LA HISTORIA SE REPITE

Otros 7 militares destituidos sin el debido proceso

La destitución pública de 27 militares el 29 de octubre de 2008, realizada en una desafortunada rueda de prensa con participación del presidente y el alto mando militar, en la cual, sobre los derechos de  aquellos, prevalecieron los intereses personales, mostrados como si fueran los de la Patria y la ciudadanía. Sus efectos negativos sobre las operaciones militares todavía se observan.

El 2 de noviembre la historia se repite y todo el alto mando militar, como ayer, sale a anunciar la destitución de siete militares, entre ellos tres coroneles. En aquel entonces se dejó la sensación de que el retiro se daba por los que, malintencionadamente, se denominaron los “falsos positivos”; el argumento ahora es la violación y asesinato de tres criaturas. Los resultados de la investigación de aquel entonces, hoy todavía son desconocidos. ¿Será que en esta oportunidad los mandos militares si habrán realizado una investigación seria que permita vincular a los destituidos con los execrables hechos? ¿O habrán de pasar varios años antes de que la investigación no arroje resultados que comprometan a los destituidos?

En todo caso, el afán de proteger intereses personales de entonces, con el aparente afán de proteger intereses institucionales de hoy, parece tener un denominador común: la ligereza en las investigaciones y el atropello de los derechos fundamentales de aquellos lanzados a la picota pública. No se pretende que aquellos vinculados a los hechos no puedan ser investigados, ni tampoco que no deban sancionarse, por supuesto que así debe hacerse. Lo que no se puede saltar son las barreras de la presunción de inocencia, la honra y la dignidad de estos seres humanos, que, en aras de desligar a la Institución Militar de los bochornosos actos, han sido pisoteadas en otra bochornosa rueda de prensa.

De por vida han sido condenados anticipadamente, sin derecho a defensa, al hacer pública su destitución en relación con el abominable homicidio. Si alguno de ellos era autor responsable, bien merecido tendría este deshonroso procedimiento y la máxima condena que la ley establezca sería poca. Pero vincular a los comandantes o superiores, simplemente por el hecho de serlo, es dar pie a las elucubraciones de todo tipo contra aquellos y contra la misma institución. No solo los coroneles, seguros estamos que no tuvieron participación en los hechos, sufrirán los señalamientos, sino sus familias serán víctimas del dedo acusador del Mando Militar. Tendrán razón los hijos en preguntar a sus padres si son ellos los autores de tamaño crimen y avergonzarse de serlo y serán injustamente vejados por compañeros de colegio cuando los acusen de ser hijos de monstruos.

El irregular procedimiento, que está haciendo carrera con Santos de ministro y ahora de presidente, no puede continuar siendo el expediente para limpiar conciencias ni expedientes ni para proteger espaldas. Si bien el crimen cometido reviste características imperdonables, no puede el mando militar dejarse llevar por las presiones y los afanes mediáticos, cuando la cordura y la ponderación exigen decisiones razonadas y prudentes. Esta desafortunada y precipitada decisión fortalece la tesis que nos quieren aplicar sobre la Teoría de Roxin con relación a la responsabilidad mediata de los comandantes. El  exceso de celo institucional no puede conducir al abuso de una herramienta equivocada y desgastante, para dar sensación de diligencia, en ausencia  de una juiciosa y responsable investigación. Eso no es celeridad, es precipitud innecesaria que conduce a injusticias, aclaraciones y arrepentimientos.

Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD DE LOS COMANDANTES EN LA CADENA DE MANDO, POR CONDUCTAS DE LOS SUBALTERNOS

Por MG Carlos Quiroga Ferreira

Centro colombiano de Pensamiento Político-militar

Esta es una época difícil para el Ejercito Nacional de Colombia, inmerso en un conflicto bélico interno en el que la contraparte está animada por ideologías comunistas y financiada con los recursos del narcotráfico; también lo es  para la mayoría de los ejércitos de países en desarrollo, en los que las organizaciones llamadas no gubernamentales, la mayoría de las cuales tienen una tendencia ideológica de izquierdista, acechan, acosan  y hostigan a los Estados, pero especialmente a sus ejércitos con el tema de los derechos humanos, si no siguen sus tendencias políticas,  y con más fuerza si estos, en épocas pasadas detentaron el poder.

Lo anterior se traduce en una justicia injusta que desconoce el fuero militar y que se manifiesta en juicios políticos y no jurídicos, desprestigio a nivel nacional e internacional por parte de las ONG e instituciones nacionales que ven esto como normal, no habiendo una sola que salga en defensa de los miembros del Ejército Nacional, tal vez creyendo que si los condenan es por algo, muchos de los cuales han ofrendado su vida para que el resto de colombianos puedan gozar de la libertad y los derechos que la constitución que les concede.

Los temas claves que se deben abordar, entonces,  por ser los que blindan a las Fuerzas Militares contra las injusticias de  la justicia ordinaria politizada, contra los ataques de ONG de izquierda y la guerra política y jurídica, son: los límites al fuero impuestos por la justicia ordinaria, la responsabilidad de los mandos por conductas de subalternos y la determinación justa de lo que son actos del servicio. La meta es cero límites al fuero y límites a la responsabilidad en la cadena de mando.

La base del derecho penal militar es el fuero militar, que tiene como fundamento la Constitución y las leyes de la Republica, que han estructurado una jurisdicción especial. Tiene como finalidad imponer límites al uso de la fuerza y proteger bienes jurídicos relativos a la fuerza pública y evitar de esa manera irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, que garanticen la existencia del derecho y del mismo estado.

La existencia del fuero militar no es un privilegio, es más bien una respuesta a una necesidad de orden social, la de preservar la independencia y la propia dignidad de quienes cuentan con determinado cargo o envestidura, mas no como un favorecimiento que se hace a determinadas personas.

El militar lo es no porque porte el uniforme, porque se encuentre en determinado lugar o porque realice determinada actividad o misión, lo es porque abraza una causa, porque siente amor por su patria, porque pone por encima su honor, porque decide tomar unos riesgos que pueden acabar con su  vida, porque se obliga a ir a la guerra, porque está obligado a realizar misiones y operaciones militares en donde se requieran, característica de la guerra, porque está obligado a participar en los combates que estas operaciones y actividades que estas implican. Por eso no lo podemos entregar a la manipulación política. El Presidente, el ministro de defensa deben decidir cuál es la política, la decisión política, pero no entrometerse en cómo hacerlo o con quien. No lo podemos entregar a quienes miran la justicia desde el punto de vista civil, desde el ángulo de un delito, sino a quienes lo miran desde la perspectiva de las actividades y las operaciones militares, que son los jueces militares y los mismos militares.

Es imperioso devolverle las  garantías a las fuerzas militares en cuanto al fuero militar se refiere, eliminado los limites al mismo, pero estableciendo limites a la responsabilidad de los mandos por conductas de los subalternos y determinando claramente que los actos del servicio no son simplemente aquellos que se relacionan mas con faltas disciplinarias que con delitos cometidos en el desarrollo de las operaciones militares, que son el quehacer  en la guerra y con mayor razón cuando esta guerra es contra organizaciones armadas de comprobada ideología comunista, que quieren tomarse el poder por la vía de las armas, para imponer un régimen totalitario, que conocemos como guerra  irregular o revolucionaria.

Actualmente los delitos relacionados con actos del servicio son deserción, delito del centinela, abandono del puesto, abandono del cargo, ataque al superior y al inferior, y otros que no tienen significancia alguna, pero ninguno tiene que ver con la razón de ser del Ejercito, las operaciones militares.

Responsabilidad de los mandos

El tema de la responsabilidad de los comandantes por la conducta de los subalternos tiene una relación directa con las órdenes y la referencia legal y obligatoria es el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, Ley 836 de 2003, que en su Capitulo III De las Ordenes nos dice:

ARTÍCULO 33.- RESPONSABILIDAD DE LA ORDEN. La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta. Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de un hecho punible o infracción disciplinaria, el subalterno no está obligado a obedecerla y deberá exponer al superior las razones de su negativa.

Está claro que, como podemos apreciar en el artículo 33, la responsabilidad recae en los comandantes que son los que emiten las ordenes, pero este excluye a los que la ejecutan, comandantes subalternos y su tropa, cuando la realidad nos muestra que si quien las ejecuta se desvía de la esencia de las ordenes o incumple una contraria a la ley y la normatividad, cayendo en la comisión de faltas o delitos, le cabe también  responsabilidad.

El reglamento debe ser modificado en su artículo 33, para establecer que la responsabilidad también cobija a quien ejecuta las ordenes.

Bogotá, 31 de Octubre de 2010

El análisis de la Semana

PARA QUÉ UN NUEVO CÓDIGO PENAL MILITAR

Brigadier General JOSE ARTURO CAMELO PIÑEROS*

Promulgada la ley 1407 del 17 de agosto del 2010, nace a la vida jurídica un nuevo Código de Justicia Penal Militar en Colombia, luego de un dilatado proceso que incluyó la renuncia colectiva de su comisión verificadora antes de su aprobación final y una mora en el  proceso de sanción durante la administración anterior.

A escasos días de regir el ejercicio pleno de la nueva presidencia y del nuevo Ministerio de Defensa, apareció sancionada la nueva ley de la cual ya nadie se acordaba  y se mostró de manera silenciosa o mas bien recatada, puesto que si bien su gran avance se fundamentaba en copiar el proceso penal acusatorio ordinario, el supuesto modelo  está presentando graves fallas y  se evidencia su reforma;  se continúan solicitando ingentes recursos para su funcionamiento, se perpetúa el argumento de la congestión judicial, se valora el sistema penal ordinario como uno de los mas ineficientes del mundo  y al fin de cuentas de administrar verdadera justicia poco se ha visto a través de ejemplos que la opinión pública ha evidenciado, principalmente frente a las causas que se siguen en la justicia ordinaria contra  personal militar. 

En la Jurisdicción Ordinaria se siguen adelantando procesos por presuntos delitos que fueron cometidos por personal en servicio activo y con ocasión del servicio, sin que sea aplicable el argumento según el cual, se trata de investigar delitos de lesa humanidad, puesto que en casos tan conocidos como los del Palacio de Justicia y Santo Domingo, nunca se podría argumentar  que obedecieron a acciones deliberadas sino todo lo contrario, a hechos realizados como reacción inmediata en contra de los verdaderos culpables.

Las graves fallas de la Justicia Ordinaria son  reconocidas por el mismo sistema, pero de manera velada como en el caso igualmente conocido como la masacre de Jamundi, calificada así por el Jefe del ejecutivo quien también asignó su conocimiento a la Justicia Ordinaria.  Aquí es claro que la misma reconoce el error de haber conocido del proceso  al calificar el delito como doloso y una diferente instancia de su misma jurisdicción lo califica como culposo. Cual es el error? Pues, si en ultimas el delito se considera culposo no es de lesa humanidad y sino es de lesa humanidad no correspondía a la justicia ordinaria su conocimiento, quedando así solo dos caminos por recorrer: La nulidad del proceso por violación al principio del juez natural  que motiva la falta de competencia de la Justicia Ordinaria o la entrega del proceso a la Justicia  Penal Militar. Pero el caso sigue ahí sin que nada hubiera pasado. Con razón un eminente catedrático nos decía: Lo que pasa es que a ustedes nadie los defiende!

¿El nuevo Código Penal Militar puede evitar que se sigan cometiendo estos hechos injustos?  La respuesta debe ir acompañada de la certeza de conseguir mayor credibilidad y eficiencia. Sabio es aprender de los errores y absurdo persistir en los mismos.  La Justicia Penal Militar de la época de los consejos verbales de guerra desde 1958 y hasta 1999, era el sistema acusatorio al cual hoy se pretende llegar y su proceso llegó a tener tal credibilidad y eficiencia que se decidió encomendarle funciones que no le correspondían ante la incapacidad de la justicia ordinaria. Ahora lo absurdo es presenciar que es la misma Justicia Penal Militar la que copia de manera deliberada un sistema procesal penal que obedece a una política criminal distinta, desconociendo su  principio de especialidad.

¿Porqué  el recién sancionado Código de Justicia Penal Militar, tampoco acertará en la sagrada misión de administrar justicia a los miembros de la Fuerza Pública, por causas relacionadas con el servicio, según lo dispone la Constitución Política, generando así mayor inseguridad jurídica?

Tratando de ser lo más objetivo y puntual posible para facilitar la comprensión de mis afirmaciones, creo que la nueva norma no aportará nada nuevo, tendiente a solucionar el actual problema de falta de credibilidad y eficiencia que afronta la Justicia Penal Militar, por las siguientes razones: 

1. Porque no se trata de un procedimiento penal propio de una Justicia Penal Militar especializada, sino de una copia sin criterio del procedimiento penal acusatorio ordinario, lo cual resulta inadecuado, porque el fin de cada sistema corresponde a una política criminal totalmente diferente. Mientras uno combate el crimen y la violencia, el otro encausa la disciplina y garantiza la eficacia de las Fuerzas Armadas de la República.  Por ello, en ningún País del mundo un sistema de Justicia Penal Militar toma como referencia el procedimiento penal del sistema criminal porque ello equivale  a instituir, lo que en su oportunidad calificaron los doctrinantes  españoles en un caso similar  en 1887, como :  “un código de paisano con gorra de cuartel”.

Lamentablemente en nuestro país el error se comete por segunda vez, ya que el anterior código (ley 522 de 1999),  había hecho lo mismo con el código penal ordinario de 1980 y gracias a ello, desde el año 1.999 nuestra Justicia carece de rumbo y ya no tiene dolientes porque queriendo desligar el mando de las funciones judiciales, se separó de la Institución Militar a quien le debe su naturaleza y razón de ser.   

2. Porque la etapa del juicio no se hace frente a un jurado como corresponde a los sistemas judiciales militares del mundo y es característica esencial del sistema penal acusatorio. No debe olvidarse que el juicio por jurado (no necesariamente jurado de conciencia), fue dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-145 de 1998, lo cual no ha logrado cumplirse hasta el momento por causas que por su extensión no son del caso analizar. La importancia del jurado, radica en que incrementa la credibilidad del fallo y elimina en la mejor forma la subjetividad del juez y la injerencia de los asuntos políticos y económicos en las decisiones judiciales.

El recientemente promulgado código de Justicia Penal Militar continúa desconociendo el mandato constitucional contenido en el artículo 221, el cual impone el juzgamiento de las causas de la Justicia Penal Militar, mediante el establecimiento de Cortes Marciales o Tribunales Militares y equivocadamente persiste en la creencia de que dichos institutos pueden ser reemplazados por la figura de la audiencia oral.

3. Porque la Defensoría Militar, dispuesta como órgano dependiente del sistema, presenta graves fallas. Por ahora lo que preocupa es, al decir de los gobernantes, conseguir mayores recursos para atender la defensa individual de casos críticos que se presentan en contra del personal militar, cuando lo más importante es mantener y preservar las instituciones jurídicas militares, los fundamentos básicos de la Justicia Penal Militar y dentro de estos uno muy importante: El Defensor Militar.  A pesar de que las palabras lo definen, el proyecto de ley de defensoría militar considera su integración con civiles, lo cual no deja de ser un contrasentido,  como en su momento fue calificado en la exposición de motivos que dio lugar al acto legislativo No. 2 de 1995.

 Aun se encuentra en firme la ofensiva sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la figura del defensor militar, cuando este correspondiera a un militar en servicio activo y a pesar de ser abogado, debido a que su jerarquía militar se consideró incompatible con su función, con fundamento según los honorables magistrados en una presunción de mala fe en contra de la Institucionalidad  Militar.

4. Porque la conformación del Cuerpo Técnico de Investigaciones propio de la Fuerza Pública, tal como lo enuncia el código recientemente promulgado, requiere de recursos impensables para su funcionamiento y porque tal como está previsto en dicha norma, facilita que el Congreso Nacional al momento de su reglamentación, entregue la facultad de investigación técnica al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General, con el apoyo del gobierno, legalizando lo que hasta ahora se ha formalizado a través de un inconstitucional convenio de carácter administrativo entre el Ministerio de la Defensa y el  órgano investigador. Con esto se terminarán de plano las colisiones de competencia.

Aquí es importante, acudir al derecho comparado y a la organización de las Fuerzas Militares más desarrolladas del mundo, para comprender, que organismo vela por el mantenimiento de la disciplina y la investigación de las causas penales militares y se trate de implantar en nuestra Nación, un sistema efectivo que comprenda las situaciones delictivas que se presentan en el ámbito militar. Corresponde al cuerpo especializado de la Policía Militar en aquellos Ejércitos cumplir con estas funciones y la ausencia de soporte legal en nuestra presunta Policía Militar, va a facilitar que sean otros organismos, ajenos a las Fuerzas Militares  los que desempeñaran estas funciones vitales para la institucionalidad militar.

Bogotá, Octubre de 2010

*Ex. Dir. Ejec. Justicia Penal Militar, Magister en Derecho Penal U.Ext. de Col, Consejero Fiscal Asoc. Internacional de Justicias Militares, Miembro Fundación Cóndor y Centro Colombiano de pensamiento Político Militar.

Amenazas que exigen respuesta

Ha transcurrido más de un mes desde cuando, en un abierto desafío al mando militar y, en concreto, al gobierno nacional, el Mayor General Carlos Suárez Bustamante, según los medios informativos, retara al Presidente de la República a darlo de baja, bajo la amenaza de que, si lo hacía, revelaría algunas cosas, las cuales se cuidó de anunciar.[1]

Varios hechos anormales han sucedido al extraño episodio de la amenaza, propia más de delincuentes y mafiosos. La negativa a entregar el cargo que ostentaba como Inspector General de las Fuerzas Militares y la exigencia de continuar allí sin la dependencia de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, al cual ha estado asignado el cargo desde la creación del Comando General en los años cincuenta del siglo anterior. 

La propuesta del oficial de ser asignado, con ese mismo cargo y funciones, al Despacho del Ministro de Defensa y, por último y más extraño, que nada haya pasado y nada se haya resuelto a pesar del tiempo transcurrido.

Muchos rumores han circulado y de algunos han dado cuenta los medios de prensa, sin que exista una aclaración del Ministro de Defensa, a quien correspondería pronunciarse. Este inexplicable silencio y la falta de decisiones que recompongan el orden y acaben con las elucubraciones, no hace más que arrojar sospechas sobre la seriedad de la amenaza del oficial y el comprometimiento de los amenazados con algún hecho, por lo menos irregular, si no criminal.

¿Qué es lo que preocupa al presidente de la amenaza mafiosa, que le impide tomar acciones para recomponer el alto mando militar sin la presencia de Suárez Bustamante, siendo éste un acto que no tiene precedentes en la historia militar y política del país y que claramente ha perturbado la organización y la disciplina militares?

¿Porqué no se han tomado acciones para superar el hecho, si cuando Juan Manuel Santos era Ministro de Defensa fueron dados de baja muchísimos oficiales, siendo el ministro que más generales pasó al retiro, en clara demostración de su poder?

¿Constituye el mutismo e inacción del Ministro de Defensa una reacción por no haber él participado en la integración de la cúpula militar o es ello producto de instrucciones  de la Casa de Nariño?

En todo caso, la conducta reprochable del General Suárez, además de un pésimo precedente para la disciplina, es un mal ejemplo, no solo para las  Fuerzas Militares, sino para el conjunto de la administración del Estado colombiano, que debe ser corregido, sin más dilaciones. No es tolerable ni bienvenida una actitud chantajista, menos cuando ella proviene de un alto funcionario.

Para acabar con las especulaciones, que en nada benefician a la imagen del gobierno y del gobernante, debe definirse la situación del oficial. La prolongación de la decisión solamente arrojará más sospechas, así como el acceder a las irregulares pretensiones del general.

Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar

---

[1] “Dice él que no está dispuesto a irse así como así, y que si insisten en llamarlo a que abrace la vida civil y deje en paz –por fin- al ejército, le sacará los cueros al sol a ministros, al nuevo presidente, a congresistas y hasta a la señora de los tintos del Congreso. Parece que tiene muy buenos contactos con los chuzadores y que estos le prometieron entregarle una gran cantidad de grabaciones para extorsionar hasta al gato.”, Ricardo Puentes Melo, La machaca retrechera, Periodismo sin fronteras, Julio 29, 2010.

La Opinión del día

M-19: UN NUEVO ASALTO A LA JUSTICIA

En 1985 el movimiento narco subversivo M-19, con el pretexto  de juzgar al entonces presidente Betancur, quien había hecho todo lo posible por favorecerlos, asaltó el Palacio de Justica. Sabido es que dicho crimen se hizo por encargo del peor criminal del narcotráfico de aquella época: Pablo Escobar Gaviria y con el objetivo siniestro de asesinar a los magistrados que debían definir la extradición.

Para cumplir su criminal objetivo infiltraron otros antisociales en la máxima sede de la justicia colombiana, quienes hicieron los preparativos para garantizar el éxito del aleve atentado. Los resultados son conocidos.

Veinticinco años después, aunque derrotados militarmente pero fortalecidos políticamente como quedaron después de que otro gobierno volviera a confiar en su buena fe,  se pone de manifiesto que aquella nunca existió y que, por el contrario, continuaron engañando a la nación colombiana; siniestra y subrepticiamente, organizaron un nuevo asalto a la justicia, este ya no armado pero igualmente criminal.

El modus operandi es similar al empleado en 1985. En aquella época buscaban  destruir la Corte Suprema para impedir la extradición, asesinando a sus Magistrados. En esta oportunidad el objetivo es destruir a quienes los derrotaron e impidieron su acceso al poder, enviando a la cárcel a quienes participaron en la recuperación del Palacio de Justicia, ya que no pudieron ser asesinados. En esa ocasión se infiltraron en las instalaciones de aquel templo del derecho colocando sus secuaces en la cafetería y otras dependencias. Hoy sus secuaces han escalado posiciones y ya no atienden las cajas registradoras porque ocupan altos cargos en los despachos judiciales.

Otra vez el M-19 se ha tomado por asalto a la justicia, más sutilmente pero no menos efectivos los resultados. Entonces exterminaron a los magistrados pero no estaba comprometida la majestad de la justicia, hoy las torpes maniobras de investigación y juzgamiento nos llenan de dudas y nos llevan a pensar que ha sido mancillada desde adentro y que algunos de sus funcionarios han participado en ese criminal complot.

A los abusos reiteradamente denunciados por la defensa sobre clonación y desaparición de testigos para evadir la controversia, de negación de derechos fundamentales y la violación de principios consagrados en justicia universal y en la Constitución y leyes colombianas, se suma el descubierto recientemente por una valiente periodista que pone en evidencia lo burdo del montaje y la sed de venganza que se esconde detrás de quienes aparentan buscar la verdad. Aquí aparece claro que el ánimo revanchista de los dirigentes del terrorista movimiento, antes feroces criminales y hoy premiados por la indulgencia estatal y el olvido nacional, no es otro que el de obtener la condena de quienes los combatieron y derrotaron para luego cobrar jugosas recompensas que desangran al Estado, al cual ya intentaron eliminar de cuya benevolencia se valen y aprovechan.

Que un ex delincuente, que participara en secuestros por cuenta de aquel movimiento terrorista, que aniquiló sin compasión a los ocupantes del inmolado Palacio, sea el representante de las supuestas víctimas es una burla macabra, pero que una juez y una fiscal lo hayan aceptado como el principal testigo de cargo constituye, además, un atentado contra la administración de justicia y un fraude criminal, que sus superiores deben afanarse en investigar y reparar. Serias dudas sobre su imparcialidad nos generaban las actuaciones de las dos funcionarias judiciales. El episodio de René Guarín Cortes, ex terrorista y, probablemente hoy nuevamente incurso en otros delitos por su ilegal actuación, nos causa, no solamente terror sino indignación, al ver hasta dónde han llegado los alcances de este nuevo y demoledor asalto a la justicia por parte del M-19.

Somos respetuosos de las decisiones de la justicia y sabemos que hay que acatarlas, por estar en un estado de derecho, pero nos repugna y nos hiere que la injusticia se sostenga, a la par que sus autores no sean perseguidos sino premiados. Esperamos que quienes tienen el deber de administrar justicia, en vez de tapar y proteger a los que la deshonraron, deben proceder con total transparencia, diligencia e imparcialidad en el descubrimiento y sanción de los responsables. 

Mucho daño se ha hecho a la Institución Militar, que no protesta, y este inaudito y desleal montaje constituye una advertencia para los demócratas de verdad, que indolentes creen o esperan que “no les toque” y quienes deberían recordar las advertencias de Bertold Brecht:

Primero vinieron por los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo nunca he sido comunista.
Después secuestraron a los sindicalistas, pero a mí no me importó, porque yo no soy sindicalista.
Enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco soy obrero.
También detuvieron a unos estudiantes, pero a mí no me importó, porque ya no soy estudiante.
Luego apresaron a unos sacerdotes, pero como yo soy poco creyente, tampoco me importó.
Ahora me llevan a mi, pero ya es demasiado tarde

El artículo de la Semana

EJERCITO DEL BRASIL

LIDERAZGO, ADMIRACIÓN Y RESPETO

El Brasil, a diferencia de los pueblos conquistados por los españoles, tuvo un desarrollo paciente, solidario y perseverante, dentro de posiciones definidas por su naturaleza e idiosincrasia, demostradas desde los mismos albores de la independencia de Portugal. El norte de sus actuaciones en los diferentes campos de la nación, ha sido el consenso, la unión y el espíritu pacificador del Duque de Caxias,  fundamentados en la defensa de la patria, el planeamiento y la visión futura hacia el desarrollo sostenido.

 La Revolución Democrática, motivada por el pueblo brasilero que confiado y orgulloso de sus Fuerzas Armadas, clamó por su intervención en 1964, para que “pusieran fin a las perspectivas sombrías de una mezcla de inestabilidad política, crisis económica y deterioro de los valores culturales y religiosos” que generaban un ambiente de desorden, inseguridad y tensión social insoportables, motivados por la subversión establecida  en sindicatos y entidades estudiantiles, según lo manifestado por el General Glauber Viera Comandante del Ejército, el 31 de marzo de 2000, en conmemoración del trigésimo sexto aniversario del Movimiento Militar de 1964.

El Estado se vio obligado a emplear las Fuerzas Armadas para defenderse, aplicando eficazmente la doctrina sobre el empleo de la Fuerza Pública expuesta por Max Weber y posteriormente fortalecida por el pensamiento de Samuel Huntington, cuando expresa “la profesión militar existe para servir al Estado. Para rendir el más alto servicio posible, toda la profesión y la fuerza que ella comanda deben ser constituidas como un eficaz elemento de la política estatal.”[1] 

El gobierno militar restauró la Democracia y devolvió las condiciones de tranquilidad y estabilidad nacional, para asegurar el desarrollo armónico del país, en todos los campos del poder nacional, convirtiéndose en una verdadera demostración de reconciliación y desarme espiritual del pueblo.

La estructura jerárquica de las Fuerzas Militares, debidamente consolidada y sin ambiciones personales, le ha permitido al país atender las necesidades del Estado en los campos de la Seguridad y Defensa. Su desarrollo industrial, la modernización tecnológica, el perfeccionamiento del sistema energético, el avance en las comunicaciones y en el transporte heredados de la Revolución Democrática, son factores determinantes y diferenciadores en el campo económico del país. La interconexión con regiones apartadas, el avance en la educación, la proyección social y la visión futura de participación mundial, como polo de desarrollo dentro de los países más influyentes del mundo, le han permitido a la República del Brasil los mejores dividendos dentro de la globalización, que han sido construidos, sobre la base de los resultados positivos de la gestión del gobierno iniciado en 1964.

Son de resaltar la fortaleza política del país dentro de la democracia, el desarrollo social progresivo, la naturaleza  humana de sus habitantes, los adelantos técnico – científicos, el concepto pedagógico de la solución de conflictos y posicionamiento definido frente a las amenazas, como factores determinantes de la participación y el desempeño del Brasil en el contexto mundial,  principalmente el liderazgo y el respeto generado por los países tercermundistas.

El Brasil ha resistido las presiones ejercidas por diferentes gobiernos y organizaciones no gubernamentales, como las ejercidas durante el primer quinquenio de los años 90 sobre su desarrollo tecnológico nuclear y ha afirmado su posición dentro de la conveniencia adecuada para el desarrollo de la Nación.

En el campo militar, existen presiones de parte de sectores defensores de los derechos humanos y de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, quienes hostigan a los poderes brasileños y critican la interpretación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo Federal. Las amenazas en contra de la ley, contenidas en la tercera edición del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH 3), inquietan a quienes formaron parte del estamento militar para la época del gobierno  1964-1985, por temor a ser procesados, juzgados y condenados, dentro de un clima de venganza ideológica y de “represión política”.

Darío Pignoli escritor del diario El Mundo señaló el 31 de diciembre de 2009 que “Las Fuerzas Armadas del Brasil se oponen a un Nunca Más. Treinta años después de sancionada la ley de amnistía,  los mandos castrenses advirtieron al presidente Lula Da Silva, que no consentirán ninguna  investigación sobre las violaciones de los derechos humanos”[2]. La actuación encabezada por el Ministro de Defensa, Nelson Jobin, motivó una reunión de urgencia del presidente con su Ministro de Justicia Tarso Genro, mentor de la comisión de la verdad y con el secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi.

Al conocer lanzamiento del programa PNDH 3, el Ministro de Defensa, el Comandante del Ejército General Enzo Martins Pieri y del Brigadier Juniti Saito, en una expresión de franqueza con el presidente, de lealtad con la patria y con sus antecesores y de liderazgo institucional, manifestaron su desacuerdo e inconveniencia para el Estado y en forma desinteresada pusieron a disposición del presidente sus cargos inmediatamente, argumentando que “cambiar esa legislación sería lo mismo que revocar lo decidido, que fue una participación nacional, estamos construyendo el futuro no el pasado”, con lo cual resulta fortalecida la institucionalidad del Brasil.

El resultado de esta actitud fue positivo y el presidente amparó la vigencia de la Ley de Amnistía a los Militares y ordenó la revisión del proyecto del programa para conocer la verdad, sin referir la apertura de procesos, evitando con ello, hechos similares a los ocurridos en Argentina, Chile  y Uruguay, contra los militares, quienes en su momento actuaron de acuerdo a la exigencia de las circunstancias nacionales, para defender a sus estados del caos y la anarquía reinante, con el reconocimiento y la aclamación popular de la época

Es  de resaltar que para la época de este hecho, el gobierno del presidente Lula Da Silva de origen populista y quien fue de oposición radical y candidato a la presidencia en 5 oportunidades, ha venido ejerciendo una política incluyente, con el más amplio respaldo popular en la historia del país. Con la decisión de la validación de la ley de Amnistía, evitó consecuencias funestas para el fortalecimiento político, social y para la estabilidad institucional, que podrían afectar el desarrollo nacional dentro de la convivencia, reconociendo la importancia y trascendencia indiscutible a las Fuerzas Militares del Estado, como soporte efectivo e irremplazable de la democracia.

Amigo lector: Este tema interesante por la naturaleza de las acciones, requiere de su aporte y concurso para proyectar al futuro y mejorar la relación interinstitucional, que beneficie a quienes han seleccionado dignamente,  la Carrera de las Armas,  como su profesión, para servirle a la Patria y protegerla de posibles amenazas.  ¿Cuál es su concepto?

BG. Héctor Martínez Espinel

CPCG.

---

[1] SAMUEL, P. Huntington. EL SOLDADO Y EL ESTADO. Círculo Militar. Buenos Aires, 1983. Pag,108.

[2] DARIO; Pignoli. Pagina Taringa, Inteligencia Colectiva. 2009

La Opinión del día

Me cuesta decirlo

Por Eduardo Escobar

Telesur mostró a un sonriente Iván Cepeda exhibiendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual obliga al Estado colombiano a pagarle una millonaria compensación por la muerte de su padre, y a pedir público perdón a su familia. Me alegró ver a Cepeda, depuesta la cara torva que suele llevar, cambiada por una más alegre, triunfal.

Coincidí con su padre a veces en esos encuentros de poesía que hace años convocaban en Colombia las bibliotecas municipales, de modo que debí soportar sus versos. Y él aguantó los míos con el mismo estoicismo. No fuimos amigos. A él no debían simpatizarle mi aire marihuano, mis sandalias trespuntás y la insolencia de mis odas aun cuando hablábamos de las mismas cosas. Y a mí me apartaron de él la tristeza de huérfano y la corbata mustia de los funcionarios del Partido. Pero me alegré por Iván. Al fin de cuentas, un hijo doliente que cree reivindicar la memoria de su padre.

Sin embargo, es una desmesura su exigencia de que el acto de contrición se haga con el Senado en pleno y en presencia del Presidente de la República. Pura arrogancia. Ganas de humillar. De hacer espectáculo. Porque uno se pregunta, Iván, quién pedirá perdón a los colombianos en nombre de tu padre, Manuel, que fue el ideólogo y activista de un aparato de terror que predicaba la violencia. Y que, aunque se sintiera el apóstol de un evangelio de ateos purificados por la fe en el materialismo dialéctico, eso no lo exonera de sus errores. Dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, pero es el camino del infierno.

Yo también participé en la ilusión de instaurar un desorden saludable contra un orden injusto. Está confirmado por el rastro que dejé. Un haz de poemas pastosos al Che y a Ho Chi-Minh y a los que luchan en las montañas, con toda la basura retórica que llamamos literatura comprometida esos días confusos, y resmas de manifiestos que firmé a veces en solitario. Pero me desvié a tiempo hacia el simbolismo, seducido por un ángel sin nombre, y olvidé esos embelecos diablescos.

Hace años, el Estado quiso transar con Iván Cepeda una solución amistosa. Él se negó a la transacción diciendo que no descansaría hasta llevar el caso a la corte con sede en Costa Rica. Y lo consiguió. Y ganó después de una larga intriga. Pero no podrá hacer una víctima inocente de uno que cantó la burrada de Caín, y a 'Tirofijo', en cuyo honor nombran un frente guerrillero, y representó la línea dura de la secta judaica de los comunistas. Sus asesinos hicieron el coro. Y cayó en el desorden que justificaba.

El gesto de desagravio debería estimular, más allá del dolor, legítimo sin duda, otras reflexiones sobre la vida y la izquierda que queremos. En justicia, Iván debería, si aspira a redimir a su padre, pedir perdón a la sociedad por sus yerros ideológicos y de método. Sobre todo, a las masas de las cuales se erigió en guía. Mi generación hizo la crítica implacable de la autoridad de los padres. 

De acuerdo con el ruso Gurdjief, es preciso corregir la imagen autocomplaciente que de ellos guardamos para reeducarlos para la siguiente encarnación. Y si no es así, viéndolos como fueron nos concedemos el derecho a no repetir sus equivocaciones, sus fracasos y sus malos ejemplos, y a comprender el mundo que dejaron, sin transfigurarlos a la fuerza en falsos corderos cuyos vellones se muestran a los camarógrafos. Manuel y su partido contribuyeron a frustrar los cambios en Colombia por años. Fueron un obstáculo más que un medio para propiciar la revolución y la claridad de pensamiento. Hicieron sospechosas aun las mejores propuestas de mejoramiento social. Y con sus retorcimientos soliviantaron pandillas homicidas que a su vez sintieron que hacían patria matando como Manuel en su inautenticidad mimando el dogma de Lenin. Para al fin entrar a formar parte de un inútil martirologio de figurones temibles o intrincados, más notorios que un montón de colombianos anónimos que la corte ignoró.

Eduardo Escobar

Tomado de: www.eltiempo.com/opinion/columnistas/eduardoescobar/me-cuesta-

decirlo_7778601-1

Julio de 2010