, capacidad, dominio territorial y el mensaje, a la población y al gobierno nacional, de sus planes por la toma del poder . Estos alarmantes resultados causaron gran preocupación en todos los niveles y organizaciones del Estado. Se generó en el sentimiento nacional el deseo de paz impuesto por el miedo y la impotencia. Los pacifistas aparecieron por todas partes con sus dadivosas propuestas y, con la mayor certeza, podríamos decir que el triunfo electoral del periodo se lo otorgamos a estas circunstancias más que a cualquier otra. En el campo militar se analizaba el salto que en el nivel de la guerra se presentaba, al supuestamente pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Estábamos en una verdadera encrucijada.

2. Reestructuración del Ejército.

La reestructuración del Ejército, a partir de marzo de 1998, fue una iniciativa totalmente institucional que el nuevo gobierno encontró en proceso y que se constituyó en la joya de la corona temática para contrarrestar el fracaso de las negociaciones de paz. El gobierno entrante en agosto de 1998 inició con su propuesta de paz, pero terminó en la guerra. Y, sin que fuera su iniciativa, lo de mostrar como resultado exitoso fue la reestructuración o fortalecimiento del Ejército. Podemos decir que todo lo que estaba sucediendo en el campo de combate exigía decisiones y acciones urgentes en lo táctico, estratégico, de organización y de la doctrina, pero especialmente en el alma institucional, donde más se estaban sintiendo los fracasos militares. Un resumen muy general de esta reestructuración podría ser:

Cambio de actitud mental.

Fortalecimiento del liderazgo.

Compromiso de los Comandantes, en todos los niveles, mediante el Código de Honor.

Motivación y reconocimiento a los combatientes.

Reemplazo de soldados bachilleres por soldados profesionales.

Incremento de efectivos en todas las estructuras.

Nuevas organizaciones y planes como el Plan Meteoro, el Plan Energético Vial, los Batallones de Alta Montaña , la FUDRA, el Batallón de Comandos, la Brigada contra el Narcotráfico, la Brigada de Aviación, la Escuela de Soldados Profesionales, más brigadas móviles y batallones de contraguerrillas.

Redefinición de la doctrina operacional.

Reestructuración del Estado Mayor del Ejército.

Reestructuración y modernización de la inteligencia.

Reestructuración del sistema logístico.

Organización del sistema de información y comunicaciones del Ejército.

Estos cambios y planes fueron fundamentales y decisivos para reorientar el rumbo de la guerra, dejando de lado la mortal rutina que nos llevó durante mucho tiempo a convivir con el conflicto. Fué una profunda y honesta autocrítica al interior de la institución, un avance con paso firme que inició el camino de la victoria. El General Álvaro Valencia Tovar registra la reestructuración como “EL CUARTO MOMENTO MILITAR DEL SIGLO”. La feliz coincidencia de este gran proyecto fue el “Plan Colombia”, importante determinación política internacional que se inauguró casi simultáneamente y que, a no dudarlo, facilitó y reforzó los propósitos de cambio.

3.- El plan de guerra patriota

Con la llegada al poder del Presidente Álvaro Uribe Vélez se puso en ejecución la “Seguridad Democrática”. Desde su primer día de gobierno, el Presidente mostró decisión y voluntad política de cumplir sus promesas de campaña. Para el Ejército, y en general para los militares, representaba la oportunidad que durante años se había esperado. Además llegaba en el momento de mayor necesidad en el desarrollo de la guerra. El impuesto al patrimonio decretado por el gobierno se materializó en un plan militar que incluyó el objetivo político estratégico y éste se concretó a finales del año 2002 en “EL PLAN PATRIOTA”.

El plan contempló una primera fase relativamente corta dedicada a la consecución de las necesidades logísticas, de organización y, en general, la toma del dispositivo y alistamiento para el inicio de las operaciones. La fase posterior fue la realización de operaciones ofensivas contundentes contra las estructuras de las Farc que, en cumplimiento de sus planes, habían logrado conformar un anillo de 18 frentes en el departamento de Cundinamarca que amenazaba directamente la capital de la República. Esta fase del plan se llamó ‘Operación Libertad’, que fue realizada por la Quinta División y la Fuerza de Despliegue Rápido, con la agregación de medios importantes de movilidad aérea y de inteligencia. El resultado fue altamente positivo, todas las estructuras de las Farc que conformaban el peligroso anillo fueron derrotadas.

En cumplimiento de la siguiente fase del plan, y liberados de la amenaza sobre nuestro centro estratégico, el poder militar más contundente del momento se orientó contra el secretariado de las Farc en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Vichada, en un teatro de operaciones con una extensión aproximada de 75.000 kilómetros cuadrados. Esta fase del plan se denominó ‘Operación JM’ y la misión se le asignó a la unidad militar creada para tal fin: la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur .

El plan de guerra PATRIOTA permaneció en ejecución durante aproximadamente 5 años, hasta mediados de 2007, con resultados operacionales muy importantes en el desarrollo de la guerra, inclinando la balanza del conflicto a favor de los intereses de los colombianos y dando inicio al declive militar de los terroristas. Indiscutiblemente fue la base fundamental del plan que continuó la ofensiva y que actualmente está en ejecución.

4.- Plan de guerra consolidación.

En desarrollo de las políticas y estrategias del gobierno nacional se consideró, llegado el momento de reorientar los esfuerzos en un nuevo plan, que hiciera mayor la participación de las diferentes organizaciones del Estado junto al esfuerzo militar. Además, en este tipo de guerra, la presencia del Estado en la solución de las necesidades sociales es imprescindible para eliminar los argumentos de la lucha de clases.

La nueva iniciativa consideraba que la experiencia de la fuerza militar, el desarrollo de la guerra y la fortaleza del Estado daban para estructurar el plan que buscara el fin del conflicto y la decisiva victoria militar. Entonces nació el “Plan Consolidación”.

El plan, que actualmente está en ejecución, ha mostrado su ímpetu ofensivo, el trabajo conjunto de las fuerzas, la participación del Estado en las zonas afectadas y especialmente los éxitos militares en el campo de combate, como nunca en la historia del conflicto, en una extraordinaria combinación de planeamiento, fuerza, voluntad, experiencia, iniciativa, moral, espíritu de combate, tecnología, inteligencia, movilidad y liderazgo.

Las Fuerzas Militares mediante un largo, costoso y difícil recorrido en el camino de la guerra están mostrando a pacifistas, políticos de izquierda y tal cual opinador de la guerra, quienes sustentan con un inocultable interés político que este tipo de conflicto no es posible ganarlo militarmente, que estamos llegando a la victoria militar en el campo de combate, que para los colombianos tiene el supremo significado de la paz.

En los más de tres años que el Plan Consolidación lleva en ejecución ha conseguido los más grandes éxitos militares en la historia del conflicto, los golpes más contundentes al grupo terrorista en sus estrategias, proyectos políticos, de finanzas y armados. La culminación de estas batallas exitosas fue la reciente Operación Sodoma, con los resultados ya conocidos. Un golpe del cual las Farc jamás podrán recuperarse..

Un resultado que exige la continuación con el ímpetu operacional que la doctrina militar contempla como la persecución y la explotación del éxito.

5.- Conclusiones

Largo ha sido el recorrido de este absurdo conflicto, que indiscutiblemente tuvo su origen político en las famosas guerrillas liberales y conservadoras que mutaron a las comunistas y posteriormente a los grupos terroristas de hoy en día, que sin objetivos políticos justifiquen en algo el irreparable daño que le han causado al país. Aquellos que los han patrocinado, respaldado y justificado tienen una deuda imborrable en las páginas de la historia patria y de su responsabilidad no los librará ni el paso de los años ni la frágil memoria de las nuevas generaciones.

Nuestro Ejército, durante estos casi 50 años de guerra, tiene toda la historia que se pueda escribir sobre su desarrollo, pero como parte de la necesaria autocritica pudiéramos concluir que durante un importante trecho de la misma nos adormecimos, acostumbramos y convivimos con el conflicto. El tiempo se encargó de hacernos creer que estábamos haciendo lo correcto, pero estuvimos muy equivocados. Les permitimos crecer física e ideológicamente y, en oportunidades, justo es decirlo, nos derrotaron en el campo de batalla.

Los colombianos llegaron a pensar seriamente en nuestra incapacidad. Creo firmemente que la historia se pronunciará si esta guerra podíamos y deberíamos haberla ganado antes. Era nuestra obligación. Pero en este juicio histórico sobre la guerra, nuestros líderes políticos tienen la mayor responsabilidad. Era su deber ganarla y finalizarla. En las democracias “el soldado cumple las políticas del gobernante”.

Alguien, en la historia de este conflicto nos dirá el costo material, en vidas es irreparable, los que la vieron nacer y la impulsaron como parte de sus luchas ideológicas, los que por sus intereses y ambiciones no pensaron en toda la destrucción que estaban promoviendo, los que por sectarismos foráneos, venganzas e intereses personales generaron enfrentamientos irreparables en pequeños pueblos y regiones, los que tomaron las armas por su cuenta para hacer justicia con la injusticia, en un conflicto interminable que se ensañó con nuestro pueblo y nuestro Ejército, que nos retrasó décadas de crecimiento, progreso y bienestar.

Entonces ¿quiénes son los responsables de esta enorme tragedia? Este juicio histórico sobre el costo de la guerra y sus responsables es una deuda que tenemos con la memoria de los colombianos.

La guerra que enfrenta el Ejército es solamente para nuestros soldados, la gran paradoja es que políticamente no estamos en guerra y esto tiene unas connotaciones extremadamente delicadas que afectan únicamente y decisivamente a nuestros combatientes. ¿Quién los defiende políticamente? La respuesta está en el alma y la mente de nuestros soldados. Y no dudo: abundantes son los desencantos y frustraciones.

En este largo recorrido las dificultades de la guerra han sido muchas. ¿Cuántas veces hemos estado con el éxito a la mano y se recibe la orden política de suspender la operación? ¿Cuántas veces hemos visto abrir las puertas de las cárceles para ver salir los bandidos libremente por conveniencia y decisión política? ¿Cuántos ceses al fuego y suspensión de operaciones? ¿Cuántos indultos y amnistías? ¿Cuántas entregas de territorios o zonas de distención? ¿Cuántos procesos de paz, negociaciones o conversaciones?

Todos estos cuestionamientos, de carácter político, son extremadamente difíciles para un soldado en medio de la guerra. Nuestro Ejército ha sido excesivamente generoso, respetuoso y profesional en la comprensión de las decisiones políticas y, no estoy cierto, si los políticos han pensado o se han interesado en las dificultades y manipulaciones ideológicas que nuestros soldados enfrentan.

Por todo esto, la ‘Operación Sodoma’ se constituye en el resultado más importante en todo el trascurso de la guerra y, aunque esta no ha terminado, si es la demostración de la capacidad, decisión, modernización y experiencia de nuestros hombres en un largo, costoso y difícil recorrido que, para fortuna de los colombianos, está llegando a su fin.

Son muchos los hombres y mujeres de nuestro Ejército que merecen el mayor reconocimiento de los colombianos por su sacrificio, entrega y profesionalismo en tantos años de guerra, a unos costos incalculables.

La Operación Sodoma es la muestra que la guerra militar se está ganando, así lo valida el sentimiento y expresión de nuestros compatriotas. Pero difícil es decirlo, la guerra política y jurídica, que con habilidad, constancia y manipulación realiza la izquierda aquí y allá, con la suma de las organizaciones que ideológicamente la secundan, simplemente, la estamos perdiendo.

General Jorge Enrique Mora Rangel

FUERO MILITAR Y JUSTICIA PENAL MILITAR EN COLOMBIA

FAVOR ENVIAR UN COMENTARIO PARA MEDIR EL IMPACTO DE ESTE ESCRITO

Fuero Militar y Justicia Penal Militar

CARTA DEL DOCTOR HERMES PEREZ IZQUIERDO AL GENERAL ARTURO CAMELO PIÑEROS A PROPÓSITO DEL ARTICULO “PARA QUÉ UN NUEVO CODIGO PENAL”

Tenga un buen día General. Me tomé mi tiempo para leer esta nota y la verdad es que convoca a pronunciarse.

El nuevo Código Penal Militar no es tal, es simplemente un código adjetivo. Establece procedimientos y no demandó un mayor esfuerzo pues es una mala copia de un mal procedimiento como lo es el penal ordinario. Y lo más preocupante es que se acudió a copiar ese código (Ley 906 de 2004) para convertirlo en el procedimiento penal militar sin tener en cuenta todos los problemas que ese sistema ha enfrentado y los niveles enormes de impunidad que él encarna. Es más, es tal la ineficacia de esa Ley 906 de 2004 que lo único que tiene para mostrar es un salvaje y frontal ataque contra los miembros de la fuerza pública, especialmente el Ejército, a quienes se les ha despojado de manera ilegítima del fuero, por miles de caminos, para poder hacer justicia espectáculo y justificar un sistema que es un fracaso. Tanto es así que día a día lo que muestran es la lapidación pública de militares a quienes se les presenta como culpables cuando los juicios recién empiezan, pero nada dicen de los miles de casos represados y sin solución, más graves incluso que los de los militares, donde en realidad campea la impunidad. En esta cortina de huma la leña que arde son los soldados de Colombia.

 No se observa en el legislador la intención de solucionar el problema de la administración de justicia, se envían distractores, o será que acaso ya tienen fondeados los recursos para pagar la estructura investigativa de este nuevo sistema penal militar? Cómo van a crear el cuerpo técnico de investigaciones de la justicia penal militar?. No hay con que, toca acudir al de la Fiscalía y los demás organismos que cumplen funciones de policía judicial, quienes dicho sea de paso ya no dan más con las investigaciones de la justicia ordinaria y tendrán que hacerse los de la vista gorda con los casos de justicia ordinaria y entregar resultados con los casos de los militares, a como de lugar, para pasar como eficientes cuando en realidad lo que vivimos hoy día es un porcentaje de más del 95% de impunidad en los casos de la justicia ordinaria.

 Ahora, a esto nos llevó no la impunidad reinante en la justicia penal militar, a estos nos llevaron unos pésimos administradores de la justicia militar y una personas (Jueces y Fiscales Penales Militares) que olvidaron que eran especiales, olvidaron que tenían su razón de ser en el fuero de quienes serían por ellos investigados y juzgados, unos Jueces y Fiscales que sin dar la lucha entregaron el fuero, se auto acorralaron pues, si el hecho era evidentemente delictual no correspondía entregarlo a la justicia ordinaria sino que lo que tenían que hacer era tomar las decisiones que la Ley permitía tomar, entiéndase imponer medidas de aseguramiento, encarcelar, acusar, juzgar, condenar. 

Por ello y aunque suene manido, el error fue pensar que la JPM estaba solamente concebida para absolver, que error tan grande, acá en la JPM también se puede condenar y no solamente a los desertores, a los que abandonan el servicio, al centinela, y a esas conductas menores, faltó carácter y decisión, faltó compromiso y lealtad con el fueron para tomar decisiones, así fuesen duras y para que, en últimas, la JPM castigara a sus hijos que tomaron el camino incorrecto y no tenérselos que entregar al vecino para que él lo hiciera e incluso para que se tomara la atribución de mancillar su honor de manera injusta.

 A guisa de ejemplo, conozco en mi desempeño profesional, muchos casos que la JPM ha enviado a la justicia ordinaria y que ahora están regresándolos pues las razones para desprenderse del fuero eran infundadas.

 Sería bueno que alguien se metiera en las estadísticas de Jueces y Fiscales Penales Militares, les hiciera una auditoria de verdad, para que dejen esa "Tramadera", pues lo que van a encontrar es que mensualmente reportan movimiento en los procesos por delitos contra el servicio (Abandono del servicio, abandono del puesto, delito del centinela, desobediencia, ataque al inferior, ataque al superior, etc) y los casos de las bajas están en los anaqueles.

 Ese hijo llamado JPM se ha portado mal, ha sido inferior a su responsabilidad, ha presentado mensualmente unos resultados (Que tengo entendido se incentivan económicamente) con fundamento en casos de poca trascendencia y por ello los reales asuntos importantes y trascendentes se han ido quedando allí, y por ello para la justicia ordinaria ese se convirtió en un "objetivo" fácil para recuperar su imagen desprestigiada, para resurgir ante esos altos niveles de impunidad, para sacarlos a la luz pública a través de medios que presentan como culpables a quienes tienen intacta su presunción de inocencia, el espectáculo que brinda la justicia ordinaria son los militares, así como en la antigua Roma el espectáculo eran los gladiadores, quienes buenos o malos tenían la obligación e morir para divertir al pueblo.

 El tema de los jurados es optimo para los procesos castrenses, esos jurados en esta jurisdicción si que serían mucho más que de conciencia, serían oficiales y suboficiales calificados, destacados, condecorados, que con conocimiento de las condiciones en que se desarrolla una operación militar, cualquiera ella sea, podrán adoptar determinaciones en apoyo de las decisiones de un Juez, pero de un Juez comprometido con la verdad, con la justicia y con el fuero, porque el fuero no es un beneficio, el fuero es una distinción necesaria para quienes actúan en condiciones distintas, especiales.

 Por último, esto viene de más atrás, de la Constitución de 1991, allí hubo presencia de todas las fuerzas vivas de la nación, estuvieron los políticos de siempre, estuvieron los sindicalistas, los indígenas, los negros, los guerrilleros desmovilizados y los guerrilleros en armas (a través de sus destacados milicianos) y hasta los narcotraficantes que consiguieron lobistas para buscar beneficiarse, la pregunta es, quienes fueron los lobistas de las Fuerzas Militares? Las Fuerzas Militares son lo más glorioso que tiene este país, el Ejército es la dignidad misma de hombres humildes dispuestos a morir por la patria, por ello merecen que se les defienda animada y adecuadamente, con compromiso, con conocimiento de los procedimientos militares para que no se les siga atropellando. El Estado a cada Soldado le da entrenamiento, doctrina, lo uniforma, lo alimenta, le brinda salud, múltiples beneficios, le da las armas y le enseña a usarlas, pero, qué le da para defender se en este nuevo campo de batalla que es la justicia ordinaria?

En las batallas se establecen objetivos militares. En esta batalla jurídica los Jueces y Fiscales ordinarios que no han podido dar resultados con el nuevo sistema penal acusatorio, han fijado como su objetivo a los militares, es la única manera de dar resultados, así sean mediáticos. Ante ello hay que reaccionar.

 Hermes Pérez Izquierdo

Alianzajuridica928@hotmail.com

Abogado

Bogotá, 16 de Noviembre de 2010