Quienes somos

"Un grupo de colombianos, militares y civiles de reconocida experiencia a nivel nacional e internacional, conformado para analizar y debatir problemas importantes sobre la defensa y seguridad nacional".

domingo, 26 de febrero de 2012

EL ESPERPENTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

Por favor, hagan un esfuerzo y léanlo. Es de la mayor importancia en los momentos actuales. Y difundan.

El juez Garzón gurú de la “justicia transicional”
Por Eduardo Mackenzie

26 de febrero de 2012

Lo más chocante de la “justicia transicional” es que  reduce a cero la soberanía de los Estados. No la soberanía de todos los Estados. Sólo de aquellos que permiten, por desorientación o por desidia, que  ésta sea cuestionada o incluso maltratada por terceros. Las eminencias de la “justicia transicional” consideran, sin decirlo abiertamente, que hay países más fáciles que otros. Que hay países que se prestan a hacer el triste papel de ratas de laboratorio para que esa “justicia” monte experimentos. Y que hay países que hacen respetar su soberanía y que jamás toleran ese tipo de intrusiones. 

En la primera categoría están los países del llamado Tercer Mundo a los cuales se les suele imponer cambios jurídicos bajo la etiqueta equívoca de ser  “exigencias de la comunidad internacional”.

El otro gran defecto de la justicia “transicional” es que no es imparcial. Es una justicia basada en la lógica perversa del amigo/enemigo. Ella obra sólo contra aquellos que considera  adversarios, pues deja de lado la presunción de inocencia. Esa justicia tiene obsesiones. Un ejemplo: nunca se interesó por criminales como Fidel Castro, ni por dictadores tipo Kim Jong Il,  ni por tiranos como Daniel Ortega o Hugo Chávez. Ella se ufana de haber atacado gente como Augusto Pinochet  y Alberto Fujimori, pero ha hecho lo mismo contra demócratas que ella ve como “fascistas”, como Henry Kissinger, Silvio Berlusconi y George Bush, entre otros. Otro blanco preferido de la justicia transicional: los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

En 1995, cuando Fujimori proclamó una ley de amnistía para cerrar las heridas dejadas por la lucha contra el terrorismo, en especial contra Sendero Luminoso, 67 grupúsculos de izquierda acudieron a la Corte Interamericana de Derechos del Hombre para que la anulara.  ¿Por qué? Porque la justicia peruana se negaba a hacerlo. Así, la CIDH, apelando a la justicia transicional, sentenció que esa ley “no coincidía” con los principios de la democracia. Y la ley se fue al suelo. Y Fujimori fue condenado, en 2009, por “responsabilidad indirecta”,  por una matanza que él no había ni ordenado, ni cometido.

La justicia transicional pretende impedirle a los países de América latina y de África  decidir  cómo cerrar ellos mismos los capítulos dolorosos de su historia. Quien tiene ese derecho, según la “justicia transicional”, es una  burocracia externa, no elegida por nadie e integrada por “expertos”, algunos de los cuales militaron en grupos extremistas.  La frase clave de todos ellos es: “Un Estado (del Tercer Mundo) no debe jamás ser autorizado a establecer tal jurisdicción por él mismo”.

El autor de esa frase, el jurista  Ruffin Villère Mabiala, explica en un libro apologético sobre ese tema[i] que la justicia transicional es para los de ruana, para los países que se dejan vapulear por el primer aparecido que dice ser la encarnación de la “modernidad” y de una justicia nueva y “más progresista”. Como ha ocurrido en Uganda, Ghana, Sierra Leona, Sudáfrica, Ruanda, Guatemala, Argentina, Perú, El Salvador y Haití, entre otros.

Mabiala admite, sin embargo, que en Europa y Estados Unidos, “la protección de los derechos del Hombre depende únicamente de las cortes de esos países y que nadie del exterior puede interferir esa soberanía”. Y agrega: “Las modalidades de la justicia transicional no pueden violar (en Europa y Estados Unidos) las decisiones de esas cortes, pues éstas priman sobre los veredictos de las comisiones de verdad y reconciliación” (de la llamada justicia transicional).

Pero sí las puede violar en los otros países.

Sobre estos últimos Mabiala agrega: “En materia de justicia y de responsabilidad, conviene admitir que si ciertos países tienen la capacidad para impartir justicia tras los crímenes en gran escala cometidos en su territorio, hay otros, en cambio, que tienen necesidad más bien de una asesoría fuerte de la comunidad internacional para entablar la acción judicial y establecer los mecanismos de verificación de los hechos” (p. 159). La justicia transicional es, también, “un dispositivo de reescritura de la historia”, confiesa Mabiala (ps. 28 y 121).

Quien quiera saber qué hay detrás de la justicia transicional debe leer ese libro (no hay traducción al español todavía).  Vea esta perla: “El enjuiciamiento de los responsables de crímenes de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra no constituye  para nada un elemento esencial de la justicia transicional. El objeto fundamental de esta justicia es la búsqueda de la verdad. La inculpación en las situaciones de transición política caótica es completamente secundaria frente a las reparaciones, al examen detallado de los hechos y de las reformas institucionales.” (p. 68). Si esa declaración no es clara, me pregunto qué  podría serlo.
 En otras palabras: la justicia transicional no es una justicia, es una vía para disculpar a los grandes criminales.

Creyendo que España caería en la categoría de los países que permiten que otros reescriban su historia y violen su soberanía, el juez Baltasar Garzón decidió desconocer la ley de amnistía de 1977 que hizo posible la transición y cerró el período más difícil de la historia de ese país. Esa ley  impide investigar los crímenes cometidos tanto por el bando nacional como por el bando republicano durante la guerra civil. A sabiendas de que cometía un delito, Garzón se declaró competente para investigar, en 2008, la desaparición de más de 100 000 personas de aquel periodo.

Pero como España no es una república bananera ni admite que sus leyes sean anuladas por iluminados, la justicia rechazó su pretensión y puso a Garzón en su sitio: el 7 de abril de 2010 lo condenó por “prevaricación judicial”. Pues él había “desconocido principios esenciales del Estado de derecho como los de la legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable”. También le fue reprochado  el “desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la ley de Amnistía 46/1977” y el hecho de haber iniciado un procedimiento “consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal”.

Peor, el 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo condenó de nuevo por prevaricación y lo inhabilitó por once años por haber ordenado escuchas ilegales en otro proceso (caso Gürtel).

Baltasar Garzón es la figura más conocida de la izquierda judicial internacional. Gran especialista en el arte de hostigar a la derecha, se convirtió, en 1993, en diputado socialista hasta que entró en conflicto con su jefe, Felipe González, y regresó a su oficio. En 2008, acusó al general Francisco Franco, muerto en 1975, y a 34 de sus antiguos generales y ministros, de crímenes de lesa humanidad. Y, a renglón seguido, ordenó la exhumación de 19 fosas comunes.

Lo que escandalizó a España fue la parcialidad de la acción de Garzón: él quería limitar su investigación a los delitos cometidos por los franquistas. No quería saber nada de las atrocidades cometidas por el campo adverso, los republicanos. ¿Por qué? Porque ese bando estaba dirigido por comunistas,  liberales, trotskistas y anarquistas. Bajo la dominación de los stalinistas pro Moscú, esa gente organizó escuadrones de la muerte que asesinaron a más de 70.000 personas, entre ellos sacerdotes, monjas y civiles de clase media, e impusieron un verdadero reino de terror en España, lo que contribuyó en gran medida al triunfo del campo nacionalista.

Ante el sectarismo de Garzón, juristas conservadores entablaron demanda. Lo acusaron de politizar la justicia y de tratar de utilizarla como instrumento de  vendetta personal contra “la derecha”.

En  un fallo de 14 páginas, la Audiencia Nacional concluyó que Garzón había manipulado el curso de la justicia por violar a sabiendas la ley de amnistía de 1977 que protege a todas las partes, incluidos a los miembros de la dictadura franquista, de persecución judicial.

El magistrado Luciano Varela Castro denunció que Garzón, "consciente de su falta de jurisdicción y de que los delitos denunciados carecían de relevancia penal cuando inició el procedimiento,  construyó un argumento inventado para justificar su control del proceso que inició". Ver : http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201004/07/espana/20100407elpepunac_1_Pes_PDF.pdf

Esas andanzas de Baltasar Garzón inquietan a Colombia. Pues él, bajo el auspicio de la OEA, trabaja como asesor del presidente Santos y no se sabe qué es lo que está haciendo.  Al mismo tiempo, el Congreso de Colombia tramita, en el mayor sigilo y casi que a espaldas de todos, pues la prensa no informa o informa con cuentagotas, una reforma que tiene por objeto introducir en la Constitución la funesta “justicia transicional”.

Presentada el 12 de septiembre de 2011,  esa reforma será, para el senador Roy Barreras, el alfa y omega de la justicia colombiana,  el instrumento que permitirá  “terminar del conflicto armado interno y el logro de la paz estable”.

El carácter unilateral de la justicia transicional, su voluntad de reescribir la historia, reabrir las heridas, polarizar la sociedad, sancionar a unos y dejar sin sanción a otros, está lejos de ser una panacea y podría, por el contrario, tener desarrollos escalofriantes en Colombia, donde  algunos aseguran que  la violencia comenzó con los paramilitares en 1978 para dejar de lado, sin memoria y sin castigo, los crímenes que las guerrillas comunistas cometieron desde antes del inicio mismo del Frente Nacional en 1957.

¿No es esa selección maquiavélica lo que ya están aplicando?  Condenan a los militares que defendieron el Palacio de Justicia en 1985 y absuelven y protegen a quienes planearon esa matanza. Condenan a los paramilitares (o considerados como tales) y absuelven a los Farcpolíticos.  

Con tales antecedentes, la llamada justicia transicional podría no aportar nada bueno y ahondar aún más la crisis de la sociedad colombiana.


[i]  La justice dans les pays en situation de post-conflit. Justice transitionnelle  (Editions L’Harmattan, Paris, 2009).

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sábado, 25 de febrero de 2012

REACCIONES AL PROYECTO DE REFORMA DEL FUERO MILITAR Y LA JUSTICIA PENAL MILITAR

FAVOR EXPRESAR SU OPINIÓN

Batería de Conceptos acerca de la Reforma del Fuero Militar y la Justicia Penal Militar

PREOCUPACION  EN LA RESERVA  ACTIVA POR PROYECTO DE REFORMA DEL FUERO  MILITAR

Por Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Candidato a la Presidencia de ACORE 2012-2014

Definitivamente este proyecto no está llenando las expectativas de nuestros combatientes, ni de quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo dentro de la Reserva Activa.

La última versión de esta propuesta, presentada el pasado 24 de febrero en el almuerzo mensual de la División Córdova (Escuela de Infantería), genero críticas substanciales en diferentes sentidos por parte de varios de los asistentes. Corrigió respecto a la primera versión, la exclusión del delito de homicidio en persona protegida que antes figuraba de competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria y lo relacionado con el Tribunal de Garantías, que ahora permite que sus magistrados puedan ser Oficiales en retiro de las FF.MM.

No hay claridad, ni mucho menos razón suficientemente valedera, que justifique su retiro de la Comisión Primera del Congreso, tal como lo anuncio recientemente el Señor  Presidente de la Republica.

Su eventual “inconstitucionalidad”, pretexto utilizado, no fue muy convincente. El concepto generalizado es que obedeció a los pronunciamientos adversos de distintas ONGs internacionales, del Departamento de Estado de los EE.UU., y de algunos sectores de la extrema izquierda colombiana.

Al parecer jugo papel importante la vigencia del TLC y las ayudas tradicionales que recibe el país dentro del Plan Colombia

Es de suponer, que estas presiones van a continuar  más adelante, una vez se proponga un nuevo proyecto ante el legislativo, tal como ya  fue anunciado por el Ministro de Justicia. Es decir, este proyecto ya estaría condenado de antemano a desaparecer, y por tanto no existe garantía alguna que pueda subsistir. No sería una solución.

En estas condiciones, debería continuar su proceso en la Comisión respectiva para no sacrificar los avances logrados hasta el momento. Esta es quizás, la mejor opción.

Hasta donde se conoce, su ponente, el Senador Juan Carlos Vélez, insiste en mantenerlo, y en estas condiciones, el gobierno no tiene la facultad para retirarlo de este proceso. Al  Senador ponente, lo respaldan en este sentido, varios parlamentarios, entre ellos Juan Lozano, Miguel Gómez, Julio Andrade y otros más.

Los principales vacíos de este proyecto  y que ojala puedan  ser considerados, quizás en una Ley Estatutaria, serian:

-        Definición clara y pormenorizada de todas las conductas punibles, incluyendo las de las violaciones al DIH de competencia exclusiva de la JPM, que quedarían también bajo la competencia de esta misma justicia.

-        Blindaje a los distintos niveles del mando para evitar la responsabilidad penal mediática o de autor mediato (teoría Roxin) que actualmente se viene aplicando.

-        Conceptos claros de favorabilidad para garantizar la competencia de la JPM, incluyendo la retroactividad para casos juzgados o en proceso de juzgamiento por pate de la Justicia Ordinaria.

-        Exclusión total de la aplicabilidad  de delitos  no existentes en nuestros Códigos en el momento de la imputación de cargos.

Lunes, 20 de febrero de 2012 0:32

OTRA DERROTA SUFRIDA

Algo muy extraño está ocurriendo en relación con esta tan anunciada y esperada reforma a la Constitución, con la cual se ha pretendido darle de una vez por todas, una clara y correcta aplicación al fuero militar vigente. Inicialmente se coloco un artículo adicional al proyecto que cursa en el Congreso de la Republica sobre la reforma a la justicia. Al poco tiempo y sin explicaciones convincentes, el Ministro del Interior intento retirarlo sin lograr su propósito. Se opuso el Ministro de Defensa, quien logro salvarlo para que continuara en el trámite respectivo. Hasta este momento, no ha tenido mayor tropiezo, logrando con facilidad su aprobación en varias sesiones de Comisión en el Senado. Es más, en términos comparativos, se dice que ha logrado mayor aceptación y mayor número de votos, respecto a la otra reforma judicial que conjuntamente cursa en la misma Comisión. El próximo mes entraría a segunda vuelta.

A mediados de diciembre del año pasado, con el fin de agilizar y facilitar la aprobación del proyecto, el gobierno anuncio la creación de una selecta comisión de expertos, tres de ellos reconocidísimos exmagistrados de nuestras Cortes, (dos de estos ampliamente identificados por sus continuas y sistemáticas posiciones adversas en contra de las FF.MM.: Jaime Córdoba y Eduardo Montealegre). Según el Ministro de defensa, estos comisionados deberían proyectar el o los incisos correspondientes, que se agregarían al artículo 221. Se buscaba con esto, proporcionar plena garantía y seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública, que en operaciones o en distintas circunstancias del combate, pudieran verse inmersos en eventuales conductas al margen de la ley o en crímenes de lesa humanidad.

Debería crearse igualmente un mecanismo que estableciera formalmente y con absoluta claridad, las conductas propias de la jurisdicción penal militar y las correspondientes a la justicia ordinaria. Para este propósito, deberíase por igual, estudiar y tener en cuenta, toda la normatividad jurídica internacional aplicable en nuestro caso (derecho de guerra o derecho internacional humanitario).

El pasado 17 de febrero, un grupo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa, fuimos invitados por el Señor General Comandante General de las FF.MM. con el fin de conocer el informe final de la Comisión de Expertos, sobre la forma como se propondrían las adiciones respectivas a la norma constitucional.

El documento fue leído en nuestra presencia, con la participación de toda la cúpula militar, algunos miembros del Estado Mayor Conjunto, Magistrados del Tribunal Superior Militar y del Doctor Rafael Nieto Loaiza, (ex-viceministro de justicia y viejo amigo de las FF.MM.), único miembro de la Comisión de Expertos presente en el lugar, quien tuvo a su cargo la explicación y aclaración del contenido de este documento.

Terminada la lectura, la mayoría de los Generales de La Reserva Activa allí presentes, intervenimos y dimos a conocer nuestra opinión e inconformidad por algunas partes sustantivas de lo propuesto.

Mis desacuerdos, los cuales coincidieron con muchas de las críticas formuladas, fueron:
-La composición del Tribunal (de garantías) encargado de determinar la competencia de la JPM o de la ordinaria. Sus Magistrados serian nombrados únicamente por la Justicia Ordinaria. Es decir, la situación sería igual o peor que lo que hoy acontece.
-La asignación a nivel constitucional de varios delitos bajo la única y exclusiva competencia de la justicia ordinaria, tales como: violación, abuso sexual, homicidio contra persona protegida, tortura, ejecución extra-juicio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Por razones obvias, no consideramos racional y necesario, darle rango constitucional a estas conductas delictivas, más aun cuando su tipificación, como usualmente ocurre, se da en perjuicio de los inculpados y también se presta o se podría prestar a tergiversaciones o falsas interpretaciones.
-Poca contundencia respecto a la inclusión de aquellos eventuales hechos punibles que pudieran tener relación con el servicio (causa, ocasión u otras circunstancias), a diferencia muy notoria de la forma expresa como se quieren introducir con carácter constitucional, otros delitos o conductas ya señalados.
-Excesivos incisos y apartes no propios de un artículo constitucional, sobre aspectos que a nuestro juicio, deberían ser considerados en la ley estatutaria respectiva o en la eventual modificación que requieran los códigos pertinentes, si esto es del caso.

Al final, el concepto general fue el de catalogar este documento como una tímida propuesta, con un contenido algo insubstancial y particularmente decepcionante frente a las grandes expectativas que se habían generado.

No es lo que esperan nuestros combatientes y no es una buena solución!...
Se hizo notoria la mayor influencia y preponderancia de los conceptos de los dos magistrados oponentes de la Comisión y las críticas lanzadas desde el exterior por parte de algunas ONGs y grupos de extrema izquierda como Human Rights Watch, Polo Democrático y un sector minoritario del Partido Liberal que lidera el Representante Guillermo Rivera Flores.

Para completar esta gran decepción, veinticuatro horas después, y en forma sorpresiva, nuestro Primer Mandatario, anuncio públicamente que el gobierno nacional, retiraría el artículo relativo al fuero militar del proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso (¿?).

Como ya es costumbre, nuestro Comandante en Jefe no soportó la presión nacional e internacional, depuso las armas y aceptó la derrota.
Según el Ministro de Justicia, esta iniciativa en un futuro, entraría a formar parte de un proyecto de acto legislativo que se le presentaría al Congreso de la Republica.

¿Reanudaremos la lucha?.... ¿Cuando, como y con quién?

¡Amanecerá y veremos!

¡Otra batalla perdida en esta guerra política y jurídica, en la cual la extrema izquierda, nacional e internacional, siempre resulta victoriosa!

Brigadier General Jaime Ruiz Barrera - Reserva Activa Ejército Nacional y Candidato a la Presidencia de ACORE 2012-2014


CONCEPTO  CENTRO COLOMBIANO DE PENSAMIENTO POLITICO  MILITAR

Se había advertido desde un principio que el Gobierno y los amigos del terrorismo eran adversos a la inteligente y adecuada propuesta de reforma constitucional, que solucionaba el grave problema del Fuero Militar.

Es un hecho que esta comisión fue manejada y dirigida por los dos magistrados, sobre los cuales se conocían sus tendencias y sentencias; resulta también notorio que nuestros representantes no opinaron en la materia y si lo hicieron fue para crear el fuero de policía y nada más.
Del único que se aprecia que participó con el criterio de defensa de los militares al tratar de introducir el tema de la aplicación del derecho de la guerra (DIH), se nota que no tuvo apoyo, ya que sus opiniones al igual que su carácter, son por nosotros conocidos.

El resultado, como se preveía, fue el de tratar de tirarse la reforma que ya llevaba cuatro debates, con el argumento de que sería declarada inconstitucional y de que ellos presentarían una mejor. Lo que no aclararon en su informe es para quién era mejor. Al consagrar en el texto constitucional todos los avances que la izquierda y el terrorismo han ganado en los estrados judiciales, se elimina cualquier posibilidad de revertir la terrible situación que viven los militares al ser juzgados (y consecuencialmente condenados) con el derecho del enemigo, o mejor dijéramos, con el derecho en poder del enemigo.

Como mínimo, se trataría de dejar sin posibilidades la reforma que ya completó un ciclo completo, con la promesa de otra reforma, la que, de eso podemos estar seguros, no presentarán con cualquier disculpa.

Mientras tanto el Gobierno de Santos gana por que logró sacar las castañas del fuego con mano ajena, aunque bien escogida para lograrlo.

Creo que los únicos que con esta comisión salieron ganado algo son los policías que ahora tendrán sus propios jueces y tribunales, porque los que sí pierden son los militares.

Creo que no estuvieron bien representados, ya que cuando el interés es de protagonismo, las causas se pierden.





Editorial de la Orden Mensual del Grupo Santa Bárbara

LA GRAN CAUSA

El Grupo de Artillería Santa Bárbara se une a la gran preocupación que existe en la Reserva Activa acerca de la realidad de la guerra jurídica que se cierne sobre la Institución Ejército. Persiste la inseguridad jurídica para los militares que se encuentran al frente de las operaciones militares. Bandido muerto en combate hoy en día se constituye en un verdadero problema para la patrulla o para todos los que de una u otra manera participan en la operación. De inmediato proviene la investigación por homicidio. Y en este transcurrir, los abogados de las diferentes organizaciones y colectivos ponen en ejecución su predeterminado plan para mandar a la cárcel los integrantes de la patrulla. Una denuncia de los familiares del muerto en donde manifiestan que era un honrado campesino y que la patrulla lo uniformó y que le acomodaron el fusil al lado, es suficiente. Y allí comienza el martirio. Por eso, las cárceles militares están llenas. Nos dice una fuente fidedigna, que ya el ejército recibió la cárcel de alta seguridad de Guaduas para recluir a los militares que ya están condenados.

Para colmo, el artículo del Fuero Militar que contemplaba la reforma a la justicia y que ya llevaba incólume cuatro debates en el congreso y que se había constituido en una esperanza,  está en proceso de ser retirado por el gobierno por presiones de ONG´s y organismos nacionales e internacionales. La propuesta hecha por la flamante comisión que integró el Ministro de Defensa, para la reforma a la Justicia Penal Militar, con tres ex magistrados bien conocidos por sus fallos adversos a la institución militar, por dos generales y un constitucionalista, tampoco promete nada positivo.

Entre los temas de la propuesta se encuentran dos que causan honda incertidumbre. Los delitos de lesa humanidad tales como desplazamiento forzado, ejecución extrajudicial (el de los falsos positivos), torturas, delitos sexuales, genocidio, seguirán siendo juzgados por la Justicia Ordinaria, sólo que ahora serán elevados a rango constitucional para atornillar más la estocada a los militares. Y el otro tema controversial de grueso calibre es el de la creación de un tribunal con jueces de garantías, todos civiles, sin ningún militar abogado que equilibre la balanza. Lo positivo significativo, es que en esta propuesta se hace énfasis en la aplicación del DIH y no en el juzgamiento por derechos humanos solamente como se viene haciendo ahora. Según palabras del Señor General Harold Bedoya “en estas circunstancias es mejor como estamos en este momento” a pesar de los miles de militares activos y retirados  que siguen llegando a las cárceles. Lo anterior lo afirmo porque fui uno de los privilegiados o mejor uno de los descorazonados que asistió el Viernes pasado al Comando General a escuchar la recomendación de la comisión, que se constituyó en algo “perverso” como la calificó un general.

No nos cabe la menor duda. Esto es sistemático. Es la desinstitucionalización del país por la vía jurídica. Colombia es la piedra en el zapato en la región para cumplir con los designios del foro de Sao Paulo. Se siente la mano de Cuba, de Chávez, de Correa. Lo más triste es que hay gente que no la cree. ¿O será mejor la dictadura del proletariado para que dé el puntillazo final para igualar las  clases sociales? Militares presos por millares. Condena injusta al Coronel Plazas. El Ejército a pedir perdón por las víctimas del palacio de justicia. Cayó el DAS. Petro al poder con billones en sus manos producto de los impuestos que pagamos y todo para preparar el salto de su movimiento a la presidencia. Mientras tanto, el ejército se prepara para recibir nuevos golpes que poco a poco lo van debilitando, así, haya bajas de bandidos importantes. Fácil desaparecer un ejército, si no, miremos el ejército argentino. O al DAS, que desapareció de un plumazo.

“La gran causa” entonces la constituye la defensa de nuestro ejército de ayer, de hoy y de siempre. Y la gran pregunta es: ¿Cómo lo vamos hacer? Se oyen propuestas…


martes, 21 de febrero de 2012

Guerra jurídica contra los militares colombianos

 DE LA GUERRA JURÍDICA QUE  ACECHA LA PATRIA AL ENGAÑO A LA   
                                             INSTITUCION MILITAR
  
Por el MG. ® Hernando A. Ortiz Rodríguez *


La definición de guerra jurídica puede consultarse en la internet para comprender su significado, así por ejemplo consigno la siguiente definición encontrada al azar [1] : La guerra jurídica se define como “la utilización de la normas legales de un Estado o la de la comunidad internacional con el fin de obtener victorias psicológicas sobre el enemigo”. El Doctor Enrique Gómez Hurtado en el articulo “La guerra jurídica” publicado en septiembre de 2010 sostiene que “Dentro del campo abierto del concepto maoísta que afirma la necesidad de utilizar “todas las formas de lucha”, sin tener en cuenta ningún principio moral, ético o de interés para la sociedad, la utilización de la “guerra jurídica” se ha convertido, quizá, en el principal instrumento que hoy utiliza el narco-terrorismo subversivo. Es hoy la “forma de lucha principal”.

De otro lado en entrevistas radiales y escritas el Señor Procurador General de la nación Alejandro Ordoñez según Blog Colombian News  afirma que “No hay General, no hay oficial que vaya a salir indemne de esta guerra jurídica y política. […] No habrá ex presidente que logre quedar por fuera de esa tesis jurídica que hace parte de una guerra jurídica contra el Estado”.

La existencia de la “guerra jurídica” es ya reconocida hasta por la misma izquierda; en una entrevista a la revista “Semana” por el Doctor Iván Orozco[2] sostiene sobre la guerra jurídica en general y los crímenes de  lesa humanidad (argumento para eliminar el fuero militar) que “Eso tiene que ver con el perrateo del concepto de lesa humanidad y es un error de la judicatura. Están calificando los crímenes como de lesa humanidad por su gravedad y eso no tiene nada que ver con el Estatuto de Roma. La CPI califica los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y masivo. Nuestras cortes están haciendo un ejercicio de memoria infinita hacia adelante y hacia atrás que, en casos, lo único que se hizo fue echarle leña al fuego y favorecer la polarización. Afirma además que “Yo digo que en las cortes hay un pánico moral, una incapacidad para reaccionar razonablemente frente al problema de la impunidad y una gran incapacidad de ser selectivos. Si hay algo patético es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que equipara el concierto para delinquir agravado con un crimen de lesa humanidad. Eso empantana la Justicia. ¿Qué puede hacer una Fiscalía a la cual le presentan la guerra colombiana como un bloque de acero constituido todo por un solo crimen de lesa humanidad?”.

De otro lado y al tiempo que nos dicen desde el mismo Estado como valientemente y con poco eco nos lo recuerda el señor Procurador, enfrentamos la guerra jurídica, inexplicablemente salen dos ministros en rueda de prensa a retirar el proyecto del Fuero Militar que actualmente cursa en el Congreso con la disculpa facilista que se presentará una reforma a la Justicia Penal Militar, muy necesaria eso sí, pero diferente al  tema del fuero, inentendible  retiro por parte del gobierno cuando la iniciativa fue del  legislativo. Resulta  desconcertante, recibir la agresión por la espalda y por parte de quienes supuestamente, están al lado de la fuerza pública.

De acuerdo a todo lo anterior, para un soldado en actividad o en retiro no solo es sorprendente es también desmoralizante, se siente engañado y desamparado, es como si el mismo Estado que le exige dar la vida si fuere necesario, le reclamara  no solo ese sacrificio supremo,  sino hacerlo lentamente, con dolor prolongado, como si tuviera que aceptar que sus actuaciones, son  siempre  ilícitas, sucias y merecedoras del oprobio,   del castigo y de la condena de la sociedad a la cual como consta en la historia,  siempre defendió.

No se trata de que se consagre la impunidad en los delitos que se cometan, como lo quieren hacer aparecer los enemigos del Estado y quienes les hacen el juego, nadie lo pretende ni lo entendería, se trata de tener las mínimas garantías que brinda la existencia de un Fuero Militar, aquellas que desaparecieron ante el ataque exitoso de la guerra jurídica, la que lenta pero paciente e inadvertidamente fue avanzando hasta tener arrinconados y desmoralizados a militares y policías.

No, no se trata de tener un fuero de impunidad, se trata de tener un fuero que le permita enfrentar la guerra jurídica en la que el mismo Estado lo obliga enfrentar, pero esta vez con alguna garantía de imparcialidad y vaya que ironía, con justicia.


Febrero de 2012.

*Del Centro colombiano de pensamiento político-militar





 






[1] Capítulo II Guerra juridica y judicial; www.envozalta.org; que es una organización uruguaya por los presos politicos.
[2] Iván Orozco: Profesor de la Universidad de los Andes, miembro del grupo de memoria histórica de la universidad. Entrevista a la Revista Semana Online. 19 Feb. 2012.

martes, 14 de febrero de 2012

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LAS FUERZAS MILITARES

¡Bien hecho!  COTECMAR









Por MG  Ricardo Rubianogroot Román.
Miembro del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar.

¡Bien Hecho! Expresión netamente empleada no solo por los miembros de la aviación militar, sino por Unidades Navales, con la izada “Bravo Zulú”, costumbre que incentiva y estimula a aviadores militares y marinos del mundo. WELL DONE! Esta expresión se emplea, cuando algo inusual acontece  o se acomete una acción que se sale de lo normal y que  es realizada exitosamente por alguno de nosotros  y que bien vale la pena destacar por su importancia,  en este momento quiero extender esta expresión, a los hermanos de armas de la Armada Nacional, más específicamente a COTECMAR. (Corporación Tecnológica Marítima)

Este grandioso suceso, pasó prácticamente inadvertido y opacado por noticias relativas al ya común descompuesto y deteriorado orden público. Este es  un acontecimiento de impacto nacional y de gran trascendencia para el país. Noticias como esta quisiéramos escuchar a diario por el significado y por su gran repercusión en el desarrollo y el futuro nacional. El 3 de Febrero de 2012 después de ingentes esfuerzos, COTECMAR, el astillero más importante del país, después de más de tres años de trabajo y al menos 5 anos de planeación, puso al servicio de la Armada Nacional, la primera embarcación mayor para uso en el mar, realizada en su totalidad en Colombia. Es una embarcación de más de 1700 toneladas de desplazamiento, unidad a flote del tipo OPV (Offshore Patrol Vessell). Se logró tambien con acuerdos importantes, la transferencia de Tecnología en algunos procesos, con los Astilleros Fassmer de Alemania.

La entrega del buque “A.R.C. 20 de Julio” (la segunda unidad en la A.R.C. con ese nombre) por parte de COTECMAR a la Armada de Colombia, consolida, el resurgimiento de una industria que hasta hace unos años era  poco conocida en el país;  por qué? Porque desafortunadamente en Colombia, creemos poco en nuestro valores y en nuestra capacidad. COTECMAR terminó con ese estigma y mala práctica, demostrando que si se puede! 

COTECMAR es la Industria Astillera más importante del país que sin ningún apoyo económico del Estado colombiano,  presenta  con orgullo el buque más grande y complejo que se haya construido en la historia del país. Con un valor de $130 mil millones de pesos, esta empresa ha demostrado que con sus esfuerzos en desarrollo tecnológico y científico, acompañados de fe en su recurso humano y de creer y materializar ese deseo, es posible emprender grandes tareas como la de lograr que Colombia ingrese al  reducido grupo de países en Latinoamérica, que están en capacidad de construir sus propios buques de guerra para empleo en el mar y que continúa, como desde tiempo atrás,  construyendo unidades fluviales de gran capacidad.

Este éxito, es una motivación para que empresas como la Industria Militar,  la CIAC, la Corporación Industria Aeronáutica Colombiana apoyadas por el GESD hoy en día en muy buenas manos, piensen en grande como lo ha hecho COTECMAR. El ingenio, la dedicación, la inventiva están a la orden del día, las necesidades del país son ingentes y empresas como estas son las llamadas a generar desarrollo para el país.

Por ello estoy seguro que pronto escucharemos y tendremos noticias positivas  del proyecto de coproducción del avión carguero que tiene previsto reemplazar al conocido C-130 Hércules, proyecto que se tiene registrado con Brasil y que el presidente Uribe con su visión, apoyó, no solo con la decisión de participación en el mismo, sino también con la asignación de importantes recursos económicos.

COTECMAR, La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, se ha asociado estratégicamente, lo que es muy conveniente, pues incentivamos y hacemos sinergia, con algunas entidades educativas, como la Universidad Nacional, la Universidad del Norte y la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Este proyecto  desde sus primeros días jalonó e impacto positivamente el desarrollo social y económico de Cartagena, la Región Caribe y la Nación. En la construcción de esta embarcación se generaron aproximadamente 300 empleos directos y 1500 empleos indirectos durante el tiempo  de construcción del buque, y hoy con orgullo patrio, se puede decir que se cuenta con una  unidad de mar construida completamente con mano de obra nacional.

La capacitación del personal, fue uno de los factores claves de éxito del proyecto. Profesionales colombianos, arquitectos e ingenieros navales, mecánicos, diseñadores, dibujantes y otros con posgrados en varios países, fueron vinculados al proceso de diseño y construcción de la nave. Lograron incorporar procesos innovadores en la estrategia constructiva e incorporaron tecnología de clase mundial en procesos, desde automatización hasta sistemas electrónicos e hidráulicos. Este ejemplo se debe imitar en todas las FF.MM adiestrando a nuestros hombres para tener claro  el futuro institucional y por ende del país.

El soporte de proveedores y la búsqueda de la transferencia de tecnología, en este tipo de construcción, son determinante pues es una industria de síntesis. La participación de la industria nacional estuvo representada por 220 empresas de todo el país que sumaron más de 4000 transacciones solo para la construcción de este buque OPV.  Con el sistema denominado offset que ya está incorporado en las compras militares en Colombia, con responsabilidad del Ministerio de Defensa y con el sistema Épicos que no es otra cosa que la relación pormenorizada, de la capacidad de las empresas más importantes del país, este proyecto ya avanzado, consiste Épicos, en hacer un análisis de las capacidades industriales del país en temas aeronáuticos y en general de defensa, para el posterior  desarrollo de proyectos, cuyo objetivo a largo plazo es generar fuentes de ingreso y empleo con el sector Defensa y el Sector Privado para fomentar el crecimiento económico y la competitividad del sector productivo del país.

El país estaba en mora de incentivar y apoyar la industria militar, sin embargo,  hoy  es alentador saber que con el respaldo y compromiso del Ministerio de Defensa,  las directivas y el talento de las empresas descentralizadas del GESED, hoy  se puede pasar de soñar a disfrutar de las realidades.

Una vez más BIEN HECHO, BRAVO ZULU! COTECMAR!!
                                                              

domingo, 12 de febrero de 2012

Guerra jurídica contra los militares colombianos

Tomado de eltiempo.com

Ecos de un polémico fallo judicial
"No existe la posibilidad de pedir perdón"
Por: María del Rosario Arrázola
Militares activos y retirados sostienen que no se puede condenar a toda la institución militar.
General (r) Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares./‘Semana’


Desde el pasado lunes 30 de enero hay revuelo en las Fuerzas Militares. Pero más allá de los ataques de la guerrilla en Nariño o Cauca, el tema que tiene tensionado el ambiente es el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la condena contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Sobre todo, por la orden al Ejército de pedir perdón a la comunidad en un acto público en la Plaza de Bolívar. Una exhortación que ningún oficial puede debatir abiertamente, pero que nadie está dispuesto a acatar.
Aunque en el interior de las Fuerzas Militares existe la convicción de que los fallos de la justicia “tienen que respetarse y cumplirse”, como lo comentó un alto oficial a El Espectador, hoy prevalece la certeza de que “pase lo que pase, no hay posibilidad de que el Ejército pida perdón”. El asunto ha sido de tal magnitud que no cesan las reuniones de los altos mandos para evaluar lo sucedido, e incluso las consultas con los asesores han contemplado la posibilidad del desacato, bajo el entendido de que en este caso no existe viabilidad para pedir perdón.
“El país tiene que entender que la sentencia en su exigencia de perdón no sólo afecta al Ejército, sino que lesiona a las Fuerzas Militares y les impone una conducta deshonrosa de expiar culpas en una plaza pública como si se tratara de una organización ilegal”, comentó un general que pidió la reserva de su nombre. La idea es que el fallo pueda ser controvertido legalmente, pero no acceder a una exigencia de perdón que extiende la eventual sanción a un comportamiento individual, a una condena para toda la institución militar.
“Por eso el perdón está descartado y la posición es unánime”, agregó la fuente. Con una consideración adicional: no se trata únicamente de una postura de los miembros activos de las Fuerzas Armadas, sino que cuenta con el respaldo y la vocería de los militares retirados, quienes no tienen la prohibición constitucional de no deliberar. En este ámbito de discusión, el asunto es aún más radical. “Nunca va a suceder que el Ejército salga a pedir perdón por una decisión que tiene un trasfondo político demasiado fuerte”, es la voz dominante.
Sin mayores apremios ni mando de tropa, uno de los oficiales más representativos de las últimas décadas, el excomandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, no tiene reservas para expresar su opinión, que dice ser la de la totalidad de los militares: “Tengan la seguridad de que ninguno de los generales de la cúpula actual ni de la que viene van a pedir perdón por el Palacio de Justicia, como quiere el Tribunal de Bogotá. Los magistrados se van a quedar con las ganas porque es un fallo que ignora el mundo militar”.
Y en una irónica postura, el general (r) Jorge Enrique Mora agregó: “Si quieren que se haga efectivo ese perdón, que busca imponer el Tribunal de Bogotá, entonces que designen a un comandante ad hoc del Ejército, ojalá que salga del Palacio Liévano, y que sea él quien pida perdón”. El objetivo no es que prevalezca la impunidad, pero sí que se entienda que el Ejército no puede promover una acción de perdón por un hecho donde, en su criterio, no ha existido el mismo rasero para evaluar las conductas del Ejército y del M-19.
En síntesis, lo que hoy prevalece en las Fuerzas Militares y los oficiales retirados es unión en torno a una idea: justicia sí, pero petición de perdón institucional, de ninguna manera. Abogados consultados por El Espectador, quienes prefirieron el anonimato para no caer en los maniqueísmos del tema, sostienen que no se trata de una posición descabellada, sino de una convicción nacida del hecho de que en cualquier caso es el Estado el que pide perdón, pero no las Fuerzas Militares que acatan órdenes emanadas del poder civil.
Esta semana, a instancias de El Espectador, la exfiscal Ángela Buitrago, quien inició las investigaciones por los desaparecidos en el Palacio de Justicia, criticó duramente la reacción del presidente Juan Manuel Santos al manifestar que es el Ejército al que se le debe pedir perdón, lo mismo que al expresidente Belisario Betancur. La fiscal Buitrago consideró que la posición asumida por el jefe de Estado equivale a enseñarles a los niños a disentir de una manera absurda los fallos que produce la justicia en un Estado de Derecho.
“Esto no es contra el Ejército (...) y no sé si el presidente Santos quiera pedirle perdón, pero lo que hizo en tono de burlarse de los magistrados y de refutar la decisión judicial es generar el mensaje de que la justicia es ridícula”, insistió la exfiscal Ángela Buitrago. En últimas, el trasfondo de la discusión sigue siendo el perdón, que según el Tribunal de Bogotá debe hacer el Ejército, pero en el interior de las Fuerzas Militares se considera un exabrupto porque las somete a realizar un acto político en contra de su honor y su institucionalidad.
A su vez, los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia reclamaron al presidente su posición frente a la sentencia, pidiéndole que no salga en defensa del expresidente Betancur o de los militares. “Yo lo único que quiero es que me digan dónde está mi hijo”, comentó Héctor Beltrán, padre de uno de los desaparecidos. “Nosotros llevamos 26 años esperando que haya verdad y justicia”, agregó César Rodríguez, hermano de Carlos Rodríguez, otro de los desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.
Como una fórmula conciliatoria, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro —exmilitante del M-19—, ventiló otra idea: que todos pidan perdón. El expresidente Belisario Betancur, los militares y los exguerrilleros del M-19 que hoy incursionan en la vida pública. Una forma de emparejar responsabilidades y, de alguna manera, zanjar la polémica creada a partir del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en especial por la orden al Ejército de pedir perdón por los delitos ejecutados el 6 y 7 de noviembre de 1985, que llevaron a la desaparición de 12 personas.
La decisión impulsada por los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, además de confirmar la sentencia condenatoria contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas, ordenó al Ministerio de Defensa publicar la decisión durante un año en su página web para que sirva de ejemplo de lo que no debió hacer la Fuerza Pública y ordenar al Ministerio, al comando de las Fuerzas Militares y a los comandantes del Ejército, la Brigada 13 y la Escuela de Caballería, pedir perdón a la comunidad en un acto público realizado en la Plaza de Bolívar.
En opinión de los generales que no pueden deliberar, porque así se los prohíbe al artículo 219 de la Constitución Nacional, aunque los fallos son para respetar y cumplir, en el caso de la orden de pedir perdón descartan hacerlo. “Esa es nuestra posición hoy. Hace 26 años se actuó en cumplimiento de un mandato constitucional y hoy resulta deshonroso que se quiera condenar a toda una institución que en cualquier sociedad es la columna vertebral de la democracia”, insistió la fuente consultada, que admitió que el malestar impera entre las tropas.
Una posición que, sin tapujos, defienden los militares retirados, para quienes hacer justicia no puede significar fomentar el odio hacia la institución castrense. “Es que los magistrados no pueden ignorar cómo se ejerce el mando o cómo se maneja un ejército. Nosotros sabemos que el tema del Palacio de Justicia es un dolor para todos, que ese día hubo mucha confusión y errores, pero con un trasfondo político no puede hacer carrera que se piense que las Fuerzas Militares son un grupo de bandidos. Por eso nadie va a pedir perdón”, insistió el general (r) Jorge Enrique Mora.
Por ahora, las 968 páginas de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, incluyendo el salvamento de voto del magistrado Hermens Lara, siguen siendo examinadas frase por frase por los asesores jurídicos y los abogados de los militares. “Se están evaluando ejemplos internacionales y las consecuencias que podría generar un desacato porque el fallo da un plazo de tres meses para cumplir con la exigencia del perdón, pero por ahora hay una visión conjunta: no hay posibilidad de que se pida perdón y en cambio se va a acatar la justicia”, concluyó un alto mando.
Un tema que va para largo si se tiene en cuenta que la sentencia que condenó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega va para casación en la Corte Suprema de Justicia, pero esperan su turno otros fallos contra oficiales investigados por los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Eso sin tener en cuenta que ya avanzan nuevas pesquisas por la presunta ejecución extrajudicial del auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, e incluso existe un fallo pendiente que también busca que la acción del M-19, a la luz de las normas internacionales y contra la impunidad, tampoco prescriba.

“Dignidad de la justicia se respeta”
Esta semana, con ocasión de un acto de rendición de cuentas por sus primeros 18 meses de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos recalcó que el hecho de que dé una opinión sobre una decisión judicial no implica irrespeto o desacato a esa sentencia.
El primer mandatario dejó en claro que sus observaciones sobre el fallo del Tribunal de Bogotá, en torno a la responsabilidad militar en la recuperación del Palacio de Justicia, no significan una indebida injerencia en la dignidad de la justicia que debe respetarse.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 30 años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada. El fallo deberá ser evaluado por la Corte Suprema de Justicia.

domingo, 5 de febrero de 2012

LOS GENERALES, ALMIRANTES Y CORONELES SE PRONUNCIAN

“Cuando un juez ordena en un fallo que las FFMM pidan perdón en acto público a un sector de la población que se es considerado como ofendido por la actuación de uno de sus hombres, lo que está haciendo es ordenando al pueblo que se arrodille ante la minoría violenta y de paso está ratificando que los jueces están arrebatando el poder soberano al pueblo, que no se sienten sus servidores sino sus amos, que no son del poder derivado sino que son los mandantes con el abuso de las atribuciones que se le confiaron.
Las Fuerzas Militares tienen la función de defender la soberanía y en ejercicio de esa función deben solicitarle al Presidente y por su conducto al Ministro de Justicia que ordenen al Consejo Superior de la Judicatura revocar el nombramiento de dichos magistrados permanentes dado que han demostrado públicamente su incapacidad y desconocimiento del Derecho, con el fin de evitarle al país daños futuros por sus fallos contaminados de contenido político.
 Si la sal se corrompe.....”

Coronel Daniel Vásquez


Bogotá D.C., 1 de febrero de 2012
Señor General
ALEJANDRO NAVAS RAMOS
Comandante General de las Fuerzas Militares
Ciudad
Señor General.
Comprendo su obligado silencio en momentos en que el Gobierno Nacional, mediante un comunicado de prensa, expresa su respeto y acatamiento y anuncia que se abstiene de hacer pronunciamientos en relación a la decisión de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá en la cual confirma la condena de primera instancia al coronel de la Reserva Activa Luis Alfonso Plazas Vega, a treinta años de prisión, sin que existan pruebas, por el delito de desaparición de dos personas durante el atentado criminal contra el Palacio de Justicia en 1985, perpetrado por el grupo al margen de la ley M-19 en contubernio con el narcotráfico.

Resulta paradójico que en el mismo fallo judicial se condene al Ejército Nacional a la ignominia de pedir perdón por delitos por los cuales, ni ha sido juzgado ni cometió, olvidando que las instituciones no delinquen, mientras nada se dice en relación con los actores intelectuales de ese execrable crimen contra el máximo Tribunal de la Justicia de Colombia; personajes que hoy ocupan el Palacio Lievano de la capital de la República o desempeñan cargos gubernamentales.

Hubiera sido más comprensible que los artífices de este insólito fallo, incitaran a la Corte Internacional de Justicia a declarar inválido el indulto concedido por el gobierno colombiano, a los autores intelectuales de esa abominable agresión armada contra la Corte Suprema de Justicia, durante la cual hicieron víctimas de un atroz genocidio, delito de "lesa humanidad", a inermes magistrados y se los juzgará por su atrocidad criminal, pues son ellos quienes tienen una deuda con la justica y el pueblo colombiano.

Los integrantes del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de Colombia hemos acatado y hemos sido respetuosos de los fallos de los jueces y magistrados de la República, pero ante el escandaloso fallo que nos ocupa no podemos guardar silencio, pues este evidencia más un sesgo político que una decisión judicial en derecho, que ignora o descalifica actos de administración de justicia avalados por la Carta Política de Colombia y por si fuera poco condena injustamente al Ejército de Colombia a la degradación.

Sabemos de la probidad, discernimiento y buen juicio de la mayoría de jueces y magistrados del Poder Judicial Colombiano, por eso esperamos se dirima con justicia y en derecho el recurso de casación interpuesto ante la Suprema Corte en el caso del coronel Plazas Vega.

Señor general Navas Ramos, el pueblo y las Fuerzas Militares de Colombia están expectantes, y nosotros conocedores del valor, la entereza y el pundonor que lo caracterizan a usted y al general Sergio Mantilla Sanmiguel comandante del Ejército, sabemos que jamás someterían a esta notable institución militar a la oprobiosa afrenta de pedir indulgencia por delitos totalmente ajenos a su patriótico accionar.

Entre tanto, quienes integramos el Cuerpo de Generales y Almirantes de la Resera Activa de las Fuerzas Militares de Colombia estamos decididos a respaldar sus actuaciones, siempre que de defender el honor, la dignidad y la verdad institucional se trate, y no olvide que ¨un pueblo es esforzado o cobarde, según el espíritu que se le infunda, el modo como se le gobierne, y los generales que le manden¨.

General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ
Presidente